El pasado 8 de marzo de 2017, tuvo lugar un incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción de Ciudad de Guatemala, que acabó con la vida de, por lo menos, 41 niñas y adolescentes que allí residían; mientras otras tantas se encuentran heridas de gravedad.
Este desenlace fatal se produjo como expresión última de los constantes abusos, violaciones y agresiones físicas y sexuales que estas menores venían denunciando tiempo atrás, sin que el Estado les otorgara la ayuda y protección necesaria, ni se otorgara justicia ante tales hechos. Ello a pesar de que el año pasado (2016) la Procuraduría de Derechos Humanos solicitaba el cierre de este hogar a consecuencia de las múltiples denuncias recibidas, y en noviembre del mismo año solicitara medidas cautelares ante la CIDH para garantizar la vida e integridad personal de las niñas, niños y adolescentes allí alojados. 

Así las cosas, el presidente guatemalteco, Jimmy Morales, compareció públicamente anunciando el cierre temporal del hogar seguro -que a día de hoy sigue activo- y haciendo valer la tragedia como un acontecimiento de responsabilidad compartida entre todas las instituciones del Estado, sin anunciar represalias contra ninguno de los funcionarios/as del citado hogar.
El Estado no puede dar la espalda a esta desprotección de menores bajo su cargo, resultando claramente en una violación de sus derechos humanos, especialmente a la protección contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación -incluido el abuso sexual- como establece el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, ratificada por Guatemala. 
Por todo ello, las organizaciones y personas integrantes del Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro1 , realizamos un llamado internacional a las Embajadas de Guatemala de los distintos países de Latinoamérica para que: 

Se tomen las medidas pertinentes y urgentes para la búsqueda de las menores todavía desaparecidas.
Se informe adecuadamente a los familiares de las víctimas -a través del Gobierno, la Secretaría de Bienestar Social y/o las instituciones encargadas- sobre el paradero de las menores, a fin de comunicarles a la brevedad si fallecieron o si han sido trasladadas a un hospital y a qué hospital en este último caso.
Las autoridades públicas pertinentes investiguen los hechos, con el fin de que los/las responsables sean denunciados, investigados y enjuiciados y no queden impunes.
Se otorguen medidas de protección integrales a las menores acogidas por el Estado que se encuentran en situación de violencia o abandono, y se investigue exhaustivamente la situación de todos los hogares seguros del país, con el fin de que no se repita una tragedia de esta magnitud y puedan entrar en programas estatales que realmente reparen de manera integral y digna sus vidas.

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[1] El Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro (www.clacai.org) es una articulación integrada por activistas, investigadores/as, proveedores/as de servicios de salud y profesionales que contribuye a la disminución del aborto inseguro en Latinoamérica. Promueve el acceso a la información y a tecnologías modernas y seguras en el marco del pleno respeto a los derechos sexuales y reproductivos, desde una perspectiva de género y equidad.
Source: Marzo 2017

El dictamen que el jueves pasado causó la toma de la tribuna de la Cámara de Diputados, relativo al derecho de las mujeres a recibir información sobre el aborto cuando hayan sido víctimas de violencia sexual, fue diferido nuevamente para su discusión hasta el próximo jueves.
El dictamen que el jueves pasado causó la toma de la tribuna de la Cámara de Diputados, relativo al derecho de las mujeres a recibir información sobre el aborto cuando hayan sido víctimas de violencia sexual, fue diferido nuevamente para su discusión hasta el próximo jueves.

El dictamen de las reformas a los artículos 46,49 y 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia estaba enlistado en el orden del día de la sesión de este martes, como se prometió el jueves pasado.
Sin embargo, la diputada Hortensia Aragón (PRD) propuso “bajar” el dictamen, y posponer su discusión para el próximo jueves a fin de buscar mayores consensos sobre el tema, lo cual fue respaldado por el vicecoordinador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, y la bancada del PAN.
Desde su curul, la diputada Araceli Damián (Morena) criticó que se esté posponiendo ilegalmente la discusión de este tema, ya que el reglamento de la Cámara de Diputados obliga a que los dictámenes aprobados en comisiones sean discutidos en el pleno del recinto legislativo sin demora.
También criticó a la presidenta de la Cámara, Guadalupe Murguía (PAN), de incumplir su palabra de discutir el tema sin demoras. En respuesta, Murguía Gutiérrez argumentó que el tema sería retirado para buscar el máximo consensos posibles.
Por la mañana, la bancada del PAN encabezada por la diputada Cecilia Romero, se hizo acompañar de organizaciones sociales y estudiantes de derecho para argumentar que la aprobación de esas reformas significaría ir contra el derecho a la vida que México ha suscrito en diversos tratados internacionales.
Información tomada de http://eleconomista.com.mx
Source: Marzo 2017

