Estas son las latinoamericanas que lanzaron el día internacional por el aborto seguro

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Por Mariana Carbajal
Treinta años atrás, feministas latinoamericanas se reunieron en Argentina a compartir conocimiento y lanzar campañas para legalizar el aborto en la región.

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[Nota de Prensa] La CIDH se pronuncia sobre medidas que afectaron el acceso a derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en América Latina

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  • La magnitud de la emergencia sanitaria provocó restricciones y cierres de los servicios de salud reproductiva durante meses.

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La reforma legislativa que hiere la dignidad de las mujeres y niñas hondureñas

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El Congreso de Honduras aprobó la reforma de la Constitución que modifica el artículo 67 que establece la prohibición y la ilegalidad de la interrupción del embarazo por parte de la mujer o de tercero y crea un blindaje constitucional que imposibilite legalizar la práctica del aborto en Honduras en el futuro.

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#ProtegerlasYa: conoce la campaña latinoamericana que propone lineamientos para la atención de niñas embarazadas

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  • Se difunde un documento clave para el diseño de protocolos de atención integral de menores de 15 años en los países de Latinoamérica.
  • Entidades públicas y privadas, así como todas las personas y profesionales de la salud, educación y justicia que atienden a niñas en la región; pueden acceder gratuitamente los lineamientos a través de la web protegerlasya.com.

Lima, 3 de noviembre de 2020. – En Latinoamérica, la única región del mundo con tendencia ascendente de embarazos de menores de 15 años1, el contexto de pandemia y confinamiento ha provocado que se visibilice más la violencia sexual que sufren miles de niñas y adolescentes: en Colombia, se notificó casi 22 casos en promedio de abuso sexual contra niñas por día desde el inicio de la cuarentena hasta fines de junio2; los embarazos en personas de 10 a 14 años aumentaron en 79.16 % entre abril y junio en El Salvador3; y en Perú, hasta septiembre de este año, se registró el cuádruple de embarazos de niñas menores de 10 años en comparación con el 20194. A esto se suma la reducción en los servicios de salud reproductiva (del 50 %, según IPAS) en la mayor parte de los países, debido a la priorización de la atención del COVID-19 en los establecimientos de salud.

Sin embargo, el abuso que provoca el embarazo de niñas y adolescentes no es circunstancial y seguirá ocurriendo si no se toman medidas urgentes. Por ello, el Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro -CLACAI-, con el respaldo de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología –FLASOG-; ha lanzado la campaña regional #ProtegerlasYa, que da a conocer los Lineamientos para el diseño de un protocolo de atención de niñas y adolescentes menores de 15 años con embarazo no intencional, un documento clave y de consulta urgente para los Estados y todas las personas y profesionales de la salud, educación y justicia que atienden a niñas en la región.

La campaña #ProtegerlasYa, que tiene como objetivo ejercer presión para la implementación de políticas a favor de la atención de las niñas en la región, muestra la historia de “Luz”, el caso de una niña de 13 años que, aunque ficticio, está inspirado en millones de realidades de Latinoamérica, como las historias reales de “Fátima”, “Norma” y “Camila”, casos emblemáticos de Guatemala, Ecuador y Perú, respectivamente5. “Luz” es abusada por la pareja de su madre y, al salir embarazada, no es atendida debidamente ni en la escuela ni en el centro de salud. Pierde el caso de denuncia de abuso y ahora, abandonando su educación y en condiciones precarias, vive con su hija y apoyando a su madre en el trabajo diario.

Puedes ver la animación de #ProtegerlasYa, por el derecho a seguir creciendo, aquí: https://youtu.be/w0P511pc8iU

Junto al video, y con el fin de estimular la campaña en redes sociales, se ha dispuesto una serie de recursos visuales para compartir e instancias de participación activa en el sitio web www.protegerlasya.com, que incluye inscripción de voluntarios y activistas sensibles al tema, en especial aquellos cercanos al ámbito de trabajo de la educación, la salud pública y la justicia, con el fin de ampliar la red de profesionales y técnicos comprometidos con esta problemática. Todo se encuentra resumido y organizado en un kit de activación, ubicado en la mencionada página web y disponible para todas las personas interesadas.

Un instrumento para transformar y protegerlas

Susana Chávez, Secretaria Ejecutiva de CLACAI, explica que el documento de lineamientos -que puede ser consultado de forma gratuita a través de la web www.protegerlasya.com-, tiene como propósito llenar un vacío, pues aún son muy pocos los Estados de la región que disponen de políticas específicas para este grupo de edad y frente a situaciones tan adversas. “El documento habla sobre el fenómeno y la necesidad de erradicar las profundas desigualdades que afectan a niñas y adolescentes, y vulneran sus derechos; así como de la atención integral de las niñas: educación, escuela; detección temprana del embarazo, aborto seguro, atención oportuna y de calidad en emergencia, y el seguimiento y reparación del daño, que no se realiza en nuestros países; y busca contribuir en el desarrollo de guías y protocolos de atención que resguarden garantías mínimas de protección de derechos humanos y de estándares de calidad en los servicios a niñas y adolescentes menores de 15 años con embarazo no intencional”, explica.

