Una contrarreforma de la ley del aborto… ¿progresista?

Pero no. El Partido Popular -ante el silencio del titular de Justicia tras anunciar en La Razón su medida— ha salido al paso del revuelo montado para asegurar que con la reforma pretende “defender a los más débiles”. “Apostamos por una ley de casos y no de plazos”, ha dicho el secretario de organización, Carlos Floriano.

¿Casos y no plazos? La ley de salud sexual y reproductiva marca que las mujeres pueden abortar sin justificar su decisión en las primeras 14 semanas de gestación. Después de ese tiempo, y hasta la semana 22, se puede interrumpir un embarazo por dos motivos: riesgo para la salud de la mujer o anomalías “graves” del feto, un diagnóstico que deben confirmar dos médicos –distintos al que va a practicar la intervención-. Si el diagnóstico de patologías fetales se hace fuera de ese plazo, se puede abortar solo si las anomalías se consideran “graves e incurables”. Algo que debe confirmar un comité médico compuesto por varios profesionales designados por las autoridades. ¿Quiere el Gobierno más ‘ley de casos’ que la que puede ofrecer el criterio unificado de varios profesionales que analizan situación por situación?

Los pasos de España le sitúan en la cola de la UE, donde solo Malta –que prohíbe el aborto en cualquier supuesto- e Irlanda –que solo lo permite si hay riesgo “grave y sustancial para la mujer—no contemplan la interrupción del embarazo por anomalías fetales. La deriva generalizada es la que apuesta por incluir este supuesto. Brasil, por ejemplo, un país muy conservador en estos temas y que únicamente ha despenalizado el aborto en casos de violación o cuando la vida de la mujer corre riesgo, acaba aceptarlo también para los casos de anencefalia; una malformación gravísima que implica carecer de gran parte del cerebro.   

«El ministro de Justicia no está siendo justo en esto», decía ayer Isabel Serrano, ginecóloga y portavoz de la plataforma Decidir nos hace libres. La contrarreforma del ministro Gallardón no se basa en la defensa de los más débiles. Tampoco se fundamenta en la errónea idea de quelas mujeres se ven abocadas a abortar porque el entorno ejerce sobre ellas una “violencia de género estructural por el mero hecho del embarazo”, como dijo hace unos meses en el Congreso.  El exalcalde de Madrid se pliega hacia las reclamaciones de las asociaciones antiabortistas y los entornos más conservadores que pretenden que España sea una isla alejada de una Unión Europea donde el derecho al aborto es mayoritario. Una corriente que pretende incluso que se elimine el consejo genético que aporta a la mujer la realización de pruebas como la amniocentesis. ¿Escuchará también las ideas de estos grupos antielección que están en contra de los métodos de planificación familiar?

La contrarreforma Gallardón traslada a España a otras épocas oscuras en las que, como el aborto estaba absolutamente prohibido en España, las mujeres debían elegir entre viajar a Londres u otras ciudades europeas para interrumpir su embarazo –las que se lo podían permitir— o recurrir al aborto clandestino. Una realidad que se cobraba miles de vidas al año, las de las más pobres y menos informadas. A ellas, las más vulnerables, ¿también las protegerá el Gobierno?

Fuente: blogs.elpais.com