La demanda fue presentada hoy, 7 de marzo de 2017, ante la Corte Suprema de Brasil, solicitando la despenalización del aborto a petición de la interesada hasta las 12 semanas de embarazo. La demanda fue presentada por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), con apoyo de ANIS – Instituto de Bioética.
La demanda -que pide la despenalización del aborto a solicitud de la interesada hasta las 12 semanas de embarazo- ha sido firmada por un grupo de mujeres abogadas y presentada ante la Corte Suprema de Brasil el día de hoy, 7 de marzo de 2017.

Se ha presentado en vísperas del 8 de marzo – Día Internacional de la Mujer, en el que tendrá lugar un paro internacional de mujeres que se tomarán el día libre, tanto de forma remunerada como no remunerada, en protesta contra la opresión sufrida.
En Latinoamérica, muchas mujeres marcharán bajo el eslogan Ni Una Menos, exigiendo el fin de la violencia contra las mujeres. En este contexto, la demanda solicita la protección de los derechos de las mujeres, para que ninguna tenga que enfrentar la humillación, el miedo a ser encarcelada o el riesgo de sufrir lesiones o morir como resultado de un aborto inseguro.
En Brasil, el aborto es un delito de acuerdo al Código Penal de 1940; las únicas tres excepciones son: en caso de violación, si existe riesgo para la vida de la mujer y en caso el feto sea anencefálico. La última excepción legal fue también otorgada en un fallo de la Corte Suprema en 2012, apoyado por Anis – Instituto de Bioética.
La demanda presentada hoy día establece que la penalización del aborto viola los derechos de las mujeres a la dignidad, a la ciudadanía, a la no discriminación, a la vida, a la igualdad, a la libertad, a vivir libre de torturas y penas o tratos crueles o degradantes, a la salud y a la planificación familiar; que son derechos protegidos por la Constitución de Brasil.
La Encuesta Nacional sobre Aborto de Brasil del año 2016 encontró que, solo en 2015, más de medio millón de mujeres se sometieron a un aborto en el país. Las desigualdades raciales y de clase convierten al aborto en un suceso aún más común en la vida de las mujeres con mayores vulnerabilidades sociales: el 15% de las mujeres afrodescendientes e indígenas han sufrido un aborto en sus vidas, frente al 9% de las mujeres blancas. La penalización del aborto tiene serias consecuencias para las mujeres, especialmente las afrodescendientes e indígenas, las que viven en regiones subdesarrolladas del país, y todas las mujeres pobres, porque tienen menor acceso al aborto seguro, aunque ilegal.
La penalización del aborto causa morbilidad y muertes que son altamente prevenibles. El aborto es un procedimiento muy seguro. De hecho, recientes estudios estiman que entre el 8 y el 18% de muertes maternas a nivel mundial se deben a complicaciones derivadas de abortos inseguros, que se concentran en países de renta más baja, donde el aborto está restringido legalmente. En Brasil, existen investigaciones que muestran que aproximadamente, la mitad de las mujeres que se someten a abortos ilegales en el país tuvieron que ser hospitalizadas.
Si la Corte Suprema de Brasil vota a favor de la demanda interpuesta por el PSOL y Anis y despenaliza el aborto a petición de interesada hasta las 12 semanas de embarazo, estará dando un paso importante como guardiana de la Constitución brasileña, al proteger los derechos fundamentales de las mujeres.
CONTACTO DE ANIS: comunicacao@anis.org.br 
Para más información: www.anis.org.br 
Facebook: www.facebook.com/AnisBioetica 
Twitter: www.twitter.com/Anis_Bioetica 
*Artículo extraido de la Campaña Internacional por el Derecho de las Mujeres al Aborto Seguro
 
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1 Artículo traducido del original en inglés, que puede consultarse aquí: http://www.safeabortionwomensright.org/press-release-petition-to-supreme-court-of-brazil-seeks-decriminalization-of-abortion/ 
Source: Marzo 2017

Ministra asegura que han muerto 63 mujeres han muerto por enfermedades crónicas y complicaciones por el embarazo.
El ministerio de Salud realizó hoy un foro que trató aspectos bioéticos, ante los embarazos que ponen en riesgo la salud y la vida de las mujeres y abogó por pasar de la despenalización absoluta a una puntual.

