Los embarazos en adolescentes de 15 a 19 años sus repercusiones físicas y sociales, si bien se han abordado con políticas públicas e incluso investigaciones, dichos esfuerzos en Venezuela siguen siendo insuficientes por lo que en la actualidad seguimos observando embarazos tempranos. Ante esta situación, organizaciones como FALDAS-R, PLAFAM y CEDESEX, abocadas a la promoción en materia de DDSSRR, proponen y ejecutan programas como La Ruta Virtual de Formación en Sexualidad Juvenil #NiñasNoMadres. La ejecución de dicho programa se da en un contexto en el que la crisis sanitaria mundial a raíz de la Covid 19 generó condiciones de distanciamiento físico, dificultando la realización de cualquier tipo de actividad formativa en modo presencial. Durante la pandemia, embarazos tempranos, abortos inseguros y contagios de ITS siguen sucediendo, por lo que la educación y formación en el área de los DDSSRR y el empoderamiento femenino no deben detenerse. Por tanto, encontramos en la virtualidad una forma de canal para que niñas, adolescentes femeninas y mujeres jóvenes, sobre todo de zonas populares y vulnerables, tuvieran acceso a información oportuna, clara y segura sobre prevención y protección en materia de embarazos tempranos y abortos inseguros; de igual forma, acceso a herramientas para la detección y vías de denuncia de diferentes expresiones de violencia.

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Los embarazos en adolescentes de 15 a 19 años sus repercusiones físicas y sociales, si bien se han abordado con políticas públicas e incluso investigaciones, dichos esfuerzos en Venezuela siguen siendo insuficientes por lo que en la actualidad seguimos observando embarazos tempranos. Ante esta situación, organizaciones como FALDAS-R, PLAFAM y CEDESEX, abocadas a la promoción en materia de DDSSRR, proponen y ejecutan programas como La Ruta Virtual de Formación en Sexualidad Juvenil #NiñasNoMadres. La ejecución de dicho programa se da en un contexto en el que la crisis sanitaria mundial a raíz de la Covid 19 generó condiciones de distanciamiento físico, dificultando la realización de cualquier tipo de actividad formativa en modo presencial. Durante la pandemia, embarazos tempranos, abortos inseguros y contagios de ITS siguen sucediendo, por lo que la educación y formación en el área de los DDSSRR y el empoderamiento femenino no deben detenerse. Por tanto, encontramos en la virtualidad una forma de canal para que niñas, adolescentes femeninas y mujeres jóvenes, sobre todo de zonas populares y vulnerables, tuvieran acceso a información oportuna, clara y segura sobre prevención y protección en materia de embarazos tempranos y abortos inseguros; de igual forma, acceso a herramientas para la detección y vías de denuncia de diferentes expresiones de violencia.

La Ruta Virtual de Formación en Sexualidad Juvenil #NiñasNoMadres se lleva a cabo a través de la herramienta “Moodle” e incluye actividades prácticas empleando herramientas de comunicación digital con acceso a recursos educativos abiertos, materiales audiovisuales, descargables y enlaces externos. Además de la presente herramienta virtual, se implementa simultáneamente la aplicación WhatsApp para la realización de foros-chats. El rol educativo de les adultes significantes (madres, padres, representantes, docentes, personal de salud, trabajadores sociales y orientadores que acompañan a les adolescentes) en las instituciones educativas, el entorno familiar y social son determinantes. Por esta razón, en el marco de la Ruta Virtual, se facilita también la formación para empoderar a adultos y adultas significantes en el entendimiento y acompañamiento de adolescentes en el ejercicio de sus Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos para la prevención de embarazos en adolescentes y a temprana edad, de infecciones de transmisión sexual y de abortos inseguros en niñas y adolescentes, con especial énfasis en las más vulnerables.

Por consiguiente y para abarcar ambas poblaciones, se diseñaron dos cursos de 5 semanas de duración, a saber:

  • Orientación en Sexualidad Adolescente, Herramientas para el Acompañamiento: Dirigido a adultes significantes (madres, padres, representantes, docentes, personal de salud y enfermería, trabajadores sociales y orientadores).
  • Sexualidad y Empoderamiento Femenino Adolescente: Dirigido a adolescentes de 12 a 19 años.

