Pronunciamiento: Consecuencias y secuelas del aborto clandestino en Costa Rica
Ninguna adolescente más tendría que morir.
Los datos de la reciente investigación de la Asociación Demográfica Costarricense (septiembre 2008) señalan que cada año hay 27000 abortos inducidos en el país, a pesar que este hecho está tipificado como un delito. ¿Que nos dicen estas cifras? Que los abortos se están realizando en situaciones de clandestinidad, lo cual los convierte en abortos inseguros que ponen en riesgo la integridad y la salud de las mujeres.
En reiteradas ocasiones se ha dicho que en Costa Rica el aborto inseguro no es un problema de salud pública porque no está asociado a la mortalidad materna. No obstante, tenemos que interpretar lo que en nuestro país esto significa. La investigación de la ADC señala que 8086 mujeres son tratadas en Servicios Públicos de Salud por complicaciones derivadas de abortos inducidos. Lo anterior indica que aún y cuando los abortos inseguros estén poco relacionados con casos de mortalidad materna, sí es un hecho que las mujeres están teniendo complicaciones que requieren hospitalización.
Noticias que han sido divulgadas por los medios de comunicación en los últimos meses han puesto en evidencia que, debido a este estado de clandestinidad, algunas mujeres han sido obligadas a abortar por sus compañeros y les han realizado procedimientos sin consejería y sin su consentimiento informado.
La Colectiva por el Derecho a Decidir defiende la despenalización del aborto para que sea la mujer quien, con contando con toda la información disponible y teniendo en cuenta sus propios valores, tome la decisión de interrumpir o no su embarazo. Obligarlas, coercionarlas, manipularlas o engañarlas para abortar es un delito que censuramos enérgicamente.
En otro caso, se denunciaba públicamente que el profesional que daba las prescripciones médicas para el fármaco que les permitiría interrumpir su embarazo, les pedía a cambio a las mujeres una relación sexual.
Este es otro claro ejemplo de cómo la clandestinidad pone a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad, ya que tienen que soportar las presiones de proveedores de salud que les ofrecen su ayuda a cambio de chantajes emocionales, sexuales y/o económicos. Abusos que ellas no pueden denunciar.
Llegar demasiado lejos
La noticia reciente de la adolescente que murió debido a una complicación post-aborto ha consternado a la opinión pública y sin duda alguna es un hecho muy doloroso. El manejo de la información ha apuntado a una madre culpable que, primero obligó a su hija a abortar y segundo, la dejó morir. Sin embrago, los medios no se han preguntado ¿por qué se puso en riesgo y se perdió la vida de esta muchacha? La sanción moral y legal del aborto obliga a las mujeres a buscar ayuda en personal no capacitado, a seguir procedimientos no seguros y, finalmente, si ocurren complicaciones, a evitar buscar ayuda en un centro médico ante el temor de ser denunciadas e ir a prisión.
El enfoque de estas noticias ha estado centrado en el terrible delito del aborto, ignorando por completo los delitos que se comenten contra las mujeres en el contexto de clandestinidad en el cual se realizan los abortos en nuestro país.
La censura moral y legal no ha sido una herramienta eficaz para evitar que los abortos se realicen en el país, pero si está siendo la causa de abusos, complicaciones y muerte. Es urgente la definición de políticas para la prevención de los embarazos no deseados y para la realización de abortos seguros.
Colectiva por el Derecho a Decidir
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Source: Octubre 2008