Violeta Menjívar aseguró que 63 mujeres que murieron por enfermedades crónicas y complicaciones con el embarazo.
Las fuentes dijeron que El Salvador es el único país del mundo donde no se puede hacer absolutamente nada, por un embarazo ectópico, lo que consideraron inhumano.
“No promovemos el aborto. Promovemos la vida y la salud de las mujeres”, dijo la ministra.
La funcionaria pidió que se reconsidere la propuesta de la diputada Lorena Peña, sobre el tema.
Información tomada de http://www.laprensagrafica.com
Source: Febrero 2017

La organización defensora de los derechos humanos ACCEDER pidió hoy a las autoridades de Costa Rica practicar un aborto terapéutico a una menor de 13 años que tiene dos meses de embarazo producto de una violación de su padre.
La abogada de ACCEDER, Larissa Arroyo, declaró hoy a Efe que la legislación costarricense permite interrumpir el embarazo cuando la vida o la salud de la madre se encuentran en riesgo, como considera que sucede en este caso.

“Ella es una víctima de violencia sexual e incesto. Hay que ver lo que esto implicará en el proyecto de vida de la niña, el trauma emocional que le provocará cargar con un hijo que es de su propio padre”, manifestó Arroyo.
El Canal 6 de la televisión local emitió un reportaje en el que dio a conocer este caso e informó que desde el 27 de enero pasado hay una denuncia ante la Fiscalía de la ciudad de Limón (Caribe) en contra del padre de la menor, un hombre de 49 años de edad.
La menor cumplió 13 años este mes y según su madre, cuya identidad fue protegida por el medio de comunicación, la niña se encuentra en tratamiento psicológico por las secuelas que está sufriendo.
Según la denuncia, la niña fue violada cuando fue junto a su hermano, también menor, a visitar a su padre en la localidad de Matina, provincia de Limón.
Aparentemente el hombre también amenazó de muerte a la familia para que no le denunciaran.
“En Costa Rica tenemos una norma legal explícita que permite interrumpir el embarazo para evitar riesgos a la salud y la vida, de la madre. No obstante en los servicios de salud se interpreta que el único caso válido para interrumpir el embarazo es cuando la vida está en riesgo. Es una costumbre institucional”, comentó Arroyo.
El artículo 121 del Código Penal costarricense señala que “No es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y éste no ha podido ser evitado por otros medios”.
Este es el único tipo de aborto legal en Costa Rica.
Para Arroyo, la salud física y mental de la menor se encuentra en peligro, ante lo que instó a las autoridades de salud del país a practicarle el aborto terapéutico.
La abogada también hizo un llamado al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y al Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) para que velen por el interés superior de la niña en su condición de víctima de incesto.
Arroyo, cuya organización está dispuesta a brindar acompañamiento legal a la menor y su familia, afirmó que están siendo vulnerados los derechos de la niña a la salud, a la vida personal y al de no discriminación.
“Obligarla a llevar este embarazo, que no desea, es también un trato cruel, inhumano y degradante. Ella tiene el derecho a vivir libre de violencia”, expresó.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) indican que entre 2014 y 2015 se han contabilizado 29 embarazos en niñas entre los 10 y los 13 años.
EFE
Información tomada de https://noticias.terra.com
Source: Febrero 2017

París. Amnistía Internacional (AI) denunció hoy la penalización del aborto en casi todas las circunstancias en la República Dominicana, donde continuaron las deportaciones y muchas personas que siguen siendo “apátridas”.
En su informe de 2016 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, presentado hoy en París, AI también señala que la Procuraduría General de la República informó de 74 homicidios a manos de las fuerzas de seguridad entre enero y junio, lo que supone casi el 10 % de todos los homicidios del país.

El documento dice que, según la Organización Internacional para las Migraciones, las autoridades deportaron a más de 40.000 personas a Haití entre enero y septiembre, y casi 50.000 más salieron del país “espontáneamente”, en algunos casos tras recibir amenazas o por temor a ser objeto de violencia. Asimismo, más de 1.200 presuntos menores no acompañados fueron identificados en la frontera haitiano-dominicana y pese a algunas mejoras, las autoridades “no respetaron plenamente las salvaguardias internacionales contra las deportaciones arbitrarias”.
El informe indica que desde agosto de 2015 hasta julio de 2016, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) verificó 1.881 casos de personas nacidas en la República Dominicana que habían llegado a Haití, voluntariamente o tras ser expulsadas, y que eran apátridas o corrían riesgo de serlo.
AI señala que el abogado y defensor de los derechos humanos Genaro Rincón Mieses fue agredido verbal y físicamente en Santo Domingo por su labor de protección de los derechos de las personas dominicanas de ascendencia haitiana.
El texto refleja que dicha agresión “tuvo lugar en un contexto de aumento de las denuncias de amenazas, insultos e intimidación contra defensores y defensoras de los derechos humanos que combatían la apatridia”.
Información tomad de http://hoy.com.do/
Source: Febrero 2017