El desarrollo de ambos cursos y sus respectivos programas profundiza en materia de DDSSRR para cada público meta: en el caso de las adolescentes busca la formación de promotoras teen que sean capaces de replicar dicha información en sus entornos sociales; y en el caso del curso para les adultes significantes, profundizar en las estrategias para el acompañamiento y orientación.

Dada la modalidad virtual de los cursos, fueron tomadas las siguientes acciones en la orientación y en el desarrollo de las actividades: ofrecer la información de la forma más clara, detallada y puntual, no sin dejar les formadores de mantenerse abiertes a la resolución de cualquier duda, valoración de observaciones, apreciaciones. Inicialmente, se inscribieron para el curso de adolescentes 102 participantes, y para el de adultes significantes 102. Al final de la formación fueron certificades respectivamente: 43 adolescentes y 56 adultes. La participación durante las actividades formativas se ha dado en un espacio de intercambio de opiniones y reflexiones en torno a los temas de embarazo temprano y no deseado, prevención de abortos inseguros, prevención e ITS, identificación de diferentes tipos de violencia machista y empoderamiento sobre DDSSRR.

Una de las principales dificultades acaecidas durante la ejecución de nuestro proyecto fue el alcance en las zonas más vulnerables, pues muchas personas participantes presentaron problemas de conectividad, de señal de internet o de acceso a energía eléctrica, situación mucho más acentuada en localidades rurales o empobrecidas. Y dicha situación ocasionó que algunes participantes abandonaran la formación incluso queriendo mantenerse en ella.

Alcanzar a un número importante de mujeres en todo el territorio nacional en este contexto de pandemia y bloqueo económico contra Venezuela, donde se ha vulnerado la calidad de los servicios básicos, la salud y calidad de vida de las mujeres, resulta ser nuestro mayor obstáculo en la actualidad.

Nos proponemos dar continuidad a esta primera experiencia, así como ampliar contenidos con las promotoras teen certificadas mediante esta metodología. Creemos oportuno ampliar la temporalidad de las actividades formativas, y así brindar mayor oportunidad a que personas de diversos territorios puedan tener acceso a las actividades e informaciones en la medida que el contexto lo posibilite, y que no exista una meta temporal inmediata que ponga un límite dicho acceso. Igualmente, se plantea un nuevo formato mixto, en el que lo presencial (con las respectivas medidas de bioseguridad) y lo digital se conjuguen para que los contenidos formativos tengan mayor alcance en las poblaciones de interés.

En conclusión, la experiencia de la Ruta Virtual como iniciativa pedagógica y formativa sobre DDSSRR en un contexto de pandemia y bloqueo, junto a la virtualidad del contexto ofreció herramientas para que en tal circunstancia, estas importantes informaciones puedan llegar de forma oportuna y clara a niñas y adolescentes. Se logró sensibilizar en torno al embarazo temprano y a los abortos inseguros a todes les participantes de ambos cursos. Al mismo tiempo, se brindó información a todes les participantes sobre cómo un embarazo temprano y/o un aborto inseguro pueden retrasar o frustrar los planes de vida de las niñas, adolescentes y jóvenes. Estimamos que además de les participantes certificades, las formadoras teen replicarán con sus familias, comunidades, centros de estudios o actividades formativas sobre todos los contenidos referidos al ejercicio de los DDSSRR durante el curso. Con énfasis en la prevención y protección.

Artículo final en el marco de la subvención otorgada por Clacai a FALDAS-R y CEDESEX, VENEZUELA.

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Source: Abril 2008

En los últimos años en Costa Rica la Interrupción Terapéutica del Embarazo ha sido un tema de debate nacional. En el año 2015 el Estado costarricense llegó a un acuerdo amistoso con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y dos mujeres que años atrás habían demandado a Costa Rica luego de ser obligadas a llevar a término sus embarazos incompatibles con la vida extrauterina. El acuerdo comprometía al Estado a hacer explícitos los procedimientos para aplicar el contenido del artículo 121 del Código Penal, a través de la promulgación de un decreto de Norma Técnica.

