Reflexiones tras la Conferencia de Nairobi (CIPD25)

¿Por qué se celebra esta conferencia?: un poco de historia

Esta conferencia, que inició en el año 1994, tiene lugar cada cinco años. En cada reunión de seguimiento, el propósito general ha sido medir el progreso (y la falta de progreso) en la implementación del Programa de Acción de 1994, que fue acordado por los y las representantes de 179 países, así como las acciones de seguimiento que se incluyeron en conferencias posteriores.
Acceda aquí a un excelente resumen de los objetivos, metas e historia de la conferencia y aquí a la edición del 20º aniversario del Programa de Acción junto con el informe global de progreso publicado en 2014.

En 1994, el UNFPA, que convocó la conferencia, describió el Programa de Acción como: “una nueva y audaz visión sobre las relaciones entre la población, el desarrollo y el bienestar individual… notable en su reconocimiento de que la salud [sexual y] reproductiva y los derechos reproductivos, así como el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género, son piedras angulares de los programas de población y desarrollo. El Consenso se basa en principios de derechos humanos, en el respeto a la soberanía nacional y a las diversos contextos religiosos y culturales”.

Aunque el objetivo original era lograr cumplir las metas en 20 años, todavía queda mucho por hacer. Como escribió el UNFPA este año: “Ha habido un aumento del 25% en la tasa global de prevalencia de anticonceptivos en todo el mundo. Los nacimientos de madres adolescentes han disminuido abruptamente, y la tasa de mortalidad materna mundial ha bajado. Pero el progreso ha sido lento y desigual. Cientos de millones de mujeres en todo el mundo aún no usan anticonceptivos modernos para prevenir embarazos no deseados, y no se han cumplido los objetivos globales para reducir la mortalidad materna”.

Aun así, desde 1994 se ha producido un cambio importante de mentalidad acerca de estos temas. Hay una nueva manera de entender las cuestiones de género y la sexualidad, así como las
consecuencias de la diversidad en las dinámicas poblacionales, es decir, los problemas de las sociedades envejecidas con respecto a aquellas con una mayoría de población joven, que han creado nuevas expectativas y demandas. La emergencia climática está abriendo la conciencia de la necesidad de repensar el significado del desarrollo y nuestro uso de los recursos naturales, ya que enfrentamos una amenaza creciente para la vida en la Tierra debido a nuestra forma de vida insostenible, que debe abordarse con urgencia.

Es posible que la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD) de 2019 en Nairobi sea la última, y muchos/as suspirarán aliviados/as al ver que es así. Sin embargo, todos sus
objetivos deben cumplirse en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Cobertura Universal de Salud, pues forman parte de estos. La importancia global de los derechos humanos se encuentra bajo amenaza en muchos países, especialmente los derechos de las mujeres. Esto se ve reflejado en el hecho de que muchos/as líderes omitieron realizar cualquier referencia al tema de
derechos, incluso habiendo expresado un aparente apoyo a los objetivos sobre salud sexual y reproductiva, una omisión que no augura nada bueno, si bien estos derechos también fueron firmemente defendidos por muchos otros/as en la reunión. Es importante destacar que la reivindicación de la autonomía ya ha sido asumida por los y las jóvenes de todo el mundo, como lo
siguen haciendo los defensores/as de los derechos de las mujeres, sin importar lo que los y las líderes hayan dicho o dejado de decir en la reunión, pues estas reivindicaciones no pueden dejarse a
un lado.

______________
Lee la nota completa aquí: https://bit.ly/2QTIW0B

 

 

Fuerte aumento de abortos legales realizados en la Ciudad de Buenos Aires

Este año se presentó por octava vez el proyecto para la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.

En los primeros seis meses de 2019 se realizaron 3.577 abortos legales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Si se toma esa cifra como base de todo el año, representa un aumento del  47% con respecto a 2018, cuando se produjeron 4.838 Interrupciones Legales del Embarazo (ILE) en CABA. Los datos surgen del último informe del Programa de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires al que accedió el Equipo de Investigación de Perfil Educación. Desde 2014, año en el que comenzó esta estadística, a la actualidad, la cantidad de interrupciones legales del embarazo aumentó un 3800% en la Ciudad de Buenos Aires. Estos números reflejan la cantidad de mujeres que antes abortaban en la clandestinidad y, en la actualidad lo pueden hacer en instituciones públicas sin que corra riesgo su vida.

Pero lo más preocupante es que del total de abortos legales realizados en CABA durante este año, el 15% fueron en niñas y adolescentes, es decir: 31 nenas de entre 10 y 14 años y 514 adolescentes accedieron a la ILE. Si se compara esa cifra con 2015, cuando se inició la estadística oficial, los abortos para menores se triplicaron.

Esas cifras, no obstante, no reflejan la real gravedad del problema. Según Amnistía Internacional, en Argentina estiman que ocurren entre 485 mil y 522 mil abortos clandestinos por año. El informe fue realizado en 2005 por las demógrafas Edith Pantelides y Silvia Mario, a pedido del entonces Ministerio de Salud de la Nación.

La Doctora Sandra Vázquez, quien es referente del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la Ciudad de Buenos Aires explicó al Equipo de Investigación que el aumento en la cantidad de abortos legales se dio “a raíz de que las mujeres empezaron a concurrir a los servicios de salud sin miedo a ser denunciadas porque a partir del debate por la legalización del aborto, la población tomó más conocimiento de sus derechos, comenzaron a conocer los aspectos legales y la obligación del sistema de salud de brindar todos los servicios de salud sexual y reproductiva que la ley contempla”. Asimismo, la profesional destacó el compromiso del programa de Ciudad en la compra de todos los insumos incluyendo el Misoprostol, e hizo mención a la importante tarea que realizan los equipos de los centros de atención primaria de salud acompañando a todas las mujeres.

Además, Vázquez indicó que los abortos practicados a las menores de 14 años son, en la mayoría de los casos, embarazos productos de violación. Mientras que entre las jóvenes entre 15 y 19 años, se observa el mal uso de métodos anticonceptivos y la escasa de aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral, que brinda a los adolescentes información sobre salud sexual.

El Equipo de Investigación también accedió a los datos oficiales del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y en el primer semestre de 2019 se realizaron 524 Interrupciones legales del Embarazo en los cinco “Hospitales Centinela”, que están ubicados en diferentes lugares de la provincia y que ya tienen un proceso de recolección y sistematización de datos y trabajan monitoreando la realización de las ILEs en acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud. Además, en 2018 se realizaron 740 abortos no punibles y en 2017, 592. Desde la cartera provincial aclararon que los abortos legales se realizan en todos los hospitales provinciales, sin embargo, la información de ese total aún está en proceso de sistematización de datos. Por lo tanto, hay más del doble de interrupciones legales del embarazo en la provincia.

También, el Equipo de Investigación pudo averiguar a través del Ministerio de Salud de la Provincia de Río Negro que durante 2018 hubo 226 Interrupciones Legales del Embarazo. Por su parte, Mendoza no reveló a este medio la cantidad de ILEs para “preservar a las mujeres y niñas”. Sin embargo, en declaraciones a Radio Nihuil, Oscar Sagás, el subsecretario de Salud, indicó que en la provincia se realizaron más de 50 abortos no punibles durante 2018.

En Argentina, según el Artículo 86 del Código Penal, el aborto es no punible desde 1921 si se hizo para evitar el peligro de vida o salud de la madre o si fue producto de una violación. Sin embargo, en 2012 la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó el fallo “F.A.L” que establece que el aborto es legal cuando represente un riesgo para la vida de la persona gestante, un riesgo para el bienestar físico, emocional y social de la persona gestante y si es producto de una violación.

