Por Mariana Carbajal
Treinta años atrás, feministas latinoamericanas se reunieron en Argentina a compartir conocimiento y lanzar campañas para legalizar el aborto en la región.

Feministas asisten al taller sobre aborto en San Bernardo, Argentina, en 1990 | Elvira Lutz


Miles de mujeres feministas se juntaron en una pequeña ciudad costera argentina tres décadas atrás y lanzaron lo que sería más tarde el Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro, que se conmemora cada 28 de septiembre.

Allí también conocieron, escuchando a las activistas brasileñas, el misoprostol – un fármaco para tratar úlceras gástricas, que también era efectivo y seguro para interrumpir embarazos (y que ahora suele ser administrado en combinación con la mifepristona).

“Era como algo increíble”, destaca la cirujana chilena Marisa Matamala, de 81 años, sobre este hallazgo que se propagó informalmente desde Brasil entre las mujeres, hasta que el medicamento llegó a ser usado en todo el mundo en abortos farmacólogicos (no quirúrgicos).

“Fue como una catarsis de argumentos. Hubo consenso. Había muchos liderazgos latinoamericanos, mujeres de muchas partes. Nos llenó de energía”, agrega Matamala sobre el encuentro en San Bernardo, 340 kilómetros al sur de la capital argentina.

Ella fue una de las mujeres de toda la región que asistieron al V Encuentro Feminista de América Latina y El Caribe (EFLAC) – y que hablaron con openDemocracy sobre su significado y su legado.

“La decisión que tomamos fue que no estábamos dispuestas a seguir sacrificando la vida de las mujeres”

Más de 3.000 mujeres asistieron al encuentro, que incluyó un taller sobre aborto con unas 200 feministas de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y también de Estados Unidos, Canadá y Holanda. 

“San Bernardo fue la oportunidad de empezar a analizar la situación de las mujeres como consecuencia de los abortos clandestinos, de pensar la maternidad involuntaria como otra forma de esclavitud”, dice la partera uruguaya Elvira Lutz, de 85 años.

Por entonces, explica Lutz, no había acceso a anticonceptivos seguros, ni a educación sexual, y del aborto no se hablaba. “La decisión que tomamos fue que no estábamos dispuestas a seguir sacrificando la vida de las mujeres”.

Estandarte de Católicas por el Derecho a Decidir en el taller sobre aborto de 1990 | Elvira Lutz

“Latinoamérica”, recuerda la médica uruguaya Cristina Grela (77 años), que fundó en 1987 la oficina regional de Católicas por el Derecho a Decidir en Montevideo, tenía una elevada “cantidad de muertes por prácticas clandestinas”. Algo había que hacer.

Por eso, el grupo de Grela junto con la Comisión por el Derecho al Aborto, creada en 1988 en Argentina y liderada por la abogada Dora Coledesky (ya fallecida), propusieron al EFLAC un taller sobre aborto.

El taller fijó el 28 de septiembre como el día regional para luchar por el derecho al aborto. “Las brasileñas propusieron” esa fecha, recuerda la ginecóloga argentina Alicia Cacopardo (ahora de 85 años), por razones simbólicas.

En un 28 de septiembre de 1871 Brasil había adoptado la ley de ‘vientres libres’ que otorgó libertad a todas las personas nacidas de mujeres esclavas. “Para nosotras, la libertad de vientres es poder hacerse un aborto libre”, apunta Grela.

La declaración de San Bernardo, cuyo primer borrador fue redactado por Coledesky y su colega ginecóloga argentina Zulema Palma, también proponía articular redes nacionales, regionales e internacionales para luchar por la legalización del aborto.

Varias de las feministas que estuvieron en el taller de San Bernardo recuerdan haber escuchado atentamente a sus compañeras de Brasil, acerca del potencial del misoprostol para suministrar abortos seguros.

En Brasil, farmacéuticos y mujeres habían descubierto en los años 80 que un efecto secundario de este fármaco, comercializado como Cytotec, son las contracciones uterinas, y el medicamento empezó a ser usado como píldora abortiva.

Este conocimiento se propagó boca a boca, y el misoprostol se convirtió en insumo esencial para las redes solidarias de aborto.

“Fue muy importante que ahí nos enteramos del uso del misoprostol. No sabíamos nada”, dice la epidemióloga argentina Mabel Bianco, de 80 años, dedicada a los derechos sexuales y reproductivos en la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer.

En 2005 la Organización Mundial de la Salud lo incluyó en su lista de medicamentos esenciales. Pero el acceso al misoprostol sigue siendo difícil para muchas mujeres de América Latina y de otras regiones, pese a la creciente cantidad de países que han liberalizado sus leyes sobre aborto.

Pañuelos verdes

En 2012, Uruguay fue el tercer país latinoamericano (luego de Cuba y Guyana) en despenalizar el aborto dentro de las primeras 12 semanas de gestación. En 2017, Chile puso fin a la prohibición total (que regía desde la dictadura de Augusto Pinochet) y autorizó los abortos en casos de violación, peligro de vida para la mujer e inviabilidad fetal.