El artículo 121 del Código Penal, aprobado en el año 1970, establece que no es punible “el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y éste no ha podido ser evitado por otros medios”. Sin embargo, esta disposición no se ha aplicado en el país al no contar con una guía que estandarice el proceso y los procedimientos a seguir en los casos en que la interrupción se considere necesaria.

Luego de cuatro años de que el Estado costarricense aplazara la firma de la Norma, en diciembre del año 2019, el Presidente Carlos Alvarado firma su propuesta de Norma Técnica, la cual señala que para su aplicación deben aprobarse protocolos que hagan ejecutable sus contenidos en los centros de salud públicos y privados. Esta propuesta no fue el resultado de un proceso de consulta con organizaciones feministas y el texto se hizo público solamente dos días antes de su firma.

Es en este contexto que alrededor de la Interrupción Terapéutica del Embarazo han circulado informaciones falsas, se han presentado escenarios improbables y sobre todo se han dirigido mensajes de descalificación y ridiculización a grupos feministas y sus demandas específicas sobre salud sexual y reproductiva. La multiplicación de estos discursos se ha visto amplificada por la avanzada de grupos fundamentalistas religiosos en la política electoral, tanto en el país como en la región, que como parte de sus estrategias discursivas buscan desligar estas demandas específicas de las mujeres del marco de los derechos humanos.

Con la intención de abrir espacios de diálogo y compartir información veraz, laica y científica desde un enfoque de derechos que ayude a fortalecer los niveles de información de mujeres y otras personas con capacidad de gestación desde la Colectiva por el Derecho a Decidir impulsamos el proyecto “El ABC de la ITE (Interrupción Terapéutica del Embarazo)”.

Como parte de este proyecto construimos una propuesta metodológica y de contenido para una serie de talleres virtuales. Para la Colectiva este proceso implicó el ejercicio de recuperar parte de la lucha y el trabajo de investigación, generación de conocimiento e incidencia que venimos realizando desde hace muchos años, pero principalmente los importantes esfuerzos que hace más de 10 años llevamos a cabo para consolidar las propuestas para una “Guía de Atención para la Interrupción Terapéutica del Embarazo” y una “Guía de Procedimientos para la Interrupción Terapéutica del Embarazo”.

La propuesta de contenido para los talleres se centró en los conceptos básicos para comprender los procedimientos relacionados con la ITE, así como información sobre la situación en Costa Rica, ambos temas presentados a la luz de historias ficticias. Llevamos a cabo 4 talleres virtuales en los que participaron alrededor de 50 mujeres y personas con capacidad de gestar con edades entre 20 y 70 años, de diferentes lugares del país, integrantes de organizaciones universitarias, organizaciones feministas y grupos de mujeres, así como lideresas comunitarias de zonas rurales y urbanas.

Los talleres fueron un espacio importantísimo para la discusión y el intercambio de reflexiones y preguntas en torno a la ITE y nos dieron la posibilidad de entrar en contacto con organizaciones y grupos de mujeres fuera del Gran Área Metropolitana, con quienes posiblemente hubiese sido más difícil coincidir en una modalidad presencial.

Paralelo a los talleres, trabajamos en la construcción de un material didáctico complementario al proceso de facilitación, realizando un ejercicio de consulta y escucha con otras mujeres sobre sus inquietudes, conocimientos, fuentes de información y reflexiones alrededor de la ITE para repensar en clave pedagógica los contenidos más propicios para comunicar y generar reflexiones en torno al tema.

Como resultado graficamos una de las historias de los talleres en formato cómic. La historia de Susana nos dio la posibilidad de evidenciar las barreras que enfrentamos para acceder a la ITE en el país y lo que este largo proceso implica en nuestras vidas. Integramos al material los conceptos clave, información del contexto país, así como preguntas para la reflexión y discusión que puedan apoyar los procesos de diálogo. El material se titula “Aprendiendo Juntas sobre la Interrupción Terapéutica del Embarazo” y está disponible en nuestra página web.

