Aborto en Nicaragua: entre la hipocresía y la realidad

 

En septiembre de 2006, la ley que autorizaba el aborto terapéutico -consignado en la legislación desde 1837- fue derogada por el parlamento y consecuentemente la penalización absoluta del aborto fue mantenida, siendo el peor indicador post Cairo. Las mujeres quedan completamente desprotegidas cuando las complicaciones del embarazo ponen en riesgo su vida o su salud, lo que constituye una forma cruel de violencia.

Como en todas partes donde está penalizado, el aborto es un asunto de doble moral, donde la palabra hipocresía impera, tal como lo denunciamos las feministas desde hace más de 30 años. Además que el aborto continúa totalmente ilegalizado, Nicaragua ha instalado una legislación -inédita en el país-, que otorga al embrión o al feto derechos legales que menoscaban y eliminan los derechos constitucionales de las mujeres ya nacidas. Esta decisión legislativa fue promovida por los jerarcas religiosos con tal fuerza que el nuevo Código Penal, aprobado en 2008 -durante el gobierno sandinista-, se basa en el Decreto Presidencial del Día del Niño no nacido.

El nuevo Código Penal mantiene la ilegalidad del aborto para las y los profesionales de la salud -con prisión de 2 a 8 años-, promueve la clandestinidad, pone en riesgo la salud y la vida de las mujeres y da por resultado que el aborto siga siendo un negocio para quienes lo practican en sigilo. Además, deja la vida hecha y derecha de las mujeres a merced de los embriones.

Dado que ha quedado eliminada completamente la posibilidad de interrumpir el embarazo, aun en las más graves circunstancias, y que además se penaliza el «daño físico o psicológico al no nacido», profesionales de la medicina -sin distinción de su especialidad- quedan expuestos/as a penas de cárcel en el momento de atender una mujer en cualquier etapa del embarazo.

Ante el reclamo de la comunidad internacional, se han publicado Protocolos de atención que no tienen fuerza de ley; Amnistía Internacional en 2009 publicó este testimonio de un médico nicaragüense: «El Ministerio de Salud (MINSA), al obligarme a que yo cumpla con sus protocolos, me está instigando para que yo sea un delincuente. Me está invitando a hacer asociación ilícita para delinquir. Me está obligando a que me coloque fuera de la ley. Me está pidiendo que siga protocolos obstétricos, los cuales yo sé que no tienen la misma jerarquía que la ley. Y el problema es que si yo no cumplo con esos protocolos, me sancionará el MINSA. Y si yo cumplo con los protocolos, entonces me sancionará el Estado».

En momentos en que la comunidad internacional monitorea el cumplimiento del Programa de Acción de la CIPD, en Nicaragua la situación no se encamina de manera clara y rotunda a aplicar los cambios que su población demanda. El 51,9% de la población está compuesta por mujeres, en su mayoría jóvenes, pobres y con pocas oportunidades. Un buen grupo sufre violencia o muere en manos de sus esposos o compañeros, o a causa de cáncer, del Sida, de complicaciones evitables del embarazo o de abortos realizados en condiciones de riesgo.

Los nacimientos en niñas de 10 a 14 años se han incrementado notablemente, a julio del 2012 el Fondo de Población de las NNUU reportó que estos embarazos aumentaron el 47% en 9 años, pasando de 1,066 en el año 2000 a 1,477 en el año 2009. Antes y después que se derogara el aborto terapéutico en Nicaragua, las niñas son forzadas a parir el producto de una violación, pues a nadie puede pasar desapercibido que en esas edades no se pueden consensuar relaciones sexuales, dada la inmadurez emocional de las criaturas, quienes son violadas y embarazadas.