Si bien hay países en la región, como Argentina, Colombia y Uruguay, donde existen políticas públicas para la atención del embarazo en niñas menores de 15 años, según Nina Zamberlin, Oficial Principal de Programas de IPPF, aún hay muchos vacíos en la protección integral de este grupo etario tan vulnerable y complejo; de ahí se desprende la importancia de un documento como los lineamientos de #ProtegerlasYa, que abarca la situación desde sus distintos aspectos:

  • La articulación con el sistema educativo para la permanencia o reinserción escolar de la niña o adolescente.
  • También con las distintas instancias de encargados de la protección de las niñas, así como el seguimiento integral y atención psicosocial,
  • La continuidad del tratamiento de salud mental en las situaciones de violencia,
  • La observancia de la situación de delito en caso de abuso para la presentación de la denuncia penal correspondiente.
  • El acceso a la atención sexual y reproductiva e interrupción legal del embarazo (ILE).

“Esperamos que este documento sirva para inspirar y orientar a quienes tienen un compromiso para aliviar y resolver este gravísimo problema que afecta muy gravemente la vida de las niñas y adolescentes de la región latinoamericana. Y también esperamos que contribuya a sensibilizar a quienes todavía no se acercaron al problema para que se sumen a los esfuerzos que deben encararse con urgencia”, finaliza Chávez.

Para acceder a los lineamientos y sumarte a la campaña, puede ingresar a www.protegerlasya.com y seguir la conversación a través del hashtag #ProtegerlasYa y las redes sociales de CLACAI.

 

#ProtegerlasYa en línea:

Web: www.protegerlasya.com

Facebook: https://web.facebook.com/clacai

Twitter: https://twitter.com/infoclacai

Instagram: https://www.instagram.com/protegerlasya

 

Sobre CLACAI

Formado en el 2006, el Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro -CLACAI-, Es una articulación integrada por activistas, investigadores/as, proveedores/as de servicios de salud y profesionales que contribuye a la disminución del aborto inseguro en Latinoamérica. Promueve el acceso a la información y a tecnologías modernas y seguras en el marco del pleno respeto a los derechos sexuales y reproductivos, desde una perspectiva de género y equidad.

 

Referencias

1 “Vidas robadas: Un estudio multipaís sobre los efectos en la salud de las maternidades forzadas en niñas de 9–14 años”, 2016. https://lac.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/ESP-EMBARAZO-ADOLES-14febrero%20FINAL_5.PDF.

2 “La pandemia está poniendo a las niñas latinoamericanas en riesgo de embarazo y abuso, dicen los expertos”, agosto del 2020. https://www.globalcitizen.org/es/content/latin-american-girls-at-risk-of-pregnancy/.

3 “Embarazos en niñas de 10 a 14 años aumentan 79.16% en tres meses, según MINSAL”, agosto de 2020. https://arpas.org.sv/2020/08/embarazos-en-ninas-de-10-a-14-anos-aumentan-79-16-en-tres-meses-segun-minsal/.

4 Reporte de recién nacidos en los años 2019 -2020 del Sistema de Registro del certificado de Nacido Vivo del Ministerio de Salud del Perú. En “Niñas madres: la emergencia suspendida por la pandemia”, septiembre de 2020. https://ojo-publico.com/2139/ninas-madres-la-emergencia-suspendida-por-la-pandemia.

5 https://www.ninasnomadres.org/historias.php

Carta a la CIDH sobre proceso de selección de titular de Secretaría Ejecutiva y denuncias de acoso

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25 de septiembre de 2020

Presidente y demás integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Las redes y organizaciones firmantes, defensoras de los derechos sexuales y reproductivos y usuarias del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, expresamos nuestra profunda preocupación por la crisis institucional que se ha manifestado en las últimas semanas en el seno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Lo anterior, dada la decisión anunciada por el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) de no renovar el mandato del Secretario Ejecutivo de la CIDH, y la subsecuente decisión de abrir un nuevo proceso de selección para un/a titular de este último cargo.

Las organizaciones firmantes entendemos que las decisiones que afectan el funcionamiento de la CIDH, tomadas de manera unilateral por la OEA, como la no renovación del mandato del Secretario Ejecutivo de la CIDH atentan contra la autonomía e independencia de la CIDH y pueden generar inestabilidad. Por ello, reiteramos nuestro apoyo para que la Comisión siga siendo autónoma e independiente con respecto a este organismo multilateral y a los Estados miembros, pues solo así tendrá la posibilidad de cumplir con su mandato fundamental para la promoción y protección de los derechos humanos en la región.

Ahora bien, teniendo en cuenta nuestro trabajo y nuestras luchas para erradicar la violencia que afecta a mujeres y niñas, también sabemos que el acoso, en todas sus formas y específicamente en los ambientes laborales, tiene serias consecuencias para la vida y la salud de las personas -particular para su salud mental-. Es por eso que es esencial que la labor fundamental que realiza la CIDH, pueda desarrollarse en un ambiente seguro y libre de acoso. El hecho de que se hayan utilizado denuncias de acoso laboral como un instrumento de naturaleza político, no debe, bajo ninguna circunstancia, ser un impedimento para que se adelanten las investigaciones pertinentes sobre dichas alegaciones que son, por sí solas, graves.

El Sistema Interamericano, y en particular la Comisión Interamericana, han sido históricamente fundamentales en el desarrollo de los derechos de la mujer y en particular en el avance de estándares vinculados a la sexualidad y la reproducción. El impacto de casos como Maria da Penha Vs. Brasil, Campo Algodonero Vs. México, Artavia Murillo (Fecundación in Vitro) Vs. Costa Rica, I.V. Vs. Bolivia y más recientemente Guzmán Albarracín Vs. Ecuador, o de informes temáticos como el de “Violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes” o el de “acceso a la información en materia reproductiva desde una perspectiva de derechos humanos” han sido esenciales para avanzar en el acceso a derechos de las mujeres a lo largo de la región. Los estándares ya mencionados han significado en alguna medida acercarnos un poco más a la garantía efectiva del derecho de todas a vivir libres de violencias.