Además, en 2015 el ex Ministerio de Salud de la Nación (en la actualidad, Secretaría) publicó el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (Protocolo ILE) para estandarizar prácticas y garantizar el acceso a este derecho. El mismo aclara que para realizar un aborto no se necesita denuncia ni autorización policial o judicial, sólo la certificación de la causa por un profesional de la salud y, en los casos de violación, una declaración jurada. Las víctimas de violencia sexual deben recibir asistencia y se debe brindar información sobre las alternativas de atención y procedimientos disponibles, entre otras cuestiones.

Chubut, Misiones, Santa Cruz, Chaco, Jujuy, La Rioja, Santa Fe y Tierra del Fuego adhirieron a este protocolo mientras que Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa, Córdoba, Neuquén, Río Negro y Salta dictaron sus propios protocolos. Mendoza tiene una Guía dictada por la provincia y las restantes, Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán no tienen protocolo.

______________
[1] Fuente original: https://www.perfil.com/noticias/equipo-de-investigacion/interrupciones-legales-embarazo-caba-aumentaron-exponencialmente-aborto.phtml

Defensoría Pública de la Unión en Sao Paulo defiende venta de misoprostol en farmacias

La Defensoría envío recomendaciones a Anvisa para que revise restricciones al medicamento

(Brasil) El misoprostol, conocido popularmente por el nombre comercial de Cytotec, es considerado un medicamento esencial para la realización de procedimientos obstétricos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Aunque es el medicamento más seguro para la práctica del aborto, su comercialización está prohibida en Brasil desde 2006, cuando el uso pasó a ser restringido al ambiente hospitalario.

Este martes 26 la Defensoría Regional de Derechos Humanos (DRDH) de la Defensoría Pública de la Unión (DPU) en Sao Paulo envío recomendaciones a la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) para que permita la venta en farmacia, bajo prescripción médica con retención de la receta, de medicamentos en base a misoprostol para casos de aborto legal, embarazo producto de violación, riesgo de vida para la gestante y fetos con anencefalia.

Se presentaron 18 argumentos, la DPU recomendó a Anvisa la revisión de la Resolución N.º 26, de 15 de febrero de 2005, que marcó la prohibición de la comercialización del producto en farmacias al determinar que la compra y uso del medicamento conteniendo la sustancia misoprostol sólo se podrían hacer en establecimientos hospitalarios debidamente registrados en la autoridad sanitaria.

“La reglamentación tiene que estar de acuerdo con la ley y la Constitución. Dos derechos fundamentales están siendo violados, primero el derecho a la salud, la forma en que fue regulada dificulta el acceso de la mujer, eso sin entrar al debate de la despenalización del aborto, previsto en nuestro ordenamiento jurídico como posibilidad lega desde hace 70 años. “La mujer tiene el derecho a la salud, el derecho a acceder al medicamento, pero Anvisa lo ha vuelto más inaccesible debido a la restricción al uso hospitalario”, argumenta Fabiana Galera Severo defensora regional de Derechos Humanos en Sao Paulo.

De acuerdo con datos del Sistema de Informaciones Hospitalarias (SIH / SUS) del Ministerio de Salud, en 2014 se realizaron 187 mil abortos inseguros y 1,6 mil abortos legales en el país. Actualmente hay 85 hospitales registrados como referencia para el servicio de aborto legal, como el Hospital Pérola Byington, en Sao Paulo, que es responsable del 25% del total de abortos en Brasil.

Un reportaje publicado por Folha el pasado sábado (23), constató que las mujeres de todo Brasil necesitan viajar al hospital, principal centro de referencia en el país en atención a la violencia sexual, para realizar el procedimiento de aborto en los casos en que hay garantías legales. El estudio identificó que al menos 33 mujeres debieron dejar sus estados -de Pará a Río Grande do Sul- en el año 2017 en busca de atención en el hospital. En promedio, el 40% de los pacientes de la unidad son de fuera de la capital.

“Hay un afán de impedir a cualquier costo que las mujeres realicen el procedimiento de aborto, y en ese afán, uno de los costos es la propia salud y vida de las mujeres, porque de lo contrario las mujeres tendrían acceso a la información y el medicamento que, con el uso adecuado y orientado por una médica, no ofrece riesgo a la salud y no necesita hospitalización. Las resoluciones de la Anvisa dificultan el ejercicio pleno al derecho a la salud de las mujeres,lo que incluye a las mujeres que tienen el derecho al aborto garantizado en el ordenamiento jurídico. Un derecho que en la práctica no tiene efectividad a causa de todas esas maniobras de la reglamentación de restringir al máximo el acceso al medicamento “, analiza la defensora.

Firmado por Fabiana Galera Severo y la defensora Viviane Ceolin Dallasta el documento pide también la promoción de información segura y de fácil acceso a la población sobre el uso y los efectos de los medicamentos con el principio activo misoprostol, advirtiendo que es necesaria la adecuación del país a los protocolos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con miras a garantizar el derecho al aborto seguro conforme a la legislación actual.

En 2008, el medicamento pasó a ser incluido, junto con la mifepristona, en la lista de medicamentos esenciales de la OMS para la realización de aborto terapéutico. En cada 100 mujeres que hacen un aborto medicamentoso o farmacológico, sólo 2 o 3 tendrán que recurrir a un hospital para finalizar el procedimiento, de acuerdo con la OMS. En 2010 fue integrado a la Relación Nacional de Medicamentos Esenciales – Rename.

A pesar de la importancia de este medicamento para salvar la vida de las mujeres, en Brasil integra la lista de sustancias sometidas a control especial, reguladas por la Orden 344/1998. Su comercialización es considerada infracción sanitaria gravísima y crimen previsto en el artículo 273 del Código Penal, bajo reclusión de 10 a 15 años, además del pago de una multa.

La recomendación también incluye solicitud para que la agencia revise las Resoluciones 911/2006, 1050/2006 y 1534/2011, que dan direccionamientos para que no haya publicidad, divulgación, orientaciones y propagandas acerca de los medicamentos a base de misoprostol dirigidos al público, incluso en sitios, foros de discusión u otros medios virtuales. Para la DPU, hay violación del derecho a la información, tanto en la perspectiva de las mujeres y de los profesionales de la salud.

“Eso es gravísimo, porque una mujer que sufre violencia sexual y que busca la red pública para resguardar sus derechos, no logra tener información segura y de forma oficial porque está prohibido. Esto impacta en el derecho a la salud, pero también en el derecho a una vida social democrática, las personas necesitan tener derecho a la información “, denuncia Severo.

“La resolución viola el derecho a la información y así alcanza el derecho a la salud ya la vida de las mujeres que son derechos fundamentales”, plantea la defensora.

Escuche la entrevista…

La audiencia pública discute el aborto legal

La DRDH de Sao Paulo realizará una Audiencia Pública el 28 de marzo para discutir las restricciones de acceso al aborto legal  con participación de órganos y entidades gubernamentales y miembros de la sociedad civil. La recomendación a Anvisa es el resultado de las deliberaciones de la segunda edición del Ciclo de Debates de la DPU, que reunió en Sao Paulo, el 15 de febrero a autoridades y sociedad civil para participar en un debate abierto y discutir perspectivas de divulgación y de actuación de los órganos gubernamentales sobre el aborto legal. El ciclo va a desarrollarse  mensualmente durante este año.

La iniciativa va a posibilitar desdoblamientos de actuación de la DPU como audiencias públicas, capacitaciones, seminarios, recomendaciones, enjuiciamiento de acciones civiles públicas y otras acciones.

