La batalla de la píldora sacude Filipinas

Alzan las palmas de las manos hacia el altar, inclinan la cabeza y oran en silencio. En el sermón, saltan palabras de origen español: impyerno, sementerio. Es viernes por la tarde y los oficios se suceden uno tras otro como si se tratara de un cine de sesión continua, en este país donde el 80% de la población es católica. Una pantalla gigante reenvía la imagen del interior a quienes permanecen en la calle bajo un calor asfixiante. Los cánticos se mezclan de repente con el rugido de un trueno y rompe a llover torrencialmente. A las puertas de la basílica, un cartel con fotografías de fetos arremete contra el aborto, la píldora y otros anticonceptivos.

Forma parte de una campaña que se reproduce por toda la capital. La Iglesia católica de Filipinas está en pie de guerra contra un proyecto de ley destinado a facilitar el acceso gratuito a métodos de planificación familiar y proporcionar educación sexual en los colegios. Su objetivo es reducir la mortalidad de las mujeres al dar a luz y frenar el rápido crecimiento de la población, que en los últimos 25 años prácticamente se ha duplicado hasta superar 95 millones de almas, lo que ha dificultado la lucha contra la pobreza.

La ley, conocida oficialmente como RH (siglas en inglés de Salud Reproductiva), ha provocado una profunda brecha entre el Gobierno y la influyente Iglesia, que afirma que va contra la moral cristiana, no hay relación entre población numerosa y pobreza, y es perjudicial para la salud de las mujeres. El presidente de Filipinas, Benigno Aquino III, ha manifestado abiertamente su apoyo a la legislación, y la ha situado esta semana entre sus prioridades. Algunos obispos le han criticado con fuerza y han amenazado con pedir campañas de desobediencia civil como las que forzaron las caídas del dictador Ferdinand Marcos, en 1986, y Joseph Estrada, en 2001.

«Esta ley está basada en el derecho de las parejas -especialmente de la mujer- a decidir libremente el número de hijos que desean tener, y está orientada a disminuir el número de las que mueren al dar a luz, y a luchar contra la pobreza. Para lograr un desarrollo sostenible es imprescindible afrontar el problema de la sobrepoblación», dice Edcel Lagman, diputado y principal autor del proyecto. «La Iglesia no puede imponer sus dogmas al conjunto de la gente», explica en su despacho del Congreso este hombre corpulento, responsable de la legislación que abolió la pena de muerte en 2006.

Alta tasa de mortalidad maternal

Filipinas tiene una de las tasas de mortalidad maternal más altas del sureste asiático: cada día fallecen 11 mujeres al dar a luz. Una cifra que, según Naciones Unidas, podría ser reducida si contara con una política de salud reproductiva. El problema es especialmente grave entre las comunidades musulmanas en la isla de Mindanao, donde mueren 32 mujeres por cada 10.000 nacimientos, el doble que en el resto del país.

Los intentos desde la década de 1990 de promover la educación sexual y los anticonceptivos han sido continuamente bloqueados por el poder eclesiástico, que solo acepta las vías de planificación familiar naturales. La Iglesia católica tiene un gran poder en Filipinas, donde ha jugado un papel clave en el proceso de democratización. La presencia de la religión -herencia de la colonización española durante más de tres siglos- es constante por toda la ciudad, ya sea en forma de iglesias, monumentos a la virgen María, estatuas de cardenales en los parques, rosarios y crucifijos en los retrovisores de los taxis, o frases como Praise the Lord (Alabado sea Dios) en los jeepneys, los coloridos microbuses con carrocería de acero inoxidable que peinan Manila.

Lo que dicen los obispos marca la vida política de la nación con mayor número de católicos de Asia y único país del mundo -exceptuado el Vaticano- en el que el divorcio es ilegal. «La Iglesia defiende el respeto a la vida, especialmente del no nacido. Y algunos de los métodos impulsados en la ley provocan la expulsión del óvulo ya fertilizado», asegura Nereo Odchinar, presidente saliente de la Conferencia de Obispos Católicos de Filipinas. «Además, decir que la gran población es la causa de la pobreza es una falacia. Hay estudios que demuestran que no existe una correlación directa entre ambos».

En la sede del organismo, situada en Intramuros -el barrio amurallado en el centro de Manila-, una pancarta reza «Escoge la vida. Rechaza la ley RH». A unos cientos de metros, en la fachada de la catedral, un cartel dice «¿Necesitamos la ley RH? ¡No!». Lagman acusa a la Iglesia filipina de identificar métodos anticonceptivos con aborto, el cual, con la nueva ley, seguiría siendo «ilegal y punible». «Están utilizando propaganda malintencionada, aprovechando la ignorancia de la gente», critica.