En noviembre 2011, en la Región Autónoma del Atlántico Norte se denunció la situación de una niña indígena de 12 años que fue violada y resultó embarazada; esto se conoció públicamente recién cuando cumplió 36 semanas de gestación. Según los medios de comunicación, la niña se encontraba en una «situación dramática» internada en el Hospital Bertha Calderón de Managua. Sus padres habían solicitado a las autoridades la interrupción del embarazo porque presentaba un cuadro de eclampsia (convulsiones); la niña, que llegó al hospital con desgarros vaginales, fue intervenida quirúrgicamente por presentar un proceso avanzado de desnutrición y de sepsis. Aunque nunca se comprobó que se hiciera alguna denuncia judicial, las autoridades estaban obligadas a actuar ante la evidencia de la violación y el embarazo. Sin embargo, el nacimiento del niño a pesar del grave riesgo de muerte de la niña agredida fue considerado «un milagro y un signo de la bendición de Dios» por las autoridades.

Nueve feministas denunciadas por apología del aborto

La violación del Estado laico es otro factor clave para que las mujeres sean sometidas a preceptos religiosos aun en contra de su propia vida. En octubre de 2007, la Asociación Nicaragüense pro Derechos Humanos, con el patrocinio de la Conferencia Episcopal y funcionarios del Ministerio de la Familia interpusieron una denuncia ante el Ministerio Público (Fiscalía) en contra de 9 feministas por: «Delitos contra la administración de justicia, encubrimiento del delito de violación, asociación ilícita para delinquir y apología del delito de aborto».

La Fiscalía realizó una investigación que duró dos años y medio hasta que fue desestimada por falta total de sustento. En realidad, el «delito» fue haber denunciado públicamente y haber facilitado la posterior interrupción del embarazo en una niña de 9 años violada y embarazada en el año 2003, cuando la legislación nacional aún permitía el aborto terapéutico.

Justamente en 2003, el Ministerio de Educación retiró por mandato de la jerarquía católica el «Manual Para la Vida», de educación sexual para el profesorado. Los grupos católicos mal llamados «pro vida», grupos evangélicos y el arzobispado hicieron una intensa campaña contra el manual por «promover el aborto, la homosexualidad y pretender disolver las familias». El Cardenal celebró el retiro del manual anunciando que contaba con «una comisión de moralistas y teólogos» para rehacer el documento. Diez años después y en pleno gobierno «revolucionario» el profesorado si bien ya cuenta con una Guía de educación sexual, aún no la conoce ni la aplica porque no ha sido suficientemente distribuida. Así, la ignorancia en materia de sexualidad y reproducción se perpetúa en educadores y educandos. Nicaragua ostenta el primer lugar en la Tasa de embarazos en menores de 19 años en toda América Latina.

Entre los años 2006 a 2008, 25 mujeres murieron por una causa directamente relacionada con el aborto -como es el embarazo no planificado o inoportuno-. El 70% de las muertas que fueron reportadas como «suicidios» por el Ministerio de Salud eran adolescentes y jóvenes, todas estaban embarazadas con menos de 20 semanas de gestación y todas usaron sustancias químicas como pesticidas organofosforados para intentar interrumpir el embarazo. El Estado continúa «sin estudiar» este fenómeno y sin incluir esas muertes dentro de las estadísticas. Lo peor es que las niñas, adolescentes y adultas continúan muriendo sin que las autoridades competentes tomen alguna decisión para evitarlo.

Una sociedad indiferente, que desvaloriza a las mujeres, las considera descartables, intercambiables y prescindibles, solo puede brindarles respuestas negativas, legislaciones restrictivas, políticas mezquinas y decisiones egoístas, porque pretende que los seres que tutela -como las mujeres- las acepten sin más.

La legalización del aborto permitiría que este problema, que involucra múltiples dimensiones -desde la hipocresía de la sociedad patriarcal hasta los presupuestos nacionales de salud-, tuviera una salida honorable y civilizada, acorde al desarrollo de los derechos humanos de las mujeres.

Fuente: Pizarro J., Ana María. Cairo + 20 – Nicaragua. Diagnóstico Nacional 1994 – 2012. Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo.

Tomado de: http://revista.conlaa.com/