Siguiendo la misma línea gráfica del material didáctico imprimimos 150 bolsos de tela blanca y stickers con la frase “La Interrupción Terapéutica del Embarazo es mi derecho”, productos que potencian la visibilidad del mensaje más allá de lo virtual. A cada participante del taller le enviamos a través de servicio de correos el bolso con el material didáctico, stickers y otros materiales de la Colectiva. Además, desarrollamos diverso material audiovisual. Se produjo el video la historia de Susana, a partir del cual se derivaron otros productos para redes sociales y mensajes de Whatsapp; que han tenido una gran receptividad, posicionando y problematizando los temas a través de narrativas que refuercen la visión de los Derechos Humanos.

 

 

Durante el periodo de ejecución del proyecto, el protocolo para la Interrupción Terapéutica del Embarazo, incluído en la Norma Técnica como necesario para su implementación, no había sido aprobado por el Ministerio de Salud, por lo que en el marco de esta iniciativa emitimos un comunicado exigiendo su aprobación y señalando que su retraso es una clara forma de violencia institucional que evidencia la inacción total de un Estado indiferente ante la vida y la salud integral de las mujeres y las personas con capacidad de gestar.

Desde la Colectiva entendemos que este esfuerzo ha sido importante para fortalecer la capacidad de mujeres y personas con capacidad de gestar para demandar la garantía de sus DSR, así como visibilizar la lucha que organizaciones y colectivas hemos llevado adelante para el ejercicio pleno de estos derechos.

 

Artículo final en el marco de la subvención otorgada por Clacai a la COLECTIVA POR EL DERECHO A DECIDIR, COSTA RICA.

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Source: Abril 2008

En los últimos años en Costa Rica la Interrupción Terapéutica del Embarazo ha sido un tema de debate nacional. En el año 2015 el Estado costarricense llegó a un acuerdo amistoso con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y dos mujeres que años atrás habían demandado a Costa Rica luego de ser obligadas a llevar a término sus embarazos incompatibles con la vida extrauterina. El acuerdo comprometía al Estado a hacer explícitos los procedimientos para aplicar el contenido del artículo 121 del Código Penal, a través de la promulgación de un decreto de Norma Técnica.

El artículo 121 del Código Penal, aprobado en el año 1970, establece que no es punible “el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y éste no ha podido ser evitado por otros medios”. Sin embargo, esta disposición no se ha aplicado en el país al no contar con una guía que estandarice el proceso y los procedimientos a seguir en los casos en que la interrupción se considere necesaria.

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En los últimos 10 años, Uruguay ha experimentado un gran avance en la agenda de derechos, construyendo un marco normativo robusto que fue facilitado por la conjunción de diferentes actores, como la academia, movimientos feministas, parlamentarias, profesionales de salud, que permitieron concretar este proceso y hacer que Uruguay sea uno de los pocos países de la región que permite la interrupción voluntaria del embarazo.

La regulación uruguaya reconoce el derecho al aborto a demanda durante las primeras 12 semanas de gestación (Ley 17.823), mantiene las causales de despenalización durante el resto de la gestación (salud de la mujer o malformaciones fetales incompatibles con la vida) y hasta las 14 semanas en caso de violencia sexual, reconociendo el respeto por la autonomía progresiva y confidencialidad de las consultas de niñas y adolescentes sin distinción hasta los 18 años. No obstante, al igual que otros países de la región, persisten brechas e inequidades que afectan el ejercicio de los derechos, particularmente los sexuales y reproductivos en mujeres, niñas y adolescentes.

En 2019, se registraron 10227 interrupciones voluntarias de embarazos, de las cuales 35 corresponden a menores de 15 años, es decir, un 0,43% del total de las interrupciones. A su vez, en el mismo período se registraron 83 nacimientos de madres niñas de 14 años o menos. Si bien esta cifra, en términos cuantitativos, no parece ser elevada, la misma resulta significativa para un país con una tasa de fecundidad global por debajo del nivel de reemplazo poblacional, de 1,8 hijos por mujer y por el impacto crítico que tiene en la salud, el bienestar, el curso de vida y la posibilidad de ejercicio de sus derechos. Aun teniendo esto en cuenta, las estadísticas y los reportes del Estado son poco claros, resultando en que esta realidad se invisibiliza entre las cifras de embarazo adolescente.