Partiendo de esos mismos estándares, deseamos ser enfáticas en la urgente necesidad de que se investiguen y sancionen, conforme al debido proceso legal, cualquier conducta que, en el seno de la Secretaría de la Comisión, atente contra los derechos de su personal. Para ello, es esencial que se garantice la confidencialidad de quienes denuncian, con el fin de proteger a trabajadoras y trabajadores (1) . Recordamos que estas garantías de confidencialidad están previstas en los mecanismos establecidos en la OEA.

Asimismo, se requiere que se adopten medidas inmediatas para que cesen los actos de acoso denunciados y se determinen las responsabilidades correspondientes, a través de procesos transparentes. Resaltamos que el informe elaborado por la ombudsperson de la OEA permite identificar problemas sistémicos, frente a los cuales la Comisión debe tomar medidas destinadas a brindar una solución permanente dentro de la Secretaría Ejecutiva y eliminar prácticas que puedan desincentivar a las víctimas para acudir a formalizar denuncias ante el Inspector general de la OEA.

Por las razones anteriores y bajo los principios de centralidad en las víctimas, consideramos necesario y urgente que esta Comisión Interamericana colabore de manera decidida con los mecanismos que prevé la política de prevención de la violencia que la propia OEA se ha dado, es decir, tanto con la omdusperson como con las investigaciones correspondientes que se inicien ante la oficina del Inspector General.

Por otra parte, frente al nuevo proceso de selección del cargo para la Secretaría Ejecutiva, es importante destacar que dicho proceso de selección debe ser llevado a cabo de una forma transparente y libre de cualquier forma de politización. Por dichos motivos, desde la sociedad civil reiteramos nuestro compromiso para acompañarles como aliadas en esta elección, que esperamos refleje de forma transparente los criterios con base en los cuales se realiza la selección en pro de los derechos humanos en la región.

Atentamente,
Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro – CLACAI
Acción Joven Honduras
Agrupacion Ciudadana por la Despenalización del Aborto de El Salvador
Católicas por el Derecho a Decidir – Colombia
Católicas por el Derecho a Decidir El Salvador
Centro de Derechos de Mujeres
Centro de Derechos Reproductivos
Centro de Estudios de Guatemala
Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos – PROMSEX
Colectiva Feminista La Revuelta (Neuquén, Patagonia Argentina)
Colectiva Feminista para el Desarrolo Local. El Salvador
Colectivo “Género y Teología para el Desarrollo”
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM.
Corporación Humanas
Corporación Miles
Corporación Miles Chile
ECUMÉNICAS POR EL DERECHO A DECIDIR
ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género
Equality Now
Femiñángaras Honduras
Fundación Todas Nosotras Violetas
Grupo de Información en Reproducción Elegida – GIRE
Hábitat Mujer Salud
Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos
Jóvenes Voceras y Voceros en Derechos Sexuales y Reproductivos
Movimiento Manuela Ramos
Mujer Y Salud en Uruguay – MYSU
Plataforma de Adolescentes y Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Honduras
Red de Jóvenes para la Incidencia Política INCIDEJOVEN
Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe.
Red Salvadoreña de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos
Right Here, Right Now Honduras
Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva ac
Sombrilla Centroamericana. Organizaciones por Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos
Synergía, Iniciativa por los derechos humanos
Unidad de Desarrollo Integral de la Mujer y la Familia
Unidad de Desarrollo Integral de la Mujer y La Familia UDIMUF
Vecinas Feministas por la Justicia Sexual y Reproductiva en América Latina
Women’s Link Worldwide


1 OIT, Acabar con la violencia y el acoso contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo, 2018, párr. 312 y ss.

Pronunciamiento de la Campaña: Día Internacional del Aborto Seguro, 28 de septiembre de 2020

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¡El aborto seguro es un servicio esencial de salud!

¡Garanticemos el acceso al aborto seguro ahora!

¡Ya hemos esperado 100 años!

La pandemia de Covid-19 ha puesto de relieve y exacerbado el acceso diferencial al aborto seguro y legal en todo el mundo, tanto entre países como dentro de ellos durante el 2020. Se han cerrado muchas fronteras y los encierros han confinado a las mujeres en sus hogares, dificultando el acceso a abortos seguros y legales. Incluso donde el aborto es accesible, la atención del aborto en persona, y especialmente en los hospitales, se ha vuelto considerablemente más difícil de obtener.

La pandemia ha dejado al descubierto el daño causado por leyes sobre el aborto altamente restrictivas. En algunos casos, los médicos reacios las han utilizado como excusa para no realizar abortos al colocarlos como atención “no esencial”, “no urgente” o “de rutina”. Sin embargo, en su mayor parte, el acceso reducido a la atención del aborto ha sido una consecuencia de la pandemia en sí. Este ha sido y sigue siendo un escenario que cambia rápidamente, y diferentes países han respondido de diferentes maneras. Es probable que más adelante descubramos el real alcance sobre si -y cómo- las mujeres pudieron encontrar abortos a través de los sistemas de salud.

Tanto la atención médica urgente, como la menos urgente, se han pospuesto o retrasado debido a que las trabajadoras y los trabajadores de la salud dan todo para lidiar con el Covid-19. Debido a la falta de pruebas y equipos de protección personal adecuados, muchas de ellas y ellos se han infectado o se han visto en la obligación de permanecer fuera del trabajo en cuarentena. El riesgo de infección en entornos clínicos / hospitalarios, donde normalmente se lleva a cabo la consejería y la asistencia para la atención del aborto, y tener que recolectar y tomar píldoras abortivas en persona, podría evitarse con un cambio de política. Las propias mujeres han tenido miedo de buscar atención incluso cuando los servicios están abiertos y seguros, por temor a una infección en el camino, debido a la falta de transporte seguro y a la preocupación de que incluso si llegan a una clínica, es posible que no puedan recibir la atención que necesitan. Cuanto más lejos tengan que viajar y menos dinero tengan, más difícil será. Estos problemas también se aplican a muchos otros aspectos de la atención médica, no solo a la atención del aborto seguro.

