La publicación «Aborto sin riesgos: guía técnica y de políticas para sistemas de salud» de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2003, puso en evidencia el incumplimiento sistemático de muchos Estados de la Región en relación al acceso de la interrupción legal del embarazo (ILE).

Hoy, aun con legislaciones que permiten alguna causal de aborto desde, por lo menos, hace 5 décadas, persisten obstáculos para el acceso a la interrupción legal del embarazo en los establecimientos públicos de salud. Asimismo, existen grupos de interés que trabajan de manera activa para restringir mucho más los limitados alcances de la permisión, al extremo de restringir su acceso o, lo que es peor, prohibir de manera absoluta el aborto, aun cuando este podría salvar la vida o evitar cargas de enfermedad a las mujeres, cuando el feto es inviable, o cuando el embarazo es producto de una violación.

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