Para Iniciativas Sanitarias (IS), una asociación civil de profesionales de la salud comprometidos con la promoción del derecho humano a la salud como bien social, en la teoría y en la práctica, y específicamente la salud sexual y reproductiva y salud integral de la mujer, esto es una preocupación. A partir de esto, surge la necesidad de analizar las barreras destacadas por los equipos de los servicios de salud sexual y reproductiva y operadores de justicia de Montevideo para el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en niñas y adolescentes menores de 15 años, teniendo en cuenta el rol clave que estos actores tienen en la ruta de atención y abordaje de esta problemática.

Es así que llevamos adelante el proyecto “Barreras Invisibles” donde a partir del análisis y registro de normativas, recursos, y el relato de operadores de justicia y personal de salud, fue posible caracterizar el embarazo y maternidad infantil e identificar las barreras de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo para menores de 15 años.

La evidencia estaría indicando que existen barreras específicas para las NyA<15 (además de las que afectan a todas las mujeres) para el acceso al IVE, más allá del contexto habilitante de la ley. Estas barreras refieren, en primer lugar, a factores relacionados a la experiencia específica del aborto y el contexto en el que se da el embarazo (como producto de violencia sexual o relaciones consentidas), así como factores individuales y del contexto familiar (especialmente la madurez y autonomía progresiva de NyA y la prevalencia de la violencia intrafamiliar y basada en género), y a construcciones sociales sobre el embarazo, la maternidad y el aborto, y el impacto de ellas sobre la vida y el desarrollo de NyA.

A partir de la identificación de barreras de acceso al IVE para  NyA<15 realizada, entendemos que el abordaje del embarazo y maternidad infantil forzado plantea ciertos desafíos, requiriendo enfoques integrales, interseccionales, transversalizados por una perspectiva de género y derechos humanos, que aborden los factores determinantes estructurales subyacentes (como la desigualdad de género, la pobreza, la violencia y la coacción sexual, el matrimonio infantil, comercio sexual, las presiones sociales, la exclusión de oportunidades educativas y laborales, y las actitudes negativas y los estereotipos con respecto a las niñas y adolescentes) que tengan en cuenta el papel que cumplen las masculinidades, y que desarrollen el capital humano de las NyA, centrándose en la capacidad de tomar decisiones sobre sus vidas y presenten oportunidades reales de proyectos de vida más allá de la maternidad.

A partir de estos insumos, se generó una estrategia de comunicación con diversos productos que sirven para visibilizar el embarazo en la infancia como una vulneración de derechos y una responsabilidad del Estado.

El mapeo y registro de normativas da cuenta de que Uruguay cuenta con un robusto cuerpo de normativas para la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes y garantía de sus derechos sexuales y reproductivos, pero solo 8 de ellas se pueden caracterizar como transformadoras de las desigualdades de género. Esto es relevante porque la principal barrera que detectamos refiere a las construcciones sociales y culturales que las personas y las instituciones asumen sobre la maternidad, el género y las infancias.

En tal sentido, consideramos que es fundamental insistir en la sensibilización de los equipos técnicos para el abordaje del embarazo no intencional en la infancia como producto de la violencia estructural basada en género que vulnera los derechos y afecta la salud física, emocional y social de niñas y adolescentes. Asi también debemos continuar fortaleciendo el abordaje del aborto desde una perspectiva integral e interseccional de salud.

La violencia a la que están sometidas las niñas y adolescentes es una vulneración a sus derechos, resaltando las diferencias de poder y limitando su autonomía.

Hagamos visible lo invisible. Escuchemos a las infancias.

 

 

Artículo final en el marco de la subvención otorgada por Clacai a INICIATIVAS SANITARIAS, URUGUAY.

