[Chile] Salud pide a médicos respetar secreto profesional en casos de aborto

“Pese al tipo penal que describe como ilícito el aborto, los médicos y personal de Salud no deben extraer confesiones sobre dicha conducta a las mujeres que requieran atención médica como resultado de dicho ilícito, cuando con ello se vulnera el secreto profesional derivado de la relación de confidencialidad médico-paciente”. Eso estipula el instructivo del Ministerio de Salud que será enviado a los hospitales del país para regular la conducta sanitaria en casos de mujeres que hayan suspendido su embarazo en forma voluntaria.

El documento, que fue elaborado en 2009, firmado por el ex ministro Alvaro Erazo y en el cual  insiste ahora la titular de Salud, Helia Molina, es una respuesta al caso de la menor de 17 años que fue ingresada en condición grave al Hospital Luis Tisné producto de un aborto y posteriormente denunciada a Carabineros por el hecho.

El instructivo alude a la Convención Contra la Tortura, ratificada por Chile, que establece que “no corresponde extraer confesiones a las mujeres que requieran atención médica como resultado de un aborto”, y que de ninguna manera puede condicionarse la atención sanitaria  a la entrega de información referente a lo ocurrido. Asimismo, se aluden las facultades que resguardan a los médicos para abstenerse de declarar en procesos penales por razones de secreto y a la protección, además, que existe en la legislación chilena de la relación médico-paciente, “convirtiéndola en un imperativo legal cuando establece la obligación de guardar secreto en materias que por su naturaleza tengan dicho carácter”, plantea el documento.

Al respecto, el jefe de la División Jurídica del Minsal, Alejandro Behnke, dijo a La Tercera que “frente a un posible conflicto entre el deber de denuncia y el deber de confidencialidad, a nuestro juicio, de acuerdo a las recomendaciones internacionales y a la ley de deberes y derechos de pacientes, debe primar el derecho-deber al secreto profesional”.

En tanto, el presidente del Colegio Médico, Enrique Paris, destacó que “no se debe denunciar a un menor, sino que lo que debe hacer un profesional es consultar a la familia antes de tomar esta decisión. La ley de deberes y derechos de pacientes no permite que se revele una situación, a menos que el paciente lo apruebe”.

Agrega, además, que cuando un profesional de la salud tiene dudas sobre este tema, debe consultar al comité de ética del recinto asistencial.

Casos de aborto

Una investigación de Ramiro Molina, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, analizó los egresos hospitalarios  desde hospitales públicos  por causa de aborto entre los años 2001 y 2010, estableciendo un promedio de 34 mil de estos procedimientos al año. De ellos, se determinó que casi el 40% son voluntarios y que por cada aborto  que llega al hospital, ocurren otros 10 que no son conocidos.

“Con esto podemos proyectar que existen entre 130 mil y 180 mil abortos por fuera de la red de salud”, dice Molina, quien sostiene que los médicos no pueden vulnerar una información confidencial que ha entregado una paciente en esta condición. “Cuando una persona acude a un profesional de salud y le entrega una información confidencial, y esa información -entregada  por razones de salud o necesidades de esa persona- es usada en su contra, es una violación muy grande a un derecho humano”, agrega.

Una opinión similar entrega Anita Román, presidenta del Colegio de Matronas. “El rol de la matronería es la humanizacion en el trato de la abortante. La mujer que llega hasta este instante es de una vulnerabilidad altísima, pues nadie se hace un aborto porque quiere. En casos así, no se denuncia. La ley nos obliga a denunciar, pero si la mujer no describe la maniobra, no tengo por qué denunciarla. A mí me interesa salvarle la vida”, dice.

En otro plano, el presidente de la Asociación de Fiscales, Claudio Uribe, recordó que existe una obligación legal para los funcionarios públicos para denunciar delitos, “entre ellos están los médicos y las matronas”. A juicio del profesional, “a primera vista es muy dudoso lo que se está ordenando en ese oficio”.

Uribe, además, dijo que “no parece adecuado que muchas veces se intente -por las vías de los oficios y reglamentaciones administrativas- superar problemas que en realidad son legales. Si lo que  se quiere es avanzar hacia la despenalización del aborto, lo que corresponde no es sacar instructivos que dificulten las investigaciones penales. Lo que corresponde es modificar la ley en materia de delitos de aborto”, dijo.

Jorge Reyes, abogado de la Red por la Vida y la Familia, pidió “analizar ese instructivo para que no vaya a ser una obstrucción a la investigación”. Agregó que “hay que tener prudencia en estas materias. Nosotros nunca hemos considerado que la solución es la persecución penal a la mujer que haya abortado”. 

Fuente: http://www.latercera.com/