Convocatoria para el desarrollo e implementación de iniciativas para incrementar el acceso a SSR en contexto en Covid

A 10 años de la legalización del aborto en Uruguay
POR ABORTOS SIN TUTELA NI FRONTERAS
LA LUCHA FEMINISTA CONTINÚA 

La Red de Acompañamiento Feminista en Aborto LAS LILAS, es una articulación de colectivas y activistas feministas en Uruguay, que surge en 2020, para apoyar a mujeres y a personas con capacidad de gestar que deciden abortar. 

Estamos en 12 de los 19 departamentos del país pero el alcance del acompañamiento es nacional. El objetivo principal es sostener el activismo feminista para que abortar sea un derecho y se viva sin riesgos ni miedos. 

Difundimos lo que establece la ley 18.987 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), promulgada en 2012 porque tiene límites y condiciones y, de no cumplirlas, se comete el delito de aborto y es perseguible penalmente. Hasta las 12 semanas de gestación la interrupción del embarazo se realiza a solicitud de la mujer o persona con capacidad de gestar pero tiene que pasar por la consulta de un equipo interdisciplinario y tener al menos 5 días de reflexión obligatoria. Si el embarazo es producto de una violación el plazo se extiende hasta las 14 semanas, siempre que haya una denuncia policial que lo corrobore. Cuando hay riesgo de vida de la embarazada o malformación fetal incompatible con la vida, la interrupción no tiene plazo. 

Promovemos el derecho a abortar como derecho sexual y reproductivo, reclamamos que sean respetados y reconocidos en tanto Derechos Humanos y lo hacemos desde la concepción feminista de respetar la autonomía y libertad de cada persona para decidir, sin sufrir estigma ni padecer discriminación ni violencia alguna. 

Surgimos en plena pandemia del Covid-19 y en un contexto político de cambio de gobierno donde en marzo de 2020 asume una coalición de partidos de derecha y ultraderecha autoproclamada “provida y defensora de los derechos de los no nacidos”1. Coalición que tiene, entre sus integrantes, a quienes dicen combatir “la ideología de género” como una nueva narrativa para oponerse a los derechos de mujeres y disidencias. 

“La creación y desarrollo de LAS LILAS se nutre de las experiencias y apoyos de organizaciones aliadas de la región a través de las redes de acompañantes y de CLACAI y ya”, así lo declaró el Presidente de la República, Luis Lacalle Pou en conferencia de prensa. Accesible en: https://www.youtube.com/watch?v=pkjiUphsL9w

formamos parte de la Red Compañera que nuclea a las redes feministas de aborto de América Latina y el Caribe y hemos contribuido a conformar la Red de Jóvenes por Aborto de la región. 

Desde el inicio LAS LILAS hemos contado con la experiencia de MYSU como organización histórica y referente en el campo de la SyDSR y en conjunto con su programa Observatorio nacional en género y SSR hemos denunciado el debilitamiento de la atención y los problemas detectados en el acceso a servicios de IVE durante la pandemia de COVID19 y en el cambio de gestión de gobierno. 

La falta de información y difusión de las prestaciones en SSR y aborto siguen siendo un problema y, a 10 años del cambio legal, aún hay una parte importante de la población que no conoce las condiciones y limitaciones que determina la ley para acceder a un aborto legal. 

El estigma y la discriminación hacia quienes abortan y quienes proveen el servicio se ha acentuado con el clima de sanción social que se ha exacerbado y promovido desde las declaraciones de autoridades de gobierno. El Ministerio de Salud enfatiza la adopción como alternativa y se incrementan los relatos de usuarias que padecieron la injerencia de profesionales intentando interferir durante la ruta IVE. La información desde los equipos de salud sobre el uso de la medicación para abortar no siempre es la correcta, no está acompañada de material de apoyo o es discrecional en función de lo que cada servicio o profesional conoce. Hay demoras en la indicación de ecografías, profesionales que enseñan imágenes y sonidos durante la ecografía sin el consentimiento de las mujeres, a pesar que los protocolos y guías clínicas del Ministerio de Salud señalan que no se debe hacer. Los resultados de los estudios requeridos se demoran o no se cumple con los formularios IVE haciendo que se llegue a los límites del plazo legal. 

La cantidad de profesionales que hicieron “objeción de conciencia” es alta, inexplicable para un país de tradición laica y de baja religiosidad. El Observatorio de MYSU ha detectado localidades y hospitales públicos con 100 % de profesionales de la ginecología que rechazan brindar el servicio por sus creencias personales (Hospitales de Colonia de Sacramento, Mercedes y Melo). Además desde la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) se ha designado a profesionales “objetores de conciencia” para coordinar los servicios públicos de aborto. No hay fiscalización desde las autoridades, no hay control en la aplicación de normas, ni sanciones cuando no se cumplen, no se promueve la denuncia desde la población cuando los servicios no están o presentan obstáculos en su acceso o en la calidad de la atención.