Al mismo tiempo, apenas hemos comenzado a abordar las consecuencias de esta pandemia para las economías, el trabajo, la vivienda y la educación a nivel nacional, y menos aún los efectos más graves sobre la salud pública mundial.

Por lo tanto, nos acercamos al Día Internacional del Aborto Seguro, el 28 de septiembre de 2020, conscientes de que el contexto global en el que exigimos el derecho al aborto seguro ha cambiado sustancialmente. Sin duda, hace que el acceso al aborto seguro, la anticoncepción segura y la maternidad segura sean más importantes que nunca.

En lo que respecta al aborto seguro, se ha producido un cambio importante. Hoy en día, las mujeres ya no tienen que depender de sus sistemas de salud para realizar abortos como lo hacían cuando el aborto era solo un procedimiento quirúrgico. A mediados de la década de 1980, las mujeres de Brasil se dieron cuenta de que un medicamento de venta libre llamado misoprostol también era abortivo; Esto se difundió rápidamente. En 1988, la Corte Suprema de Canadá derogó todas las leyes canadienses que restringían el aborto, aunque ningún otro país ha tenido el valor de seguir sus pasos. Así mismo en 1988, Francia aprobó la mifepristona, y personas científicas e investigadoras comprometidas, incluyendo a las de la Organización Mundial de la Salud, desarrollaron un método de aborto nuevo, seguro y eficaz – las píldoras abortivas – que comenzó a ser aprobado por los países.

Con estas píldoras, se había encontrado una alternativa a los abortos inseguros por parte de proveedores inseguros. Desde el 2005, este método, el aborto con medicamentos, figura en la Lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud. El 1 de junio de 2020, frente a la pandemia, la Organización Mundial de la Salud volvió a confirmar lo que habían dicho antes: el aborto seguro es servicio esencial de salud.

¿Cómo un servicio esencial de salud puede ser un acto delictivo? No puede.

Frente a las leyes penales y restrictivas sobre el aborto, y el continuo rechazo de la atención de abortos seguros a todas las mujeres que los solicitan, ellas obtienen, cada vez más, píldoras abortivas de fuentes fuera de sus sistemas de salud. Es probable que la pandemia haya hecho que esto sea aún más necesario y común.

Para ayudar a satisfacer esa necesidad, personas defensoras del derecho al aborto abrieron dos líneas internacionales directas de información sobre abortos seguros, la primera en 2005 y la segunda en 2014. Ambas asesoran, en línea en varios idiomas, a un número creciente de mujeres y les envían píldoras. También hay un número creciente de líneas directas de información sobre el aborto seguro a nivel nacional en todas las regiones del mundo, así como aplicaciones que solo brindan información. El hecho es que esta información se comparte de muchas maneras y ha viajado por todas partes.

Solo unos pocos países han “permitido” oficialmente la telemedicina y el aborto autogestionado en el hogar debido a la pandemia. Por lo tanto, las mujeres tienen grandes dificultades para encontrar una forma de acceder a abortos seguros. Especialistas temen que esto conduzca a un gran aumento de abortos inseguros y abortos tardíos, incluso en el segundo trimestre. El aborto inseguro ya es un grave problema de salud pública; seguramente nadie quiere que eso vuelva a empeorar.

Mas allá de la pandemia, casi todas las leyes y políticas nacionales sobre el aborto están desactualizadas: son restos de los siglos XIX y XX. La mayoría trata a las mujeres como bienes muebles. Algunas personas pueden decir que en medio de una pandemia no es realmente un buen momento para plantear esto. Pero el momento adecuado nunca parece llegar. Llevamos 100 años tocando esta puerta. Decimos que ya es hora de llevar las leyes, políticas y servicios de aborto al siglo XXI, precisamente por las implicaciones y las consecuencias de esta pandemia.

100 años de espera por el acceso universal al aborto seguro

Hace cien años, en 1920, la Unión Soviética aprobó la primera ley que legalizó el aborto, bajo la égida de Aleksándra Kolontái, la primera Comisaria del Pueblo para el Bienestar Social.

Quienes lideran los gobiernos, los parlamentos y los servicios de salud deben reconocer que el aborto seguro es un servicio esencial de salud y que es una contradicción que un servicio esencial de salud sea controlado y restringido legalmente.

Todos los Estados deben respetar, proteger y cumplir el derecho a la salud, la vida y el bienestar de todas aquellas personas que necesitan un aborto seguro. Todos los Estados deben garantizar el acceso universal al aborto seguro como parte de su compromiso con la atención integral de la salud sexual y reproductiva, como una cuestión de justicia social, y al derecho a decidir si tener hijos y cuándo.

