Leyes y aborto en América Latina

 

Esta cifra asciende a 31 en América Latina, donde mueren cada año unas 10 mil por abortos mal practicados, casi siempre de forma clandestina y en condiciones de riesgo, por las restricciones impuestas contra el ejercicio de ese derecho.

Leyes aprobadas en contubernio con las jerarquías católicas, en distintas épocas y contextos marcados por intereses electorales, prohibieron las interrupciones de embarazos en varios países del área y, en casi una treintena de ellos, las condicionaron a extremos.

La impedimenta contra el aborto inducido -aún cuando el sostenimiento de la concepción arriesgue la vida de la madre o el feto presente malformaciones- rige en Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Ecuador, Chile, Saint Martin (Antillas Holandesas), Paraguay y República Dom inicana.

Grupos conservadores de los dos últimos países impidieron sacar adelante proyectos legislativos orientados a la despenalización de las interrupciones, en tanto las salvadoreñas enfrentan una de las leyes más prohibitivas acerca del tema hace más de una década.

La aplicación de la disposición vigente en el «pulgarcito centroamericano» derivó en cientos de muertes de mujeres desde 1996, según el Centro de Derechos Reproductivos y el Instituto de Estudios para la Mujer.

Modificaciones realizadas entonces a la disposición sobre el tema criminalizaron el aborto, al catalogarlo de delito, prohibir su realización y aumentar las condenas a quienes apelaran a él hasta 12 años de cárcel.

Un año y medio después, 69 salvadoreñas -mayoritariamente pobres y jóvenes- habían enfrentado procesos judiciales por abortos ilegales, en correspondencia con datos de la Policía Nacional Civil.

Las involucradas habían apelado al uso de altas dosis de píldoras anticonceptivas, antiácidos, ganchos para ropas, líquidos cáusticos y otras sustancias a fin de evitar la evolución del embarazo y los retos de la maternidad, ante la falta de oportunidades para ellas.

Muchas de las que recurrieron a esos métodos buscaron atención médica tras sufrir abortos incompletos y 23 fueron denunciadas por personal hospitalario.

Cabe recordar que las transformaciones legislativas sobre el particular resultaron de la estrategia aplicada por la Alianza Republicana Nacionalista (derecha) con tal de ganar el favor de la Iglesia Católica en la campaña previa a las elecciones de 1997.

Mientras la iniciativa era debatida en la Asamblea Legislativa, la jerarquía eclesiástica reforzó la defensa de la vida desde la etapa fetal y organizaciones confesionales recogieron firmas a favor de la prohibición del aborto.

«El ser humano que está engendrado es una persona inocente que no agrede a nadie, tan respetable es su vida como la de cualquier otro ciudadano», esgrimió el arzobispo de San Salvador Fernando Sáenz Lacalle.

Datos del Banco Mundial señalan que el aborto practicado en condiciones de riesgo constituye la segunda causa de mortalidad materna en El Salvador.

La figura del aborto terapéutico -el que responde a la existencia de un peligro para la vida de la mujer- llegó a ser aprobada en 2006, en Nicaragua, pero fue derogada al año siguiente a raíz de la presentación de 290 mil firmas de católicos y evangélicos.

El Código Penal de Perú contempla solo esta figura limitada y carece de un protocolo para su implementación, lo cual dificulta el acceso y la información para la práctica. Mientras, en Argentina, la ley favorece apenas a las embarazadas en riesgo de muerte o a las discapacitadas violadas.

Estadísticas acopiadas por especialistas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y de la Universidad de Buenos Aires aseguran que, sin embargo, cada año ocurren de 460 mil a y 600 mil abortos, es decir, casi uno por cada nacimiento.

En Brasil igual continúan postergadas las soluciones a la problemática, pese a la defensa de proyectos de ley que contemplan la despenalización total del aborto inducido, sólo legal en casos de embarazo por violación y riesgo de vida para la madre.

Autoridades sanitarias del gigante suramericano calculan cerca de un millón 40 mil intervenciones clandestinas al año, equivalentes a una interrupción intencional cada cuatro embarazos.

