[México] La Absolucion de Hilda

 

La persecución hacia Hilda comenzó el 10 de julio de 2009. Su único crimen había sido acudir al Hospital Básico Comunitario de Tamuín, San Luis Potosí para solicitar atención ante una fuerte hemorragia. Es preocupante que en un país, en el que se incumplen las metas en la reducción de la mortalidad materna, la búsqueda de atención médica de una emergencia obstétrica sea dilatada debido a prejuicios relativos a la maternidad.

Aún con su bata de hospital fue llevada a los separos de la cárcel preventiva donde pasó presa toda la noche y la mañana del siguiente día. Se le decretó libertad con reservas de la ley debido a que no se podía comprobar su culpa. Sin embargo, las autoridades prosiguieron el proceso y tres años después, el 23 de julio de 2012, fue detenida por el delito de aborto.

Esta vez se le sentenció a un año, pero encontró el valor para apelar la sentencia ante el Supremo Tribunal de Justicia de San Luís Potosí, con el fin de quedar sin antecedentes penales y revertir la estigmatización fomentada por el amarillismo de los medios de comunicación. El viernes pasado la quinta sala mixta, compuesta por los Magistrados Zeferino Esquerra Corpus, Carlos Alejandro Robledo y la Magistrada María Guadalupe Orozco Santiago actuaron de manera objetiva, imparcial y garantizando los derechos humanos de Hilda.

Hilda es una de las 679 mujeres que han sido perseguidas por el delito de aborto en nuestro país en el periodo de 2009 a 2011, de acuerdo al informe «Omisión e Indiferencia«.  Existen muchas mujeres que han carecido de una defensa adecuada, sin embargo, gracias al valor de Hilda, se ha hecho conciencia sobre los perniciosos efectos de la persecución de las mujeres luego que 16 estados modificaran sus constituciones para proteger la vida desde el momento de la concepción y se iniciara un clima de criminalización en contra de las mujeres.

San Luís Potosí es uno de los estados que modificó su constitución, sin embargo esto no ha impedido que 15% de las muertes maternas ocurran en la vía pública. Es posible inferir que, a diferencia de Hilda, estas mujeres no buscaron atención médica debido al miedo por terminar en la cárcel. La legislación restrictiva y el clima persecutorio que ha generado las hizo optar por evitar los servicios de salud, con ello eligiendo la muerte.

El caso de Hilda hace pertinente que se recuerde al Estado mexicano, en sus ámbitos federal y estatal, que tienen la obligación de armonizar la legislación para interrumpir el embarazo, así como asegurar la confidencialidad y el secreto profesional en los servicios de salud reproductiva. Las autoridades judiciales deben de actuar con estricto respeto de la ley y los derechos humanos de las mujeres.

Las procuradurías estatales, el poder judicial y el sistema de salud deben adoptar políticas pública encaminadas a prevenir situaciones que vulneren a las mujeres y que se normalice esta situación de discriminación y marginalización. Los organismos autónomos de derechos humanos deben de investigar cuál es la situación de mujeres criminalizadas por el delito de aborto y reportar a la sociedad.

La última lección del caso de Hilda, es que la sociedad no quiere ni una Hilda más, al firmar la petición al Supremo Tribunal, al escribir sobre Hilda y llamar la atención sobre su caso ha quedado claro que es inadmisible el uso de las leyes para hacer que las mujeres decidan entre la cárcel o la muerte.

Fuente: http://blogs.eluniversal.com.mx/