Las cruzadas a favor del aborto seguro en América Latina

 

El evento era privado y tuvo lugar en una casa en el barrio Teusaquillo de Bogotá. De la cita solo era posible enterarse por el voz a voz o por una invitación en Facebook. Llegué a las 5:00 de la tarde, una hora antes del arranque, y me encontré con Anais Córdova, una ecuatoriana de 27 años que dirigía el evento: un taller para abortar en casa.
Córdova forma parte de Salud Mujeres, un colectivo ecuatoriano que desde el 2008 atiende una línea telefónica de información para abortos caseros, una práctica que la ley no permite en Ecuador. Ni en Colombia.
En los cinco años que lleva en la línea, solo uno de los cientos de abortos que Córdova ha acompañado terminó en una hemorragia. Me dijo que no fue grave: la mujer llegó al hospital y la atendieron sin problema. Los demás, según ella, han sido exitosos. Y esto, dice, tiene que ver con el misoprostol, un método que ella apoda como “la pastilla que salva vidas”.
De las 34 naciones y territorios de América Latina y el Caribe, solo siete países y una ciudad, Ciudad de México, han legalizado el aborto. Se trata de Cuba, Puerto Rico, San Vicente y las Granadinas, Guyana, Barbados, Belice y Uruguay. En el extremo opuesto, otros siete países prohíben la interrupción voluntaria: Haití, Honduras, Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Surinam y Chile (aunque el Congreso chileno actualmente evalúa un proyecto de ley para cambiar la situación). Las veinte naciones restantes están en el medio: Venezuela y Guatemala permiten el aborto cuando la vida de la mujer está en peligro; Argentina y Bolivia, también cuando ha habido una violación; en Panamá, también, si hay una malformación del feto; y otros, como Colombia, tienen en cuenta la salud mental de la mujer.
Según el Guttmacher Institute, solo el 3% de las mujeres de América Latina y el Caribe, entre los 15 y los 44 años, vive en los siete países donde el aborto es legal. Pero con o sin permiso, las mujeres abortan en todo el continente. La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que la probabilidad de que una mujer con un embarazo no deseado aborte es casi la misma en donde es legal hacerlo que donde es ilegal.
En el 2016, un estudio de la revista The Lancet sobre abortos entre 1990 y el 2014 en 184 países concluyó que las leyes restrictivas no reducen las interrupciones del embarazo y, por el contrario, las hacen inseguras. Según el Guttmacher Institute, de los 56 millones de abortos anuales en el mundo, cerca de la mitad son inseguros y el 98% de ellos se da en países en vías de desarrollo con leyes restrictivas. Durante el 2008 se realizaron 4,4 millones de abortos en América Latina, 95% inseguros.
La cruzada de activistas como Anais Córdova surge de estas cifras y de la necesidad de salvar vidas.
En el 2008, un grupo de médicas holandesas llegó a Quito para crear una línea telefónica de aborto seguro atendida por mujeres. Eran Women on Waves, una organización nacida en 1999 para practicar, a bordo de un barco, abortos a ciudadanas de países donde la práctica era prohibida. La idea de interrumpir embarazos en aguas internacionales, lejos de jurisdicciones restrictivas, fue de Rebecca Gomperts, una médica antes vinculada con Médicos Sin Fronteras y Greenpeace, que un día decidió actuar contra los estragos de la prohibición del aborto.
En el 2001, Gomperts y otras mujeres hicieron expediciones por Irlanda, Polonia, Portugal y España, primero en un barco de apenas 40 metros de largo, pero luego en uno más grande, equipado con un container que servía de clínica. Por teléfono, Gomperts me contó que la travesía fue una respuesta a las medidas desesperadas de mujeres que interrumpían sus embarazos no deseados con hierbas, masajes o agujas de tejer introducidas por la vagina.