ESTOCOLMO (Reuters) – Ocho países se han unido a una iniciativa que busca reunir millones de dólares para compensar las carencias provocadas por la prohibición del presidente Donald Trump a que Estados Unidos financie ONG de todo el mundo que ofrezcan información sobre el aborto, dijo la viceprimera ministra de Suecia.
Isabella Lövin dijo a Reuters que el próximo 2 de marzo se celebraría una conferencia en Bruselas para iniciar la iniciativa de financiación para ayudar a las ONG cuyos programas de planificación familiar puedan verse afectados.

Holanda anunció en enero el lanzamiento de un fondo global para ayudar a las mujeres a acceder a servicios de aborto, diciendo que la decisión de Trump provocaría un agujero de 600 millones de dólares en los próximos cuatro años.
Suecia, Dinamarca, Bélgica, Luxemburgo, Finlandia, Canadá y Cabo Verde han dado su apoyo, dijo Lövin.
“(La orden) podría ser muy peligrosa para muchas mujeres”, dijo Lövin, que posó para fotografiarse este mes con otras siete mujeres responsables para firmar una ley medioambiental, en lo que se percibió como una respuesta a una foto de Trump firmando la orden en la Casa Blanca con cinco asesores masculinos.
La norma, que afecta a las ONG de Estados Unidos que operan en el extranjero, es una que los presidentes entrantes han empleado para marcar sus posiciones sobre el derecho de aborto. Se creó bajo el mandato de Ronald Reagan en 1984.
Trump la firmó en una ceremonia en la Casa Blanca en su cuarto día en el cargo. Barack Obama levantó esta norma en 2009 al asumir la presidencia.
“Si las mujeres no tienen control sobre sus cuerpos y su propio destino, eso puede tener consecuencias muy graves para los objetivos globales de derechos de género y erradicación de la pobreza global”, dijo Lövin.
Información tomada de: http://es.reuters.com/
Source: Febrero 2017

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 7 (EL UNIVERSAL).- Integrantes del colectivo Las Constituyentes CDMX Feministas señalaron que el aborto no fue incluido expresamente como un derecho en la Constitución Política de la Ciudad de México, por lo cual exigieron que sea retomado en una ley secundaria.
En conferencia, Verónica Olguín, integrante del colectivo, mencionó que en la Constitución el aborto quedó matizado con un eufemismo, pues en lugar de ese término se menciona el derecho a una maternidad libre y voluntaria.
Las activistas plantearon que eso se debió a que la Asamblea Constituyente priorizó un cabildeo y negociaciones para sacar adelante en tiempo la Constitución.
Por ello agregaron que buscarán que la Asamblea Legislativa o el próximo Congreso local elaboren una ley ex profeso para garantizar el derecho al aborto.
Manifestaron que habrá preocupación de que pueda haber alguna regresión en este derecho, legislado en la actualidad a través de una despenalización en el Código Penal.
A un año de haberse conformado, dijeron que también pelearán porque se incluya el principio de paridad sustantiva.
Nancy Mata, integrante del colectivo reiteró que buscarán incidir en el proceso de armonización legislativa, además de vigilar el cumplimiento de derechos que han propuesto.
Reconocieron que en el texto se incluyeran el derecho a la autodeterminación, el reconocimiento de la diversidad y la pluriculturalidad, así como medidas para la dignificación del trabajo y el salario.
Recordaron que de una lista de ocho propuestas que hicieron se incluyera en el artículo 14 la creación de un Sistema de Cuidados, el cual incluye el reconocimiento del trabajo doméstico y el derecho al tiempo libre.
Información tomada de http://yucatan.com.mx
Source: Febrero 2017

Frente a las exigencias del fundamentalismo cristiano, Cuomo propone la protección constitucional de los derechos de la mujer
Nueva York-. El gobernador de Nueva York, el demócrata Andrew Cuomo, propuso hoy introducir una enmienda en la constitución del estado para proteger el derecho al aborto ante el temor de que las normas actuales cambien a nivel federal.