Firmado 24 de septiembre 2020:

Equipo de Coordinación

  • Marge Berer, Shilpa Shroff, Christina Boateng, Will de Villiers, Rachel Mantock, Ellioté Long
  • International Campaign for Women’s Right to Safe Abortion (ICWRSA), UK, India

Trustees

  • Susana Chávez, Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (CLACAI), Perú
  • George Hale, Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX), Perú
  • Sivananthi Thanenthiran, Asian-Pacific Resource & Research Centre for Women (ARROW), Malaysia
  • Beverly Winikoff, Gynuity Health Projects, USA
  • Jane Fisher, Antenatal Results & Choices, UK

International Advisory Group

  • Selma Hajri, Groupe Tawhida Ben Cheikh, Tunisia / Right & Access for Women to Safe Abortion in the Middle East & North Africa Network
  • Rodica Comendant, Reproductive Health Training Center, Moldova / Eastern European and Central Asian SRHR Regional Coalition
  • Mariana Romero, Health Economy and Society Department, Centro de Estudio de Estado y Sociedad (CEDES) and Red de Acceso al Aborto Seguro (REDAAS), Argentina
  • Ammal Awadallah, Palestinian Family Planning and Protection Association, Palestine Occupied Territories
  • Sonia Corrêa, Sexuality Policy Watch, Brazil
  • Suzanne Majani, Ipas Africa Alliance, Kenya
  • Satang Nabaneh, Sexual and Reproductive Rights Network, The Gambia

Carta de la sociedad civil en apoyo a las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud

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Oficinas de USAID en América Latina:

Estamos escribiendo para registrar nuestra indignación ante la carta del Administrador Interino de USAID, John Barsa, dirigida al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, exigiendo que la ONU elimine la referencia a la “salud sexual y reproductiva” de la orientación del Plan de Respuesta Humanitaria Global (HRP) sobre COVID-19. La eliminación de esta redacción no es simbólica: tendrá un impacto perjudicial en las personas que necesitan y dependen de los servicios de salud sexual y reproductiva. Estamos profundamente preocupadas por el impacto en la salud y los derechos humanos de esta solicitud, que se produce al mismo tiempo que el gobierno de los Estados Unidos está atacando a la OMS y amenazando con congelar los fondos en medio de la pandemia de COVID-19.

La pandemia de COVID-19 continúa teniendo efectos de largo alcance en todo el mundo, con impactos desproporcionados en las mujeres, las niñas y las personas no conformes con el género, particularmente de las poblaciones marginadas. El acceso a servicios esenciales de salud sexual y reproductiva, que incluyen anticoncepción, aborto, diagnóstico y tratamiento de infecciones de transmisión sexual y cánceres reproductivos, diagnóstico y tratamiento del VIH, atención de afirmación de género y atención de maternidad, sigue siendo imprescindible durante la emergencia de salud COVID-19. Es, de hecho, una cuestión de vida o muerte. El UNFPA estima que 47 millones de mujeres en 114 países de ingresos bajos y medios no podrán usar anticonceptivos modernos si el bloqueo promedio, o la interrupción relacionada con COVID-19, continúa durante seis meses con interrupciones importantes en los servicios. Se prevé que estas interrupciones en el acceso a los servicios ocasionen hasta siete millones de embarazos no deseados, lo que aumenta aún más la necesidad de servicios de aborto y atención de maternidad de calidad. Además, incluso los modelos menos severos indican que una reducción en las intervenciones esenciales podría resultar en miles de muertes maternas e infantiles adicionales.

La evidencia emergente de numerosos países demuestra que la demanda de estos servicios continúa e incluso ha aumentado durante la pandemia. Sin embargo, ese acceso está siendo interrumpido por las directivas gubernamentales, incluidas las cuarentenas y los límites de movimiento, las presiones sobre los sistemas de salud y los trabajadores, el cierre de instalaciones de salud, el desabastecimiento de productos básicos, las interrupciones en las cadenas de suministro mundiales y los temores de las personas de ir a clínicas debido a los riesgos potenciales de exposición y estigmatización. El acceso limitado a la atención médica en muchos países de bajos y medianos ingresos se ve exacerbado por las políticas existentes en los EE. UU., como la Global Gag Rule y la financiación del UNFPA, que han dañado los sistemas de salud al forzar el cierre de clínicas, fragmentar la prestación de atención y reducir acceso a la gama completa de servicios de salud reproductiva, incluido el aborto, la anticoncepción y el acceso a pruebas y tratamiento del VIH, entre otros.

En varios países, incluido EE. UU., los gobiernos han tomado medidas para restringir los servicios de SDSR y, en particular, la atención del aborto, utilizando COVID como pretexto. Mientras tanto, continúan las violaciones de larga data de los derechos sexuales y reproductivos, particularmente entre las comunidades marginadas, como las políticas y leyes discriminatorias nacionales e internacionales y la denegación de acceso a información y servicios integrales y de calidad.

La evidencia también revela que la crisis de COVID-19 está contribuyendo a un aumento alarmante de la violencia sexual y de género, particularmente la violencia de pareja, en todo el mundo. En países que experimentan bloqueos y restricciones de movimiento, las mujeres y niñas que están atrapadas en situaciones violentas enfrentan desafíos para acceder a los servicios críticos que necesitan. Se espera que esta crisis retrase significativamente la respuesta global a la violencia de género, con un resultado de hasta 31 millones de mujeres más. El vínculo entre la violencia y los malos resultados de salud sexual y reproductiva está bien establecido.

Finalmente, las mujeres y niñas que están en la primera línea de las respuestas de COVID-19, incluidas aquellas que brindan atención esencial de salud sexual y reproductiva, continúan careciendo del equipo de protección personal, el apoyo financiero y la protección social que necesitan. A nivel mundial, las mujeres representan el 98% de las enfermeras y la mayoría de cuidadoras no remuneradas, cuyo trabajo está valorado en casi 1.3 trillones de dólares al año. La equidad de género en la fuerza laboral social y de salud es fundamental para tener sistemas de salud fuertes y resistentes y garantizar el acceso a una atención de calidad para todas las personas.

