Más de 4.200 personas fueron denunciadas por aborto en México en una década
En los últimos tres años hubo 228 sentencias condenatorias por interrumpir el embarazo y, en los últimos cinco, 19 mujeres ingresaron en prisión.
El aborto en México no solo está penalizado: también es un delito altamente perseguido. Para GIRE, uno de los grupos de presión más activos en defensa de la interrupción legal del embarazo en el país norteamericano, «la criminalización tiene consecuencias como el precario o nulo acceso a causales legales de aborto y la denuncia de mujeres con emergencias obstétricas», ha señalado en un informe presentado este jueves. Precisamente, la mayor parte de las denuncias por aborto en México proviene de los mismos prestadores de servicios de salud. En los 10 últimos años, según las cifras de la organización, un total de 4.246 personas (hombres y mujeres) fueron denunciadas por interrupción de embarazos, lo que en promedio significa más de una acusación al día.
«Nunca había visto el vínculo tan claro, como se ve en este estudio, entre la inclusión de un delito en el código penal y el comportamiento de los profesionales de la salud», reconoce Ana Laura Magaloni, profesora de derecho del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), durante la presentación del documento, en un aula abarrotada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). «El impacto es enorme: los profesionales de la salud consideran que están cometiendo un delito y las mujeres que entran a los hospitales con alguna emergencia obstétrica se encuentran en un peligro mayor», explica. «Los prestadores de salud no conocen la normativa o, aun cuando la conocen, quieren castigarlas», remacha la directora de GIRE, Regina Tamés.
Solo uno de las 32 entidades que componen la República mexicana permite el aborto libre hasta la duodécima semana de gestación: la Ciudad de México, con una regulación que se remonta a más de una década atrás. Las diferencias con el resto de Estados son abismales. La única causa de interrupción legal del embarazo en todo el país es la violación: 24 Estados recogen como causa el riesgo de muerte para la madre; 16, alteraciones genéticas graves; otros 15 contemplan el riesgo a la salud y la inseminación artificial no consentida; y solo dos aceptan razones socioeconómicas. “Esto genera una gran desigualdad entre las mexicanas”, apunta el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar.
Anahí vive en Baja California (norte) y hace 10 años sufrió un aborto tras una caída accidental. Entonces tenía 21 años y ni ella, ni su pareja, ni su familia sabían que estaba embarazada, según recoge el testimonio. En la caída se golpeó la nuca y perdió el conocimiento. Al despertarse vio que su ropa estaba manchada de sangre. Su cuñada encontró el feto en el suelo. Al llevarla al hospital, sin recibir la atención médica necesaria, fue acusada de homicidio doloso en grado de parentesco. En 2102 fue condenada a 20 años de prisión. Cuatro años más tarde, ante la falta de pruebas por este delito, la joven consiguió la absolución. El de Anahí es solo uno de los casos que recoge el estudio, titulado Castigo o maternidad, que da cabida tanto a relatos de mujeres que han sido acompañados por abogados del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) como a otros documentados por terceras organizaciones.
Las situaciones recopiladas van desde violaciones, como el caso de Guadalupe, en Querétaro (centro), que decidió no denunciar el ataque y tomó al día siguiente una píldora anticonceptiva de emergencia. A pesar de la medida de precaución, se quedó embarazada. Una madrugada sintió un fuerte dolor abdominal y su padre la llevó al hospital: allí, ante el aborto involuntario que estaba sufriendo, fue víctima de acusaciones y gritos por parte del personal médico, que se encargó de dar parte a la fiscalía. Un mes después fue llamada a declarar. Ante la falta de pruebas se archivó definitivamente la causa. En Michoacán (centro), Gabriela acudió a abortar legalmente a Ciudad de México por voluntad propia. Al descubrir el hecho, su pareja le denunció. Tras presentar el comprobante de que la interrupción se hizo en la capital mexicana, la dejaron en libertad.
El número de denuncias recopiladas en el informe, así como las cifras sobre investigaciones abiertas, sentencias e ingresos en prisión, corresponde a hombres y mujeres. Si bien de algunos Estados recibieron la información desagregada por sexos, muchos de ellos no tenían sistematizada esta variable. Desde enero de 2015 hasta abril de 2018, hubo 1.666 investigaciones abiertas por aborto; 228 personas fueron sentenciadas por este motivo y 53 (19 mujeres) ingresaron en prisión definitiva. En algunos casos, las mujeres son acusadas de delitos como infanticidio y homicidio en razón de parentesco. Las sentencias condenatorias que no acaban en prisión pasan de multas a trabajos para la comunidad o «tratamientos médicos integrales». El informe destaca también que la criminalización por aborto afecta sobre todo a las mujeres en situación de vulnerabilidad, que provienen de comunidades marginadas, de contextos de violencia, con falta de acceso a la información y de servicios de salud reproductiva.
Por todo ello, GIRE, con más de un cuarto de siglo de experiencia a sus espaldas, reclama a los parlamentos estatales la despenalización del aborto «durante el primer trimestre de la gestación». En su apoyo, la profesora Magaloni incidió en que «hay 19 congresos estatales donde Morena tiene mayoría, yo sí creo que podría ser una circunstancia idónea para cambiar las legislaciones». No obstante, el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, no es un ferviente defensor de este derecho: lo único que llegó a admitir en campaña es que lo sometería a consulta popular.
Tomado de https://elpais.com
