Nicaragua no es un país para las mujeres

Fue el 5 de noviembre 2006 cuando el FSLN ganó las elecciones presidenciales y volvió al poder en donde se mantiene hasta hoy. Sin embargo, este partido revolucionario de los 80’s subió al poder con una ideología conservadora promoviendo un modelo familista que afecta principalmente a las mujeres, una vez más, a las feministas nos toca luchar para no seguir perdiendo derechos humanos.

La entrada del FSLN al gobierno ha representado una continuidad de las políticas conservadoras de la derecha, dejando a las mujeres sin el derecho a decidir sobre sus vidas y cuerpos. Recuerdo con exactitud el 26 de octubre del 2006, 10 días antes de las elecciones presidenciales, el FSLN aliado con los diputados de derecha en el parlamento votaron para derogar la ley que permitía el aborto bajo causales de salud, malformaciones congénitas del feto y en casos de violación. Esta alianza con la iglesia católica le permitiría llegar al día de las elecciones sin la previa campaña antisandinista promovida por el poder católico, que tiene mucha influencia en la población y por tanto, capacidad negociadora con gobiernos y partidos políticos de este país.

Irónicamente, la ley que fue aprobada por los conservadores de 1870, se eliminó con los votos de los revolucionarios del FSLN, sin ellos no hubiese sido posible. Retrocedimos 136 años en el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres a pesar de las múltiples manifestaciones de feministas, médicxs, abogadxs y organizaciones de la sociedad civil llamando al parlamento a recapacitar sobre el impacto que tendría la penalización del aborto en un país con altos índices de muerte materna, siendo la segunda causa el aborto inseguro.

Para muchxs se trataba de una estrategia electoral que le garantizaría al FSLN llegar al poder, muchxs personas pensaron que una vez en el poder se borraría ese grave error volviendo a la legalización del aborto terapéutico, sin embargo, dos años después se aprobó el nuevo código penal, incluyendo sanciones a médicxs y mujeres por hasta cinco años de prisión. Organizaciones civiles y el movimiento feminista interpusieron más de 60 recursos por inconstitucionalidad pidiéndole a la corte que declarara no aplicable la ley y enviara al parlamento la solicitud de restituir el derecho al aborto terapéutico, la corte debía fallar en un máximo de 60 días, llevamos ocho años de espera, tiempo en el que mueren mujeres pobres de este país por causas evitables. La penalización del aborto es violencia estatal en cualquier país del mundo y en regiones como la centroamericana, con el 25% de embarazos en niñas y adolescentes, altos índices de violencia sexual, poco acceso a métodos anticonceptivos, precaria atención en salud y ausencia de educación sexual, es un acto de misoginia deliberada.

Una ley contra la violencia que no nos protege de la violencia

El aborto inseguro no es la única razón de muerte evitable para las mujeres de Nicaragua. Los suicidios en niñas y adolescentes con embarazos no deseados y los feminicidios* son otra muestra del estado de desprotección en el que nos encontramos. Ante este panorama, en el 2011 se aprobó la ley contra la violencia hacia las mujeres, promovida por organizaciones de mujeres y promulgada por la mayoría sandinista en la Asamblea, sin embargo, la jerarquía de las iglesias católicas y evangélicas junto con un grupo de hombres abogados alegaron por la inconstitucionalidad de la ley, pues argumentaban que también debía protegerse por igual a los hombres de la violencia de las mujeres, nada más lejano de la realidad.

Sin embargo, la demanda de líderes religiosos y hombres preocupados por la “igualdad” hizo eco en la Corte Suprema de Justicia, quien envió el anteproyecto de ley a la asamblea nacional donde aprobaron la reforma por mayoría sandinista y los votos de la derecha, en el que establecen la mediación voluntaria por agresiones leves, entendiendo por agresiones “leves” el maltrato psicológico si se provoca daño a su integridad psíquica, lesiones físicas leves, intimidación y amenazas, sustracción (secuestro) de hijos o hijas, violencia laboral, entre otras. Esta alternativa es equivocada en cuanto a violencia de género se trata, pues la mediación sólo puede darse entre iguales y no se está en condiciones de igualdad ante el agresor que nos violenta. Por el contrario, organizaciones feministas argumentaron que el 30% de los feminicidios ocurridos en el país han sido perpetrados por agresores que fueron denunciados y luego pasaron por el proceso de mediación. Ésta es la única ley que permite la mediación ante un delito, esa figura solamente se utiliza ante faltas o conflictos de carácter civil.

