La mujer que viajó 2.400 kilómetros para hacerse un aborto legal

Ana fue una de las primeras en Salto en pedir que se le realizara un aborto. Fue a mediados de diciembre, cuando la ley llevaba implementada apenas unos días y las instituciones recién se empezaban a desayunar con la idea de que ninguno de los 12 ginecólogos aceptaría realizar abortos allí. Todos los especialistas de ASSE (donde Ana se atiende) y los de la mutualista Centro Médico se habían acogido a la objeción de conciencia prevista en la ley.

En el hospital le consiguieron una lugar donde dormir y corrieron con los gastos. “Las enfermeras estuvieron atentas a lo que necesitara, nunca la dejaron sola”, contó a El Observador el coordinador departamental del Movimiento Nacional de Usuarios de Salud Pública y Privada, José Reyes. Pasó allí los cinco días que la ley establece para que las mujeres piensen si están seguras de abortar. Al cabo del plazo, y tras confirmar su decisión, Ana retiró en el hospital sus pasajes y emprendió su segundo viaje, esta vez a Montevideo. Solo le faltaba que alguien le recetara el misoprostol, pero debió trasladarse 600 kilómetros y estar un día entero en el hospital Pereira Rossell para conseguir ese papel. Esa misma noche se volvió a Salto con el fármaco, y luego esperó hasta conseguir un ómnibus que la llevara de regreso a su pueblo.

El caso de Ana es uno de los 10 que hasta ahora se debió resolver en Salto, el único departamento con 100% de objeción de conciencia. La solución que encontró ASSE fue derivar a las pacientes al Pereira Rossell. Aunque se han hecho gestiones con el hospital de Paysandú, allí hay solo una ginecóloga que prescribe medicación abortiva (ver nota aparte) y “hay que ver si esa médica está dispuesto a absorber más demanda o si está sobrecargada”, dijeron fuentes del hospital de Salto.

En el Centro Médico, en cambio, lograron un convenio con la mutualista Gremeda de Artigas. En vez de 600 kilómetros hay que viajar 200 kilómetros. En realidad, los casos podrían derivarse a cualquier mutualista de la Federación Médica del Interior (FEMI) que tuviera médicos para resolver los casos, explicó a El Observador el director técnico de la institución, Richard Boucq. Sin embargo, en enero se enfrentaron a que ninguna mutualista cercana podía atender la consulta de una mujer debido a las licencias del personal. A pesar de la distancia, Boucq resolvió que “lo más fácil” era derivarla a Montevideo. “Por las frecuencias de ómnibus a veces nos queda más fácil coordinar con alguna mutualista de Montevideo que con mutualistas de Rivera o Tacuarembó, que quedan trasmano de Salto”, argumentó el dirigente de la institución.

Pero lo que debía ser un viaje de ida y vuelta en un día se volvió una odisea. En la mutualista de la capital le dijeron que el formulario obligatorio para solicitar la interrupción del embarazo había sido mal completado y que debía volver a su institución de origen en Salto. “Fue un problema nuestro, y en el Ministerio de Salud Pública (MSP) son muy estrictos con los formularios”, señaló Boucq.

La mujer volvió a su ciudad, allí le completaron bien el documento y luego de un par de días se subió a un ómnibus nuevamente. La mutualista pagó los cuatro viajes (en total unos 2.400 kilómetros) y ella no se quejó de la atención a pesar de que quedó, según el dirigente del Centro Médico, “un tanto molesta” por el tiempo que llevó acceder al servicio.

Responsabilidad del MSP

Viajar a Montevideo para conseguir una prótesis, atenderse en un Instituto de Medicina Altamente Especializada (IMAE) o incluso resolver un parto de alto riesgo es habitual para quienes viven en el interior del país. Sin embargo, trasladarse cientos de kilómetros por una receta es “una falta de respeto a la usuaria”, según el especialista en medicina legal, Hugo Rodríguez Almada.

“La objeción de conciencia es un derecho de los médicos siempre y cuando no vaya contra el derecho de paciente. En un lugar donde todos objetan, como Salto, la solución no puede ser viajar 600 kilómetros. Si el Parlamento aprueba una ley que ofrece un servicio a las usuarias, el Ministerio de Salud Pública como autoridad tiene la potestad y la obligación de hacerla cumplir”, alegó Rodríguez Almada.

En el MSP reconocieron el problema pero consideraron que hay asuntos “más urgentes”. Elena Clavell, titular de la Dirección del Sistema Nacional Integrado de Salud, dijo a El Observador que si bien “el ministerio intenta ir resolviendo las cosas con más territorialidad cada vez”, preocupan más los partos o los infartos que deben trasladarse hasta la capital para recibir la atención adecuada.