Gomperts había imaginado una solución mediante abortos quirúrgicos, pero el procedimiento terminó siendo más sencillo gracias a dos medicamentos: el misoprostol, que induce el aborto mediante contracciones en el vientre, y la mifepristona, que interrumpe la producción de progesterona. Combinadas, ambas pastillas, reconocidas por la OMS desde el 2005, garantizan el aborto de manera segura. Sin embargo, en muchos países no está disponible la mifepristona, por lo que grupos como Salud Mujeres asesoran las interrupciones solo con el uso de misoprostol. Según Anais Córdova, la práctica puede realizarse sin traumas si el misoprostol se usa de forma adecuada: la mujer se introduce doce pastillas de 200 miligramos en la vagina o se las pone bajo la lengua; puede haber náuseas, vómito, diarrea o cólicos, y luego arranca la hemorragia. Superada la parte más incómoda, el final es cuestión de controlar el flujo de sangre con toallas higiénicas por unos días más.
Women on Waves suministraba pastillas a quienes habían contactado a la organización por correo electrónico y llegaban al barco en pequeños botes. Pero pronto, ante la alta demanda, la expedición se quedó corta y debió recurrir al teléfono para asesorar. En el 2006, Gomperts y sus colegas crearon la plataforma digital Women on Web, que recibe cerca de 10.000 correos al mes.
En Ecuador, como en muchos de los países a los que fue Women on Waves, quienes quieren abortar chocan contra la criminalización y la persecución. Allí, el aborto es permitido en dos situaciones: cuando la salud de la mujer está en peligro y cuando el embarazo es producto de una violación a una mujer con discapacidad mental. Cualquier otra mujer puede enfrentar una pena de cárcel de entre seis meses y dos años, y no parece haber voluntad política de cambio.
A pesar de esto, las ecuatorianas abortan. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, cada año hay unos 40.000 abortos. Y según organizaciones independientes, el subregistro podría disparar la cifra a 95.000 anuales.
Así, la línea de Salud Mujeres se ha vuelto tal vez la instancia más confiable para las mujeres que quieren interrumpir su embarazo en Ecuador. Según Córdova, el aborto con pastillas es un procedimiento sencillo y no tan invasivo como la aspiración o el raspado. Las mujeres conocen el lugar, el día y quién está con ellas mientras lo hacen. “La apuesta con el misoprostol es anarquista porque decides sobre tu cuerpo”, me dijo. Para ella, esto es una cuestión no solo sanitaria sino también política.
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En El Salvador la situación es más dramática. Un caso emblemático es el de la señora B, una mujer de 22 años que en el 2013 se enteró de que el feto en su vientre no podía sobrevivir debido a una malformación ocasionada por una enfermedad que también ponía en riesgo su vida. Los médicos recomendaron interrumpir el embarazo, pero el Estado se opuso. Solo una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos le salvó la vida.El Salvador es tal vez el territorio más hostil de América Latina para las mujeres que abortan. Según Alberto Romero, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, la situación es similar en “países como Nicaragua, Honduras e incluso Chile”. “Pero El Salvador es el único donde hay una persecución activa”, me dijo.
Desde 1998, la Fiscalía obliga al personal médico a denunciar a una mujer bajo sospecha de haber provocado su aborto. Por su parte, una mujer que aborta puede terminar entre dos y ocho años en la cárcel. Quien no las denuncie puede ser acusado de encubrimiento y pagar hasta cinco años de prisión.
La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto ayuda a las salvadoreñas encarceladas por haber abortado. Aunque ha logrado la liberación de quince, treinta siguen tras las rejas, con penas de hasta treinta años. “Aquí no existe una iniciativa pública, como una línea telefónica”, me dijo Romero. Córdova, sin embargo, sostiene que en El Salvador sí hay un grupo similar a Salud Mujeres, pero clandestino.
El Salvador también refleja una problemática de toda la región: el aborto clandestino es un asunto sobre todo de mujeres pobres. El Guttmacher Institute, la OMS y otras organizaciones sostienen que quienes enfrentan un riesgo más alto de morir por un procedimiento inseguro, por una complicación o una enfermedad prevenible mediante una interrupción oportuna del embarazo son precisamente las mujeres más pobres de los países con políticas más restrictivas.
