Aborto y discriminación económica

En aquel entonces hubo espeluznantes vaticinios de que se desataría una oleada de abortos, el DF se convertiría en meca y paraíso de abortantes, se pondría en riesgo la vida de las mujeres, se fomentarían la inmoralidad y el desenfreno sexual y pronto veríamos a las jovencitas desfilar una y otra vez por las clínicas para librarse de sus hijos.

Pues bien, según datos oficiales ofrecidos en una entrevista al diario El Universal por Armando Ahued, secretario de Salud del DF, desde que entraron en vigor las normas sobre interrupción legal del embarazo (ILE), en las clínicas del gobierno del DF se han practicado —hasta principios de febrero— poco más de 20 mil abortos, más de la mitad en 2008 y casi 90% por medios químicos y no el tradicional legrado. De ese total, sólo en uno ocurrió la muerte de la madre, una jovencita de 15 años. Y ello fue porque ya había rebasado las doce semanas de gestación que marca la ley, pero el médico que la atendió aceptó su declaración de que tenía menos tiempo embarazada y omitió practicarle el ultrasonido para verificar la edad del producto que marca el procedimiento.

En cuanto a la recurrencia, sólo una de cada mil mujeres abortó dos veces en ese lapso, lo cual es una tasa bajísima.

Un detalle interesante, que no mencionó el Dr. Ahued pero ya había sido dado a conocer por el gobierno del DF, es que tres de cada cuatro mujeres que piden interrumpir su embarazo son católicas. Y aquí cabe también resaltar que cuando lo solicitan, previamente se les orienta, aconseja y asesora sobre todas las opciones que tienen, y sólo si ratifican su deseo se procede.

Desde luego, los grupos religiosos y conservadores pondrán el grito en el cielo diciendo que esos 20 mil abortos legales son otros tantos homicidios, otras tantas vidas de niños asesinados antes de nacer. Pero, independientemente de que eso sería revivir el debate —zanjado ya por la Suprema Corte— de si un embrión puede considerarse ser humano, tan tremendistas afirmaciones pasan por alto algo que ya hemos mencionado en esta columna: la cantidad de vidas que los abortos legales salvan. Vidas de mujeres —principalmente jovencitas y niñas— que ya no necesitan practicárselos clandestinamente, con métodos rudimentarios y bárbaros, en cuartuchos sucios y antihigiénicos, sin posibilidad de recibir atención médica urgente si surgen complicaciones.

Desde que el aborto dejó de ser delito en la Ciudad de México —precisó Ahued— no se ha registrado en los hospitales capitalinos un solo caso de mujeres que lleguen desangrándose con el útero perforado por un legrado mal practicado, cosa que antes era muy frecuente. También se ha reducido casi a la mitad el número de bebés abandonados en la vía pública.

Pero creo que uno de los aspectos más importantes de la despenalización del aborto, es que se ha eliminado la tremenda desigualdad social que antes existía en esa materia y condenaba a las mujeres pobres a la muerte o a graves daños físicos.

En efecto, de acuerdo con una investigación realizada hace algunos años por la Dra. Graciela Arroyo de Cordero con ayuda de la Asociación de Enfermeras, los abortos siempre se han practicado y siguen practicándose en clínicas y hospitales privados de todo el país. Desde luego, cobrando altos precios por ellos, con el pretexto —precisamente— de que por ser ilegales los médicos y enfermeras se exponen a ser encarcelados y hay que compensarlos por tal riesgo. Así se establece una clara diferenciación entre aquellas mujeres que pueden pagar los miles de pesos que cuesta un aborto practicado por un médico, en condiciones seguras, y aquellas que por carecer de dinero tienen que acudir a una comadrona o meterse una aguja de tejer en la matriz. En el DF ya se borró esa diferencia discriminatoria. Ojalá que pronto se borre también en el resto del país.

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Fuente: poresto.net