La odisea de abortar en América Latina

Las mujeres brasileñas llevan semanas en guerra contra un proyecto de ley que pretende dificultar aún más el acceso al aborto para víctimas de violación. El Parlamento, presidido por el ultraconservador Eduardo Cunha, aprobó recientemente la puesta en marcha un proyecto de ley (que aún deberá ser aprobado por la Cámara) que exige a la mujer denunciar la violación y someterse a un examen médico, además de pasar por varias entrevistas. La norma, que puede poner en duda la legalidad de la píldora del día después, ha sido elaborada por el grupo de diputados evangélicos al que pertenece el propio Cunha, y ha despertado la ira de movimientos feministas, que este jueves han salido a la calle por tercera vez en dos semanas en Río de Janeiro y São Paulo con el lema: «La píldora se queda, Cunha se va».

Colombia: batalla para cumplir la ley

La Corte Constitucional colombiana reconoció en 2006 el derecho de interrumpir la gestación cuando es un peligro para la vida o salud mental y física de la madre, cuando el embarazo es producto de una violación o se determina malformación en el feto. Pero no ha sido fácil que la ley se cumpla.

En Colombia, el 60% de los embarazos son no deseados y las mujeres luchan para que las entidades de salud respeten la decisión de la Justicia. El pasado martes se realizó el primer foro en el país sobre al aborto, organizado por la ONG Women’s Link Worldwide y la Fundación Buen Gobierno. Allí, líderes de mujeres manifestaron su preocupación por la plaga de abortos ilegales, que se cobran la vida de un 10% de las gestantes, según datos de la organización Por el derecho a decidir.

A la voz de los grupos de feministas y defensores de mujeres se sumó la del Fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, que anunció que propondrá al Congreso que legisle para que el aborto sea despenalizado, en cualquier caso y sin ninguna restricción, durante las primeras 12 semanas del embarazo.

México, Estado por Estado

En México corresponde a cada uno de los Estados legislar sobre el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. La violación es la única causa legal aceptada en todos los Estados, aunque en muchos casos se establecen requisitos como interponer una denuncia o fijar un plazo máximo. La capital, Ciudad de México, es la única entidad donde la mujer puede interrumpir libremente el embarazo antes de las 12 semanas de gestación. La ley de plazos, una iniciativa del gobierno local del PRD (de izquierda), fue aprobada en 2007 y refrendada por la justicia un año después. Guerrero, uno de los Estados más pobres, intentó seguir la estela del DF, pero el proyecto fue rechazado por la oposición de los partidos de derecha. Guerrero tiene la tasa más alta del país en muertes de mujeres que son hospitalizadas tras realizar un aborto clandestino. Desde 1990, han fallecido en el país 30.000 mujeres por causas maternas.

México es profundamente católico -8 de cada 10 ciudadanos se consideran creyentes- y la influencia de la iglesia se aprecia en las leyes. El derecho al aborto está encajonado en las constituciones de 16 Estados que dictan que la vida comienza con la fecundación. En algunas entidades, se considera un delito castigado hasta con ocho años de cárcel. Al menos 22 mujeres están en prisión en México por este motivo.

Fuera de la capital, el resto de 31 Estados reconocen un reguero de excepciones en que la mujer puede abortar: la amenaza de muerte para la mujer (en 70%), la malformación del feto (50%), riesgo para la salud de la mujer (en 40%). Una de casa tres chicas mexicanas de 15 a 19 años es activa sexualmente. Más de la mitad de ellas han estado embarazadas, colocando a México en el primero de la OCDE en embarazos tempranos.

Argentina: muy restrictiva

Argentina solo permite interrumpir un embarazo en caso de violación o peligro para la vida de la madre. La ley, además, se aplica de manera aún más limitada en muchas provincias.

El país está entre los que tienen una mayor tasa de abortos por cantidad de nacimientos, según la OMS. Cada año hay unos 500.000 abortos, la mayoría clandestinos. Aunque no hay estudios oficiales, algunos informes hablan de un centenar de muertas anuales. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner es católica y contraria al aborto, y el asunto no está en la agenda del Gobierno.

Uruguay, una excepción

Abortar durante las primeras 12 semanas de gestación es legal en Uruguay desde 2012. La mujer debe pasar por una primera consulta de asesoramiento, una reunión con un psicólogo,  un asistente social y médico, un periodo de cinco días de reflexión y, finalmente, una sesión para recibir el tratamiento, normalmente con fármacos. En 2014 se practicaron 8.599 abortos en este país, aunque un 30% de los médicos uruguayos son objetores de conciencia y no practican el procedimiento.

Chile: prohibición total

Chile es uno de los pocos países del planeta donde las interrupciones del embarazo están prohibidas en todos los casos. El Gobierno de la socialista Michelle Bachelet intenta despenalizarlo en caso de violación, peligro de la vida de la madre y malformación fetal, pero todavía se encuentra en trámite en el Congreso. Aunque resolvería apenas un 5% de las 70.000 interrupciones voluntarias del embarazo que se producen en Chile anualmente, su aprobación no sólo solucionaría las situaciones de mayor gravedad sino, sobre todo, la modernización de legislación local a los mínimos éticos establecidos por los organismos internacionales.

Entre 2006 y febrero de 2015, aproximadamente medio millar de personas han sido acusadas por los delitos de aborto contemplados en el Código Procesal Penal, según datos de la Defensoría Penal Pública. Claudia Castelletti, abogada del Departamento de Estudios de la Defensoría Nacional, explica que la mayoría de las mujeres acusadas “se hace un aborto, empieza a sangrar, piensa que se van a morir y llega a un hospital público, donde las denuncian”. En Chile el sistema público de salud es utilizado por las clases más humildes, así que las castigadas por aborto suelen ser las más pobres, según la investigadora.

Paraguay: ni en caso de violación

La ley paraguaya solo autoriza la interrupción del embarazo cuando la vida de la embarazada corre un grave peligro y no lo permite excepciones en casos de agresión sexual, ni si el feto es inviable. Como consecuencia, más de 600 niñas menores de 14 años dan a luz cada año en este país. Uno de los últimos casos fue el de una niña de 11 años que fue violada por la pareja de su madre y dio a luz en agosto.

Tomado de http://internacional.elpais.com