En El Salvador, según me contó Romero, el riesgo de muerte por abortos clandestinos e inseguros ha disminuido en gran parte debido al uso del misoprostol, a pesar de que el acceso sea todavía difícil y costoso. Las mujeres han dejado de acudir a agujas, ganchos o palos para inducirlo.
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Al otro extremo de El Salvador está Uruguay, uno de los siete países de la región que permiten el aborto. Desde que este es legal, las tasas de muerte por la práctica se han desplomado hasta el punto de que entre el 2008 y el 2012 no se registró ningún caso.
El “modelo uruguayo”, ya replicado en Argentina, le permite al personal médico asesorar a las mujeres sobre los métodos con los que pueden abortar: típicamente, el misoprostol. El médico mantiene la confidencialidad, la mujer aborta fuera del hospital y vuelve para saber si todo ha salido bien. En el 2012, una ley amplió el alcance del modelo: solo es necesaria la voluntad de la mujer para interrumpir un embarazo de hasta tres meses.
“Hay una relación entre legalidad y mortalidad. Cuando el aborto se realiza en la ilegalidad, el riesgo de muerte aumenta”, me dijo Leticia Rieppi, una ginecóloga que estuvo a cargo de la línea de salud sexual y reproductiva del Ministerio de Salud de Uruguay, cuando la ley fue aprobada.
En Colombia, la situación es intermedia. La ley permite el aborto en tres casos: por riesgo a la salud, por una violación o por malformación del feto. El misoprostol está disponible y la mifepristona fue aprobada en marzo de este año. Pero Colombia muestra que una ley permisiva no garantiza que la vía al procedimiento sea sencilla. Las organizaciones critican la forma en que la comunidad médica y la justicia del país interpretan el concepto ‘salud’ en caso de aborto. Según la OMS, basta que una mujer que considere que su embarazo afecta su bienestar físico, mental o social para interrumpirlo. En los consultorios médicos colombianos, sin embargo, en demasiados casos, la definición suele relativizarse en detrimento de la mujer.
El debate sobre el aborto en América Latina no se agota en cuestiones legales. También vive en la cultura. Incluso, en naciones como Uruguay y Puerto Rico, ejemplares por sus regulaciones liberales, hay sectores que lo tratan como un asunto ideológico, moral o religioso. En muchos casos, bajo la premisa de que una sociedad debe salvaguardar la vida humana que, según esos sectores, comienza con la concepción.
“Lo que buscamos es que se respete la vida desde el momento de la fecundación hasta la muerte natural”, me dijo Jesús Magaña, de la Plataforma Unidos por la Vida, que articula grupos opositores del aborto en Colombia. Según él, cuando la vida de la mujer corre riesgo, debe buscarse la seguridad y la protección de ella y del feto, algo que él considera más fácil gracias a los avances de la medicina.
Magaña dice que la importancia de continuar el embarazo surge de una forma de entender la sexualidad en un contexto de amor basado en ideales de familia, según los cuales un embarazo no es un accidente sino una “bendición”.
“Estas opiniones abundan en la región y han ganado terreno en los sectores políticos y en las instituciones del Estado”, dice Catalina Martínez, directora regional del Centro para los Derechos Reproductivos, una organización estadounidense que impulsa cambios legislativos. Según ella, cada vez es más común encontrar representantes de una línea conservadora o religiosa en escenarios de toma de decisiones, incluso en las sesiones de la Organización de Estados Americanos (OEA).
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El taller en Teusaquillo concluyó a las 9 de la noche. Córdova terminó contándonos los detalles de un aborto que acompañó y que culminó en celebración. No era la primera vez que sucedía. Los festejos, según ella, son comunes después de un aborto. A veces las mujeres incluso terminaban interesadas en trabajar en la línea de Salud Mujeres. “En realidad estamos celebrando la vida”, dijo Córdova. Para ella, lo más común es que las mujeres, después de un aborto, queden con la sensación de haber hecho lo correcto.
Información tomada de http://cromos.elespectador.com
Source: Julio 2017