Un caso de incesto en Costa Rica demuestra que el aborto legal es letra muerta

En Costa Rica las mujeres hemos tenido derecho al aborto desde 1970. Bueno, más o menos.
La figura del «aborto impune», establecido por el artículo 121 del código penal, permite la interrupción del embarazo, sin que este sea punible, siempre y cuando el procedimiento tenga consentimiento de la mujer y esté hecho por un médico (o, de no ser posible, por una obstetra autorizada) como la única forma de evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer.

Popularmente, en el país a esto se le llama un «aborto terapéutico». Y si bien la ley lo permite técnicamente, lo cierto es que la práctica institucionalizada en los hospitales públicos -que es donde se atiende la gran mayoría de la población- sostiene que el aborto está prohibido en todos los casos en donde no sea para salvaguardar la vida de la mujer, es decir, que haya un peligro inminente tal como un embarazo ectópico.
Esto ha dejado de lado otros casos, en donde no se considera la afectación o posible afectación a la salud tanto física como salud emocional de las mujeres. Entre estos casos en que no se ofrece o se denega el aborto están las mujeres con embarazos cuyos productos tienen malformaciones incompatibles con la vida extrauterina, las mujeres víctimas de violación sexual y las niñas embarazadas.
Esta laguna jurídica ha sido semilla del contexto para una batalla legal que actualmente tiene dividida la opinión de la sociedad en Costa Rica: una niña de 12 años, quien fue víctima de incesto y a la cual nunca se le ofreció la posibilidad de interrumpir el embarazo.
País no laico
El caso ejemplifica muchas contradicciones en la situación de las mujeres en este país centroamericano. Por un lado, Costa Rica tiene una mortalidad materna muy baja, ha firmado y ratificado casi la mayoría de instrumentos internacionales de Derechos Humanos, los cuales además por jurisprudencia constitucional son superiores a su misma constitución y desde 1948 no tiene ejército sino inversión en salud y educación.
Por otro lado, el país no es laico, y el aborto sigue siendo tabú incluso para el personal de salud. Por lo tanto, los derechos reproductivos de las niñas y mujeres no son derechos reales sino que son letra muerta.
En el caso de Andrea, para llamarla por un seudónimo, la ausencia de un protocolo técnico que brinde seguridad jurídica al personal de salud hace que no se ofrezca un procedimiento médico que no solo es permitido por ley sino que es garantizado por la misma.
La joven vio expuesta su vida en los medios de comunicación en febrero de 2017 cuando su madre, haciendo uso del único recurso que tenía para activar el sistema judicial, hizo pública la violencia sexual que había vivido su hija a manos de su padre.
La madre de Andrea expresó su preocupación: «Cuando ella me dijo lo de su padre, se sintió muy ansiosa y me dijo que, por lo que había ocurrido, no quería seguir viviendo». Según su mamá, Andrea está deprimida, dice que no quiere tener al bebé y come muy poco, pues tiene fuertes náuseas a causa del embarazo.
A partir de que esta noticia llegara a la sociedad costarricense, los medios de comunicación brindaron plataformas, legitimaron las voces de quienes desde los dogmas se refirieron al tema sin consideración de la normativa, que en principio no asumieron la discusión desde lo jurídico o lo médico sino desde las imposiciones religiosas.
¿Derechos para quién?
Iglesias y organizaciones antiderechos contactaron a la familia para evitar que la niña y su familia pudiera decidir interrumpir el embarazo.
Si bien surgió un movimiento de apoyo a la niña para cumplir lo que ella había solicitado, como la Asociación Ciudadana ACCEDER, la cual ofreció la posibilidad de apoyo legal para poder solicitarle al estado la interrupción. El discurso de la niña terminó siendo la reiteración de las palabras expresadas en prensa por líderes religiosos.
Este caso emblemático demostró que aun cuando el sistema de justicia y de salud esté enfrentando a una niña de 12 años que dé declaraciones sobre querer morirse y querer abortar, este no lo aborda desde los estándares médicos y jurídicos. No, Costa Rica ha respondido con prejuicios, estereotipos y roles de género sobre la maternidad y el deber de las mujeres de seguir adelante con un embarazo aun cuando eso afecte su vida y su salud.
Esto va precisamente en contra del marco de lo manifestado recientemente por el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará.
Otros países centroamericanos como Honduras, El Salvador y Nicaragua violentan el derecho a la salud y a la vida de las mujeres, por prohibir en todos los casos el aborto, incluso cuando la vida de las mujeres estés en peligro.
En el caso de Costa Rica, se pensaba que era distinta a estos países que desdeñan la vida y la salud de las mujeres, ya que la normativa vigente permite la interrupción para salvar la vida y la salud, entendida esta como lo define la Organización Mundial de la Salud. Es decir, como integral y que incluya la parte tanto física como emocional.
Pero resulta que esto es insuficiente para garantizar el acceso al aborto en los casos permitidos por ley. Costa Rica no es estado modelo en la salvaguarda de los derechos de las mujeres.
La estrategia para cambiar esto ha sido entonces recurrir al litigio ante el Sistema Interamericano, como lo han hecho «Ana» y «Aurora», dos mujeres costarricenses a a las que se les negaron abortos a pesar de tener fetos peligrosamente malformados, y que fueron sometidas a la tortura de ser tumbas de sus hijos, como ellas lo describen, sufriendo por ellas pero también por sus fetos.
Aurora declaró al diario La Nación: «Él se estuvo ahogando en mi vientre por semanas, con los pulmones fuera del cuerpo, destripado por mis órganos».
Actualmente, y en el marco de los casos de Ana y Aurora, el estado costarricense ha afirmado estar a punto de aprobar una norma técnica que permita implementar el artículo 121 del código penal al brindarle seguridad al personal médico y otras medidas que hagan el aborto en casos que sean para evitar peligro a la vida o salud de las mujeres.
No en vano: las historias de abortos clandestinos que exponen a las mujeres a múltiples peligros. Y Andrea, pues, es una niña que desgraciadamente será madre a sus 13 años.
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation y luego traducido y editado. Lee el artículo original aquí.
Información tomada de http://www.huffingtonpost.com.mx
Source: Abril 2017