Opciones más favorables lograron las mujeres en Cuba, Puerto Rico, Barbados y las Antillas Francesas, únicos países latinoamericanos y caribeños donde la interrupción es permitida por la ley.

Cuba fue el primero de estos en eliminar la restricción del aborto y establecer como período máximo para realizarlo la décima semana de embarazo, a menos que otras razones de salud lo justificasen.

La legislación, vigente en la nación caribeña desde 1965, sólo penaliza las interrupciones fuera de las instituciones del sistema sanitario estatal.

Esta y otras disposiciones favorables a las féminas incidieron en la profesionalización del sector y en su mayor inserción en el mundo laboral, razones que sumadas a otras asociadas a la crisis económica de los años 90, impulsaron a muchas a postergar la maternidad.

En Cuba son constantes las campañas destinadas a frenar los embarazos no deseados y a alertar sobre las consecuencias del mal ejercicio del derecho del aborto, al cual vale recurrir sólo en casos extremos, para evitar patologías ginecológicas que puedan derivarse de él, particularmente la infertilidad.

Puerto Rico es otro de los que clasifica entre los primeros en despenalizar el aborto inducido. La normativa al respecto fue aprobada en 1973 y benefició hasta a las menores de edad, sin importar el mes de embarazo en el que estuvieran.

La única condicionante establecida inicialmente era consultar con un médico, pero frente a la presión de varias organizaciones confesionales, legisladores y entes judiciales de Estados Unidos, las autoridades del «Estado Libre Asociado» modificaron la avanzada disposición.

Progresos en cuanto al tema se alcanzaron en años recientes en Colombia y en la capital de México. En el primer caso, la Corte Constitucional avaló el aborto terapéutico en mayo de 2006, en situaciones límites para las embarazadas, por violaciones o malformaciones en el feto.

En la capital mexicana, una de las mayores y más pobladas ciudades del mundo, las interrupciones fueron despenalizadas parcialmente un año después.

Especialistas de El Colegio de México constataron que los abortos inducidos ilegalmente suman en todo el país alrededor de 33 por mil mujeres en edad reproductiva, por encima de la media mundial y de la latinoamericana.

No obstante a los perjuicios causados por esta irregularidad, las fuerzas eclesiásticas, los intereses de determinados sectores políticos, y tabúes arrastrados, atentan todavía contra el ejercicio del derecho conquistado para las mujeres.

En medio de la polémica nacional alrededor del asunto, nuevos obstáculos aparecieron para quienes llevaban más de dos décadas de luchas por el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos.

Durante 2008, 16 Estados reformaron sus constituciones para proteger la vida desde el momento de la concepción/fecundación, sumándose a la tendencia iniciada por Chihuahua (1994).

Similares debates en Chile frenaron los cambios a favor de las mujeres, pues apenas se logró refrendar por decreto el suministro de la píldora anticonceptiva «del día después», bajo el gobierno Michelle Bachelet, en 2007.

Para los involucrados en estas lides, el aborto legal y seguro es un derecho reproductivo, cuyo ejercicio debe estar amparado por el Estado, en un ámbito de justicia social e igualdad de género. Expertos de la ONU coinciden en que el acceso a éste es punto central en el cumplimiento de los derechos de las mujeres.

El reconocimiento de la problemática a escala mundial partió del Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, reunido en Egipto, en 1994, y de la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (China, 1995).

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe reconoció luego los vínculos entre la mortalidad materna y el aborto inseguro, a tono con lo cual recomendó a los gobiernos atender la cuestión. Mas, las leyes relacionadas con el asunto en la región reflejan en parte la herencia colonial y la ideología conservadora predominante.

Los cambios legislativos, alentados a partir de los 70, primero abordaron de forma parcial la igualdad entre ambos sexos, el derecho de las féminas a decidir sobre el número y espaciamiento de los hijos, y el acceso a servicios públicos de planificación familiar.

Esto poco implicó en relación con el aborto en América Latina y de ello dan cuenta los crecientes debates alrededor del asunto, y las denuncias formuladas por agrupaciones feministas y humanitarias.

*Especialista en temas de América Latina y el Caribe.

arb/ism

FUente: http://www.diariodigital.com.do