La Cámara de Diputados uruguaya aprueba la ley de salud sexual y reproductiva y espera el posible veto del presidente
La Cámara de Diputados del Parlamento uruguayo aprobó por un voto la despenalización parcial del aborto, aunque la advertencia de que el presidente del país, Tabaré Vazquez, podría vetar esta iniciativa cuestiona el alcance real de esta votación.
En la madrugada uruguaya y tras doce horas de debate con varios recesos, los diputados aprobaron por 49 votos a 48 esta polémica ley que, sin embargo, debe volver al Senado al haberse producido varias enmiendas que deben ser debatidas de nuevo en la Cámara Alta del Parlamento uruguayo.
Si el Senado aprueba esas modificaciones puntuales, entonces la ley quedaría a merced del veto del presidente del país, quien ya ha anunciado que ejercería esa potestad debido a su desacuerdo con esta despenalización del aborto que, paradójicamente, ha sacado adelante su grupo, el Frente Amplio.
En el improbable caso de que el Senado no aprobara la reforma legal, debería retornar a su vez a la Cámara de Diputados y entonces sí tendría grandes dificultades, pues requeriría el apoyo de dos tercios de los votos y el Frente Amplio no tiene esa fuerza.
Los 48 votos en contra pertenecen todos a diputados de la oposición, de los Partidos Nacional, Colorado e Independiente, y los 49 votos a favor son del Frente Amplio.
Dos diputados de esta coalición en el Gobierno mostraron su oposición a la norma por el ‘enfrentamiento innecesario’ que provocará con el Ejecutivo, encabezado por el presidente Tabaré Vázquez.
Este enconado debate sobre la ley de salud sexual y reproductiva que incluye la despenalización parcial del aborto (durante los primeros tres meses de embarazo, por riesgo para la madre y penurias económicas) es reflejo de la polémica que hay en el seno de la sociedad uruguaya, donde cada año se efectúan 33.000 abortos.
Estos son los datos oficiales que maneja el propio Parlamento, aunque según informaciones de ONG esa cifra podría ser sólo la mitad de los abortos reales que cada año se practican en Uruguay.
Mientras los legisladores esgrimían en el hemiciclo razones a favor o en contra, en el exterior del Palacio Legislativo se manifestaban en la tarde ayer cientos de personas también en defensa de la despenalización del aborto o en su condena.
El debate en la Cámara de Diputados se vio sobresaltado además, apenas comenzada la exposición de las posiciones, por un aviso de bomba que resultó ser falso, pero no impidió el desalojo del edificio y el retraso de las votaciones.
Asimismo, ya comenzada la sesión, los activistas de la Coordinadora Nacional por la Vida (Pro Vida) fueron desalojados de los banquillos de espectadores de la Cámara de Diputados por interrumpir a voces el debate.
Si como parece, el Senado, que ya había aprobado la reforma legal, da su visto bueno a las modificaciones, todo quedará en manos del presidente, el primero de izquierdas de Uruguay.
Esta circunstancia no impide que sea un declarado antiabortista y que defienda esta postura desde su profesión como médico oncólogo y los principios católicos de su esposa.
Los debates de los legisladores se produjeron además bajo la sombra de la amenaza de excomunión lanzada en vísperas de la votación por la jerarquía católica uruguaya contra aquellos legisladores que dieran su apoyo a la reforma.
‘De por sí está en el derecho canónico que todo aquel que vote, apoye o promueva el aborto entra de hecho en la excomunión’, que ‘actúa inmediatamente’, dijo el arzobispo de Montevideo, Nicolás Cotugno.
El veto del Poder Ejecutivo debe ser firmado por el mandatario y la firma del ministro del ramo, la titular de la cartera de Salud, María Julia Muñoz, quien ya dijo que dará su rúbrica si el presidente así se lo solicita.
El Gobierno dispone de diez días para imponer ese veto tras su aprobación en el Parlamento, que no tendría de posibilidades reales para evitarlo pues precisaría el voto afirmativo de tres quintos del total de componentes de la Asamblea General de ambas cámaras, o sea 78 legisladores, y el Frente Amplio cuenta con 69 en total.
En el curso del debate, el diputado colorado Washington Abdala subrayó que ésta era una ‘situación ilusoria’ dada la intención declarada de Vázquez de vetar el cambio legal.
Propuso que sea la sociedad uruguaya la que decida sobre este trascendental tema en un referendo que podría coincidir con las elecciones generales a celebrar justo dentro de un año.
Fuente: EFE.-Montevideo, 5 nov (EFE).- 2008-11-05
Source: Noviembre 2008
