República Dominicana: llegó la hora de proteger los derechos reproductivos de las mujeres
El Presidente Danilo Medina de República Dominicana se ha pronunciado enfáticamente respaldando los—hasta ahora—invisibles derechos reproductivos de las mujeres en su país. El Presidente está solicitando a la Cámara de Diputados que modifique el Código Penal con el fin de despenalizar parcialmente el aborto.
La intervención del Presidente debe ser celebrada, ya que es un avance hacia la protección de los derechos reproductivos, en una región en la que con seis países penalizando completamente el aborto, se sigue creyendo que la vida y la salud de las mujeres no tienen valor ni protección jurídica cuando están embarazadas.
Las observaciones del Presidente a la ley, apuntan a la necesidad de despenalizar el aborto en los casos en que la vida de la mujer se encuentre en peligro, en los casos en que la mujer ha sido víctima de violación o incesto y en los casos en que el feto presente malformaciones que sean incompatibles con la vida extrauterina. El Presidente, en sus observaciones, considera que estas excepciones constituyen mínimos de respeto y garantía de los derechos fundamentales a las mujeres que se basan en la garantía a los principios consignados en la Constitución y “los estándares internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por los órganos competentes de la República Dominicana, tal y como lo constituyen la Declaración de Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas formas de Violencia contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer”.
La posición del Presidente es respaldada por los estándares internacionales de derechos humanos. En el casoArtavia Murillo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, determinó explícitamente que los derechos reproductivos estaban protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y estableció el alcance de la protección del derecho a la vida. La Corte determinó que este derecho no es absoluto sino incremental de acuerdo con otros derechos en juego. La posición también es respaldada por la reciente Declaración del MESECVI, en la que se refiere, en el marco de la implementación de la Convención de Belém do Pará, a la denegación de servicios de salud esenciales como el aborto -en las condiciones planteadas por Medina- como un problema de violencia contra las mujeres.
La despenalización parcial del aborto es una cuestión de cumplimiento de República Dominicana con sus obligaciones internacionales. En caso que los argumentos del Presidente logren persuadir a la Cámara de Diputados de cambiar la reforma a ley penal, República Dominicana se convertiría el 36° país que en los últimos 20 años cambia su ley para permitir el acceso al aborto legal y seguro en el mundo—una tendencia global que abordada el informe Aborto en el Mundo: 20 Años de Reformas.
Por su parte, las leyes restrictivas que prohíben el aborto generan cerca de 22 millones de abortos clandestinos en el mundo cada año, dejando sin vida a casi 50,000 mujeres anualmente. El caso de “Esperanza” representa el drama al que se exponen las mujeres en República Dominicana. Esperanza era una joven de 16 años a quién se le administró el tratamiento necesario para salvar su vida de una leucemia aguda demasiado tarde, ya que se encontraba embarazada y los doctores determinaron que la quimioterapia que necesitaba podría afectar el feto. Esperanza murió porque sus derechos, incluido el derecho a la vida y a la salud no fueron respetados por los médicos, ni por el Estado.
El Presidente Danilo Medina ya es consciente cómo la prohibición del aborto vulnera los derechos más básicos de las mujeres dominicanas. Sin embargo, todavía existen sectores de la sociedad en contra de los cambios que el Presidente quiere hacer en el Código Penal, incluyendo la Iglesia Católica y la bancada del Partido Conservador en el Congreso.
El acceso para las mujeres a la atención de salud urgente, incluyendo el acceso al aborto legal y seguro, es una cuestión de derechos humanos y su denegación es una violación a éstos derechos.
República Dominicana debe seguir el ejemplo de 35 países en el mundo que ya son conscientes que la despenalización del aborto protege la salud y la vida de mujeres y garantiza sus derechos más básicos.
El Congreso debe permitir que las mujeres puedan acceder a servicios médicos y legales en las condiciones planteadas por el Presidente. La aprobación de la reforma al Código Penal significaría un gran avance en República Dominicana, demostrando así que los derechos reproductivos de las mujeres dominicanas son respetados en su país.
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(*) Mónica Arango es Directora Regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos. El Centro de Derechos Reproductivos utiliza herramientas legales para promover la autonomía reproductiva como un derecho humano fundamental que todos los gobiernos están legalmente obligados a proteger, respetar y garantizar. Desde 1998, el Centro ha producido el Mapa Mundial de Leyes de Aborto, uno de los recursos más comprehensivos de leyes de aborto mundial. Tw: @ReproRights
Fuente: http://asuntosdelsur.org
Source: Dic 2014