Las Naciones Unidas y especialmente la OMS han desempeñado un papel oportuno y crucial en la respuesta multilateral, brindando orientación científica a los países, coordinando la asistencia financiera y técnica y apoyando los esfuerzos críticos de investigación. El papel de la ONU y la OMS en el tratamiento de COVID-19 ha sido esencial para ayudar a los países a responder rápidamente a la pandemia y establecer medidas que apoyen el cumplimiento del derecho a la salud para todos según lo acordado en la Constitución de la OMS. Especialmente en este momento crítico, tanto el trabajo específico de la OMS como el trabajo general de la ONU y su HRP deben estar protegidos y totalmente respaldados, para evitar una escalada aún mayor de la pandemia.

El HRP tiene razón al proporcionar orientación a los países en que el acceso a servicios integrales de salud sexual y reproductiva debe ser prioritario y es esencial. De hecho, sería una violación grave de los derechos humanos, incluido el derecho a la vida, el derecho a la igualdad y el derecho a la salud, y contradiría toda la evidencia disponible, si no fuera así. La experiencia pasada con emergencias de salud muestra que si los gobiernos no garantizan el acceso a estos servicios críticos y urgentes, el aumento inevitable del aborto inseguro y la mortalidad materna son el resultado inevitable.

Los gobiernos han acordado durante más de 25 años que garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los servicios de aborto, y proteger los derechos reproductivos, son imperativos tanto de salud pública como de derechos humanos. Las afirmaciones cínicas del gobierno de EE. UU. de que estos servicios no son esenciales y están “ampliamente controvertidos” contradicen los enfoques sólidos de salud pública, los principios de derechos humanos aceptados y los datos sobre la demanda de estos servicios, incluso en tiempos de crisis. Los gobiernos de todo el mundo continúan tomando medidas para proteger y ampliar el acceso a la atención integral de salud sexual y reproductiva, incluido el aborto. La declaración conjunta de 58 países sobre la protección de la salud y los derechos sexuales y reproductivos y la promoción de la sensibilidad de género en la crisis de COVID-19, emitida el 6 de mayo de 2020, demuestra ese apoyo.

La demanda del administrador interino Barsa de que la ONU elimine la referencia a “salud sexual y reproductiva” del Global HRP ignora una respuesta basada en evidencia a la pandemia de COVID-19. La Administración Trump está utilizando la crisis actual para avanzar en su agenda no científica y de derechos humanos, y para perseguir una ideología extrema que se ha convertido en el sello distintivo de su visión de la política exterior de Estados Unidos. La ONU y la OMS deben rechazar estos esfuerzos y continuar promoviendo una respuesta al COVID-19 que defienda compromisos de larga data con la salud, los derechos humanos y la igualdad de género.

Considere esta carta como la expresión de apoyo más fuerte posible para el trabajo continuo y el liderazgo global de las Naciones Unidas y la OMS durante esta pandemia, y para el compromiso firme e incondicional con la salud y los derechos humanos de todas las mujeres, niñas y personas no conformes con el género alrededor del mundo.

03 de junio del 2020

 

Firmado por las siguientes organizaciones

ABOFEM (Asociación de Abogadas Feministas de Chile), Chile

Affidare, Perú

AMES – Asociación metropolitana de generalistas y equipo de salud, Argentina.

Amnistía Internacional, Latinoamérica y el Caribe

Anis – Instituto de Bioética, Brasil

Área Salud del CEDES – Centro de Estudio de Estado y Sociedad, Argentina

Asociación de Mujeres Católicas por el Derecho a Decidir, El Salvador

Campaña 28 de septiembre, Bolivia

Casa de la Mujer, Bolivia

Católicas pelo Direito de Decidir Brasil

Católicas por el Derecho a Decidir Colombia

Católicas por el Derecho a Decidir Perú         

Centro de Derechos de Mujeres, Honduras

Centro de Promoción y Defensa de los Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos – PROMSEX, Perú

Colectivo “Género y Teología para el Desarrollo”, Bolivia

Colectivo para la participación de la infancia y juventud – COPIJ, Guatemala

Colectivo Rebeldía, Bolivia

Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres – CLADEM, Latino América y el Caribe

Consorcio Boliviano de Juventudes, Bolivia

Corporación Miles, Chile

El Colegio de México, México

ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, Argentina

Foro Regional por los Derechos Sexuales y Reproductivos, Perú

Fundación Desafío, Ecuador

Fundación ESAR, Latinoamérica y el Caribe

FUSA AC, Argentina

Hábitat Mujer Salud, Colombia

Hesperian, EE.UU.

Instituto de Salud Popular (INSAP), Perú

Ipas Bolivia

Movimiento Manuela Ramos, Perú

Mujer y salud en Uruguay

Observatorio de Equidad de Género en Salud, Chile

ODISEX Perú

Oriéntame, Colombia

Red Chilena de Profesionales por el Derecho a Decidir, Chile

Red de profesionales de la Salud por el derecho a decidir, Argentina

REDAAS – Red de Acceso al Aborto Seguro, Argentina

SENDAS, Ecuador

Surkuna Ecuador

Taller Salud, Puerto Rico

¡El aborto es un servicio de salud esencial!

