Tribunal popular examinará casos de tres mujeres en prisión por perder a los bebés que esperaban y solicitará reparaciones
Guadalupe Vásquez estuvo en prisión por más de siete años después de haber perdido al bebé que concibió cuando fue violada a la edad de 17 años. Vásquez, que fue condenada a 30 años por asesinato en 2008, fue indultada y liberada el pasado año después de que la Corte Suprema emitiera un fallo estableciendo que su culpabilidad era insegura. Su caso es uno de los tres que serán examinados nuevamente este fin de semana, tras una enérgica campaña liderada por activistas pro derechos reproductivos y los familiares de las mujeres injustamente condenadas bajo la legislación anti-aborto.
Al tiempo que el tribunal estaba en proceso de preparación, otra mujer salvadoreña fue encarcelada en marzo de 2016 por un aborto que no cometió. En los últimos ocho meses, una celda de la policía en Sonsonate tenía bajo arresto a Flor Sánchez, una mujer que después de pasar tres días con fiebre, sufrió un parto prematuro, se quedó inconsciente, fue llevada al hospital y desde el hospital, a la cárcel. Ella, sus hijos y sus abogados dicen que es inocente.
Los impulsores de la campaña tienen como principal objetivo crear conciencia ciudadana sobre la difícil situación de estas mujeres y presionar a las autoridades para despenalizar el aborto, acabando así con los encarcelamientos que han arruinado las vidas de Vásquez y de muchas otras mujeres salvadoreñas.
De acuerdo a la investigación realizada por la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, más de 250 mujeres fueron reportadas a la policía entre los años 2000 y 2014, de las cuales 147 fueron procesadas y 49 condenadas – 26 por asesinato y 23 por aborto. La gran mayoría eran como Vásquez: mujeres jóvenes, pobres y solteras que perdieron a sus bebés después de sufrir complicaciones obstétricas.
“El tribunal es una manera de acceder a una justicia alternativa para las mujeres. Proveerá un espacio para visibilizar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos sufridas por estas mujeres, y para abogar por conseguir justicia para cada caso particular”, explicó Sara García, asesora de incidencia de la Agrupación Ciudadana.
Como hija mayor de nueve hermanos de una familia rural de La Paz en el sur del país, Vásquez empezó a trabajar a los nueve años. Cuando tenía 14, ya era ama de casa y niñera en la capital, San Salvador. Tres años después, fue violada y además, fue incapaz de acudir a sus citas médicas prenatales debido a su incesante horario de trabajo. Después de que le fuera rechazado el permiso para ir a su casa a dar a luz, tuvo a su hija en su pequeña habitación, sola. “El bebé lloró una vez antes de morir”, dice Vásquez. Tres meses después, fue encarcelada por asesinato, sin haber escuchado ni una sola vez las pruebas que había en su contra. Tenía 18 años. “El médico del hospital estaba molesto conmigo. Un policía me dijo que si yo hubiese sido su esposa, me hubiera decapitado. El juez me trató con odio”, comenta.
El tribunal considerará si el Estado debería otorgar reparaciones a Vásquez por los años que ha estado en prisión, así como atender sus necesidades médicas, psicológicas y sociales. Ninguna de las mujeres liberadas en los últimos años ha recibido ningún tipo de compensación.
El tribunal está avalado por el Colegio de Abogados de Barcelona. También tratará el caso de María Teresa Rivera, de 33 años, que está cumpliendo una condena de 40 años de prisión por asesinato agravado. Rivera, que no era consciente de que estaba embarazada, tuvo un aborto espontáneo en noviembre de 2011. Fue condenada sobre la base de la demanda interpuesta por su empleador, que establecía que Rivera tenía conocimiento de que estaba embarazada desde enero de 2011 – lo que indicaría que tenía 11 meses de embarazado cuando sufrió el aborto.
El tercer caso es el de Teodora del Carmen Vásquez, de 32 años, que fue condenada a 30 años en 2007 después de experimentar un mortinato antes de la fecha programada para el parto. El juez la acusó de no haber hecho lo suficiente para salvar al bebé, a pesar de haberse quedado inconsciente después de llamar al servicio de emergencias.
El tribunal tendrá lugar en la Universidad Centroamericana de San Salvador, universidad jesuita, que posee un ilustre trabajo académico en torno a la historia de los derechos humanos. La universidad ha convocado varios Tribunales Populares para examinar casos de asesinatos, torturas y desapariciones forzadas durante la guerra civil que han escapado de la justicia debido a la ley de amnistía del país. El aborto y los derechos reproductivos forman parte de la agenda universitaria por primera vez – lo que es significativo, considerando el papel central de la Iglesia Católica en la promoción de la prohibición del aborto.
El panel emitirá fallos simbólicos y recomendaciones que serán enviados a las autoridades pertinentes. A pesar de calvario, Vásquez es optimista. Dio a luz a una niña sana este año y es muy feliz de ser madre.
FUENTES: The Guardian; Agrupación Ciudadana
Tomado de: International Campaign for Women’s Right to Safe Abortion: http://www.safeabortionwomensright.org/
Source: Abril 2016