Algunos de los argumentos utilizados en la recomendación:

  • Las mujeres tienen derecho al aborto seguro en las siguientes causales legales: embarazo en consecuencia de violación (CP, art. 128, II), embarazo con riesgo a la vida de la gestante (CP, art. 128, I) y fetos con anencefalia (ADPF 54).
  • La OMS publicó su segunda edición de “Aborto Seguro: orientación técnica y políticas para sistemas de salud”, en junio de 2012, trayendo importantes directrices para la provisión de abortos médicos y enfatizando que las mujeres deben tener acceso a los métodos de aborto seguro con el tratamiento más seguro disponible.
  • La amplia recomendación internacional, incluida la OMS, que señala el aborto medicamentoso como más seguro y más barato para los sistemas de salud, tanto por su bajo costo y en razón del valor del medicamento, con menos sufrimiento y riesgo para las mujeres. La combinación de misoprostol y mifepristona – o solamente de la actuación misoprostol, en los lugares donde la mifepristona no está disponible – es recomendada por la OMS como más eficaz y segura para realizar el aborto y la anticipación del parto.
  • Algunos países ya están adaptando sus legislaciones para garantizar el aborto medicamentoso, por ejemplo Argentina, que en diciembre de 2018 aprobó la venta de misoprostol para fines ginecológicos en farmacias con receta médica.
  • La venta de medicamentos que incluyen el misoprostol en la composición está restringida a establecimientos hospitalarios acreditados, siendo que la marca comercial utilizada en esos locales es el Prostokos, un medicamento de producción nacional registrado en Anvisa.
  • No hay registros en la Anvisa para medicamentos con el principio activo mifepristona, haciendo imposible su incorporación al protocolo de atención para la práctica del aborto legal en el país.
  • En 2006, a través de la Resolución N.º 911, la ANVISA determinó la suspensión en todo el territorio nacional de publicaciones a través de foros de discusión, murales y sitios en Internet de los medicamentos a base de misoprostol no registrados en la ANVISA. Así como la justificación de que el medicamento sea de venta bajo prescripción médica.
  • También en 2006, la Resolución N.º 1.050 de la ANVISA pasó a prohibir, además de publicidad, indicación u orientación sobre medicamentos a base de misoprostol.
  • En 2011, la Resolución Nº 1.534 del órgano determinó la suspensión en todo el territorio nacional de propagandas irregulares de los medicamentos a base de misoprostol no registrados en la Anvisa o dirigidas al público laico, con propiedades y finalidades no registradas en la agencia, lo que implica violación del derecho a la información tanto por la perspectiva de la mujer como de los médicos y demás profesionales de la salud.
  • El Ministerio de Salud es responsable de la adquisición y distribución de los medicamentos que componen el Programa Salud de la Mujer, entre ellos el misoprostol, o sea, su compra es centralizada, siendo que actualmente se adquiere el medicamento Prostokos, de un solo el vendedor, la empresa Hebron, con sede en Caruaru, Pernambuco.
  • El misoprostol es distribuido a los establecimientos hospitalarios debidamente registrados que poseen servicio obstétrico y realizan parto / aborto.
  • Las actuales normas restringen el acceso de las mujeres al aborto legal al impedir su realización fuera de los hospitales junto a médicos / as de confianza o en servicios privados.
  • Las actuales normas que prohíben la difusión de las informaciones necesarias sobre el cuidado de la salud reproductiva, llevan a las mujeres a buscar abortos clandestinos, predominantemente inseguros, traumáticos ya menudo resultando en graves riesgos para la salud y la vida.
  • En mayo de 2017 Brasil pasó por el tercer Ciclo de la Revisión Periódica Universal, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (RPU), y recibió cuatro recomendaciones de otros Estados Nacional que tratan directamente de las obligaciones relacionadas al aborto seguro ya la salud sexual y reproductiva para todas las mujeres.
  • Hay necesidad de actualizar el protocolo brasileño de atención en el servicio público de salud, para que sea adecuado a las mejores prácticas internacionales, en especial el protocolo internacional de la OMS, a fin de garantizar el derecho al aborto seguro.

Servicio
Audiencia Pública “Aborto Legal”
Fecha: 28/03/2019 a las 13h
Lugar: Auditorio de la Defensoría Pública de la Unión en Sao Paulo
End: Rua Teixeira da Silva, nº 217, 1º piso – Paraíso
(Cerca de la estación de la Línea 2 Verde del Metro)

______________
[1] Fuente original: http://catarinas.info/defensoria-publica-da-uniao-em-sao-paulo-defende-venda-de-misoprostol-em-farmacias/ Traducción elaborada por CLACAI.

Lo que no te dijeron del zika

La epidemia causada por este virus llevó a la OMS a decretar una alerta sanitaria mundial, por considerarse una amenaza de “proporciones alarmantes”.

“Me tiré al suelo, ahí, en llanto y le dije a mi esposo: ‘no puedo con esto, no puedo…’”. Así narra Maryuri Flores, nicaragüense y de 32 años, uno de los momentos más duros que ha enfrentado. A ella y a su familia, el virus del Zika les cambió la vida.

En febrero de 2016, la Organización Mundial para la Salud (OMS) decretó la epidemia como una “emergencia de salud pública de importancia internacional”. El virus de Zika se aisló por primera vez en un mono del bosque de Zika, en Uganda y se había presentado en África y Asia. En 2007, el virus causó el primer brote documentado en las islas del Pacífico, en los Estados Federados de Micronesia. En 2015, el virus se detectó en América, donde se empezó a propagar “de forma explosiva”.

La alarma fue enorme por la asociación entre la llegada del virus a algunos países, en especial a Brasil, y el aumento de recién nacidos con microcefalia o con el síndrome de Guillain-Barré.

El sitio oficial de la OMS explica que el virus de Zika se transmite a través de la picadura de un mosquito, el mismo que puede transmitir el dengue, la fiebre chikungunya y la fiebre amarilla. El zika, además, se puede transmitir a través de las relaciones sexuales y de forma vertical, es decir, de mujer embarazada a feto.

En Centroamérica, hasta la fecha, la epidemia ha dejado un saldo de al menos 47 mil casos de personas contagiadas y 14 bebés con microcefalia en El Salvador, Honduras y Nicaragua, según estadísticas oficiales. En estos tres países, las organizaciones Ipas Centroamérica, el Centro de Derechos de Mujeres, de Honduras, y la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, de El Salvador, realizaron estudios sobre el impacto de la epidemia del zika en los derechos reproductivos de las mujeres.

Una mirada con enfoque de género

Los resultados de las investigaciones realizadas indican que la reacción que dichos países centroamericanos tuvieron ante la epidemia, refleja la falta de un abordaje integral, en especial con una perspectiva de género y de derechos humanos que ameritaba una crisis como esta.

Así lo expresó el ex Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Zeid Ra’ad Al Hussein, en febrero de 2016, ante la declaración de la alerta internacional. “Defender los derechos humanos de las mujeres es esencial para que la respuesta a la emergencia sanitaria del Zika sea eficaz”, dijo.

El exrepresentante de la ONU explicó que dicha defensa debía consistir en brindar una respuesta de salud pública eficaz, lo que requería que los gobiernos garantizaran “a hombres, mujeres y adolescentes el acceso a información y servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, integrales y asequibles, sin discriminación”, incluyendo la anticoncepción, la anticoncepción de emergencia, el cuidado de la salud materna y los servicios de aborto seguro en toda la extensión de la ley, detalló.

“La epidemia comprometía, a un nivel nunca visto, el tema de la reproducción humana y por eso se emitió una serie de recomendaciones éticas alrededor de que la mujer debía estar informada, de que la mujer debía tener acceso a los medios para prevenir un embarazo o postergarlo”, explica Henry Espinoza, investigador a cargo del estudio en Nicaragua y miembro de Ipas Centroamérica.

