Salud-Nicaragua: Aborto terapéutico ya no salva vidas

 

El informe de Amnistía, titulado «La prohibición total del aborto en Nicaragua: La vida y la salud de las mujeres en peligro; los profesionales de la medicina, criminalizados» concluyó que esa política aumenta la mortalidad materna y pone en riesgo la salud de embarazadas de todas las edades.

«La prohibición del aborto terapéutico en Nicaragua es una vergüenza», expresó este lunes Kate Gilmore, secretaria general adjunta de Amnistía, durante la presentación del reporte efectuada en la capital de México.

«Es un escándalo de derechos humanos que ridiculiza la ciencia médica y distorsiona la ley al ser un arma contra la prestación de servicios esenciales de atención médica a niñas y mujeres embarazadas», agregó esta socióloga australiana.

Gilmore calificó la prohibición de «cruel, inhumana, ilegal, discriminadora, inaplicable y degradante».

Treinta y tres niñas y mujeres han muerto en las primeras 19 semanas de este año como consecuencia de complicaciones en el embarazo y el parto, mientras en el mismo lapso de 2008 fueron 20 los fallecimientos por esa causa, según cifras oficiales reproducidas en el documento.

El nuevo Código Penal nicaragüense está vigente desde julio de 2008. El presidente Daniel Ortega, del izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional, procuró atraer el voto conservador al apoyar esta reforma legal en la campaña electoral que lo llevó al cargo en enero de 2007.

La reforma eliminó una ley vigente desde 1893, al ordenar penas de cárcel para mujeres que padezcan cáncer, tuberculosis, sida o paludismo, entre otras enfermedades, o hayan resultado embarazadas como consecuencia de una violación y que decidan abortar, así como para los médicos y enfermeras que practiquen esa intervención.

«La reforma del Código Penal es una medida regresiva con arreglo al derecho internacional y hace que Nicaragua se aleje de una política de salud pública de probada eficacia», indica el informe de 51 páginas.

Nicaragua tiene una población de 5,7 millones de personas, de las cuales 48 por ciento vive en situación de pobreza. La mitad de las víctimas de violación registradas ante las autoridades son menores de 18 años, y 16 por ciento resultan embarazadas a causa de ese delito.

Entre 1999 y 2005, hubo 7.099 mujeres y niñas que experimentaron complicaciones durante el embarazo y que resultaron en abortos espontáneos e inducidos.

«La ley ridiculiza a la ciencia y permite entrar en el derecho y la ciencia a la religión y la política», expresó Gilmore.

uot;font-family: Arial;»>La activista encabezó un grupo de representantes de Amnistía que recorrió Nicaragua la semana pasada y que recabó testimonios de médicos y pacientes sobre el tema.

La delegación intentó entrevistarse con Ortega. No lo logró, pero sí fue recibida en audiencia por el ministro de Salud, Guillermo González.

«Afrontamos una persecución política. Estamos bajo investigación criminal desde octubre de 2007», afirmó, entrevistada por IPS en la presentación del informe, Juanita Jiménez, integrante del nicaragüense Movimiento Autónomo de Mujeres.

Esta activista por la salud sexual y reproductiva es una de las nueve mujeres acusadas de apología del delito y de asociación ilícita para cometer un delito por sus actividades en la sociedad civil.

«La intención del gobierno es intimidar a los defensores de los derechos humanos y a sus organizaciones», señaló Jiménez.

Amnistía eligió la capital mexicana para presentar el informe porque allí está admitida por ley, desde abril de 2007, la interrupción del embarazo voluntario en las 12 primeras semanas de gestación. Hasta ahora, unas 23.500 mujeres se sometieron a esa práctica.

Cuatro entidades de la Organización de Naciones Unidas ya señalaron que la ley nicaragüense viola tratados internacionales de los cuales Managua es parte.

El aborto en la nación centroamericana cobró relevancia en 2003 por el caso de «Rosita», una niña entonces de nueve años embarazada y con dos enfermedades de transmisión sexual como consecuencia de una violación.

La niña pudo abortar, asistida por organizaciones femeninas y de derechos humanos nacionales e internacionales, a pesar de la oposición de algunos sectores del gobierno.

El informe de Amnistía subraya que la ley actual «deja a los profesionales de la medicina en una situación riesgosa» al «exponerlos a penas de prisión», pues los «obliga a actuar en contra de sus principios éticos» al enfrentarlos con la posibilidad de negarles «a sus pacientes el tratamiento más beneficioso posible para su salud» en caso de que éste sea el aborto terapéutico.

Amnistía, informó Gilmore, urgió al gobierno y el parlamento de Nicaragua a despenalizar el aborto terapéutico, a garantizar el acceso al aborto seguro a las víctimas de violación o mujeres en riesgo sanitario y a proteger el derecho a la libertad de expresión para quienes critican las regulaciones antiabortistas.

La batalla legal se libra en las salas de la Corte Suprema de Justicia, el más alto tribunal del país y que tiene la última palabra.

Mientras Jiménez dijo que «no se sabe qué pasará en la Corte, pues es un órgano influido por el partido gobernante», Gilmore anunció que Amnistía presentará una petición legal ante esa instancia «recordándole que cuatro organismos de la ONU han declarado ilegal esa legislación».

Amnistía Internacional inició este lunes una campaña para promover la salud materno-infantil y prevenir la mortalidad materna en Nicaragua, dentro de su programa global «Exige dignidad».

(FIN/2009)

Fuente: ipsnoticias.net