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En el marco de Covid-19, es importante impulsar peticiones a nivel nacional dependiendo de las legislaciones vigentes en los países de LAC, pidiendo a nuestros ministerios de salud que adapten las regulaciones nacionales sobre el aborto inmediatamente para:

  • Permitir el acceso directo a las píldoras de aborto por telemedicina.
    • Acceder a píldoras para aborto con medicamentos directamente desde una farmacia o por correo, incluidas tres dosis adicionales de píldoras de misoprostol en caso de que el régimen estándar no complete el aborto.
    • No sea necesario el contacto en persona con un profesional de la salud: ni para una consulta o aprobación del aborto, ni para obtener una receta, renunciar a los análisis de sangre de rutina, renunciar a un escaneo a menos que tenga síntomas de ectópico, hacer un control de seguimiento por telemedicina en caso de complicaciones o síntomas de embarazo continuo.
    • Proporcionar información (verbal y visual) sobre cómo usar medicamentos para un aborto de manera segura y efectiva.
    • Una línea telefónica de apoyo nacional para los abortos autogestionados en el hogar en todos los idiomas nacionales – ¡incluye las líneas directas de información sobre aborto existentes!
  • Permitir la dispensación de medicamentos para aborto por medio de proveedores de medio nivel y farmacias, así como por doctores.
  • Aprobar los medicamentos para abortar como medicamentos esenciales.
  • Asegurar suministros de farmacia local y aprobar una farmacia en línea de buena fe para pedidos directos.
  • Expandir la atención post aborto donde el aborto está legalmente restringido.
    • Atención de emergencia por parteras / enfermeras con aspiración manual al vacío por complicaciones de abortos inseguros, si es posible en los centros de salud comunitarios o locales, y / o uso de medicamentos para abortar cuando las complicaciones no son potencialmente mortales.
  • Permitir abortos del segundo trimestre localmente.
    • Nadie debería tener que viajar largas distancias o cruzar las fronteras estatales o nacionales para un aborto.
  • Renunciar a cualquier requisito de consentimiento de terceros para menores.
  • Detener todas las prosecuciones por aborto.
  • Liberar a todas las que están en prisión por aborto, aborto espontaneo y mortinatos.
  • Trabajar con una línea directa de información de aborto existente.
  • Lanzar una campaña nacional de información para todos los que pueden necesitar un aborto.

Dkt añade: proveedores que usan regularmente la telemedicina dicen que tanto las mujeres como el personal valoran las videollamadas “cara a cara” a través de aplicaciones populares como whatsapp o facetime; aquellos que no requieren descargas de software adicionales son más fáciles de implementar. Los proveedores deben asegurarse de que la mujer tenga la privacidad adecuada al comienzo de la consulta.

Reflexiones tras la Conferencia de Nairobi (CIPD25)

¿Por qué se celebra esta conferencia?: un poco de historia

Esta conferencia, que inició en el año 1994, tiene lugar cada cinco años. En cada reunión de seguimiento, el propósito general ha sido medir el progreso (y la falta de progreso) en la implementación del Programa de Acción de 1994, que fue acordado por los y las representantes de 179 países, así como las acciones de seguimiento que se incluyeron en conferencias posteriores.
Acceda aquí a un excelente resumen de los objetivos, metas e historia de la conferencia y aquí a la edición del 20º aniversario del Programa de Acción junto con el informe global de progreso publicado en 2014.

En 1994, el UNFPA, que convocó la conferencia, describió el Programa de Acción como: “una nueva y audaz visión sobre las relaciones entre la población, el desarrollo y el bienestar individual… notable en su reconocimiento de que la salud [sexual y] reproductiva y los derechos reproductivos, así como el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género, son piedras angulares de los programas de población y desarrollo. El Consenso se basa en principios de derechos humanos, en el respeto a la soberanía nacional y a las diversos contextos religiosos y culturales”.

Aunque el objetivo original era lograr cumplir las metas en 20 años, todavía queda mucho por hacer. Como escribió el UNFPA este año: “Ha habido un aumento del 25% en la tasa global de prevalencia de anticonceptivos en todo el mundo. Los nacimientos de madres adolescentes han disminuido abruptamente, y la tasa de mortalidad materna mundial ha bajado. Pero el progreso ha sido lento y desigual. Cientos de millones de mujeres en todo el mundo aún no usan anticonceptivos modernos para prevenir embarazos no deseados, y no se han cumplido los objetivos globales para reducir la mortalidad materna”.

Aun así, desde 1994 se ha producido un cambio importante de mentalidad acerca de estos temas. Hay una nueva manera de entender las cuestiones de género y la sexualidad, así como las
consecuencias de la diversidad en las dinámicas poblacionales, es decir, los problemas de las sociedades envejecidas con respecto a aquellas con una mayoría de población joven, que han creado nuevas expectativas y demandas. La emergencia climática está abriendo la conciencia de la necesidad de repensar el significado del desarrollo y nuestro uso de los recursos naturales, ya que enfrentamos una amenaza creciente para la vida en la Tierra debido a nuestra forma de vida insostenible, que debe abordarse con urgencia.

Es posible que la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD) de 2019 en Nairobi sea la última, y muchos/as suspirarán aliviados/as al ver que es así. Sin embargo, todos sus
objetivos deben cumplirse en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Cobertura Universal de Salud, pues forman parte de estos. La importancia global de los derechos humanos se encuentra bajo amenaza en muchos países, especialmente los derechos de las mujeres. Esto se ve reflejado en el hecho de que muchos/as líderes omitieron realizar cualquier referencia al tema de
derechos, incluso habiendo expresado un aparente apoyo a los objetivos sobre salud sexual y reproductiva, una omisión que no augura nada bueno, si bien estos derechos también fueron firmemente defendidos por muchos otros/as en la reunión. Es importante destacar que la reivindicación de la autonomía ya ha sido asumida por los y las jóvenes de todo el mundo, como lo
siguen haciendo los defensores/as de los derechos de las mujeres, sin importar lo que los y las líderes hayan dicho o dejado de decir en la reunión, pues estas reivindicaciones no pueden dejarse a
un lado.

