Urge CDHDF superar estigmas respecto al aborto

país piensa que debería castigarse a una mujer que decide abortar, y añadió que aún se tienen muchos pendientes en esa materia. Indicó que la CDHDF sólo ha recibido una queja relacionada con la interrupción legal del embarazo, por ello resultan valiosos los movimientos sociales asociados con los derechos de las mujeres, porque han sabido hacer política.

«Han sabido sobrepasar incluso el debate partidista», pues independientemente del partido político al que pertenezcan, las legisladoras tienen «una agenda en común que han llevado adelante», aseveró en el acto organizado por el grupo Católicas por el Derecho a Decidir. En el marco de la exposición «Nuestros Cuerpos, Nuestras Vidas, Cuatro décadas por el derecho a decidir en México», que se exhibe en el Museo Memoria y Tolerancia, refirió que de 2007 a la fecha sólo se presentó una queja relacionada con un fallecimiento.

El hecho que en los últimos años no haya habido quejas en la Comisión por algún tema relacionado con el interrupción legal del embarazo, no significa que no haya violaciones a los derechos humanos relacionados con esa práctica, indicó González Placencia. En un comunicado de la CDHDF, señaló que todavía hace falta crear condiciones para que los estigmas puedan superarse, y señaló que el gran pendiente sobre el aborto legal es informar a las mujeres que no lo están.

A su vez, la titular del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, Jacqueline L’Hoist Tapia, afirmó que aunque el aborto es legal en la capital, las mujeres lo siguen practicando en la clandestinidad por temor a la pareja o a los familiares cercarnos. La discriminación prevalece como un fuerte factor que dificulta el ejercicio del derecho a decidir de las mujeres, porque a pesar de los avances normativos, el aún es visto como una práctica condenable, indicó la funcionaria.

Lamentó que haya la reducción, de 19 a tres, en el número de centros de salud pertenecientes al gobierno capitalino en los que se lleva a cabo la interrupción del embarazo, por lo que pidió ampliar el acceso a los servicios médicos e incrementar el presupuesto en esta materia. En su oportunidad, la directora general adjunta de Quejas y Reclamaciones del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Hilda Téllez Lino, detalló que 13 por ciento de las mujeres de entre 18 y 59 años han pedido permiso para hacer uso de un método anticonceptivo.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2010 hecha por el Conapred, 44.9 por ciento de la población en el país apoya en algún grado la imposición de un castigo a las mujeres que decidan abortar. Por ello, consideró que la reforma constitucional en materia de derechos humanos obliga al Estado a hacer un ejercicio de armonización legislativa, para que sea una realidad en todo el país la igualdad de los derechos de todas las mujeres para poder ejercer ese procedimiento.