Propuesta de referéndum aumenta la controversia sobre el aborto en Bolivia

Una propuesta de someter a referéndum el aumento de los supuestos para permitir el aborto legal en Bolivia ha agudizado la discordia entre quienes apoyan y enfrentan la medida, a la que se ha añadido el debate sobre si la consulta popular sirve como medio para decidir sobre derechos.
La idea de someter a referéndum lo que es parte del proyecto de reforma del sistema penal la planteó «a título personal» el ministro de Justicia, Héctor Arce, exprocurador general del Estado y considerado uno de los hombres fuertes del Gobierno de Evo Morales.
Cuando juró su nuevo cargo en el gabinete en enero, Arce hizo la señal de la cruz en lugar de levantar el puño izquierdo y llevarse la mano derecha al corazón, forma en que casi todos sus nuevos colegas del Movimiento al Socialismo (MAS) juraron ante Morales.
Hace unos días, Arce publicó un artículo en el diario paceño Página Siete donde expresaba una posición contraria a la de los diputados masistas que impulsan la reforma que incluiría nueve causales, entre ellas la extrema pobreza, para permitir el aborto.
«Es imperante señalar que la discusión sobre el aborto y su regulación dentro del Código del Sistema Penal no es un tema menor, por lo que resultaría pertinente su resolución en el marco de la aplicación del nuevo modelo democrático vigente en nuestro país», escribió el ministro.
Se refirió a «la ampliación de la democracia» que suponen los mecanismos como el referéndum recogidos en la Constitución de 2009.
Una consulta, argumentó, «no afectaría derechos ni ‘sometería’ los mismos a consulta del pueblo» ya que se trataría de una decisión soberana que también valoraría «el derecho a la vida y a la existencia que tienen los seres humanos a partir de la concepción».
Su compañera de partido, diputada y presidenta de la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Susana Rivero, ha sido la principal crítica de la propuesta de Arce desde el oficialismo y ha marcado con contundencia la línea de su grupo parlamentario.
Rivero ha argumentado que la reforma responde a una sentencia del Tribunal Constitucional de 2014, que eliminaba la necesidad de autorización judicial para abortar en los casos que hasta ahora se contemplan, violación o riesgo para la vida y la salud de la gestante o el feto.
«Las sentencias constitucionales se cumplen, nos gusten o no nos gusten», ha enfatizado Rivero, al exhortar al Poder Legislativo a reformar el artículo correspondiente del vigente código penal, que considera como un delito la interrupción del embarazo.
Quienes defienden la reforma subrayaron que cada año mueren en Bolivia alrededor de 660 mujeres por complicaciones relacionadas con los abortos clandestinos.
El Ministerio de Salud calcula que cada día se realizan 185 abortos clandestinos en un país de 10 millones de habitantes.
«¿Vamos a seguir permitiendo esa situación simplemente por priorizar una creencia religiosa sobre una realidad social?», se preguntó Rivero, en medio de la polémica paralela a los debates parlamentarios sobre las nuevas causales que permitirían el aborto.
Al cierre de 2016, la ONG Servicios Internacionales de Asesoría sobre el Embarazo calculaba que solamente se habían practicado 120 abortos legales desde la sentencia constitucional de 2014.
La extrema pobreza podría ser una causa para el aborto legal si la reforma tiene éxito, siempre y cuando sea dentro de las primeras ocho semanas de gestación y por una sola vez, igual que el ser madre de tres o más hijos y no contar con recursos para la manutención.
El proyecto prevé nueve causales para que se permita el aborto, entre ellas cuando sea necesario prevenir un riesgo presente o futuro para la vida o para la salud integral de la embarazada y cuando se detecten malformaciones fetales incompatibles con la vida.
De aprobarse la norma, las bolivianas también podrían detener sin problemas el embarazo si es una consecuencia de una violación o incesto, o si la embarazada es una niña o adolescente.
La polémica no entiende de bloques políticos cerrados, de modo que, por ejemplo, el diputado opositor de Unidad Nacional Wilson Santamaría también rechazó públicamente la vía del referéndum, y dijo que supondría un gasto de recursos públicos innecesario.
El Pacto Nacional por la Despenalización del Aborto, una asociación de organizaciones civiles, señaló en un comunicado que «los derechos fundamentales no se consultan» y recordó que la ley del Régimen Electoral establece que «no se pueden someter a referéndum temas relativos a la vigencia de derechos humanos».
La idea de Arce sí encontró eco en la Iglesia católica que consideró el referéndum un modo para que se escuchen las «miles y miles» de cartas en contra que han recogido diversas asociaciones.
Todo hace prever que del debate se pasará a las movilizaciones, pues la denominada «Plataforma por la Vida», formada por varias iglesias católicas y evangélicas, universidades católicas e incluso por los colegios de médicos han anunciado que harán protestas.
EFE.
Información tomada de https://www.terra.com
Source: Mayo 2017