El Salvador: mujeres son condenadas hasta con 40 años de cárcel tras ser víctimas de abortos inseguros

El Salvador: mujeres son condenadas hasta con 40 años de cárcel tras ser víctimas de abortos inseguros

Romero narró la situación de extrema criminalización del aborto en ese país, donde 17 mujeres víctimas de abortos inseguros permanecen encarceladas tras ser condenadas por las autoridades.

“Salvemos a las 17” es la campaña que Alberto Romero, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador, presentó en Lima, en el marco de la IV Conferencia Regional CLACAI Reafirmando el legado de Cairo. Aborto Legal y Seguro.

Lima, setiembre de 2014.- En El Salvador, 17 mujeres purgan condenas de entre 30 y 40 años en prisión tras haber sido víctimas de abortos inseguros y no poder acceder a servicios que garanticen el debido cuidado de su salud.

Así lo indicó Alberto Romero, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador, durante la IV Conferencia Regional CLACAI, Reafirmando el legado de Caro, Aborto Legal y Seguro, realizada en Lima.

Romero, quien presentó su campaña “Salvemos a las 17” durante este encuentro que congregó a activistas, especialistas médicos y jurídicos sobre el tema, sostuvo que la situación de extrema criminalización del aborto que se vive en ese país vulnera totalmente los derechos de las mujeres, sobre todo de las más pobres y de las zonas rurales, quienes no pueden acceder a servicios de salud adecuados.

“’Salvemos a las 17. No dejemos que sus vidas se marchiten’ es una campaña para ayudar a 17 mujeres que se encuentran con condenas de entre 30 y 40 años en prisión tras haber pasado por un proceso de aborto debido a complicaciones obstétricas. Para ellas, ya ha finalizado cualquier otro procedimiento judicial para revisar su causa. Solo les queda el indulto”, narró.

Entre los casos se cuenta el de Teresa, en Soyapango, quien tuvo un parto precipitado al octavo mes de gestación. Tras la muerte del bebé, Teresa fue acusada de homicidio agravado y lleva ya un año y medio, de una condena de 40, en prisión. Romero explica que en la mayoría de casos ni siquiera se trata de abortos, sino de partos precipitados ocurridos dadas las condiciones de vida de los sectores rurales y más pobres de la población, en comunidades marginales muy alejadas.

Ello se refleja en algunas cifras. Por ejemplo, cita Romero, las tres cuartas partes de mujeres condenadas solo tienen educación primaria, un 10% son analfabetas, y el 75% declara ser soltera;  es decir, no hay pareja que brinde algún tipo de apoyo.

“Además de haber tenido que pasar por la pérdida, el dolor, el desmayo, la hemorragia y todo el trauma que eso supone, lo que hace el sistema de justicia es penalizarlas, culpabilizarlas por una muerte en la que ellas no tuvieron ninguna acción voluntaria, ninguna voluntad de causar la muerte de una criatura”, enfatiza Romero.

Como muestra, narra el caso de otra mujer fallecida en prisión. “El sistema de salud no pudo detectarle un cáncer linfático que la aquejaba. Salió embarazada y producto de la enfermedad, el embarazo devino en precipitado. Fue condenada y, una vez en prisión, recién se le detectó el cáncer que pudo haber provocado el parto precipitado. No hubo acción voluntaria, como sí lo consignaron las autoridades judiciales para condenarla”, manifestó.

“Los casos son denunciados por los hospitales públicos, pues en el año 98 la Fiscalía General envió una carta a los hospitales y centros de salud en que informaba que ante cualquier sospecha de que estaban ante un caso de aborto, el personal médico se encontraba en la obligación de denunciarlo, o podrían ser denunciados por encubrimiento. Eso está generando que, al momento en que las mujeres son llevadas a los hospitales públicos por familiares o amigos, el personal de salud sospecha que quizá se puede haber inducido un aborto, y sin ninguna investigación, simplemente por el miedo a ser denunciados, dan parte a las autoridades”, indica Alberto Romero.

Ante esta situación, surgen iniciativas como la del doctor Miguel Guidos, de la ASOGOES. “Instituciones como las de Alberto Romero están luchando por lograr un cambio que al menos nos permita llegar al aborto terapéutico, que también está prohibido en el país. No podemos intervenir ni siquiera en un embarazo ectópico. En este momento está prohibido todo tipo de aborto”, explicó Guidos.

El médico narra que cuando cambió la ley, en el año 98, se dijo a las instituciones de salud que había que denunciar los hechos de aborto, “pero tras una interpretación de la Corte Suprema de Justicia, se dictaminó que estábamos obligados a denunciar los hechos de sangre, que son los heridos de bala, las violaciones sexuales, entre otros. Todo lo demás estaba protegido por el secreto profesional. Ahora ya no se obliga a los médicos a denunciar y la tarea que tenemos ahora es darle a conocer al personal médico y de enfermería lo que es el secreto profesional y hemos tenido mucha receptividad.

“En este momento es difícil lograr un cambio, porque habría que cambiar la Constitución y para eso se necesitan dos legislaturas. Además,  ahora estamos en medio de dos procesos eleccionarios, el de presidente que ya pasó y el próximo que será de diputados y alcaldes. Luego de eso tenemos el compromiso de algunos diputados para que este tema pueda discutirse”, finalizó. 

Source: Septiembre 2014