La legalización del aborto en Argentina, a fines de 2020, dio impulso al activismo en otros países. Los pañuelos verdes – símbolo del movimiento argentino por la legalización – traspasaron fronteras y están de nuevo en las calles, tras el freno de la pandemia de COVID-19.

Aparecieron en Ecuador a inicios de este año, cuando la corte constitucional legalizó el aborto en casos de violación, tras una larga batalla de grupos feministas.

Y hace poco también se vieron en México, para celebrar que Veracruz e Hidalgo se convirtieron en el tercer y cuarto estados en legalizar las interrupciones del embarazo, y el fallo de la Suprema Corte de Justicia, que declaró inconstitucional la penalización de las mujeres que abortan.

Activistas por el aborto legal muestran sus pañuelos verdes en Buenos Aires, Argentina, en 2019 | Foto Arena LTDA / Alamy Stock Photo. Todos los derechos reservados.

La chilena Matamala dice que las feministas de su país volverán a lucir sus pañuelos verdes este 28 de septiembre, en una manifestación rodeando la sede la Convención Constitucional que está redactando una nueva carta magna. El órgano tiene a su consideración incluir en el texto el principio de autonomía sexual y reproductiva, e incluso el derecho al aborto.

Grela, en Uruguay, es menos optimista sobre el futuro. “La Iglesia Católica tranca todo. Las chilenas están luchando hace años. En Perú, el debate no hace mella. En Colombia […] ni se plantean una reforma legal”, dice.

En 1990, una de las más jóvenes en el taller de San Bernardo fue la salvadoreña Morena Herrera, que tenía 30 años y venía de formar parte de la guerrilla de su país, el Frente Farabundo Martí para la Liberación.

“Vi un papelito que decía debate sobre aborto y fui […] En aquel momento, no tenía idea de la gran trascendencia que ese encuentro iba a tener. Yo me enamoré del feminismo ahí”, cuenta Herrera.

Desde 2009, ella lidera la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto que lucha por sacar de prisión a decenas de mujeres criminalizadas en su país.

Tres décadas después de aquel encuentro, muchos países todavía le deben a las mujeres el derecho pleno a decidir sobre sus cuerpos. Estas feministas no se conformarán con menos.

FIN.

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Source: Abril 2008

  • La magnitud de la emergencia sanitaria provocó restricciones y cierres de los servicios de salud reproductiva durante meses.

En un comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación ante iniciativas de decretos, políticas públicas y leyes que generan obstáculos al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en la región. Estas situaciones también fueron registradas en los resultados del monitoreo La Salud Reproductiva es Vital (LSRV), realizado por el Consorcio Latinoamericano contra el aborto inseguro (CLACAI) sobre las restricciones que enfrentaron las mujeres para acceder a los servicios de salud reproductiva.

El monitoreo se basa en indicadores cuantitativos y cualitativos, a partir de otros ya existentes, de forma que se permita obtener un panorama de la situación de la región. Para acceder a la información, las organizaciones de cada país (Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, El Salvador) realizaron solicitudes de acceso a la información a entidades estatales sobre la provisión de servicios de salud reproductiva, entrevistas al personal sanitario y, entre otras metodologías, a usuarias de estos procedimientos.

Asimismo, la CIDH expresó su preocupación debido al incremento de la violencia sexual contra las mujeres, niñas y adolescentes durante la pandemia, lo cual, sumado a la falta de acceso a métodos anticonceptivos y a educación sexual integral, podría resultar en un incremento de embarazos no deseados, en especial de niñas y adolescentes. Estas situaciones también se evidenciaron en el monitoreo LSRV que hizo seguimiento a las prestaciones esenciales de salud reproductiva: atención perinatal, interrupción del embarazo, y provisión de métodos anticonceptivos.

Además, la CIDH destaca que, como consecuencia de la pandemia del COVID-19 y las medidas de contención, el acceso a los establecimientos, bienes y servicios de salud sexual y reproductiva se ha visto restringido. Al respecto, Susana Chávez, secretaria ejecutiva del CLACAI señaló que “la deuda pendiente de salud reproductiva no necesariamente ha empezado con la COVID-19, pero sí podemos decir que se ha agudizado en este periodo”.

En este sentido, la Comisión también señala que el incremento de la violencia sexual en el hemisferio en el contexto de la pandemia del COVID-19, requieren de una oferta de atención de salud integral hacia las mujeres sobrevivientes, incluida la atención psicológica, la anticoncepción de emergencia y la interrupción voluntaria del embarazo, cuando sea aplicable.

“Estamos en un momento clave para trabajar en que los Estados cumplan con sus obligaciones en materia de salud reproductiva. Tenemos la oportunidad histórica de colaborar, abrir el diálogo sobre la base de la evidencia para empezar a discutir en serio la salud reproductiva, no sólo como un tema sanitario, sino como derechos que deben ser garantizados como esenciales, aún en contextos de crisis”, enfatizó Susana Chávez.

Perú, agosto de 2021

Clacai
Consorcio Latinoamericano
contra el Aborto Inseguro

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Source: Abril 2008