La jerarquía católica chilena contra los derechos humanos
La denuncia a través de la prensa de una carta privada del arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati al Presidente Sebastián Piñera, donde recomienda que el estado de Chileno no ratifique La Convención Interamericana Contra Todas las Formas de Discriminación e Intolerancia, prueba una vez más la voluntad de la jerarquía católica de no dejar que nuestro país avance en materia de DDHH. En especial en lo relacionado con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y los derechos de la diversidad sexual.
Ezzati, quien negó estar ejerciendo presión y se defendió afirmando que se trataba de un mensaje privado, solicita abiertamente que nuestro país no ratifique la convención ya que a su juicio el instrumento internacional introduce una nueva conceptualización de la noción de ‘discriminación’ ajena a la contenida en la Constitución y a aquella establecida en la Ley Nº 20.609. Advierte además que la Convención amplía la Competencia de la Corte Interamericana (CIDH).
En este punto el prelado se manifiesta especialmente alarmado en lo que refiere a la doctrina de la CIDH en materia de libertad reproductiva y familia. «Resulta especialmente peligroso, si se tiene en cuenta que la CIDH es altamente politizada, en especial en las materias que conciernen al derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, a la familia fundada entre un hombre y una mujer, y al deber preferente de los padres a educar a sus hijos» afirma.
La carta constituye una presión indebida sobre las autoridades y una grave inherencia en asuntos de estado. Resulta especialmente alarmante la intención del prelado de actuar contra la Corte Interamericana, que ha sido donde la ciudadanía ha buscado justicia cuando los poderes del estado chileno han actuado contra derechos fundamentales.
Cabe recordar que fue en esta instancia donde la jueza Karen Atala demando por la discriminación a sus derechos como madre a causa de su orientación sexual. También fue donde un grupo de ciudadanos apelo por la prohibición de exhibir el film la «Última tentación de Cristo» sobre la cual peso una larga censura por supuestas ofensas a la sensibilidad de los creyentes.
La CIDH ha sido donde el pueblo mapuche ha llevado las denuncias de las violaciones cometidas contra sus comunidades en lo relacionado con la aplicación de la ley anti terrorista en el largo conflicto que mantienen con el estado chileno.
Estos ejemplos demuestran la importancia que la corte adquiere en la defensa de los derechos de aquellos sectores más discriminados. Vulnerar de cualquier modo su competencia implica lesionar aún más los DDHH cuyo respeto sigue siendo débil.
La CIDH es parte del sistema interamericano de justicia, que se ha construido como resultado de las lecciones que dejo la opresión que vivió América Latina por décadas. De manera dolorosa y amarga nuestra región aprendió que los DDHH son valores consustanciales a la vida y ante cualquier escalada autoritaria se necesitan instancias supra nacionales para la defensa de las personas.
La convención que el arzobispo ve como una amenaza amplia las acotadas bases jurídicas que la ley antidiscriminación ha creado. Su ratificación por parte de nuestro gobierno supone un compromiso serio con más y mejores derechos en un país donde la desigualdad marca la vida social.
La iglesia católica defiende elementos centrales de su doctrina intentando que intereses de estado se subordinen a principios ideológicos de un sector de la sociedad. Lo hace ejerciendo una presión ilegitima, que la convierte en un poder político por el que ningún chileno ha votado jamás.
El arzobispo tiene razón al sentir que el medieval poder de la iglesia católica está siendo desafiado por una ciudadanía movilizada y comprometida con la profundización democrática. Y sin duda los instrumentos del derecho internacional son fundamentales en la construcción de un estado de derecho moderno, realmente capaz de promover y respetar la dignidad humana.
Fuente: http://www.mileschile.cl
Source: Octubre 2013
