CARTA ABIERTA del Frente Ecuatoriano de Defensa de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos

Penal es un hito fundamental que, dentro de unos años, cuando vuelvan la vista atrás, podrán explicar a sus hijos e hijas, nietos y nietas, que estuvieron ahí.

 

Podrán contar, por ejemplo, que en aquellos años, cada día 14 mujeres ecuatorianas presentaban una denuncia ante las autoridades por haber sufrido una violación y que ese dato era sólo la punta del iceberg, ya que la realidad afirmaba que 1 de cada 4 mujeres sufría violencia sexual.

Les contarán que eran tiempos en los que casi 1 millón de mujeres ecuatorianas había sido víctima de violencia sexual. Podrán explicar que, en la terrible realidad de aquél Ecuador, se producían entre 160 mil y 300 mil embarazos no deseados a consecuencia de una violación. Y que el embarazo en niñas entre 10 y 14 años, todos ellos producto de una violación, aumentaba sin parar y significaba que más de 3000 niñas de esas edades se hubieran visto obligadas a tener al hijo de su violador.

Aquél país del año 2013 arrastraba un Código Penal de una época en que se consideraba que las mujeres no tenían más derechos que ocuparse de sus familias y callar resignadamente, un Código Penal que llevaba más de 70 años sin modificarse y que se escribió cuando se creía que la violencia sexual solo afectaba a mujeres con discapacidad mental.

Y en un Ecuador así, llegó el momento de debatir sobre la realidad de la violencia sexual y de la posibilidad de que esas miles de mujeres que eran víctimas de violación pudieran elegir si querían continuar con ese embarazo y que el Estado facilitara el acceso a su interrupción con garantías para su salud y seguridad. Había que dar una respuesta, a la realidad de esas miles de mujeres, en su mayoría pobres, que ante un embarazo producto de una violación no encontraban otra salida que poner en riesgo su salud, su vida y su familia.

La Asamblea Nacional del Ecuador solo podía hacer dos cosas: cerrar los ojos a la realidad y con ello cerrar la puerta a esas miles de mujeres que buscaban ayuda; o abrir los brazos para reconocerlas como hermanas, madres, hijas y nietas que habían pasado por una de las peores formas de sufrimiento y apoyarlas en su decisión, cualquiera que esta fuese.

Señores y señoras Asambleístas: el pueblo está con ustedes en esta decisión, el 64% de ecuatorianos apoyar el aborto por violación; la Constitución del Ecuador está con ustedes en esta decisión; las futuras generaciones están con ustedes en esta decisión. Cuando debatan el nuevo Código Penal, tomen la decisión correcta: retiren el castigo para todas las mujeres que, víctimas de una violación, deciden interrumpir su embarazo.

Muchas gracias y saludos cordiales.