Los estudios sobre la situación de los derechos reproductivos de la población y la respuesta ante el zika en El Salvador, Honduras y Nicaragua contaron con un universo total de 599 personas, de las cuales 552 fueron mujeres usuarias de servicios de salud pública encuestadas, y 47 fueron usuarias, embarazadas con y sin zika, personal proveedor de servicios de salud, gerentes de salud y funcionarios de organismos internacionales entrevistados sobre la perspectiva de derechos reproductivos en el contexto de la epidemia en los tres países centroamericanos.

El zancudo, el foco de atención

En los resultados se pudo observar el desconocimiento de las formas de transmisión por relaciones sexuales y de mujer embarazada a feto, especialmente entre la población adolescente.

Además, un 54% dijo no saber qué es la microcefalia, aunque el 68,5% respondió creer que sí existía relación entre el virus del zika y las malformaciones congénitas.

Maryuri quedó embarazada a inicios de 2016. Con Róger, su esposo, tenían ya un hijo de dos años. Ella tampoco sabía que el zika se transmitía por relaciones sexuales, pero sí conocía que el virus podía transmitirse de mujer embarazada a feto. “Cuando cumplí las ocho semanas estaba por todos lados la alerta del chikungunya y el zika. Me acuerdo que mi esposo me decía: ‘Echate repelente’”, recordó.

En efecto, ese fue uno de los hallazgos de los estudios realizados en los tres países: “Lamentablemente, durante el pico de la epidemia, estábamos enfocados en el zancudo y no en el verdadero problema que tiene que ver con la prevención de transmisión sexual y transmisión vertical”, apunta Espinoza.

Maryuri Flores, de 32 años, tuvo una hija con microcefalia a causa del virus del Zika. Carlos Herrera | Niú.

Maryuri Flores, de 32 años, tuvo una hija con microcefalia a causa del virus del Zika. Carlos Herrera | Niú.

“Frente a la alerta sanitaria generada por el zika los Estados no adoptaron medidas generales que protejan los derechos reproductivos de las mujeres, ya que solo se centraron en las prestaciones de servicios de salud a los casos como manejan las enfermedades febriles”, concluyó la sistematización de los tres estudios.

Dichos estudios encontraron que un bajo porcentaje de las mujeres encuestadas y entrevistadas tomó medidas para prevenir el embarazo: apenas un tres por ciento en Nicaragua, un 25% en Honduras y un 26% en El Salvador. Dos de cada cinco encuestadas dijeron que su embarazo, durante la epidemia, no fue planificado.

Ese fue el caso de Maryuri. “Estábamos planificando (usando anticonceptivos), pero hubo un cambio y entonces pasó, quedé embarazada”, relató.

Los estudios también revelan que el personal de salud es la fuente de información más confiable para las usuarias; sin embargo, no se aprovechó dicha confianza para brindar mejor información y dar una respuesta integral a la epidemia.

“El problema es que ni el personal de salud estaba informado, porque no había una planificación, no hubo un plan de contingencia”, afirmó el doctor Concepción Zúñiga, investigador encargado del estudio en Honduras. “Como el zika es una enfermedad emergente Honduras y, digamos que para todos los países de Centroamérica, (el personal de salud) no estaba preparado para hacer un abordaje correcto de la misma”, añadió.

En el caso de El Salvador, el personal continuó dando la información rutinaria para la prevención de enfermedades transmitidas por el zancudo, mas no se profundizó en los derechos sexuales y reproductivos de las pacientes, explicó la doctora Isabel Cristina Reyes, investigadora encargada del estudio en dicho país.

“Cuando ocurren estos eventos, no hay monitoreo para ver lo que a la gente se le está informando, entonces al personal le es más cómodo repetir lo que viene diciéndole de años a la población sobre cómo prevenir la epidemia del dengue: ‘use mosquiteros, repelente, mantenga la casa limpia’”, explicó Reyes.

Inyecciones y pastillas, los anticonceptivos más populares

La sistematización de los tres estudios permitió conocer cuáles son los métodos anticonceptivos más usados por las usuarias en los tres países. Inyecciones, pastillas y, con mucha menor frecuencia, el condón fueron los más utilizados.

Así, una de cada dos mujeres dijo nunca haber usado el condón, siendo el grupo de más de 34 años el que menos usa este método que, además de prevenir un embarazo no deseado, protege de enfermedades de transmisión sexual.

Había una necesidad urgente de hablar de preservativos, pero eso los países lo hicieron ya muy tarde. Todos los países actualizaron sus normas, sus guías clínicas, casi a la finalización del periodo epidémico”, apuntó Espinoza.

Los estudios también hallaron que los métodos anticonceptivos como el dispositivo intrauterino, conocido como la T de cobre, y el implante hormonal subdérmico, no fueron recomendados por el personal de salud, a pesar de estar disponibles.

Implante hormonal subdérmico y el dispositivo intrauterino, conocido como la T de cobre.

Implante hormonal subdérmico y el dispositivo intrauterino, conocido como la T de cobre.

“Tal vez lo ideal hubiera sido poner la cartera los métodos reversibles de larga duración, sobre todo recordemos que tenemos un segmento poblacional de adolescentes y jóvenes bien alto, entonces se hubiera podido aprovechar esa oportunidad de la epidemia para hablar del embarazo en la adolescencia, del embarazo no deseado”, agregó la doctora Ligia Altamirano, consultora encargada de sistematizar los tres estudios.

En el caso particular de Honduras, los derechos reproductivos de las mujeres durante la epidemia estuvieron más comprometidos, aseguró Regina Fonseca, Coordinadora de Incidencia Política del Centro de Derechos de Mujeres en Honduras.

“No hay acceso a información, no hay acceso a educación sexual. Es un país, el único en América Latina, donde se prohíbe la anticoncepción de emergencia”, apuntó Fonseca. Honduras prohibió la venta de la píldora anticonceptiva de emergencia desde el año 2009.

De los tres países estudiados, únicamente en El Salvador el Gobierno recomendó evitar o postergar los embarazos en 2016 y 2017, como una medida de prevención. Sin embargo, los resultados de las investigaciones reflejan que dicha recomendación no estuvo acompañada de otras acciones como la mejora de la oferta y acceso a anticonceptivos. La investigación en dicho país arrojó que el 67,5% de mujeres afirmó no haber tomado ninguna medida para prevenir o postergar un embarazo durante la epidemia y que “en las instituciones de salud no se ofrecen los métodos de barrera de manera abierta, solo el 10.5% dijo les ofrecieron condones”.

El papel de los hombres: otra de las omisiones

Marta María Blandón, directora ejecutiva de Ipas Centroamérica, asegura que el involucramiento de los hombres era clave ante una epidemia de la naturaleza del zika. Carlos Herrera | Niú

Marta María Blandón, directora ejecutiva de Ipas Centroamérica, asegura que el involucramiento de los hombres era clave ante una epidemia de la naturaleza del zika. Carlos Herrera | Niú

El involucramiento de los hombres era clave ante una epidemia de la naturaleza del zika, pero los Estados, en las políticas que implementaron para hacerle frente, no les tomaron en cuenta.

“Los hombres estaban ausentes de esa campaña como que ellos no eran responsables, uno, del embarazo; y dos, de poder transmitir a la mujer el virus del Zika mediante las relaciones sexuales”, señaló Marta María Blandón, directora ejecutiva de Ipas Centroamérica.

En ello coincide Zúñiga, quien explicó que, en Honduras, si “viene una mujer embarazada y tiene una serología positiva por zika, el sistema se limita a seguir investigando a la mujer embarazada y se olvidan de que hay que estudiar a su pareja”.

