Las organizaciones abajo firmantes, ante el fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) que da respuesta al planteo de un grupo de médicos/as ginecólogos/as del Sistema Nacional Integrado de Salud
[Uruguay] Recalcamos que los procedimientos garantizados por las Leyes de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, continúan plenamente vigentes y no generan un grave perjuicio a la libertad de conciencia del personal de salud. Todos los servicios creados por estas leyes deben, por tanto, estar disponibles en las instituciones de salud del territorio nacional.
Exigimos que estos servicios sean accesibles y brindados en tiempo y forma para todas las mujeres que así lo requieran.
Recordamos a las mujeres que en caso de enfrentar cualquier obstáculo o barrera para el acceso al aborto, tienen el derecho de realizar las denuncias correspondientes.
La objeción de conciencia no puede limitar el acceso de las mujeres a la asistencia en salud, ni vulnerar su derecho a decidir. Es fundamental que el personal médico garantice el respeto a la autonomía de las personas que les consultan y asegure el acceso en igualdad de condiciones en todo el país.
Es inaceptable que un grupo que dice objetar conciencia imponga su sistema de valores personales, limitando así las condiciones para el ejercicio del derecho a decidir de las mujeres, que pueden quedar expuestas a la discrecionalidad del profesional que las atienda.
Los hechos ocurridos son consecuencia directa de una ley débil, producto de acuerdos en coyunturas políticas que no priorizaron el reconocimiento de las mujeres como sujetas de derecho.
Hoy, más que nunca, todas las instituciones del Sistema Integrado de Salud tienen la responsabilidad de cumplir cabalmente con estas leyes, debiendo contar con todas las condiciones técnico, profesionales y administrativas necesarias para asegurar servicios integrales y de calidad. El Sistema de Salud no puede ser un espacio donde se agreda, vulnere, estigmatice o juzgue a las mujeres por su situación.
Más allá de cualquier consideración o dificultad, el Estado sigue siendo el principal responsable de garantizar la salud, las condiciones para el cumplimiento de estas leyes y los derechos humanos. De lo contrario deberá responder por ello.
Miles de mujeres, diversos movimientos y organizaciones sociales luchamos para lograr estos cambios. No permitiremos que los derechos se mercantilicen o se menoscaben al servicio de otros intereses. Continuaremos alerta y accionaremos todos los mecanismos necesarios para rechazar cualquier intento de violentar los derechos a decidir libremente sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas.
Montevideo, 16 de octubre de 2014
Firman:
Organizaciones integrantes de la COORDINADORA POR EL ABORTO LEGAL y de la PLATAFORMA CIUDADANA POR LA SALUD Y LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS;
CNS MUJERES articulación que nuclea a grupos de mujeres y feministas de todo el país;
CANARIAS EN MOVIMIENTO;
DEPARTAMENTO DE GÉNERO, EQUIDAD Y DIVERSIDAD DEL PIT-CNT
FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS – FEUU
MUJER Y SALUD EN URUGUAY
MUJERES EN EL HORNO
MUJER AHORA
CLADEM
PRODERECHOS
COTIDIANO MUJER
CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE MASCULINIDAD Y GÉNERO
MINERVAS
S.A.N.T.A.S.
CASA DE LA MUJER DE LA UNIÓN
ALAMES – Uruguay
RED POR LA HUMANIZACIÓN DEL PARTO
CIUDADANÍA EN RED – CIRE
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Source: Octubre 2014
