Perú reconoce ante la ONU violaciones a los DDHH contra adolescente que sobrevivió a violación sexual
Gobierno peruano reconoce públicamente violaciones a los DDHH contra adolescente que sobrevivió a violación sexual, como parte de un caso de emblemático de aborto ante la ONU
El Ministro de Justicia de Perú, Aldo Alejandro Vásquez Ríos, reconoció públicamente el pasado 29 de marzo la comisión de violaciones a los derechos humanos sufridas por L.C., una adolescente que sobrevivió a una violación sexual a quien no solo le fue denegado un aborto, sino también una intervención quirúrgica de emergencia en su columna vertebral cuando estaba embarazada, lo que la dejó gravemente discapacitada de por vida.
Un vecino de L.C. la violó repetidamente a lo largo de cuatro años. En 2007, cuando tenía 13 años, la adolescente se quedó embarazada. Desesperada, intentó suicidarse saltando desde un tejado, y por ello sufrió una grave lesión en la columna que requería intervención quirúrgica inmediata. Pero a pesar de que el aborto es legal en Perú cuando la vida o la salud de la madre está en riesgo, el médico que iba a realizar la operación se negó a ello al entender que podría poner en riesgo el embarazo de la joven.
L.C. finalmente sufrió un aborto espontáneo debido a las graves lesiones sufridas. La intervención quirúrgica, retrasada cuatro meses, no consiguió evitar que quedara parapléjica.
El Centro de Derechos Reproductivos y PROMSEX llevaron el caso de L.C. contra Perú ante el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW). En el 2011, dicho Comité condenó a Perú por haber violado los derechos humanos de L.C.
«Lo que le ocurrió a L.C. es una farsa de la justicia. Obligar a una mujer a llevar a término un embarazo cuando éste amenaza su salud física y mental constituye discriminación porque pone su capacidad reproductiva por encima de su salud», afirmó Susana Chávez, Directora de Promsex. «Teniendo en consideración que se trata de un procedimiento médico sólo para mujeres, la negación de un aborto practicado a tiempo constituye discriminación».
El Comité CEDAW recomendó a Perú que modificara su legislación a fin de permitir el aborto en casos de abuso o violación sexual; garantizar la disponibilidad de los servicios de aborto y el acceso a servicios de aborto cuando la vida o la salud de la mujer esté en peligro – circunstancias bajo las cuales el aborto ya es legal en el país.
El Comité también recomendó que Perú tomara medidas para aumentar la sensibilización acerca de los derechos reproductivos en todos los centros de salud.
El caso L.C. es la segunda decisión tomada en estos últimos años por un órgano de monitoreo de uno de los tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas que ha puesto el foco en la negación del acceso al aborto legal. En el 2005, el Comité de Derechos Humanos de la ONU estableció que Perú había violado el derecho a estar libre de penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes cuando a una joven de 17 años, K.L., se le negó la práctica de un aborto terapéutico a las 14 semanas de embarazo tras diagnosticarle anencefalia del feto, una anomalía muy grave. Se le obligó a llevar a término el embarazo y a amamantar a su bebé hasta que este murió, cuatro días después.
Esta decisión se convirtió en uno de los primeros precedentes en reconocer que la negación del acceso al aborto legal y seguro viola los derechos humanos de las mujeres. En enero de 2016, el gobierno peruano otorgó las debidas reparaciones a K.L.
A partir de las decisiones tomadas en los casos L.C. y K.L., el gobierno peruano ha adoptado un protocolo nacional para la provisión de servicios de aborto legal que arroja luces tanto a médicos como a pacientes. Sin embargo, a mediados de 2015, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso peruano se negó a debatir la despenalización del aborto en casos de violación, a pesar de la existencia de una iniciativa firmada por 64,261 ciudadanos y de docenas de organizaciones a favor de esta cuestión.
En respuesta a esta situación, un pronunciamiento de Promsex estableció lo siguiente:
“Recordamos que el 75% de las víctimas de violación sexual son menores de edad, atacadas en su mayoría por alguien de su entorno cercano. El 34% ha resultado embarazada a causa de este hecho violento sin que el Estado les garantice las condiciones para que puedan decidir sobre esa gestación impuesta y, por el contrario, las obliga a sostenerla”.
Esta semana, en respuesta al reconocimiento del gobierno de las violaciones a los derechos humanos de L.C., Nancy Northup, Presidente del Centro de Derechos Reproductivos, comentó que:
“Perú debe ahora tomar medidas para implementar guías claras que permitan a todas las mujeres y adolescentes el acceso a este servicio fundamental de salud reproductiva”.
¿Será ahora el momento en que Perú despenalice el aborto en casos de violación? Está por verse.
Para más información, contactar a:
Marge Berer, Coordinadora Internacional, Londres, Reino Unido
E-mail: info@safeabortionwomensright.org
Web: www.safeabortionwomensright.org
FB: safeabortionwomensright | TW: @safe_abortion
Nota de prensa tomada de http://www.safeabortionwomensright.org/
Source: Abril 2016