Altamirano, por su parte, agregó que “la protección dual (es decir, el uso del condón más otro tipo de anticonceptivo) debería ser una premisa fundamental en cualquier campaña, sobre todo si estamos hablando de zika, ahora que sabemos que el hombre puede ser un vector”.

“Si tuviéramos planes y programas desde los primeros años de escolaridad, posiblemente pudiésemos tener ahora hombres más compañeros, más responsables, que asuman el papel que les toca en el rol de la reproducción, la educación y la responsabilidad ante una paternidad”, agregó Blandón.

La historia de Maryuri

El primer síntoma de zika que Maryuri padeció fue rash, afirma. Carlos Herrera | Niú.

El primer síntoma de zika que Maryuri padeció fue rash, afirma. Carlos Herrera | Niú.

Al llegar a las ocho semanas de embarazo, una mañana, Maryuri notó que su piel estaba irritada. Estaba completamente brotada, con salpullido y la noche anterior había tenido un dolor de cabeza. “Llamé a la doctora y le dije: ‘Fíjate que tengo un rash, una alergia extraña’. Ella me dijo que me fuera al hospital y pidiera que me hicieran el examen del zika”, recordó.

“Sí estaba preocupada porque sí había visto en la televisión el efecto que traía el zika y apenas estaba empezando a asimilar que estaba embarazada, entonces sí, me preocupaba”, contó. Después de dos semanas llegaron los resultados del examen. “Fue un balde de agua fría, porque nunca esperaba que fuera eso”, compartió Maryuri.

A partir de su quinto mes de embarazo empezó a investigar de cómo era tener a un bebé con microcefalia. “Yo decía, ‘¿cómo voy a hacer?, ¿cómo voy a reaccionar?, ¿voy a poder con eso?’. Tenía mucho miedo”.

En el primer ultrasonido todo había salido bien. Su doctora le dijo que tendría una niña. En el siguiente ultrasonido otra doctora hizo mediciones, a la vez que su rostro mostraba preocupación, recordó Maryuri. “Ella (la doctora) lo que hacía era medir las piernas de la bebé, brazos, tronco y cabecita, pero cuando llegaba a la cabecita, ella medía nuevamente…”.

“Con mi esposo hablábamos bastante, también él se ponía a leer cosas, me compartía casos, yo le compartía información… no sabés la magnitud de los problemas que se van a venir, yo leía y leía y era preocupante. Había noches que me quedaba desvelándome solo por leer”, agregó Maryuri.

Las estadísticas oficiales registran 14 casos de síndrome congénito asociado al virus en los tres países investigados, entre los años 2015 al 2018. En Nicaragua, por ejemplo, el Estado reconoce apenas dos casos, pero Maryuri conoce a otras tres mujeres cuyos bebés nacieron con microcefalia después de que ellas se contagiaran del zika estando embarazadas.

Un camino duro y solitario

Angélica, o Angy, como le llamá su mamá, llegó a la vida de Maryuri y Róger en marzo de 2017, en medio de emociones encontradas para la familia. “Sí sentía felicidad de que hubiera nacido, pero también sabía que venía un camino muy duro”, dijo Maryuri.

Angélica, la hija de Maryuri, recibe atención en un centro especializado no gubernamental. Carlos Herrera | Niú.

Angélica, la hija de Maryuri, recibe atención en un centro especializado no gubernamental. Carlos Herrera | Niú.

“La peor noticia que recibimos fue del oftalmólogo, nos dijo que la niña prácticamente tenía ausencia de mácula en ambos ojos y que no iba a poder ver. Ahí sí se me derrumbó todo, porque yo decía: ‘OK, acepto que mi niña tenga microcefalia, pero, ¿cómo voy a ayudarle en su desarrollo si no puede ver?’. Entonces, era mucho más el esfuerzo, o sea, ni siquiera sabía cómo iba a hacerlo”.

La poca atención a casos como el de Maryuri y Angélica, pone en evidencia la escasa importancia que los Estados brindan a las consecuencias de la epidemia.

Blandón comentó que cuando un bebé nace con esta condición, las instituciones del Estado tienden a olvidarse de lo que el bebé y su familia requieren. Es así como la carga social, emocional y económica recae, fundamentalmente, en la familia y más específicamente en las mujeres, que en la mayoría de los casos son quienes se hacen cargo de la crianza y manutención de los hijos. Las políticas públicas, “obvian totalmente cuál es la realidad y cuáles son las necesidades que viven las mujeres en estas condiciones”, comentó.

“El apoyo está, pero yo siento que es muy poco”, aseguró Maryuri. “Ellos (el Ministerio de Salud) me llamaban y me preguntaban qué había pasado en los últimos meses del embarazo. Me llamaban cada dos meses, así… pero cuando la Angy nació y cumplió dos meses, se desaparecieron”.

En Honduras, por ejemplo, “cuando las primeras madres tuvieron su niño con microcefalia, el Estado lo que hizo fue darles un bono como de 90 dólares mensuales, creyendo que eso iba a solucionar el problema”, comentó Concepción Zúñiga, encargado del estudio realizado en Honduras.

Angélica recibe atención en un centro especializado no gubernamental, el Instituto Médico Los Pipitos, en Managua. “En Los Pipitos, por ejemplo, te tratan como que fueras el único”, aseveró Maryuri.

“Los casos de microcefalia, o de niños que tienen microcefalia, vienen siendo de los casos que ameritan mayor número de terapias o mayor número de tiempo, recurso, tanto de los profesionales, como del punto de vista económico”, explicó Ramón Gutiérrez, doctor de dicho centro.

“Tratamos de ser lo más responsables, en el sentido de poder explicarles a los padres los alcances que pueda tener el bebé, los pros, los contras, las dificultades que se van a encontrar en el camino, de modo tal que estén sabidos de lo que tienen que poner de su parte para sacar adelante a esa persona”, agregó Gutiérrez.

Maryuri es una mamá orgullosa. Se nota en la forma que cuenta las anécdotas de Angélica. Explica meticulosamente los cuidados que la niña, ahora de año y medio, requiere. Eso sí, no es tarea fácil, aclara: “Es una cosa, es otra, tenés que estar, darle un cuido bien cercano, no podés descuidarte ni siquiera un instante”.

La alerta sanitaria por el zika y las deudas de la sociedad con las mujeres

En una sociedad con una cultura patriarcal, las necesidades de las mujeres no son reconocidas por la población en general. “Estas omisiones son por la falta de educación, falta de información”, apuntó Fonseca.

Uno de los grandes pendientes de los tres países es la revisión de las leyes. “Hay muchos prejuicios, tiene que ver con doble moral, tiene que ver con el estigma que tienen muchos temas, como la interrupción del embarazo. En el caso de los tres países que participaron el estudio, los tres tienen totalmente penalizado el aborto, lo que quiere decir que las leyes actuales no están acorde a las necesidades, intereses y condiciones en que las mujeres ejercen la maternidad”, observó Blandón.

En ese sentido, el ex Jefe de los Derechos Humanos de la ONU también destacó que “en los países afectados por el Zika que tienen leyes restrictivas en materia de derechos reproductivos de la mujer, la situación que enfrentan las mujeres y las niñas es especialmente grave a varios niveles”, refiriéndose a la magnitud de la violencia sexual y la criminalización o la poca disponibilidad de los servicios de salud sexual y reproductiva. “El concentrarse en aconsejar a las mujeres y las niñas el no quedar embarazadas no ayuda a los esfuerzos para detener esta (epidemia)”, dijo.