Además, la reforma desnaturaliza la ley, pues incluye el término “violencia intrafamiliar”, es decir que también se podrá denunciar a las mujeres y otros miembros de la familia por violencia, equiparando todas las relaciones sin tener en cuenta la condición de género. Luego de la reforma, el gobierno publicó el reglamento de la ley contra la violencia, en el que establecía como entes encargados de realizar la mediación a los gabinetes de la familia, comunidad y vida, grupos comunitarios integrados en su mayoría por militantes del FSLN. En el caso de que éste gabinete fallara y la mujer decidiera persistir en la denuncia, podía pasar a terapia de familia en el Ministerio de la Familia, de no funcionar (y sobrevivir), entonces podría establecer formal denuncia en la policía. Estos mecanismos representan un grave retroceso, primero para la vida de las mujeres que deciden romper con el ciclo de la violencia, pues todo el proceso las expone a peores situaciones con su agresor, además de ser largo, tedioso, emocionalmente desgastante y cansado. Por otro lado, representa darle carácter privado a la violencia de género, cuando ya se había logrado que se reconociera como un problema de salud pública en el que el Estado tiene total responsabilidad para la prevención, atención y sanción.

Sobredosis de Dios en una República Socialista

No sólo hemos visto un retroceso a nivel legal, sino también un constante intento por retroceder a nivel ideológico en materia de derechos humanos. Existe una flagrante violación al estado laico, reflejado en la celebración del cumpleaños del Cardenal como fiesta nacional, la celebración del día de la virgen María por todas las instituciones del estado y la constante referencia a Cristo, Dios, la Bíblia y demás símbolos cristianos en los discursos oficiales. Es tanto así que el lema oficial del gobierno dirigido por Daniel Ortega es “Nicaragua cristiana, socialista y solidaria”.

Las reformas a la ley contra la violencia y la penalización absoluta del aborto son el reflejo de una ideología evangelizadora que pretende abonar en terreno fértil la idea del poder divino, en el que “sólo dios quita y pone presidentes”, lógica ante la cual Ortega juega de mesías.

Una muestra es el discurso de Daniel Ortega en el 2008, que acompañado de líderes evangélicos, compara a las feministas con Herodes durante un acto en el día de la Bíblia: “Aquí anda Herodes en Nicaragua, buscando a los niños para matarlos (…)”. Por supuesto, esta alusión a las feministas tiene como antecedente la denuncia de Zoila América Narváez a Ortega por el delito de violación, proceso en el que la acompañaron integrantes del movimiento feminista. Esta denuncia no prosperó en Nicaragua y Daniel Ortega siguió presentándose a las elecciones presidenciales pese al escándalo que esto representaba.

Daniel Ortega es la personificación de la impunidad y pretende limpiarla con su campaña por la integración familiar, incluso cuando esto pase por encima de la vida de las mujeres. En la argumentación oficial sobre las reformas a la ley contra la violencia se promulgó que el principal objetivo sería la preservación de la familia, que según el código de la familia aprobado recientemente, se reconoce familia únicamente a la integrada por hombre y mujer para el cuidado de los hijos. Las familias nicaragüenses se parecen poco a la idea que promueve el código aprobado, pues la gran mayoría están integradas por familias monoparentales, en las que la mujer es la que asume la responsabilidad total del cuidado, educación y gran parte de los gastos económicos.

Por el contrario, el Estado está en la obligación de reconocer y establecer garantías a todas las familias, tanto las monoparentales, homoparentales y las diversas existentes. Insistir en preservar un ideal religioso de familia puede ser peligroso, sobre todo cuando más del 80 % de los casos de violencia sexual a las niñas y mujeres se dan por un familiar cercano. Como decía un letrero en una de las muchas marchas del movimiento feminista “lo que separa a las familias es la violencia, no la ley”.

Hace unos meses, el noticiero me despertaba con el titular “Nicaragua es el 6to País del mundo en términos de equidad de género, sólo por debajo de los países Nórdicos”. Este dato fue retomado del índice que elabora el Foro Económico Mundial. Visto así, cualquiera podría creer que habíamos alcanzado el País de las Mujeres que imagina Gioconda Belli en su libro. Después de leer las noticias relacionadas, sentía que algo no me calzaba, quizás se llame realidad, porque me rehúso a creer que un país que practica violencia de Estado contra las mujeres esté entre los primeros diez del mundo en materia de equidad de género.

Una de las principales variables que aplica el Foro Económico Mundial es el número de mujeres en cargos públicos. Efectivamente, Nicaragua tiene una ley que garantiza la paridad en la asamblea nacional. La llamada ley 50-50 promovida por el FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional) asegura la representación de mujeres en el 50% de los cargos a elección, tanto en los gobiernos municipales como en el parlamento. De la misma forma el gobierno nombró entre sus ministerios a la mitad mujeres. Pero este gesto por la igualdad no se queda más que en eso, un gesto, porque las causas estructurales de la desigualdad han quedado intactas y en otras hemos empeorado en relación al pasado.

No se puede afirmar que un Gobierno es sensible al género por el número de mujeres que ocupan cargos públicos, sobre todo cuando esas mujeres no tienen posibilidad de decidir sobre su cuerpo, vida y destino. Evidentemente, estamos muy lejos de ser el país ideal para las mujeres.

Tomado de http://lassimones.org/