Cámara de Diputados de Argentina acordó debatir en audiencias públicas sobre aborto
La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de Argentina convocó a la primera audiencia pública para tratar los proyectos sobre aborto.
El encuentro inicial, considerado un hecho histórico, será el 30 de noviembre y tendrá como única expositora a la danesa Marianne Mollman, de Human Rights Watch (HRW), que reclama la despenalización.
En su último informe sobre la situación de los derechos reproductivos en la Argentina, HRW reclamó al Congreso argentino la derogación de los artículos del Código Penal que criminalizan al aborto.
“Es la primera vez que logramos instalar el debate en la Cámara de Diputados”, destacó la diputada del Frente para la Victoria (FPV) Diana Conti, quien firmó la iniciativa de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Esta propuesta es una entre varias en el Parlamento que contemplan desde la legalización en las primeras 12 a 14 semanas de gestación hasta la prohibición total y otras que reglamentan la atención de los abortos no punibles, ya previsto en el Código Penal desde 1921.
“Decidimos abrir un debate que estaba silenciado en Argentina por razones culturales, políticas y religiosas. Queremos hacerlo con la máxima seriedad que el tema demanda. Estamos de acuerdo en que hay que sacar el tema de debajo de la alfombra”, señaló el titular de la Comisión de Legislación Penal, Juan Carlos Vega.
Si bien este año habrá una sola audiencia pública, la discusión pasará al 2011, aunque al tratarse de un año electoral es muy probable que un debate amplio y extenso se postergue hasta el 2012.
La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto articula a más de 250 organizaciones de mujeres, sociales, sindicales y de derechos humanos y civiles.
Estos sectores reclamaron que la derecha utilice un tema tan importante, como sucedió en la reciente campaña electoral en Brasil, y entonces forzar un pronunciamiento contrario a la despenalización por parte del gobierno nacional, en el cual las posiciones están divididas.
La campaña es el resultado de un largo proceso de discusión que se prolongó por más de un año.
Entre sus puntos principales se destacan consagrar el derecho de toda mujer a interrumpir voluntariamente un embarazo dentro de las primeras 12 semanas del proceso gestacional.
Fuera de este plazo correspondería si el embarazo es producto de una violación, acreditada con denuncia judicial o policial y formulada en un servicio de salud.
También si estuviera en riesgo la salud o la vida de la mujer o si existieran malformaciones fetales graves.
Fuente: http://www.avn.info.ve
Source: Noviembre 2010
