Muy próximos a la orden de confinamiento dictada por las autoridades colombianas, Oriéntame abrió las puertas virtuales para la atención de la interrupción voluntaria del embarazo por telemedicina. Así, el 24 de marzo de 2020, ante la incertidumbre de movilidad y la ausencia de servicios en su territorio, Oriana (seudónimo asignado para mantener la confidencialidad), una mujer con 7 semanas de gestación, procedente de Villanueva Casanare fue la primera mujer atendida por la doctora Diana Díaz, misma que entrenaría a otros profesionales de salud en la iniciativa CLACAI – ‘La telemedicina en manos de todas’

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En Uruguay han pasado más de 7 años de la promulgación de la Ley 18.987 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y en este periodo más de 65.000 mujeres abortaron en los servicios legales. La atención en salud sexual y reproductiva es parte de las prestaciones obligatorias que deben brindar las instituciones públicas y privadas del Sistema Nacional Integrado de Salud. La ley aprobada no despenaliza la práctica sino que incorpora plazos para no aplicación de la pena (12 semanas por voluntad de la gestante, 14 si es producto de violación y sin plazos si hay malformación fetal incompatible con la vida extrauterina o riesgo de vida para la embarazada). Los servicios legales de aborto funcionan bajo condiciones que deben cumplirse obligatoriamente para acceder a la interrupción que de no cumplirse se habilita el procesamiento penal quien no lo cumpla, quien acompañe así como a quien provea la interrupción. Además, no están amparadas por la ley las migrantes con menos de un año de residencia en el país y sólo pueden resolverlo en la clandestinidad quienes queden fuera de los plazos y condiciones estipuladas.

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