[RD] Diferentes sectores del país piden al Tribunal Constitucional mantener reforma que permite el aborto

A través de argumentos jurídicos, sociológicos o de salud, o simplemente de los sentires ciudadanos sobre lo que debe garantizar el Estado, decenas de organizaciones nacionales e internacionales y personas hemos enviado escritos al Tribunal Constitucional (Amicus Curiae), demandando que el aborto por causales sea  garantizado como un asunto de interés público, de derechos humanos y justicia social.

En un país con una de las mayores tasas de mortalidad materna de la región -en donde en el año 2014 murieron 179 mujeres, y a mediados de abril del corriente van 44 muertes maternas, en su mayoría por causas evitables y en parte por abortos inseguros- despenalizar el aborto cuando la vida o integridad de la mujer están en riesgo, cuando el embarazo es producto de una violación o cuando el feto presenta malformaciones incompatibles con la vida, es un avance en la garantía de los derechos humanos de las mujeres y por eso,  las nuevas disposiciones del Código Penal deben ser respetadas, protegidas e implementadas por los poderes públicos.

Las mujeres que en circunstancias excepcionales necesitan interrumpir el embarazo no pueden seguir muriéndose y dejando hijos huérfanos, familias destrozadas y pisoteada su dignidad humana. Con la reforma al Código Penal, el país dio un gran paso para evitar estas situaciones. Ahora el Tribunal Constitucional tiene en sus manos la oportunidad de ratificarlo y situarse a la vanguardia centroamericana en materia de defensa de la vida y la salud de las mujeres.

En caso de que el Tribunal decida no mantener la reforma, estaría violentando derechos como el derecho a la vida de las mujeres; el derecho a no ser sometidas a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes;  el derecho a no sufrir violencia; el derecho al más alto nivel posible de salud; el derecho a la intimidad; el derecho a la igualdad y a la no discriminación.

Las organizaciones abajo firmantes, miembros de la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres*, le solicitamos al Tribunal Constitucional tomar en consideración los argumentos y recomendaciones presentadas por las siguientes organizaciones y personas:

Manuel Atienza Rodríguez, Universidad de Alicante (España); Claudio Nash, Universidad de Chile; Rebeca Cook, Universidad de Toronto (Canadá); académicas de la Universidad de Génova (Italia); Universidad Carlos III de Madrid- Instituto Universitario de Estudios de Género y Grupo Antígona de la Universidad Autónoma de Barcelona; Grupo Internacional de Investigación sobre estereotipos, prejuicios y discriminación, de los departamentos de psicología social de la Universidad Complutense de Madrid y de la Facultad de psicología de la Universidad Federal de Paraíba (Brasil); Amnistía Internacional; Centro de Derechos Reproductivos (Estados Unidos), Women’s Link Worldwide (Colombia-España), Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (CLACAI), Red Alas (Red Latinoamericana de Académicos del Derecho); DeJusticia (Colombia); Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir; Católicas por el Derecho a Decidir (México); Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social –PAIIS- de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia); Colectiva de Mujeres para el Desarrollo Local (El Salvador); Centro Kennedy (Estados Unidos); International Pregnancy Advisory Services- IPAS, entre otras organizaciones internacionales.

En el plano nacional han presentado Amicus Curiae, la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres, representada por el Colegio Médico Dominicano, el Colegio Dominicano de Periodistas, la Colectiva Mujer y Salud, la Asociación Nacional de Enfermería, el Centro de Investigación para la Acción Femenina- CIPAF, la Federación Nacional de Mujeres Trabajadoras, la Unidad Nacional de Mujeres Activas (UNISIMAS-CENUS) y el Centro para la Educación y el Desarrollo (CEDUCA). Adicionalmente han presentado intervenciones, el Centro de Estudios de Género de INTEC; la Confederación Nacional de Mujeres del Campo (CONAMUCA) y  Profamilia, entre otras.

La Coalición espera que el Tribunal Constitucional no retroceda en los derechos adquiridos por las mujeres y tome su decisión amparado en la Constitución de la República y en los compromisos internacionales de Derechos Humanos asumidos por el Estado Dominicano.

Colegio Médico Dominicano
Colectiva Mujer y Salud
Confederación Nacional de Mujeres del Campo, (CONAMUCA)
Instituto de Investigación de Género y Familia, (UASD)
Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF)
Centro de Estudios de Género de la Universidad INTEC (CEG-INTEC).
Unidad Sindical de Mujeres Activas, (UNISIMAS-CNUS).
Asociación Nacional de Enfermería, (ASONAEN).
Federación Nacional de Mujeres Trabajadoras (FENAMUTRA),
Centro para la Educación y el Desarrollo (CEDUCA),
Foro Feminista
Centro para el Desarrollo de la Mujer CE-MUJER  

Santo Domingo, mayo 5 de 2015