CIDH interpela a Costa Rica por embarazo forzado: Casi expira plazo de respuesta
Comunicado de Prensa
Las demandas contra el Estado costarricense ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se vuelven recurrentes. Ahora se trata de Ana, quien a los 26 años tuvo un embarazo que produjo un feto diagnosticado con encefalocele occipital; un defecto del cerebro que provoca que el revestimiento y el líquido protector del mismo queden fuera del cráneo, haciendo inviable su vida fuera del útero, pues nacería muerto. Tras una profunda depresión a causa de este dictamen médico, Ana solicitó la interrupción de su embarazo, un procedimiento legal en Costa Rica cuando la vida o la salud de la mujer estén en riesgo, según el artículo 121 del Código Penal.
Vivir la tortura de un embarazo forzado
Sin embargo, Ana fue obligada por las autoridades médicas a llevar a término su embarazo, soportando padecimientos de salud física y mental, aunados a maltratos y burlas del personal hospitalario. Como última medida, solicitó ante la Corte Constitucional la realización de un aborto terapéutico. Pese a que la magistratura reconoció que la situación de Ana implicaba un riesgo para su vida y su salud, se determinó que éste provenía de sí misma y no del embarazo que estaba gestando en contra de su voluntad y sus derechos, por lo cual se denegó su solicitud. Ana debió pasar por una labor de parto de más de 7 horas, cuyo desenlace fue una autopsia que reveló que el feto había muerto dentro del útero, consecuencia del encefalocele diagnosticado a las 6 semanas de embarazo.
Reclamamos justicia para Ana: derechos para todas
Al agotar las vías de jurisdicción interna, Ana, junto con el Centro de Derechos Reproductivos y la Colectiva por el Derecho a Decidir, interpusieron el 3 de octubre de 2008, una petición ante la CIDH contra el Estado costarricense. La petición alega que el Estado ha vulnerado el derecho a su vida e integridad personal, incurriendo en tratos crueles, inhumanos y degradantes, al negarle el acceso a un aborto terapéutico al que tenía derecho. Esto fue admitido como demanda por la CIDH, que pidió una respuesta al Estado, otorgándole para ello un plazo de 60 días que expiran el 19 de febrero de 2015.
¿Qué dirá un Estado que continúa sin regular la Interrupción Terapéutica del Embarazo (ITE)? ¿Cómo justificará su incumplimiento, si desde 2009 la Caja Costarricense del Seguro Social cuenta con una Guía de procedimientos para la ITE aún sin aprobar? ¿Continuará ignorando casos como el de Ana y el de Aurora? No olvidemos que en 2013 Aurora también demandó al Estado ante la CIDH por negársele la interrupción de su embarazo, inviable por malformaciones severas que harían imposible la vida extra-uterina del feto, pero ella fue igualmente obligada a llegar al parto.
Exigimos una Guía para la Interrupción Terapéutica del Embarazo
Buscamos que el Estado costarricense establezca medidas de reparación para Ana, que aplique normas como la Guía ITE para garantizar el acceso al aborto terapéutico sin discriminación, y que sancione a los responsables de las violaciones cometidas contra los derechos humanos. Exigimos al Estado que asegure que cuando la vida o la salud de las mujeres peligren, resuelva sus solicitudes de aborto en el mejor interés por la protección de los derechos humanos de las mujeres.
Para mayor información puede contactar a la Colectiva por el Derecho a Decidir
Margarita Salas: tel. 88 54 54 58, Pamela Cunningham: tel. 87 18 40 50,
Larissa Arroyo: tel. 88 22 13 64, Adriana Maroto: tel. 88 36 80 21
Correo electrónico: colectiva@colectiva-cr.com
Source: Febrero 2015
