Obligadas a ser madres en Chile
El transandino es uno de los cinco países del mundo donde el aborto todavía está penalizado en todas sus formas.
El test de embarazo ha dado positivo. Repites la prueba. Ya no hay dudas, estás embarazada. No lo puedes creer o, simplemente, no lo quieres creer. Porque fuiste violada, porque no tienes ninguna capacidad económica de mantener un hijo, porque el médico te ha advertido de que el embarazado podría matarte o porque el feto es inviable. Solo se te pasa por la cabeza una cosa, la interrupción del embarazo sería la única forma de salir adelante. Piensas que es tú cuerpo, tú decisión. Pero existe un problema, la legislación chilena penaliza el aborto en todas sus formas. Hoy por hoy, la ley manda en el cuerpo de las mujeres. No hay excepción, en Chile eres una delincuente.
El Código Sanitario chileno prohibe cualquier acción cuyo fin sea provocar un aborto y el Código Penal establece penas de prisión para la mujer que lo realice y quien le ayude, sea o no un profesional de la salud. En la actualidad, sólo cuatro países del mundo comparten un nivel punitivo tan alto: El Salvador, Nicaragua, República Dominicana y Malta —cinco si se incluye El Vaticano—. “La criminalización total del aborto niega el derecho a la vida, a la salud, a la integridad física y psíquica, a la privacidad de las mujeres y niñas e implica un trato inhumano y degradante”, explica Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile.
El pasado 17 de marzo y después de un año de debate, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley tres causales, que regula el aborto en caso de peligro de vida de la mujer, inviabilidad fetal y violación. Sin embargo, la nueva legislación todavía tiene que ser ratificada por el Senado, donde duerme desde hace meses. “Bajo la lógica de que hay que escuchar a todos, se disfraza el no legislar más rápidamente, el no votar”, critica Carolina Carrera, presidenta de la corporación Humanas. “El proyecto ya es bastante reducido y el temor que las organizaciones de mujeres y feministas tenemos es que todavía se reduzca aun más”, concluye. A día de hoy, el debate sigue abierto y la ley vigente, las mujeres que deciden abortar cometen un delito.
El aborto terapéutico fue legal en el país transandino hasta septiembre de 1989, cuando la dictadura de Pinochet, en uno de sus últimos coletazos, modificó el Código Sanitario para que la interrupción del embarazo quedará penalizada en todas sus formas. Sin embargo, las mujeres siguieron abortando, de múltiples maneras y por múltiples motivos. Según cifras del Ministerio de Salud, los egresos hospitalarios de mujeres por aborto son más de 33.000 al año. “La penalización no evita que las mujeres aborten, solo provoca que lo hagan en condiciones inseguras. Las mujeres en Chile abortamos”, sentencia Siomara Molina, directora de la campaña Yo decido y Soy libre. La prohibición impide establecer cifras totales precisas, pero diversos estudios estiman que el número de abortos por año va desde los 60.000 hasta los 160.000.
La ilegalidad ha condenado al aborto a la clandestinidad. Sin embargo, existen diversos métodos para interrumpir el embarazo. Desde viajes al extranjero o abortos en clínicas privadas hasta la introducción de instrumentos en la vagina o el uso de hierbas que provocan infecciones. Normalmente, la capacidad económica será la que determine la capacidad de hacerlo en condiciones más o menos seguras. “Hay mujeres que sí van a poder practicarse un aborto seguro, fuera de la legalidad, pero seguro. Y mujeres que no van a tener la posibilidad y en la desesperación puedan recurrir a mecanismos terriblemente peligrosos”, explica Ana Piquer. En la actualidad, el uso del Misotrol, un medicamento aprobado para tratar úlceras gástricas, ocupa un lugar principal. Se puede conseguir a través de las redes sociales y permite interrumpir el embarazo entre las 9 y las 12 semanas.
La falta de garantías ha motivado la aparición de redes de apoyo de mujeres, colectivos que informan, ayudan y acompañan a aquellas que toman la decisión de abortar. “Somos mujeres que estamos a favor del aborto y que sabemos que no podemos hacerlo solas. Es una medida de protección”, explica Valentina Aguilera, estudiante secundaria e integrante del colectivo Lemebel. La organización y el crecimiento de los grupos feministas, ha permitido que las redes de apoyo crezcan cada día. “El aborto se produce en condiciones de riesgo, de estigmatización social, de persecución jurídica y persecución policial; por eso son tan importantes las redes. No abortamos solo en nuestro cuerpo, si no en el de todas las mujeres que acompañamos”, cuenta Siomara Molina.
Durante el último año, la discusión sobre el aborto ha estado muy presente en la sociedad chilena. Se estima que el 73% población está a favor de despenalizar el aborto en los casos de riesgo de vida de la mujer, inviabilidad del feto y violación. No obstante, las tres causales representan menos del 5% del total de abortos que se realizan en Chile, lo que implica que la mayoría de mujeres seguirán abortando en la clandestinidad. Una reflexión más profunda se vuelve necesaria. La capacidad de las mujeres de decidir sobre sus cuerpos y la legitimidad del Estado para tutelar sus vidas es una pregunta de la que no se puede escapar.
Víctimas de una moral impuesta
Marisol Garcés —a la que todos llaman Sol—, estudia hoy en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. En diciembre del 2014 tenía 20 años y vivía en Valdivia. Pocas semanas después de acabar una relación de más de un año, se empezó a sentir extraña. Estaba embarazada. Lo primero que se le pasó por la cabeza fue abortar porque no tenía la capacidad de tener ni mantener una guagua (bebé). Tuvo miedo. Sabía que tenía que hacerlo de forma clandestina, que el Estado y la sociedad la juzgarían. También tuvo vergüenza. Pero se acompañó de su hermana y no se resignó a ser una víctima, quiso tener la oportunidad de decidir. Su historia le pertenece a ella, pero hoy ha decido contarla.
Luego de vivir un aborto y después de sentir como todos decidían sobre su cuerpo y su vida, se ha dispuesto a tomar su experiencia por bandera. Salir a la calle junto a muchas otras y pelear junto a tantas más. “El aborto es algo muy real que nos afecta a muchísimas de nosotras y la única solución pasa por concebir la libre determinación sobre nuestros cuerpos como un derecho”, explica.
Sin alternativas seguras
Francisca González es socióloga y llegó desde La Serena a Santiago hace más de un año, donde vive con su marido y su hijo Lucas de tres años. En febrero del 2015, cuando estaba embarazada de siete meses, los médicos le comunicaron que su guagua venía con una cardiopatía congénita. A los trece días de nacer y tras una difícil operación, falleció su hija Trinidad.
Meses después, mientras intentaban seguir adelante, se enteró de que de nuevo estaba embarazada. Se alegró por la nueva oportunidad de ser madre, pero a las doce semanas el doctor observó que, una vez más, algo no estaba bien. La guagua tenía anencefalia, una enfermedad incompatible con la vida. El mundo se le vino abajo. Después de lo que había sufrido, estaba preparada para casi todo, pero no podía vivir un embarazo de nueve meses sabiendo que su hijo moriría al nacer. El aborto era la única opción.
Información tomada de http://elpais.com/
Source: Noviembre 2016