Rogel y Deshian Baron, un joven matrimonio de 34 y 28 años, respectivamente, dueños de un negocio de confección, son algunos de quienes se oponen a la ley. «Estas son decisiones que corresponden a la pareja. Nosotros nos casamos hace seis años y nunca hemos utilizado anticonceptivos. Tenemos dos niños, y esperamos el tercero.

«También estamos en contra de la educación sexual en las escuelas», afirma Rogel, a la salida de la basílica de Quiapo mientras mira a su esposa. En los brazos llevan dos imágenes de un Santo Niño rubicundo y otra del Nazareno que acaban de comprar. «Son para protegernos y recordar a Jesucristo en todo momento», asegura Deshian, mientras se disponen a subirse a su motocicleta. A pocos metros, Reinald Piñero, de 46 años, miembro de la cofradía que mantiene el orden en el templo remacha: «Esta ley atenta contra la vida. Dios dijo ‘creced y multiplicáos’, y debemos seguir sus mandamientos».

Polémica sobre el aborto

Según las encuestas, el matrimonio Baron y Piñero son minoría en Filipinas. Un estudio realizado el año pasado muestra que siete de cada 10 católicos apoyan una ley de este tipo que no despenalice el aborto. Imelda Bona, que acaba de salir también de misa y ha instalado su pequeño puesto de productos de higiene y cosmética en la animada plaza, lo resume: «La población de Filipinas es demasiado grande. Esta ley es necesaria. Cuando me casé, aún no había cumplido los 17 años. Mi marido no quería utilizar anticonceptivos, y yo entonces no sabía gran cosa. Pero la vida antes no era tan dura. Yo les digo a mis hijos que planifiquen sus familias. Si tienen menos niños, podrán ofrecerles más oportunidades», dice esta mujer, que, con 43 años, tiene cinco hijos y tres nietos.

Según el diputado Lagman, la jerarquía católica está desconectada de la realidad y de sus feligreses. «La mayoría de los creyentes no se oponen a la ley; son los obispos. Si hablas con los párrocos sobre el terreno, muchos están a favor o son ambivalentes». En la Mezquita Dorada -en Quiapo-, construida en 1976 con ocasión de una visita del líder libio Muamar el Gadafi que al final no tuvo lugar, Abdul Maksood Dalupang, de 60 años, se muestra pragmático. «La ley RH va en contra de las enseñanzas del Islam. Pero este país es pobre, en las zonas musulmanas no hay trabajo. Ideológicamente es una ley mala, pero en la práctica es buena», asegura este miembro del consejo de imanes de Filipinas, que militó a principios de la década de 1970 en el grupo separatista Frente Nacional de Liberación Moro.

En el patio de la mezquita, decenas de personas viven en condiciones miserables en cubículos de chapa y tablones de apenas cuatro metros cuadrados. Grupos de niños corretean por los alrededores. En la plaza de la iglesia Binondo, tres chicos se revuelcan en el suelo, desnudos bajo la lluvia. Junto a la iglesia Santa Cruz, media docena se bañan en una fuente. El aborto es ilegal en Filipinas, pero muchas mujeres pobres, carentes de formación sexual o medios o para adquirir anticonceptivos, recurren a menudo a él.

Se estima que más de medio millón de mujeres abortan al año en el país asiático, de las cuales decenas de miles sufren complicaciones y alrededor de mil mueren debido a las pobres condiciones sanitarias en que se realizan las intervenciones. «¿Cómo es posible saber que esas cifras son exactas si el aborto es ilegal?», cuestiona Odchinar. «El acceso a anticonceptivos no implica que vaya a bajar el número de abortos, ya que aumentarían las relaciones sexuales, y, además, no son 100% seguros».

La Iglesia parece no querer ver lo que ocurre en la calle. En el barrio de Quiapo, una joven vende un brebaje de hierbas llamado ‘pampa regla’ bajo unos soportales. Según dice, lo fabrica su tía en casa. Se trata de uno de los métodos utilizados en Filipinas para interrumpir el embarazo. «Si se te ha retrasado uno o dos meses el periodo, puedes beber esto y te volverá», afirma. Ante la pregunta de si sirve para abortar, contesta: «Si alguien está embarazada y lo toma, es asunto suyo». Y a continuación añade con un brillo en los ojos: «Lo compran sobre todo adolescentes».

Hace unos años, el brebaje oscuro era vendido a las puertas de la basílica del Nazareno. Ahora, solo está un poco más lejos de la mirada de los sacerdotes. Basta cruzar la calle para encontrarlo bajos los soportales, al alcance de cualquiera, a 250 pesos (cuatro euros) la botella.

Fuente: http://www.elpais.com/