De cara a los límites impuestos por la pandemia por COVID-19 a los servicios de aborto

Muy próximos a la orden de confinamiento dictada por las autoridades colombianas, Oriéntame abrió las puertas virtuales para la atención de la interrupción voluntaria del embarazo por telemedicina. Así, el 24 de marzo de 2020, ante la incertidumbre de movilidad y la ausencia de servicios en su territorio, Oriana (seudónimo asignado para mantener la confidencialidad), una mujer con 7 semanas de gestación, procedente de Villanueva Casanare fue la primera mujer atendida por la doctora Diana Díaz, misma que entrenaría a otros profesionales de salud en la iniciativa CLACAI – ‘La telemedicina en manos de todas’

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Fortalecer el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva a mujeres jóvenes en vulnerabilidad y disminuir los impactos del estrés laboral del personal de salud que brinda servicios de SSyR durante la pandemia del COVID-19.

En México y en todo el mundo, la pandemia de COVID-19 ha afectado drásticamente a las mujeres, especialmente a las que se encuentran en situación de vulnerabilidad, como las mujeres y jóvenes de zonas marginadas y rurales. Entre las diversas formas en que se han visto afectadas, las mujeres han experimentado una falta o reducción de información y acceso a servicios públicos de salud sexual y reproductiva (SSyR), como son la interrupción del embarazo, servicios amigables como la consejería sobre métodos anticonceptivos, tratamientos para ITS, entre otros temas, lo que resulta en un mayor riesgo para su salud, y en un aumento de embarazos no deseados (UNFPA, 2020). También se han incrementado las tasas de violencia contra las mujeres durante la cuarentena, especialmente la violencia contra mujeres y menores de edad dentro de los hogares (Secretaría de Gobernación, 2020). Al mismo tiempo el personal del sector salud que continúa brindando servicios de SSyR durante la pandemia ha experimentado un mayor estrés y ansiedad debido a COVID-19, lo que amenaza su salud y bienestar y puede conducir a una reducción en la calidad de la atención que reciben mujeres y niñas.

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Se pone en acción la red uruguaya de acompañamiento feminista en aborto LAS LILAS. Ni un paso atrás de lo conquistado.

En Uruguay han pasado más de 7 años de la promulgación de la Ley 18.987 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y en este periodo más de 65.000 mujeres abortaron en los servicios legales. La atención en salud sexual y reproductiva es parte de las prestaciones obligatorias que deben brindar las instituciones públicas y privadas del Sistema Nacional Integrado de Salud. La ley aprobada no despenaliza la práctica sino que incorpora plazos para no aplicación de la pena (12 semanas por voluntad de la gestante, 14 si es producto de violación y sin plazos si hay malformación fetal incompatible con la vida extrauterina o riesgo de vida para la embarazada). Los servicios legales de aborto funcionan bajo condiciones que deben cumplirse obligatoriamente para acceder a la interrupción que de no cumplirse se habilita el procesamiento penal quien no lo cumpla, quien acompañe así como a quien provea la interrupción. Además, no están amparadas por la ley las migrantes con menos de un año de residencia en el país y sólo pueden resolverlo en la clandestinidad quienes queden fuera de los plazos y condiciones estipuladas.

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La salud sexual y salud reproductiva no están en cuarentena

El 2020 ha sido un año complejo para los derechos sexuales y derechos reproductivos. La pandemia del COVID-19 no sol dio cuenta de las constantes dificultades que sufren las mujeres, niñas y jóvenes en materia de su salud sexual y salud reproductiva, es más, si sumamos las consecuencias de las largas cuarentenas que existieron a nivel mundial y que todavía están lejos poder de terminar, durante este periodo aumentaron los obstáculos y vulneraciones que venían sufriendo las personas gestantes en materia de sus derechos sobre sexualidad y reproducción.

Los sistemas de salud y las prioridades de los gobiernos se vieron en su totalidad enfocadas en prevenir y contener una posible crisis sanitaria relacionada al nuevo virus que azotaba al mundo. El resto de las prestaciones fueron dejadas de lado y puestas en segundo lugar, en especial aquellas sobre salud sexual y reproductiva, a pesar que las organizaciones mundiales definían y defendían este tipo de servicios como esenciales.

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