“La penalización del aborto afecta a las mujeres pobres”
Entrevista a Aída Kemelmajer de Carlucci
Retirada del cargo pero no de la vida pública, Aída Kemelmajer de Carlucci participó en un panel del precoloquio de IDEA para el Noa que reunió a personalidades de la política y la economía en Salta para debatir, en el Bicentenario, consensos para el desarrollo.
En diálogo con El Tribuno, consideró “un gravísimo error” que una sociedad penalice la interrupción del embarazo no deseado y dijo que Argentina debe escuchar a la Iglesia pero ser “un Estado laico”.
Desde el Gobierno nacional se responsabilizó a los jueces por la inseguridad ¿Qué cree que se debe hacer para resolver el problema?
La visión de responsabilizar a los jueces es absolutamente errada pero no es sólo de la actual presidenta. Es una cuestión de muchos gobiernos que, ante el fracaso de las políticas de prevención, le echan la culpa a los jueces de lo que pasa. El rol de la Justicia es el de sancionar los delitos cuando se prueba quién es el autor. Soy una gran defensora del sistema penal liberal. La palabra “garantismo”, tan despreciada por la sociedad, es muy preocupante porque significa que la gente no entiende lo que es la garantía de la libertad.
Ante la inseguridad también se pide endurecer las penas para los delitos ¿Qué piensa?
Las penas ya se han endurecido y no ha resultado nada. Cuando detrás de una persona que sufrió mucho, y que todos comprendemos su dolor frente a la muerte de un hijo, se encolumna la sociedad para pedir que se agraven las penas… Me pregunto qué pasó desde la reforma de agravamiento de las penas hasta hoy.
Se refiere al agravamiento de condenas que impulsó Juan Carlos Blumberg tras el asesinato de su hijo.
Sí, el fenómeno Blumberg. El índice de la delincuencia ha aumentado, no bajó. Subiendo las penas no solucionamos el problema. Hay que eliminar las causas de la delincuencia y trabajar mucho en la prevención.
¿Cómo?
Lo primero que tenemos que hacer es trabajar con los jóvenes infractores. A los chicos de 14, 15 y 16 años tenemos que sacarlos del camino del delito.
El adulto infractor de la ley, ya tiene su vida hecha. Del que hay que ocuparse es del chico que a los 12 años roba una cartera. Si no nos preocupamos por ellos y por las drogas, la delincuencia va a ir en aumento.
¿Cómo es integrar la Corte de Justicia para una mujer en una de las provincias conservadoras y durante tantos años?
Fui jueza 26 años en la Corte de la provincia de Mendoza. Fui la primera mujer que llegó a la Corte. Debo decir que mi posición al principio fue muy difícil. Fueron años en los que el secretario me traía un expediente y no me decía “es para resolver” sino que me decía “doctora, expediente para disentir”. Fueron tiempos muy duros pero por una distinta visión que tuve de la Justicia con respecto a algunos colegas de por entonces. Es cierto que somos un Poder del Estado pero siempre creí que somos un servicio público. Cuando digo eso quiero decir que tenemos que ser muy eficientes y cumplir nuestra misión rápidamente, en tiempo.
Mis preocupaciones siempre fueron en aras del Poder Judicial como Poder del Estado independiente, con todo lo que eso significa, pero también en aras de alguien a quien llamo el consumidor del servicio de Justicia.
¿Hay una visión de género a la hora de decidir?
En algunos casos. No es lo normal. En algunos temas la visión de género influye pero es un porcentaje mínimo.
¿Por ejemplo?
Los delitos sexuales, sin duda. En Salta ustedes tuvieron un caso resonante de un hombre wichi que embarazó a una niña e invocó una tradición cultural de iniciación sexual en su defensa. En esta causa, la Corte de Salta tuvo votos masculinos por la absolución y un voto femenino por la condena.
¿Qué opina sobre el debate que se está empezando a dar sobre el aborto?
Siempre he creído que es un gravísimo error que una sociedad penalice el aborto. Siempre he estado por la despenalización del aborto. Pienso que la penalización sólo afecta a las mujeres pobres porque las que tienen un cierto nivel económico pueden interrumpir un embarazo no deseado con toda seguridad en algún consultorio de un médico al que se le paga. De modo que la penalización del aborto no es otra cosa que la penalización de la pobreza en Argentina. Esto genera un gravísimo problema para la salud de la mujer.
¿La negativa a despenalizar el aborto tiene que ver con algo que nos queda de machismo?
No sólo es machismo. Los movimientos de mujeres en contra de la interrupción del embarazo son muy fuertes. Esto no es un problema de hombres y de mujeres. Es cierto que hay muchas asociaciones de mujeres que luchamos porque pueda existir este derecho a la opción y que no haya penalización sino que, al contrario, haya asistencia por parte del Estado. Pero hay muchas mujeres que están militando en sentido contrario.
¿La Iglesia puede jugar un rol en esta discusión? ¿Cree que el Estado tiene el deber de escucharla?
El Estado tiene que escuchar a todo el mundo pero después responder sobre la base de la laicidad, la ética y la moral de una sociedad que no tiene que compartir siempre un credo. La Argentina debe ser un estado laico.
Hay funcionarios que sostienen que van a oponer una objeción de conciencia para no casar a personas del mismo sexo pese a que esté aprobado por ley ¿Qué opina?
La objeción de conciencia no puede oponerse de ninguna manera a este tipo de matrimonio. Sería exactamente lo mismo que si a un juez le presentan una demanda de divorcio vincular y dijera que no lo declara porque está en contra del divorcio. Esto no lo puede hacer un juez. Del mismo modo, no lo puede hacer un funcionario del Registro Civil.
La objeción de conciencia es para otras circunstancias. En Estados Unidos hubo un caso en que una mujer negra no se quiso sentar en la parte de atrás del colectivo como mandaba la ley. Se sentó adelante y se resistió a ir atrás. Fue a juicio y un juez la condenó bajo la letra fría de la ley. En este caso un juez podría haber interpuesto una objeción de conciencia porque la ley era absolutamente desigualitaria.
Fuente: http://www.eltribuno.info/
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Source: Septiembre 2010