Para Altamirano, la lección para los tres países es que, en vez de ser el zancudo el centro de todos los esfuerzos, sea la mujer, puesto que sobre ella es que la enfermedad tiene las mayores repercusiones, “pues ella, estando embarazada, puede contraer el zika y es quien, inevitablemente, va a asumir un hijo con serias limitaciones para enfrentar la vida”.

“Sí me hubiera gustado tener más información del virus. Sé que es algo nuevo y que la información no es mucha, pero, así como yo, que me puse a investigar en las redes sociales y me di cuenta de muchas cosas, creo que un montón de mamás tampoco saben nada. La experiencia con todo este mundo del zika, de la microcefalia, ha sido una experiencia, al inicio, dura, porque no sabes qué esperar, pero vas tomando fortaleza”, insistió Maryuri.

Vivimos en sociedades donde no existe una verdadera equidad. El manejo de la epidemia del zika en El Salvador, Honduras y Nicaragua lo demuestra.

El bienestar en torno a la reproducción humana, en especial, de las mujeres, debe ser prioridad. El poco acceso a información, a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, el derecho limitado a decidir reproducirse de forma libre y responsable, aumentan la desigualdad y disminuyen el poder y la dignidad de las mujeres.

“En términos generales, ni las leyes, ni las políticas públicas tienen un verdadero enfoque de género. (Las fallas en el manejo de la epidemia) no creo que fueran especialmente en el caso del zika, creo que es que así funcionan nuestros Estados, donde todavía hace falta que exista una verdadera equidad, que muchas veces está en los papeles, pero cuando llegamos a ver cómo se aplica en la práctica, nos damos cuenta de que hay una brecha enorme”, lamentó Blandón.

Información tomada de: https://niu.com.ni/lo-que-no-te-dijeron-del-zika/

 

Pronunciamiento VI Conferencia CLACAI Quito 2018

,

Organizaciones defensoras de derechos de las mujeres llaman la atención sobre violación a los derechos humanos y amenazas a la democracia en América Latina y el Caribe

Nosotras, reunidas en la VI Conferencia Regional de CLACAI, en Quito-Ecuador, vemos con gran preocupación las violaciones a los derechos humanos y amenazas a la democracia que viven países de la región.

En relación con Brasil llama nuestra atención lo que, desde afuera, logramos observar sobre el proceso electoral brasileño imbricado en un contexto marcado por una profunda polarización y el despliegue deliberado del miedo. Dentro del temor vemos resurgir proyectos que se posicionan negando la existencia de un pasado autoritario en Brasil y en la región de América Latina. Durante el actual proceso han proliferado apelaciones directas al autoritarismo y a la violencia en manos del Estado, los fake-news, las declaraciones xenofóbicas, misóginas y homofóbicas que refutan de manera ineludible el principio de protección de minorías, el respeto a la pluralidad y el derecho a divergir.

Las fuerzas dominantes en el proceso electoral no lamentan el hecho de que las fuerzas del Estado en el pasado han matado disidentes y proponen abiertamente la ejecución de quien desobedezca la ley o represente oposición política. Aún más grave parece ser que desde la primera ronda electoral en el país, han ocurrido más de cien episodios de violencia política, habiendo ya, al menos tres víctimas fatales a manos de esta violencia inédita, un hombre negro de Bahía y dos mujeres travesti asesinada en São Paulo. La democracia brasileña está claramente en jaque.

Nuestras organizaciones y el trabajo que realizamos se dirigen a asegurar el acceso de los derechos humanos, específicamente aquellos de las mujeres en América Latina, por lo tanto tenemos un compromiso con la democracia, la libertad, la igualdad social, étnico racial y de género, así como el respeto por la diversidad sexual. Consideramos que el pleno ejercicio de los derechos políticos, como lo es un proceso electoral, requiere un clima de transparencia, seguridad y tolerancia.

Para asegurar estas condiciones instamos a las autoridades nacionales a que garanticen la integridad del proceso electoral, así como responsabilizar a las autoridades partidarias que instiguen a la violencia. Solicitamos al sistema internacional de Derechos Humanos que presten la atención debida al proceso electoral brasileño y que colabore de manera activa con la preservación de la democracia brasileña como pilar de la democracia latinoamericana. En particular solicitamos a la comisión externa de observación del proceso electoral creada por la OEA, que ya ha estado en Brasil en la primera vuelta del ciclo electoral, que en su próxima visita para la segunda vuelta (ballotage) verifique no solo las condiciones institucionales –como la seguridad de las urnas electrónicas – pero, sobre todo, el clima más amplio de violencia política que está caracterizando el proceso electoral en su conjunto.

Así mismo, nos preocupa como la región de Latinoamérica se está enfrentando a retrocesos en Derechos Humanos y a luchas por rescatar la democracia. Nos parece grave la situación de Nicaragua y Venezuela, en donde, adicional a la lucha por resistir la persecución estatal, las amenazas y la estigmatización a las organizaciones defensoras de derechos humanos de las mujeres, se le agrega la emergencia humanitaria de este último.

A las compañeras venezolanas, como ciudadanas, cada día se les dificulta más la vida por la  emergencia humanitaria que traviesa su país. La absoluta escasez de medicamentos y, particularmente, de todas las alternativas de métodos anticonceptivos para evitar los embarazos no deseados, ha aumentado el embarazo adolescente y la mortalidad materna. Aunado a la crisis del sistema nacional de salud por falta de laboratorios, insumos médicos, materiales y servicios básicas de agua, luz y la ausencia de mantenimiento sanitario, se ha producido una crisis de migrantes y personas refugiadas -diáspora- que ha ameritado una respuesta de solidaridad internacional.

Quito, 19 de octubre de 2018.

Se adhieren:

Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, El Salvador
Aldea Comunidades, Perú
APROPO, Perú
Asociación AMAR-C, Perú
Asociación Ciudadana ACCEDER, Costa Rica
Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa – AVESA.
Associação Interdisciplinar de Aids- Observatório de Sexualidad y política, Brasil
Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud A.C., México
Católicas pelo Direito à Decidir, Brasil
Católicas por el Derecho a Decidir, Colombia
Católicas por el Derecho a Decidir, México
Católicas por el Derecho a Decidir, Perú
Católicas por el Derecho a Decidir, Argentina
Centro de Derechos de Mujeres, Honduras
Centro de Estudios de la Mujer, Honduras
Centro de Promoción en Salud y Asistencia Familiar (CEPROSAF), Honduras.
Centro Hispanoamericano para la mujer FREYA – Venezuela
Colectiva Feminista por el Desarrollo Local. El Salvador
Colectiva Mujer y Salud, República Dominicana
Colectiva por el Derecho a Decidir, Costa Rica
Colectiva Salud Mujeres, Ecuador.
Colectivo Rebeldía, Bolivia
Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, México
Federación Internacional de Planificación Familiar / Región Hemisferio Occidental
Fundación Desafío, Ecuador
Fundación Salud Amazónica, Ecuador
Fundación Mexicana para la Planeación Familiar (MEXFAM), México
FUSA AC, Argentina
Grupo Curumim, Brasil
Instituto Peruano de Paternidad Responsable, Perú
International Women‘s Health Coalition
La Asociación Civil Mujeres en Línea, Venezuela.
La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, Colombia
Luna Creciente, Ecuador
Mesa de Acción por el Aborto en Chile
Movimiento Juventud Contracorriente, Ecuador
Movimiento por una Cultura Laica, El Salvador
Mujeres Contigo, Chile
Núcleo de Apoyo a la Mujer, República .Dominicana
Observatorio de Equidad de Género en Salud, Chile
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, México
Plataforma Derechos Aquí y Ahora, Honduras
Profamilia, Colombia
Promsex, Perú
Red de Latinoamérica y el Caribe de Católicas por el Derecho a Decidir
Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, Argentina
Red de Salud de las Mujeres de América Latina y el Caribe (RSMLAC)
Servicios para un desarrollo alternativo de sur SENDAS, Ecuador
Socorristas en Red (feministas que abortamos) Argentina
Taller de Comunicación Mujer, Ecuador
Women´s Link Worldwide

Autorizan aborto para una niña de 11 años que fue violada en Argentina

(CNN Español) – El Ministerio Público Fiscal de Argentina autorizó el aborto de una niña que las autoridades dicen que fue violada en la provincia Córdoba, según confirmó dicha institución a CNN en Español.

