Colombia
Acciones de mejora en el acceso a los servicios de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) con énfasis en la oferta pública.
Bogotá, Agosto 2017
1. CONTEXTO
En Colombia la Interrupción Voluntaria del Embarazo -IVE[1] es un derecho cuando el embarazo es producto de hecho punible denunciado como violencia sexual, incesto o inseminación artificial no consentida, cuando existe riesgo para la salud o la vida de la mujer certificado por un médico o cuando el feto presenta malformación que haga inviable la vida extrauterina certificado por un médico y por tanto, los servicios ofertados para garantizarlo deben brindarse en un marco de derechos, seguridad, dignidad y responsabilidad ética.
2. INCIDENCIA
A pesar de contar en Colombia con una normatividad desde hace ya 11 años, que despenaliza el aborto en tres 3 circunstancias que indica los requisitos para que todas las mujeres en el territorio Nacional puedan recibir atención en forma humanizada, ética y sin restricciones cuando se trata de un embarazo no deseado (END), esta premisa no se cumple a cabalidad. Según estudio dirigido por el Guttmacher Institute sobre el embarazo no deseado y aborto inducido en Colombia, “los embarazos no deseados y no planeados siguen siendo frecuentes, cada año se estima que hay 89 embarazos por cada 1000 mujeres en edad reproductiva, lo que conduce a nacimientos no planeados los cuales han aumentado de 36% en 1990 a 51% en 2010. De estos embarazos no deseados y no planeados en Colombia, el 44% terminan en aborto inducido. Esto se traduce en unos 400.412 abortos inducidos cada año, de estos 322 (0.08%) fueron Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE) practicadas en instituciones de salud, dando cumplimiento con los criterios legales”[2].
¿CÓMO MEJORAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO (IVE) EN LOS HOSPITALES PUBLICOS?
En el marco legislativo descrito anteriormente, podría esperarse que la prestación de los servicios de IVE, especialmente en las instituciones públicas de salud, se realice sin mayor dificultad, sin embargo la realidad revela la existencia de barreras, en tres categorías “(i) el desconocimiento del marco legal, (ii) la interpretación restrictiva del marco legal, y (iii) la falla en la prestación del servicio de salud”[3].
Basado en lo anterior, el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (CLACAI) y la Fundación Oriéntame, implementaron una iniciativa para mejorar el acceso al aborto legal y seguro en dos hospitales públicos; Hospital Materno Infantil de Soledad Atlántico y la ESE Municipal de Villavicencio Meta, caracterizados por la atención a población con alto grado de vulnerabilidad y donde los servicios privados son muy costosos o no están habilitados.
La iniciativa, combinó varios elementos de éxito que permitieron la implementación real del servicio de IVE en estos hospitales públicos de baja complejidad: el aprovechamiento de terreno abonado en experiencias previas, ya que ambos hospitales habían recibido sensibilización y capacitación sobre los lineamientos para la prevención del aborto inseguro e implementación del protocolo; la gestión y compromiso de Directivos y Gerentes de los hospitales para garantizar el anclaje de las decisiones y la formalización administrativa de los procesos; el entrenamiento teórico práctico in situ, que permitió la adecuación de procesos, procedimientos y técnicas desde la realidad del hospital; la sensibilización a todo el personal del hospital para la difusión interna y reducción de barreras personales; el apalancamiento con Entidades Administradoras de los servicios de salud EPS para clarificar procesos administrativos de autorización de servicios acorde con los planes de beneficios y la adecuación de procesos de divulgación a las usuarias mediante articulación con los programas de promoción y prevención existentes en cada hospital.
Los principales resultados de este proyecto fueron los siguientes: se beneficiaron 2 hospitales públicos de primer nivel de atención fortaleciendo la oferta institucional en salud sexual y reproductiva mediante la implementación del servicio de IVE ; 77 funcionarios de los hospitales públicos fueron sensibilizados en la prestación de servicios de IVE (53 en Soledad y 24 en Villavicencio), fortalecimiento de la capacidad técnica en dos equipos interdisciplinarios para la atención integral de la IVE en el primer trimestre del embarazo (en total 20 profesionales asistenciales de medicina, enfermería, psicología, trabajo social; 10 en cada hospital).
Todo lo anterior se concretó en la realización de nueve procedimientos de tratamiento médico a pacientes durante el acompañamiento y seguimiento a los hospitales (4 pacientes en Soledad y 5 en Villavicencio), lo cual sienta un precedente de viabilidad del acceso.
Por último, se deja abierta la importancia de la implementación de servicios de IVE en el primer nivel de atención, ya que permitirá disminuir barreras socioeconómicas y ofrecer atención oportuna, segura, humanizada, con calidad y calidez a mujeres, sin importar su condición social.
Por otra parte quedan retos importantes para asegurar la sostenibilidad de los resultados alcanzados con las instituciones seleccionadas; por ejemplo la ESE Municipal de Villavicencio debe retomar la formalización de los procesos administrativos para evitar inconvenientes a futuro relacionados con la suspensión de servicios por falta de legalización de documentos y cumplimiento de requerimientos de calidad al interior de la organización.
Otro reto es expandir la capacitación a especialistas en el área de Ginecología, ya que al ser profesionales con poder al interior de los equipos, podrían llegar a ser un factor de barrera o facilitador para la prestación del servicio, en tanto toman decisiones en los programas de maternidad mediado por convicciones personales y el desconocimiento frente a la implementación de la Sentencia C-355.
De no trabajar con dichos profesionales se podría afectar la práctica de los médicos generales y otros profesionales que están dispuestos a llevar el proceso. En este sentido, sería deseable realizar asistencia técnica continuada para analizar las barreras posteriores a la implementación y asegurar mejoras de calidad en la prestación del servicio.
Oriéntame
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[1] Sentencia C-355 año 2006, Corte Constitucional de Colombia.
[2] Prada E, Biddlecom A y Singh S, Aborto inducido en Colombia 2012
[3] Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. Barreras de Acceso a la interrupción voluntaria del Embarazo en Colombia. Bogotá, 2016
