Hagamos visible lo invisible: Barreras en el acceso al aborto para menores de 15 años en Uruguay.
En los últimos 10 años, Uruguay ha experimentado un gran avance en la agenda de derechos, construyendo un marco normativo robusto que fue facilitado por la conjunción de diferentes actores, como la academia, movimientos feministas, parlamentarias, profesionales de salud, que permitieron concretar este proceso y hacer que Uruguay sea uno de los pocos países de la región que permite la interrupción voluntaria del embarazo.
La regulación uruguaya reconoce el derecho al aborto a demanda durante las primeras 12 semanas de gestación (Ley 17.823), mantiene las causales de despenalización durante el resto de la gestación (salud de la mujer o malformaciones fetales incompatibles con la vida) y hasta las 14 semanas en caso de violencia sexual, reconociendo el respeto por la autonomía progresiva y confidencialidad de las consultas de niñas y adolescentes sin distinción hasta los 18 años. No obstante, al igual que otros países de la región, persisten brechas e inequidades que afectan el ejercicio de los derechos, particularmente los sexuales y reproductivos en mujeres, niñas y adolescentes.
En 2019, se registraron 10227 interrupciones voluntarias de embarazos, de las cuales 35 corresponden a menores de 15 años, es decir, un 0,43% del total de las interrupciones. A su vez, en el mismo período se registraron 83 nacimientos de madres niñas de 14 años o menos. Si bien esta cifra, en términos cuantitativos, no parece ser elevada, la misma resulta significativa para un país con una tasa de fecundidad global por debajo del nivel de reemplazo poblacional, de 1,8 hijos por mujer y por el impacto crítico que tiene en la salud, el bienestar, el curso de vida y la posibilidad de ejercicio de sus derechos. Aun teniendo esto en cuenta, las estadísticas y los reportes del Estado son poco claros, resultando en que esta realidad se invisibiliza entre las cifras de embarazo adolescente.
Para Iniciativas Sanitarias (IS), una asociación civil de profesionales de la salud comprometidos con la promoción del derecho humano a la salud como bien social, en la teoría y en la práctica, y específicamente la salud sexual y reproductiva y salud integral de la mujer, esto es una preocupación. A partir de esto, surge la necesidad de analizar las barreras destacadas por los equipos de los servicios de salud sexual y reproductiva y operadores de justicia de Montevideo para el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en niñas y adolescentes menores de 15 años, teniendo en cuenta el rol clave que estos actores tienen en la ruta de atención y abordaje de esta problemática.
Es así que llevamos adelante el proyecto “Barreras Invisibles” donde a partir del análisis y registro de normativas, recursos, y el relato de operadores de justicia y personal de salud, fue posible caracterizar el embarazo y maternidad infantil e identificar las barreras de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo para menores de 15 años.
La evidencia estaría indicando que existen barreras específicas para las NyA<15 (además de las que afectan a todas las mujeres) para el acceso al IVE, más allá del contexto habilitante de la ley. Estas barreras refieren, en primer lugar, a factores relacionados a la experiencia específica del aborto y el contexto en el que se da el embarazo (como producto de violencia sexual o relaciones consentidas), así como factores individuales y del contexto familiar (especialmente la madurez y autonomía progresiva de NyA y la prevalencia de la violencia intrafamiliar y basada en género), y a construcciones sociales sobre el embarazo, la maternidad y el aborto, y el impacto de ellas sobre la vida y el desarrollo de NyA.
A partir de la identificación de barreras de acceso al IVE para NyA<15 realizada, entendemos que el abordaje del embarazo y maternidad infantil forzado plantea ciertos desafíos, requiriendo enfoques integrales, interseccionales, transversalizados por una perspectiva de género y derechos humanos, que aborden los factores determinantes estructurales subyacentes (como la desigualdad de género, la pobreza, la violencia y la coacción sexual, el matrimonio infantil, comercio sexual, las presiones sociales, la exclusión de oportunidades educativas y laborales, y las actitudes negativas y los estereotipos con respecto a las niñas y adolescentes) que tengan en cuenta el papel que cumplen las masculinidades, y que desarrollen el capital humano de las NyA, centrándose en la capacidad de tomar decisiones sobre sus vidas y presenten oportunidades reales de proyectos de vida más allá de la maternidad.
A partir de estos insumos, se generó una estrategia de comunicación con diversos productos que sirven para visibilizar el embarazo en la infancia como una vulneración de derechos y una responsabilidad del Estado.
El mapeo y registro de normativas da cuenta de que Uruguay cuenta con un robusto cuerpo de normativas para la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes y garantía de sus derechos sexuales y reproductivos, pero solo 8 de ellas se pueden caracterizar como transformadoras de las desigualdades de género. Esto es relevante porque la principal barrera que detectamos refiere a las construcciones sociales y culturales que las personas y las instituciones asumen sobre la maternidad, el género y las infancias.
En tal sentido, consideramos que es fundamental insistir en la sensibilización de los equipos técnicos para el abordaje del embarazo no intencional en la infancia como producto de la violencia estructural basada en género que vulnera los derechos y afecta la salud física, emocional y social de niñas y adolescentes. Asi también debemos continuar fortaleciendo el abordaje del aborto desde una perspectiva integral e interseccional de salud.
La violencia a la que están sometidas las niñas y adolescentes es una vulneración a sus derechos, resaltando las diferencias de poder y limitando su autonomía.
Hagamos visible lo invisible. Escuchemos a las infancias.
Artículo final en el marco de la subvención otorgada por Clacai a INICIATIVAS SANITARIAS, URUGUAY.