La niña tiene 11 años es residente de la localidad de Villa Dolores, a unos 200 kilómetros al sur de la capital de la provincia. Quedó embarazada tras ser presuntamente violada por una persona que, de acuerdo con el Ministerio Público, “era cercana a su entorno”.

Esta persona ya fue detenida, está imputada por abuso agravado por acceso carnal y se encuentra en la cárcel mientras espera el proceso de instrucción. CNN en Español trató de averiguar si había admitido o no los cargos, pero el caso se encuentra bajo secreto de sumario, por lo que no pudieron dar esta información.

Fue la madre la que solicitó permiso para que la niña abortara. La petición la hizo inicialmente en la Fiscalía de la localidad, pero ésta no es la que puede otorgarlo, por lo que transfirió el caso al Ministerio Público Fiscal, quien aprobó el aborto.

El fiscal pidió que, una vez realizada la cirugía, se guarde parte del material biológico “para que sirva como prueba para confirmar la autoría”, explicó el Ministerio Público.

El caso se ha gestionado como un tema nacional ya que, tal y como explicó el Ministerio Público, la provincia no permite el aborto ni siquiera en caso de violación, como sí estipulan las leyes del país. Por ello, la operación será efectuada en Maternidad Nacional, en Córdoba capital, el único hospital nacional de la provincia y, por lo tanto, el único en el que se pueden practicar abortos, indicaron tanto el Gobierno de la provincia como el Ministerio Público.

Los detalles del caso, como cuándo sucedieron los hechos o de cuánto estaba embaraza la menor, permanecen bajo secreto, así como su identidad, para proteger a la niña. “Nuestra obligación es mantener en secreto esta información ya que involucra a una menor”, señaló el Ministerio Público.

Información tomada de https://cnnespanol.cnn.com

Más de 4.200 personas fueron denunciadas por aborto en México en una década

En los últimos tres años hubo 228 sentencias condenatorias por interrumpir el embarazo y, en los últimos cinco, 19 mujeres ingresaron en prisión.

El aborto en México no solo está penalizado: también es un delito altamente perseguido. Para GIRE, uno de los grupos de presión más activos en defensa de la interrupción legal del embarazo en el país norteamericano, “la criminalización tiene consecuencias como el precario o nulo acceso a causales legales de aborto y la denuncia de mujeres con emergencias obstétricas”, ha señalado en un informe presentado este jueves. Precisamente, la mayor parte de las denuncias por aborto en México proviene de los mismos prestadores de servicios de salud. En los 10 últimos años, según las cifras de la organización, un total de 4.246 personas (hombres y mujeres) fueron denunciadas por interrupción de embarazos, lo que en promedio significa más de una acusación al día.

“Nunca había visto el vínculo tan claro, como se ve en este estudio, entre la inclusión de un delito en el código penal y el comportamiento de los profesionales de la salud”, reconoce Ana Laura Magaloni, profesora de derecho del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), durante la presentación del documento, en un aula abarrotada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). “El impacto es enorme: los profesionales de la salud consideran que están cometiendo un delito y las mujeres que entran a los hospitales con alguna emergencia obstétrica se encuentran en un peligro mayor”, explica. “Los prestadores de salud no conocen la normativa o, aun cuando la conocen, quieren castigarlas”, remacha la directora de GIRE, Regina Tamés.

Solo uno de las 32 entidades que componen la República mexicana permite el aborto libre hasta la duodécima semana de gestación: la Ciudad de México, con una regulación que se remonta a más de una década atrás. Las diferencias con el resto de Estados son abismales. La única causa de interrupción legal del embarazo en todo el país es la violación: 24 Estados recogen como causa el riesgo de muerte para la madre; 16, alteraciones genéticas graves; otros 15 contemplan el riesgo a la salud y la inseminación artificial no consentida; y solo dos aceptan razones socioeconómicas. “Esto genera una gran desigualdad entre las mexicanas”, apunta el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar.

Anahí vive en Baja California (norte) y hace 10 años sufrió un aborto tras una caída accidental. Entonces tenía 21 años y ni ella, ni su pareja, ni su familia sabían que estaba embarazada, según recoge el testimonio. En la caída se golpeó la nuca y perdió el conocimiento. Al despertarse vio que su ropa estaba manchada de sangre. Su cuñada encontró el feto en el suelo. Al llevarla al hospital, sin recibir la atención médica necesaria, fue acusada de homicidio doloso en grado de parentesco. En 2102 fue condenada a 20 años de prisión. Cuatro años más tarde, ante la falta de pruebas por este delito, la joven consiguió la absolución. El de Anahí es solo uno de los casos que recoge el estudio, titulado Castigo o maternidad, que da cabida tanto a relatos de mujeres que han sido acompañados por abogados del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) como a otros documentados por terceras organizaciones.

Las situaciones recopiladas van desde violaciones, como el caso de Guadalupe, en Querétaro (centro), que decidió no denunciar el ataque y tomó al día siguiente una píldora anticonceptiva de emergencia. A pesar de la medida de precaución, se quedó embarazada. Una madrugada sintió un fuerte dolor abdominal y su padre la llevó al hospital: allí, ante el aborto involuntario que estaba sufriendo, fue víctima de acusaciones y gritos por parte del personal médico, que se encargó de dar parte a la fiscalía. Un mes después fue llamada a declarar. Ante la falta de pruebas se archivó definitivamente la causa. En Michoacán (centro), Gabriela acudió a abortar legalmente a Ciudad de México por voluntad propia. Al descubrir el hecho, su pareja le denunció. Tras presentar el comprobante de que la interrupción se hizo en la capital mexicana, la dejaron en libertad.

El número de denuncias recopiladas en el informe, así como las cifras sobre investigaciones abiertas, sentencias e ingresos en prisión, corresponde a hombres y mujeres. Si bien de algunos Estados recibieron la información desagregada por sexos, muchos de ellos no tenían sistematizada esta variable. Desde enero de 2015 hasta abril de 2018, hubo 1.666 investigaciones abiertas por aborto; 228 personas fueron sentenciadas por este motivo y 53 (19 mujeres) ingresaron en prisión definitiva. En algunos casos, las mujeres son acusadas de delitos como infanticidio y homicidio en razón de parentesco. Las sentencias condenatorias que no acaban en prisión pasan de multas a trabajos para la comunidad o “tratamientos médicos integrales”. El informe destaca también que la criminalización por aborto afecta sobre todo a las mujeres en situación de vulnerabilidad, que provienen de comunidades marginadas, de contextos de violencia, con falta de acceso a la información y de servicios de salud reproductiva.

Por todo ello, GIRE, con más de un cuarto de siglo de experiencia a sus espaldas, reclama a los parlamentos estatales la despenalización del aborto “durante el primer trimestre de la gestación”. En su apoyo, la profesora Magaloni incidió en que “hay 19 congresos estatales donde Morena tiene mayoría, yo sí creo que podría ser una circunstancia idónea para cambiar las legislaciones”. No obstante, el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, no es un ferviente defensor de este derecho: lo único que llegó a admitir en campaña es que lo sometería a consulta popular.

