España: El Congreso rechaza frenar la reforma de la ley del aborto

Pero, varios de ellos, ERC, IU e ICV, cuyos votos son imprescindibles para aprobar la norma, advirtieron solemnemente que no aceptarán recortes y que, incluso, pedirán que se «eleve el listón» durante el trámite parlamentario. Es decir, que el debate de la norma a partir de septiembre no será un camino de rosas para el Gobierno, porque no podrá ceder a la tentación de hacer caso a las voces que desde dentro de partido le piden que recorte artículos. Como el que permite a las mujeres de 16 años decidir sin consentimiento ni conocimiento paterno. El PSOE quedará entre el rechazo radical del PP y la exigencia de los partidos minoritarios de izquierdas que le piden ir más allá, por ejemplo, en el número de semanas en las que se permitirá el aborto libre.

Un octavo partido, UPyD se abstuvo, pero dejando claro su opinión favorable a la elaboración de una nueva legislación.

Sólo la crítica a las formas utilizadas por el Gobierno impidió que la diputada Rosa Díez se sumara a ese amplio consenso.

También se unió una parte del grupo parlamentario de CiU que, haciendo uso de la libertad de voto concedida por la dirección del grupo, apoyó la amplia mayoría a favor de la reforma.

Un total de 183 diputados derrotaron la estrategia del PP para el cambio de la norma, utilizando como base una moción del diputado de UPN, Carlos Salvador, que pedía al Gobierno que frenara el anteproyecto hasta que se lograra un consenso. La votación no es vinculante, pero da un espaldarazo al Gobierno y, según dijo la socialista Carmen Montón, demuestra que es falso el argumento de la falta de consenso para la reforma.

Junto al PP y a UPN votaron los dos diputados de Coalición Canaria y los cuatro de Unió, es decir, menos de la mitad del grupo parlamentario de CiU. Sin embargo, la diputada Celia Villalobos evitó seguir las instrucciones de su partido y decidió abstenerse. Villalobos, ex ministra con Aznar, discrepa de la línea del PP en este asunto.

Ana Oramas, portavoz de CC, explicó que no se cierra a la reforma de la ley, pero que apoyan la moción de UPN por la forma en la que el Gobierno ha gestionado este asunto. Asegura que hubiera preferido que se elaborara en Justicia o en Sanidad y que lamentaba la falta de diálogo previo del Gobierno, más allá de los trabajos técnicos de la subcomisión parlamentaria que ha trabajado durante más de seis meses.

El diputado de UPN defendió que se frene la norma, argumentando que «la crisis económica nos obliga a concentrar esfuerzos» y que el último programa electoral del PSOE no proponía una ley de plazos. «Hay que evitar la muerte en un año de 112.000 seres humanos, a los que únicamente les separa de nosotros su vulnerabilidad».

En esta línea, la diputada del PP, Sandra Moneo, aseguró que el anteproyecto elaborado por el Gobierno es «un insulto a la inteligencia» y está basado en «premisas engañosas» y favorece un «gran negocio para algunos», en referencia a las clínicas privadas. Incluso, la portavoz del PP, aseguró que la victoria de su partido en las elecciones europeas del pasado 7 de junio ha supuesto una derrota de las intenciones del Gobierno en su anteproyecto de ley.

Moneo explicó que si una mujer tiene un embarazo no deseado, «su error lo pagará su hijo». Añadió que la norma que elabora el Gobierno «crea una profunda fractura social» y explicó que no debe bastar una mayoría absoluta para aprobar la ley, sino que es preciso un amplio consenso y, por eso, exigió que se retire el anteproyecto.

La portavoz socialista, Carmen Montón, hizo una encendida defensa de la necesidad de cambiar la ley y explicó que el anteproyecto será uno de los más debatidos, porque al trámite normal hay que sumarle las reuniones de diputados con colectivos afectados, los trabajos de la subcomisión durante meses y el informe de expertos convocados por el Ministerio de Igualdad.

«Consenso no es que la mayoría cambie de opinión para adoptar la suya», aseguró Montón, para quien la moción de UPN es sólo «una maniobra para entorpecer la ley». Explicó que se trata de adoptar una legislación como la de la mayoría de los países europeos y defendió expresamente la capacidad de las mujeres de 16 años para decidir autónomamente: «La confianza con los padres no se regula», aseguró.

El PNV se sumó al amplio consenso para cambiar la ley, a la espera de discutir el texto concreto que envíe el Gobierno al Parlamento en septiembre. El problema para el Gobierno será poder mantener ese consenso en torno a su articulado.

Depende los votos de los partidos de la izquierda, ERC, IU, ICV y BNG que exigen al PSOE que no sólo no ceda en ningún aspecto de la ley, sino que vaya más allá. Joan Tardá, en nombre de ERC, BNG, IU e ICV, advirtió claramente al PSOE desde la tribuna de oradores: «No vamos a aceptar rebajas y si pretendieran ir un centímetro por debajo de las conclusiones de la subcomisión pasaremos de ustedes. Nuestra intención es elevar el listón y les recuerdo que somos imprescindibles».

Fuente: elpais.com