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Lee la nota completa aquí: https://bit.ly/2QTIW0B

 

 

Fuerte aumento de abortos legales realizados en la Ciudad de Buenos Aires

Este año se presentó por octava vez el proyecto para la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.

En los primeros seis meses de 2019 se realizaron 3.577 abortos legales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Si se toma esa cifra como base de todo el año, representa un aumento del  47% con respecto a 2018, cuando se produjeron 4.838 Interrupciones Legales del Embarazo (ILE) en CABA. Los datos surgen del último informe del Programa de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires al que accedió el Equipo de Investigación de Perfil Educación. Desde 2014, año en el que comenzó esta estadística, a la actualidad, la cantidad de interrupciones legales del embarazo aumentó un 3800% en la Ciudad de Buenos Aires. Estos números reflejan la cantidad de mujeres que antes abortaban en la clandestinidad y, en la actualidad lo pueden hacer en instituciones públicas sin que corra riesgo su vida.

Pero lo más preocupante es que del total de abortos legales realizados en CABA durante este año, el 15% fueron en niñas y adolescentes, es decir: 31 nenas de entre 10 y 14 años y 514 adolescentes accedieron a la ILE. Si se compara esa cifra con 2015, cuando se inició la estadística oficial, los abortos para menores se triplicaron.

Esas cifras, no obstante, no reflejan la real gravedad del problema. Según Amnistía Internacional, en Argentina estiman que ocurren entre 485 mil y 522 mil abortos clandestinos por año. El informe fue realizado en 2005 por las demógrafas Edith Pantelides y Silvia Mario, a pedido del entonces Ministerio de Salud de la Nación.

La Doctora Sandra Vázquez, quien es referente del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la Ciudad de Buenos Aires explicó al Equipo de Investigación que el aumento en la cantidad de abortos legales se dio “a raíz de que las mujeres empezaron a concurrir a los servicios de salud sin miedo a ser denunciadas porque a partir del debate por la legalización del aborto, la población tomó más conocimiento de sus derechos, comenzaron a conocer los aspectos legales y la obligación del sistema de salud de brindar todos los servicios de salud sexual y reproductiva que la ley contempla”. Asimismo, la profesional destacó el compromiso del programa de Ciudad en la compra de todos los insumos incluyendo el Misoprostol, e hizo mención a la importante tarea que realizan los equipos de los centros de atención primaria de salud acompañando a todas las mujeres.

Además, Vázquez indicó que los abortos practicados a las menores de 14 años son, en la mayoría de los casos, embarazos productos de violación. Mientras que entre las jóvenes entre 15 y 19 años, se observa el mal uso de métodos anticonceptivos y la escasa de aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral, que brinda a los adolescentes información sobre salud sexual.

El Equipo de Investigación también accedió a los datos oficiales del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y en el primer semestre de 2019 se realizaron 524 Interrupciones legales del Embarazo en los cinco “Hospitales Centinela”, que están ubicados en diferentes lugares de la provincia y que ya tienen un proceso de recolección y sistematización de datos y trabajan monitoreando la realización de las ILEs en acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud. Además, en 2018 se realizaron 740 abortos no punibles y en 2017, 592. Desde la cartera provincial aclararon que los abortos legales se realizan en todos los hospitales provinciales, sin embargo, la información de ese total aún está en proceso de sistematización de datos. Por lo tanto, hay más del doble de interrupciones legales del embarazo en la provincia.

También, el Equipo de Investigación pudo averiguar a través del Ministerio de Salud de la Provincia de Río Negro que durante 2018 hubo 226 Interrupciones Legales del Embarazo. Por su parte, Mendoza no reveló a este medio la cantidad de ILEs para “preservar a las mujeres y niñas”. Sin embargo, en declaraciones a Radio Nihuil, Oscar Sagás, el subsecretario de Salud, indicó que en la provincia se realizaron más de 50 abortos no punibles durante 2018.

En Argentina, según el Artículo 86 del Código Penal, el aborto es no punible desde 1921 si se hizo para evitar el peligro de vida o salud de la madre o si fue producto de una violación. Sin embargo, en 2012 la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó el fallo “F.A.L” que establece que el aborto es legal cuando represente un riesgo para la vida de la persona gestante, un riesgo para el bienestar físico, emocional y social de la persona gestante y si es producto de una violación.

Además, en 2015 el ex Ministerio de Salud de la Nación (en la actualidad, Secretaría) publicó el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (Protocolo ILE) para estandarizar prácticas y garantizar el acceso a este derecho. El mismo aclara que para realizar un aborto no se necesita denuncia ni autorización policial o judicial, sólo la certificación de la causa por un profesional de la salud y, en los casos de violación, una declaración jurada. Las víctimas de violencia sexual deben recibir asistencia y se debe brindar información sobre las alternativas de atención y procedimientos disponibles, entre otras cuestiones.

Chubut, Misiones, Santa Cruz, Chaco, Jujuy, La Rioja, Santa Fe y Tierra del Fuego adhirieron a este protocolo mientras que Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa, Córdoba, Neuquén, Río Negro y Salta dictaron sus propios protocolos. Mendoza tiene una Guía dictada por la provincia y las restantes, Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán no tienen protocolo.

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[1] Fuente original: https://www.perfil.com/noticias/equipo-de-investigacion/interrupciones-legales-embarazo-caba-aumentaron-exponencialmente-aborto.phtml