El aborto terapéutico pena por pasillos del parlamento chileno

 

Las mujeres chilenas tuvieron acceso al aborto terapéutico por más de 50 años hasta 1989, cuando la dictadura encabezada desde 1973 por el hoy difunto Augusto Pinochet decidió derogar la ley pese a que solo unos meses después la democracia volvería a instalarse en el país.

Varios intentos por volver a despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo ante el riesgo de vida del feto o de la madre han fracasado hasta ahora en el Congreso legislativo gracias a la mayoría que logran la coalición derechista, hoy en el gobierno, y sectores conservadores de la centroizquierdista Concertación de Partidos por la Democracia.

Sin embargo, el caso de una niña de 11 años embarazada producto de la violación reiterada de su padrastro, generó un debate inédito en Chile, que en plena campaña con mira a las elecciones generales del 17 de noviembre cobró especial relevancia.

El drama que afronta Belén, como se conoce a la niña, y el destape de casos similares en los días posteriores, llevó a muchos dirigentes políticos y médicos a mostrarse partidarios de restablecer la vigencia de la ley de aborto terapéutico.

“Esta es una deuda de la democracia con las chilenas, porque hay historias y experiencias de vida que han sido muy dolorosas para las mujeres, quienes también se han expuesto a abortos inseguros”, dijo a IPS la socióloga Claudia Dides, portavoz de la agrupación “Miles por la interrupción legal del embarazo”.

Chile, uno de los países más influenciados por los sectores conservadores de la Iglesia Católica de América Latina y actualmente gobernado por la derecha de la mano del presidente Sebastián Piñera, posee una legislación que no permite la interrupción del embarazo en ninguna circunstancia.

Las penas para quienes aborten llegan hasta los cinco años de cárcel. A pesar de esto, se practican 160.000 intervenciones de este tipo por año en promedio, según estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas, que considera solo los establecimientos de salud pública.

Flores recordó que tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer han advertido al Estado chileno que la legislación actual atenta contra los derechos humanos de las mujeres.

“Aún así, tras 20 años de institucionalidad democrática, el Estado ha mantenido la misma postura y mantiene una gran deuda con las mujeres”, añadió.

Desde la recuperación de la democracia en 1990 se han presentado más de 20 proyectos para modificar la legislación que penaliza el aborto, pero ninguno prosperó.

Una de estas iniciativas frustrada fue impulsada en 2010 por el senador socialista Fulvio Rossi y la actual candidata presidencial por la coalición gobernante, Evelyn Matthei, quien ahora se manifestó contraria a la despenalización del aborto, incluso el terapéutico.

En la otra vereda, la expresidenta Michelle Bachelet (2006-2010), postulante por la centroizquierda para volver al gobierno, manifestó públicamente su opción por despenalizar el aborto terapéutico y en casos de violación.

Actualmente, el Senado tramita cuatro iniciativas de despenalización del aborto terapéutico y para casos de violación, dos de los cuales son impulsados por “Miles”, que reúne a organizaciones, profesionales de la salud y redes de activistas.

Dides explicó que existe “un veto político al aborto. Es impensable hoy en día conversarlo en el parlamento”, aseguró.

Impulsan el aborto terapéutico y no bajo cualquier circunstancia, porque “no hay ninguna posibilidad de que podamos sacar adelante incluso la causal de violación”, debido a la composición conservadora del parlamento, aclaró.

Según un estudio de Dides, más de 64 por ciento de los chilenos consultados están de acuerdo con la interrupción legal del embarazo cuando está en riesgo la salud de la mujer, si existe inviabilidad fetal extrauterina y en casos de violación.

Sin embargo, “como en otros temas, (la dirigencia política de) Chile no escucha ni considera a la sociedad civil”.

Flores explicó que las encuestas demuestran que, pese al conservadurismo bastante transversal que existe en los partidos políticos, la ciudadanía posee una concepción de valores bastante más progresista. En ese escenario, más de 8.000 personas, según cifras de los organizadores, marcharon el 25 de julio por Santiago en reclamo de “aborto libre, seguro y gratuito”.

Añadió que solo se podrá avanzar en la despenalización del aborto en la medida en que la ciudadanía continúe manifestándose de modo constante y masivo.

La “hipocresía” impera en el país, donde por un lado la violación a una niña causa estupor y, por otro, “ni siquiera existen políticas integrales de protección a la infancia”, cuestionó.

Cuba, el Distrito Federal capitalino de México y últimamente en Uruguay son los únicos lugares de América Latina en los que se permite el aborto por voluntad de la mujer, mientras que hay varios países que se habilita por razones terapéuticas u otras causas especiales.

En cambio, al igual que Chile, en Nicaragua, El Salvador, República Dominicana y Honduras está penalizado en cualquier circunstancia.

Cifras oficiales indican que en Uruguay se realizaron 2.550 abortos legales desde diciembre, cuando entró en vigencia la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, y mayo. También se informó que no se registraron muertes maternas ni complicaciones durante esas intervenciones.

El aborto es la principal causa de mortalidad materna en América Latina y el reducir esa tasa es parte de los Objetivos de Desarrollo para el Milenio de la Organización de las Naciones Unidas.

A juicio de Dides, la sociedad latinoamericana en general apoya el aborto terapéutico y, en más de 25 por ciento, en cualquier circunstancia.

Pero en Chile, más allá del apoyo ciudadano, “los dirigentes políticos no quieren hacerse cargo del tema”.

Fuente: http://www.ipsnoticias.net/