Expertos en salud sexual critican la falta de ayudas para no abortar
Los profesionales critican que la ley Gallardón criminalice a quienes den información sobre el aborto.
Profesionales de distinto ámbito relacionados con la salud sexual criticaron ayer que se criminalice el aborto cuando apenas hay ayudas públicas que favorezcan la maternidad. Para ellos, resulta paradójico que el Gobierno quiera sustituir la actual ley de plazos por otra que sólo permita la interrupción voluntaria del embarazo en supuestos muy concretos, en medio de un contexto de recortes sociales que hacen cada vez más difícil la manutención de un hijo. Por esto, consideraron que el cambio legislativo promovido desde el Ministerio de Justicia no tiene más fundamento que el «ideológico y religioso», y apelaron a se mantenga la normativa vigente desde el año 2010.
Estas tesis se expusieron durante la mesa redonda «Reflexiones sobre la nueva Ley del Aborto», celebrada en la tarde de ayer en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante y moderada por la profesora honorífica de Enfermería de la Universidad de Alicante (UA), María Luisa Velasco, también vicepresidenta de la asociación Derecho a Morir Dignamente en la Comunidad Valenciana y que además intervino en la charla. También participaron el director general de Planificación y Evaluación del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, Ramon Escuriet, y el médico de Planificación Familiar valenciano José María Marí, junto con la profesora de Derecho Constitucional de la UA Mar Esquembre. Esta última se encargó de ofrecer una perspectiva jurídica del anteproyecto de la nueva ley, ya que, entre otras cosas, los profesionales sanitarios que practicaran abortos serían considerados delincuentes.
Velasco defendió que «no hay una demanda social» que justifique el cambio legislativo en materia sobre el aborto, y que es «una falacia» aseverar que las interrupciones voluntarias de embarazos descienden cuanto mayor es la restricción. De hecho, los últimos datos oficiales dicen justamente lo contrario. La ponente consideró que se trata de «una regresión total, anterior incluso a la ley de supuestos de 1985», y recordó que «defender la vida va más allá del nacimiento», algo que no parecen defender los recortes sociales de este momento.
Por su parte, Esquembre tachó de «inconstitucional» el anteproyecto de ley, ya que «atenta al principio de igualdad» al «dejar en suspenso derechos individuales de la mujer embarazada». La profesora señaló que a ésta se la equipara con «una menor de edad irresponsable», lo que a su juicio es «un sinsentido». También denunció que la norma que se pretende aprobar «criminalizará a quienes puedan dar información sobre el aborto», además de prohibir «de manera específica» toda la publicidad sobre los centros que practiquen abortos y sus prestaciones. Para Esquembre, el objetivo es «silenciar» esta práctica y llevarla a «la clandestinidad».
Source: Marzo 2014