Tomado de https://elpais.com

Chile ejemplo de acompañamiento profesional en el parto

Por Anita Román Morra*

En mi calidad de presidenta nacional del Colegio de Matronas y Matrones de Chile, me correspondió hace unos meses conocer la realidad en México, en el marco del convenio que ha firmado MILES con organizaciones de la nación del norte, a fin de conocer la realidad de la matronería, en particular de la labor que realizan nuestras colegas, que son licenciadas en enfermería y obstetricia.

Hay diferencias, que más bien se refieren a la regulación o legislación que le otorga el reconocimiento a las licenciadas obstétricas como profesionales con competencias para hacerse cargo del proceso reproductivo, nuestro interés colaborativo en este proyecto es demostrar que el éxito de las políticas públicas de salud reproductiva en Chile está basado en el rol que le asigne el Estado chileno a la matronería y que la matrona como profesional está dentro de un equipo de salud con atribuciones mínimas necesarias en normativas legales que le confieren la responsabilidad de hacerse cargo de la normalidad de este proceso teniendo en cuenta que para ella tiene los conocimientos de los procesos de anormalidad que serán los signos que prevengan el daño, siendo también su responsabilidad avisarle al médico cuando el proceso empiece a presentar las primeras señales de anormalidad.

Este trabajo conjunto que realizan los equipos de salud reproductiva son los que le han permitido a Chile tener indicadores de país desarrollado en los procesos de partería.

Por eso es importante el resultado de este convenio, que permitirá a nuestro gremio compartir conocimientos a las colegas del hermanos país de México, de manera tal de empoderarlas en el rol activo que debe tener el acompañamiento de la madre, y pasar a tener una posición más activa.

Que un país como México ponga sus ojos en el nuestro nos enorgullece como matronas y nos permite proyectar con orgullo las estadísticas que dan cuenta de la importancia de la matronería profesional.

Tenemos las cifras más bajas de Latinoamérica en cuanto a mortalidad materna y perinatal, no sólo por los más de 180 años de historia que tenemos como profesionales en Chile, sino que además por la formación académica y desarrollo profesional que tiene como elemento fundamental la incorporación y actualización permanente de contenidos de salud sexual y reproductiva, tales como, las medidas conducente para el acompañamiento y el parto respetado.

También ha sido fundamental la implementación de políticas públicas, que han promovido un trabajo de acompañamiento más permanente a las mujeres chilenas, como el programa Chile Crece Contigo, la administración por parte de matronas y matrones de métodos anticonceptivos o el postnatal de 6 meses, entre otras iniciativas.

Con México se nos abren puertas de transferencia de conocimientos inimaginables, y estamos confiadas en que esta primera colaboración será la puerta de entrada para otras acciones de fraternidad, y de intercambio profesional y académico con las colegas de ese país.

28 de septiembre. Normalizando el aborto: es parte de nuestras vidas.

,

Este año, celebramos nuestros éxitos y movimientos, como los ocurridos en Chile, en El Salvador, en Macedonia, en la República Democrática del Congo, en Chipre, en Canadá, en el Reino Unido, en México, en Irlanda, en Jamaica, en Argentina, en Polonia, en la Isla de Man, en Costa de Marfil, en Brasil, en Indonesia, en Corea del Sur, en Australia, en la República Dominicana, y en Bolivia. Al mismo tiempo, nos solidarizamos con aquellos países que han experimentado retrocesos, como Argentina, Marruecos, Argelia, EE. UU., Bélgica, India y Kenia, con vistas a que renueven sus energías para seguir adelante.

Este año, hacemos un llamado a los defensores/as del derecho al aborto para conmemorar a los héroes y heroínas locales, nacionales e internacionales que han apoyado el derecho de las mujeres a un aborto seguro. Hacemos un llamado a la creación de una masa crítica de apoyo entre mujeres por el derecho al aborto, como una actividad prioritaria.

Este año, invitamos a las mujeres a:

  • Compartir sus experiencias sobre el aborto.
  • Hablar sobre por qué ellas mismas u otras mujeres que conocen han abortado y
  • Explicar el cambio que ello ha supuesto en sus vidas.

Este año, invitamos a todas las mujeres a acompañar a aquellas que han abortado, para proclamar que:

  • Sabiendo que la mayoría de las mujeres que abortan son madres y que muchas otras tendrán hijos/as más tarde.
  • Todos/as tenemos el derecho a decidir si queremos tener hijos/as y cuándo queremos tenerlos, o bien no tener descendencia.

Este año, pedimos a nuestros gobiernos, parlamentarios y jueces que rechacen los proyectos de ley anti aborto y deroguen las leyes y políticas anti aborto – porque matan a las mujeres. ¡Matan a las mujeres!

Por último, hacemos un llamamiento a nuestros gobiernos, parlamentarios y jueces para que reconozcan a las mujeres como ciudadanas de pleno derecho portadoras de derechos humanos, cuyas opciones de vida merecen respeto y apoyo. Decimos alto y claro: “Despenalicen el aborto, porque todas las mujeres tienen derecho a la vida y a la salud”.

Este llamamiento puede también leerse en PDF aquí

ONU alertó sobre mal uso de objeción de conciencia

Organismos indicaron que no debe ser obstáculo para acceso de la mujer a atención en casos de aborto voluntario.

No solo en Chile algunos médicos e instituciones -sobre todo por consideraciones religiosas tradicionales- están recurriendo a la objeción de conciencia para impedir que las mujeres hagan uso de su derecho a interrupción voluntaria de embarazo. En varios otros países, como México, se está apelando a esa consideración, ante lo cual organismos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) llamaron la atención respecto a que ello no puede significar un obstáculo para ejercer un derecho, para que sean respetadas legislaturas sobre derechos sexuales y reproductivos, ni sea impedimento para una adecuada y oportuna atención de salud.

También desde la ONU se dijo que la objeción de conciencia es un acto individual y personal y no puede ser determinado por una institución, menos de carácter público.

La prensa mexicana publicó información en cuanto a que la oficina de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, plantearon los anteriores argumentos y normativas y enfatizaron que el Estado, en cada país, debe garantizar los derechos de las mujeres, de todas las edades. Sobre todo en los casos donde las legislaciones nacionales -que es el caso de Chile- permiten el aborto o el aborto en algunas causales.

También se señala que tiene que existir la información detallada y oportuna de estas situaciones y que siempre una institución debe proporcionar a la mujer el personal idóneo para ser atendida, en estos casos, para la interrupción voluntaria del embarazo. Se insiste en que las instituciones públicas tienen obligación de proporcionar esa atención. En Chile se está dando la situación que recintos hospitalarios privados reciben financiamiento del Estado, pero se quieren negar a atender a las mujeres, argumentando objeción de conciencia. Para los organismos de la ONU, se debe contratar a personal no objetor en todas las instalaciones de salud.

Para Naciones Unidas, una prioridad es que exista una atención segura, oportuna y de calidad, entre otras cosas, garantizando los derechos humanos de las mujeres.

En tanto, en una entrevista con el medio Web, El Desconcierto, Luz Patricia Mejía, abogada especialista en derechos de las mujeres e integrante de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA (Organización de Estados Americanos), dijo que “la objeción de conciencia no puede bajo ningún concepto reducir el derecho de las mujeres a su vida e integridad física. Los médicos y médicas tendrán un gran papel que cumplir aquí y garantizar que las mujeres sean atendidas”.

En la entrevista de Meritxell Freixas, Mejía expresó que “el reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia no puede quitar otro derecho. No se puede hacer objeción de conciencia sin antes garantizar que la mujer sea atendida tal y como establece la norma. Además, tienen que quedar establecidas cuáles serán las consecuencias si esto no se cumple”.

Tomado de mileschile.cl