Más de 100 organizaciones defensoras de derechos humanos se unen para exigir protección a los derechos de las niñas en la región
América Latina es la única región del mundo donde ha aumentado el número de partos en niñas, por ello Amnistía Internacional, Clacai, Planned Parenthood Global y GIRE lanzan la campaña Niñas, no madres.
Tan sólo en México, según el nuevo informe de GIRE, Violencia sin Interrupción, en los últimos seis años se han registrado más de 28 mil denuncias por violación sexual a niñas menores de 15 años.
Las consecuencias de la violación sexual en la salud y vida de las niñas se agravan cuando se ven forzadas a continuar un embarazo resultado de la agresión. En Ecuador, entre 2002 y 2010 los partos en niñas de 10 a 14 años, aumentaron 78%. En Guatemala, cada cuatro horas se denuncia un caso de violencia sexual contra una niña.
En México, en el periodo de enero de 2009 a junio de 2016, 28 mil 252 niñas menores de 15 años denunciaron haber sido víctimas de violación sexual y sólo a 8.5% (2 mil 419) se le ofreció anticoncepción de emergencia, señalan datos oficiales obtenidos por GIRE a través de solicitudes de acceso a la información y con los que se elaboró el informe Violencia sin interrupción, el cual se puede consultar en http://aborto-por-violacion.gire.org.mx. El problema es aún más grave, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) asegura que se denuncia menos del 10% de lo que en realidad sucede.
“El embarazo forzado y la maternidad forzada ponen en juego la vida de la niñas, pues enfrentan afectaciones en su salud física, mental y en su proyecto de vida”, coinciden Amnistía Internacional, Clacai, GIRE y Planned Parenthood Global, quienes a propósito del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, lanzan en Latinoamérica la campaña “Niñas, no madres”. Disponible en: http://www.ninasnomadres.org.
En Latinoamérica 40 por ciento de las adolescentes ha sido abusada sexualmente. Las niñas víctimas de violación sexual en la región viven realidades que vulneran sus derechos humanos. Las repercusiones de la violencia sexual se intensifican, dado que las niñas son obligadas a continuar con el embarazo resultado del abuso. Depresión, angustia, estrés postraumático, además de mayores riesgos a su salud física y deserción escolar son solo algunos de los efectos de las maternidades forzadas, como lo documenta el informe titulado “Vidas Robadas” recientemente publicado por Planned Parenthood Global. http://ninasnomadres.org/wp-content/uploads/2016/11/PPFA-Stolen-Lives-Spanish-april-2016.pdf
En el caso de México, el servicio de acceso al aborto a menores víctimas de violación se sigue condicionando, a pesar de que desde marzo de este año la NOM 046 indica claramente que mujeres y niñas mayores de 12 años que hayan sufrido una agresión sexual y, como consecuencia, resultado embarazadas pueden acudir a cualquier centro de salud público a realizarse una interrupción del embarazo, sin necesidad de haber presentado una denuncia por violación, autorización de alguna autoridad (ministerio público o juez) o consentimiento de padre, madre o tutor.
De acuerdo con datos del informe Violencia sin interrupción, a pesar de la modificación de la NOM 046, el IMSS y el ISSSTE dieron como respuesta a solicitudes de información, que en sus hospitales no realizaron ningún aborto legal, al menos en el periodo de enero de 2009 a junio de 2016. La Secretaría de Salud federal simplemente dijo no contar con esa información.
Cada día, en Guatemala cinco niñas menores de 14 años resultan embarazadas y en Perú cuatro niñas se convierten en madres. En Ecuador, solo en 2014, mil 963 niñas tuvieron un parto. En Nicaragua, ocho de cada 10 mujeres víctimas de violencia sexual son niñas menores de 13 años. “Estamos ante una grave problemática de salud pública y derechos humanos que afecta a toda la región. Es urgente que los Estados cumplan con su obligación de proteger los derechos humanos de las niñas víctimas de violencia sexual de manera integral. Lo cual incluye el acceso a servicios integrales en salud sexual y reproductiva tales como la anticoncepción oral de emergencia y la interrupción legal del embarazo”, señalan las cuatro organizaciones.
Forzar a una niña a convertirse en madre tiene consecuencias graves para su vida, pues trunca su proyecto de vida, hay un parteaguas en la estructura familiar que golpea su economía y las condiciones sociales de la niña y su hijo o hija. Asimismo, es muy probable que si se encontraban en situación de pobreza, permanezcan en esta condición en la siguiente generación.
Para mayor información llamar al 56586684 Ext. 253 con Georgina Montalvo o escribir a gmontalvo@giremx.org.mx o carla.aguirre@ppfa.org
Para información adicional visite: http://ppact.io/stolenlives
Source: Noviembre 2016