Tanto en el Centro Médico como en el hospital público salteño coincidieron en que los casos de aborto no han sido tantos como para tener que buscar una alternativa a la derivación. Por ahora en ninguna de las instituciones estiman necesario contratar ginecólogos que no opongan objeción de conciencia.

Usuarias “abandonadas”

El diputado por el MPP Álvaro Vega entiende que historias como la de estas dos mujeres ameritan modificar el decreto reglamentario de la ley. “En pueblos chicos, donde todos se conocen, las meten en un ómnibus y que se arreglen. Más allá de la objeción de conciencia no se puede abandonar así al paciente. Hay que asegurar el derecho a la atención de la mujer sin exponerla al escarnio, el abandono y la exposición”, dijo Vega. Según el legislador, el médico objetor debería “acompañar a la mujer durante el proceso” y “personalmente conseguirle una solución”.

Boucq reaccionó fuerte ante la opinión de Vega. “Yo personalmente he hecho los contactos con las mutualistas e incluso con los médicos que hacen las interrupciones. Se ha tratado de garantizar la privacidad. ¿Cómo? Cualquier comentario que haga puede exponer a las pacientes a la luz pública. No quiero ni debo hacerlo. Si digo a dónde van, por dónde van y a qué hora salen, estoy diciendo mucha cosa”, afirmó el dirigente mutual.

Aunque en Salto todos saben que los abortos se hacen en Artigas o en Montevideo, es cierto que allí se comenta poco sobre los casos particulares e incluso han pasado desapercibidas las dificultades de algunas mujeres, ya que las protagonistas no se han quejado en la prensa local. Ahora el Movimiento Nacional de Usuarios de Salud Pública y Privada planea realizar una declaración en contra de los ginecólogos salteños porque entienden que la objeción de conciencia “no puede ser una cuestión privada”, ya que repercute en la sociedad. “No hemos querido salir públicamente por si cambiaban de posición, pero eso no sucedió”, planteó Reyes, el coordinador de la organización en Salto.

Los usuarios organizados consideran que los ginecólogos allí son “hipócritas”: “Cuando hacían abortos clandestinos no primaba la objeción de conciencia sino el bolsillo. Esa es la verdad, por más que les moleste”, advirtió Reyes. “A pesar de que los casos se han resuelto bien, y no han sido ventilados ni publicados, las usuarias son rehenes de esta situación y siguen siendo perjudicadas por la posición del cuerpo médico”, agregó.

Algo similar ha planteado el subsecretario de Salud, Leonel Briozzo, al cuestionar que no todas las objeciones de Salto eran “reales” (es decir, por motivos religiosos o filosóficos, según se entiende en Bioética). En el MSP están convencidos de que hay muchas objeciones “por conveniencia” y por eso, aunque los ginecólogos objetores son poco más del 30% del total, el ministerio realizará en marzo un taller con especialistas para analizar posibles cambios a la normativa. El jerarca pretende que los médicos fundamenten su postura, lo que ha despertado críticas tanto en el ámbito médico como político.

Conciencia tranquila

Cuando todo indicaba que la ley de interrupción del embarazo se aprobaría, los ginecólogos salteños organizaron una reunión informal y pusieron en común sus posturas. Allí quedó claro lo que muchos ya preveían: ninguno estaría dispuesto a realizar abortos. El ginecólogo Raúl Altieri relató a El Observador que en ese encuentro se discutieron aspectos colaterales, como si había que influir en la usuaria para que desistiera abortar.

“Para nosotros la objeción es una opción. Es una decisión individual y nadie nos coaccionó”, aclaró Altieri. El especialista atribuyó la coincidencia a un tema generacional. “La mayoría somos de una camada que ya pasó los 50. Tenemos formación católica –algunos son más practicantes que otros– pero a todos nos educaron en que el aborto era ilegal. No es que hicimos un bloque, y tampoco somos todos amigos, pero compartimos muchas cosas y en este tema coincidimos”, explicó.

Altieri sabe que hay quienes creen que si el aborto se pagara como un acto médico, algunos ginecólogos darían marcha atrás. Él asegura que ninguno de sus coetáneos realizó abortos cuando era ilegal y que no los haría tampoco ahora. Y aunque reconoce que pueden parecer “peculiares” para quienes están a favor de la ley, no tiene empacho en confesar que en Salto nadie le ha cuestionado su decisión, sino todo lo contrario, lo han felicitado.

 

Fuente: elobservador.com.uy