“Mientras Washington busca limitar los derechos de las mujeres, nosotros buscamos protegerlos”, explicó Cuomo en su intervención en un acto de apoyo a Planned Parenthood, una conocida organización que presta servicios de salud reproductiva y de planificación familiar.
La enmienda propuesta por el gobernador pretende fijar en la constitución de Nueva York el contenido de la sentencia del Tribunal Supremo en el caso “Roe contra Wade”, que legalizó el aborto en Estados Unidos en 1973.
Cuomo hizo su anuncio un día antes de que el nuevo presidente del país, Donald Trump, dé a conocer el nombre de su candidato para ocupar la vacante abierta en el Supremo.
Durante la campaña electoral, Trump prometió que todos sus nombramientos para el alto tribunal saldrán de una lista de 21 jueces que se oponen al aborto y cuentan con el visto bueno de la derecha cristiana, que aspira desde hace años a revocar “Roe contra Wade”.
La semana pasada, el vicepresidente, Mike Pence, encabezó la llamada “Marcha por la vida” que cada año recorre Washington, y aseguró que el movimiento antiabortista “está ganando de nuevo” en el país, con la victoria electoral de Trump y un Congreso controlado por los republicanos.
Hoy, Cuomo dijo que no se puede “permitir que el progreso del movimiento de las mujeres se detenga”, y llamó a trabajar para “mover al estado y al país hacia delante y defender la salud de las mujeres”.
“No se equivoquen, siempre vamos a proteger el derecho a decidir en Nueva York”, dijo el gobernador.
Información tomada de http://eldiariony.com
Source: Febrero 2017

Después de un debate que duró cerca de tres horas, los constituyentes decidieron, con 56 votos a favor y 33 en contra, eliminar el derecho a la vida digna.
México.- La Asamblea Constituyente desechó el último intento de los diputados del PAN, Partido Verde, PRI y Encuentro Social para incluir el derecho a la vida en la Constitución de la Ciudad de México, lo cual implicaría la prohibición del aborto en la capital.
Sin embargo, al mismo tiempo quedó eliminado del texto constitucional el primer párrafo del artículo 14 que fundamentaba el derecho a la vida digna, que los grupos parlamentarios de izquierda defendían con el argumento de que era un concepto científico sobre desarrollo social.

Durante cerca de tres horas, los diputados constituyentes debatieron la noche del domingo sobre la inclusión o no la mención al “derecho a la vida”, y de sus efectos como una posible controversia para tumbar la despenalización del aborto, que desde 2007 permite a las mujeres elegir sobre su cuerpo.
Mauricio Tabe, diputado del PAN abrió la discusión al decir que estaban en desacuerdo con el primer párrafo del artículo 14 porque se había quedado “muy limitado” al no mencionar el derecho a la vida.
“La vida y la dignidad del ser humano debe protegerse y respetarse desde el momento de la concepción y hasta la muerte, así lo declara nuestros principios y así está contenido en nuestra plataforma”, dijo en su intervención.
Tabe y varios legisladores como Armando Martínez, del Partido Verde y abogado del cardenal Norberto Rivera; Lisbeth Hernández, del PRI, Hugo Eric Flores, de Encuentro Social y Santiago Creel, del PAN, insistieron en que la redacción que proponían no iba a criminalizar a las mujeres.
Añadieron que el objetivo era reconocer un derecho “que es la base de los demás” e incluso aludieron a convenios internacionales como el Pacto de San José, que reconocía el derecho a la vida, o incluso el artículo 29 constitucional.
Los diputados Olga Sánchez Cordero, Porfirio Muñoz Ledo y Ana Laura Magaloni, del grupo constitucionalista; Consuelo Sánchez, Gabriela Rodríguez y Bernardo Bátiz, de Morena; Ana Julia Hernández, Lol Kin Castañeda y Marcela Lagarde, del PRD y Esthela Damián, de Movimiento Ciudadano, hicieron la defensa del numeral y cuestionaron que había una estrategia de los opositores para llevar a la Corte la despenalización del aborto.
Lol Kin Castañeda y Marcela Lagarde coincidieron en que la discusión sobre el derecho a la vida estaba fuera de lugar, pues no había prosperado cuando se discutió el artículo 11, pero ahora el artículo 14 trataba sobre temas de bienestar social a través del concepto de “vida digna”, que era una categoría científica creada por el premio Nobel Amartya Sen, explicó Lagarde.
Información tomada de debate.com.mx
Source: Febrero 2017