El Parlamento andorrano volverá a debatir la despenalización del aborto

Ahora, el texto elaborado por los socialdemócratas propone que el aborto sea posible en tres supuestos: riesgo para la salud de la madre, violación o malformación del feto.
La propuesta determina el límite para interrumpir la gestación en doce semanas para los casos de malformación del feto y violación.
La proposición de ley que ha entrado a trámite parlamentario para modificar el Código Penal es idéntica a la que ya defendió el PS en la cámara en 2005 y que fue rechazada por el Partido Liberal, que entonces ostentaba la mayoría en el Consell.

La cuestión, de hecho, ha suscitado en reiteradas ocasiones una fuerte polémica en el país, dado que una de los dos jefaturas del Estado recae en el arzobispo de La Seu d’Urgell, que es copríncipe andorrano junto al presidente de la República Francesa.

La situación, igual que ocurre con otros temas como el matrimonio homosexual, que tampoco está permitido en Andorra, pone al Copríncipe Episcopal en una situación incómoda.
Sin embargo, el grupo parlamentario socialdemócrata, que argumenta que la propuesta «pretende dar satisfacción a una demanda de nuestra sociedad que pide respeto a la mujer y a su libertad y dignidad», ya ha advertido de que la Constitución prevé mecanismos para respetar la libre consciencia tanto de los parlamentarios como de los Copríncipes.

Si se diera la situación, uno de los dos jefes de Estado podría no rubricar la modificación legislativa. Antes de que el texto llegue al debate del Consell General, no obstante, tendrá que superar diversas cribas, en primer lugar, la del Gobierno de Demòcrates per Andorra (DA), de ideología liberal-conservadora, que debe redactar un informe sobre la propuesta y emitir su criterio.

Después, la de la toma en consideración de la proposición en una cámara con mayoría absoluta de DA (actualmente el Parlamento está formado por 22 diputados de DA y 6 del PS). Por su parte, las asociaciones andorranas que defienden los derechos de las mujeres han celebrado que la cuestión vuelva al debate político y social y recuerdan que hace años que reivindican el derecho a decidir de las mujeres.

El hecho de que el Principado prohíba la interrupción voluntaria del embarazo obliga cada año a decenas de mujeres a desplazarse a clínicas españolas (principalmente de Cataluña) y francesas (mayoritariamente en Toulouse) para abortar.
Según datos de la Generalitat de Cataluña, en 2010 fueron 146 las mujeres que se desplazaron a clínicas del país vecino para abortar, un 2,6 % menos que el año anterior. Dada la situación, las instituciones internacionales han recomendado en diferentes ocasiones que se despenalice la práctica, aunque sin reacción alguna por parte de los organismos del Principado. EFE