El aborto en Brasil, un asunto político
En Brasil, el aborto está tipificado en el código penal como un delito grave, castigado hasta con tres años de prisión. Las excepciones a tal condena las constituyen los cuadros clínicos en que la vida de la madre corre peligro o los casos de violación. Semejante situación conduce al aborto clandestino o al mercado negro para adquirir píldoras abortivas, con todos los riesgos que ello comporta.
Estas circunstancias inspiran un sentimiento de soledad, de aislamiento, frente a una sociedad que no pocas veces da la espalda a las mujeres. Por si fuera poco, hay que confrontar la hipocresía porque, aunque la gente haya recurrido a prácticas ilegales, en público casi nadie apoya a quienes viven esta situación. Por lo tanto, las mujeres se ven obligadas a ser solidarias entre ellas, pese a que ello signifique violar la ley e infringir los códigos sociales y religiosos.
Cada año, entre quinientas mil y un millón de mujeres apelan a un aborto clandestino. Las que pertenecen a las clases sociales privilegiadas lo hacen en clínicas privadas y gozan de garantías médicas, mientras que quienes no poseen suficientes recursos se someten a intervenciones sin ningún control. Resultado, anualmente, doscientas mil mujeres sufren complicaciones de salud, que pueden desembocar en graves secuelas o en la muerte. Según estadísticas oficiosas, el aborto sería la quinta causa de muerte femenina en el país.
Todo ello ha conducido a manifestaciones de protesta multitudinarias en fechas simbólicas, como el 8 de marzo, día internacional de la mujer.
Para Adriana Martins, militante de los derechos de la mujer, el aborto es una cuestión de clase social en Brasil.
El debate está profundamente ideologizado, en especial porque la iglesia católica, de gran influencia en el país, se opone de manera férrea a la legalización del aborto. Pero el mayor obstáculo es político. En efecto, en el Congreso, la denominada bancada evangélica combate de manera sistemática cualquier iniciativa progresista, como la despenalización del aborto y las drogas o la legalización del matrimonio homosexual. La elección del conservador Eduardo Cuña como presidente del Congreso ha agudizado estas posiciones extremas.
Ni siquiera la presidenta Dilma Rousseff ha osado ejercer presiones para modificar este estado de cosas, en vista de que 70 % de la población se opone a la modificación de la ley.
Una de las pocas voces discordantes, a favor de la mujer, es la de Jean Willys, joven parlamentario negro y homosexual, que presentó una propuesta de ley para legalizar el aborto. Como Willys explicó a RFI, su proyecto no será aprobado, pero al menos tendrá la virtud de abrir el debate sobre el tema: «es una cuestión de salud pública … tenemos que aportar respuestas y la respuesta no es criminalizar a las mujeres.»
Como consecuencia de todo esto, muchas mujeres se sienten discriminadas y se apartan de la política, que perciben como algo concebido por y para los hombres. Superar estas mentalidades es uno de los desafíos sociales actuales planteados a Brasil.
Entrevistados: Mariana, Noelia, Adriana Martins, militante de los derechos de la mujer; Jean Willys, parlamentario.
Tomado de http://www.espanol.rfi.fr/
Source: Mayo 2015