La entrada Hagamos visible lo invisible: Barreras en el acceso al aborto para menores de 15 años en Uruguay. se publicó primero en Clacai: Consorcio Latinoamericano contra el aborto inseguro.

Source: Abril 2008

En los últimos 10 años, Uruguay ha experimentado un gran avance en la agenda de derechos, construyendo un marco normativo robusto que fue facilitado por la conjunción de diferentes actores, como la academia, movimientos feministas, parlamentarias, profesionales de salud, que permitieron concretar este proceso y hacer que Uruguay sea uno de los pocos países de la región que permite la interrupción voluntaria del embarazo.

La regulación uruguaya reconoce el derecho al aborto a demanda durante las primeras 12 semanas de gestación (Ley 17.823), mantiene las causales de despenalización durante el resto de la gestación (salud de la mujer o malformaciones fetales incompatibles con la vida) y hasta las 14 semanas en caso de violencia sexual, reconociendo el respeto por la autonomía progresiva y confidencialidad de las consultas de niñas y adolescentes sin distinción hasta los 18 años. No obstante, al igual que otros países de la región, persisten brechas e inequidades que afectan el ejercicio de los derechos, particularmente los sexuales y reproductivos en mujeres, niñas y adolescentes.

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Los pueblos Indígenas en Bolivia suelen tener acceso limitado o nulo a cualquier tipo de atención en salud. Las vulnerabilidades se asientan aún más en servicios de Salud Sexual y Salud Reproductiva, lo que se traduce en un promedio de 4 a 6 hijos por mujer en dichas comunidades y una alta tasa de mortalidad, sin dejar de lado el alto índice de embarazo adolescente.

De esta manera Marie Stopes Bolivia en trabajo coordinado con la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (CIRABO) y la Red de Salud 7 a cargo del Servicio Departamental de Salud de (SEDES) Beni se trasladaron a las Comunidades, donde se brindó el acceso informado a métodos anticonceptivos en la Comunidad Indígena Tacana.

Los Tacanas, Takanas o Totonas son un pueblo indígena originario de la Amazonía de Bolivia (Beni). Sus actividades económicas giran en torno a la agricultura, la caza, la pesca y la recolección.

Entrevistamos a Paby Melgar, enfermera y proveedora de servicios de nuestro Consultorio para Jóvenes de Riberalta, quien viajó con la Unidad Móvil a los municipios: Victoria, Rosario, Recreo, Carmen Alto, Alta Gracia, Tablero, Santa Elena y Triunfo.

“Nos trasladamos a las comunidades con personal de salud del SEDES, tuvimos que viajar entre 4 a 5 horas para llegar a cada lugar, primero viajábamos por tierra en la camioneta, después algunas rutas en moto y pasábamos en canoas algunos ríos, fue muy difícil llegar a nuestro destino pero lo logramos” indica Paby Melgar.

“Llegábamos a las Comunidades y el Capitán Mayor (Jefe de la Comunidad) reunía a las mujeres del pueblo en un espacio, les brindábamos información sobre la importancia del Derecho a poder decidir cuándo y cuántos hijos tener. Nos encontramos con desinformación en las mujeres, además pensamientos y miedos propios de su cultura, las que dificultaban el hecho de que las mujeres decidan optar por un método anticonceptivo” afirma Paby.

“Tengo 45 años soy madre de ocho hijos, el menor tiene un mes de nacido” señala una de las mujeres atendidas. “Tengo 16 años de edad y tengo dos hijos” indica otra. “Tengo 26 años y tuve 6 partos”. “Tengo miedo que mi marido me diga algo si uso un método” en contraparte su hija (que también era parte del público al que brindábamos la sesión informativa) le responde “Mamá cuídese”. “Tengo 13 años y ya tengo un hijo”… son algunos testimonios de las mujeres de los pueblos.

“Es difícil convencer a las mujeres optar por algún método anticonceptivo porque la cultura de los pueblos impedía que ellas pueden tomar decisiones sin antes preguntar a sus parejas pero toda la información que dimos estaba orientada a las decisiones individuales” indica Paby. Otras de las dificultades era que el 80 por ciento de la población que se visitó en las Comunidades tenía COVID-19, la situación era preocupante, familias enteras contagiadas, pero se cumplió el trabajo con todas las normas de bioseguridad.

Un logro importante fue la coordinación con instituciones aliadas como el Ministerio de Salud, SEDES Beni y CIRABO, tanto en las comunidades indígenas como en áreas urbanas. Ministerio de Salud dono 200 implantes subdérmicos para la atención en el Beni; SEDES dispuso los espacios y personal necesario durante las atenciones y CIRABO autorizo nuestro ingreso a las tierras comunitarias de origen (TCO) que de otro modo no era posible hacerlo.

La presencia de COVID-19 en el departamento de Beni, fue un reto para el equipo que proveyó servicios en comunidades indígenas y la ciudad de Trinidad. La disponibilidad y el uso de los EPP fue fundamental, así como la aplicación de un protocolo de cuidados sanitarios que permitió minimizar riesgos de contagio

“Lo que más me gratificó fue el poder ayudar a las mujeres a que tomen decisiones informadas, una se siente muy bien consigo misma por llegar a lugares de difícil acceso geográfico, alcanzamos nuestro objetivo… poder brindar servicios a personas que más lo necesitan” expresó Paby.

 

Sesión de orientación a un grupo de mujeres en la Comunidad Indígena “Carmen Alto”

 

Artículo final en el marco de la subvención otorgada por Clacai a MARIE STOPES BOLIVIA, BOLIVIA.

La entrada Acceso oportuno a métodos anticonceptivos dirigido a mujeres vulnerables del departamento de Beni, en tiempos de COVID-19. se publicó primero en Clacai: Consorcio Latinoamericano contra el aborto inseguro.

Source: Abril 2008

Los pueblos Indígenas en Bolivia suelen tener acceso limitado o nulo a cualquier tipo de atención en salud. Las vulnerabilidades se asientan aún más en servicios de Salud Sexual y Salud Reproductiva, lo que se traduce en un promedio de 4 a 6 hijos por mujer en dichas comunidades y una alta tasa de mortalidad, sin dejar de lado el alto índice de embarazo adolescente.

De esta manera Marie Stopes Bolivia en trabajo coordinado con la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (CIRABO) y la Red de Salud 7 a cargo del Servicio Departamental de Salud de (SEDES) Beni se trasladaron a las Comunidades, donde se brindó el acceso informado a métodos anticonceptivos en la Comunidad Indígena Tacana.

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Em 2016 e 2017 vivemos a epidemia do vírus Zika, até hoje não superada pelos já sucateados sistemas públicos de saúde e de assistência social, com impactos negativos para a vida e saúde de milhares de mulheres e crianças brasileiras. O estado de Pernambuco foi um dos mais atingidos. Uma situação de alerta sanitária num ambiente de precárias condições de vida e de saúde. Como uma cebola, são camadas e camadas de barreiras e elementos estruturadores da miséria: patriarcado, racismo, classismo, misoginia.

A pandemia do COVID-19, quatro anos depois, nos pega no meio de uma crise econômica e política sem precedentes depois da ascensão ao poder de seres e séquitos que são a personificação da barbárie, forma-se então outra camada da cebola: a camada do fascismo. O mapa da fome voltou a crescer e a situação de desigualdade social e econômica torna-se mais visível. Estamos vivendo um avanço do conservadorismo em todas as esferas de poder, ameaças constantes às conquistas e direitos, alguns já consolidados e outras se consolidando. Neste cenário o poder corrosivo da pandemia nos serviços de saúde sexual e reprodutiva toma sua forma mais violenta.

As meninas e mulheres novamente são as que mais sofrem os prejuízos do isolamento e distanciamento social com a maior exposição ao contato diário e intensificado com seus agressores. Há relatos de aumento entre 50% a 30% de casos registrados de violência doméstica. Mesmo antes dessa situação, no Brasil, a cada 20 minutos, uma menina de até 18 anos foi vítima de estupro (Fonte: Anuário da Violência). Entre 2011 e 2016 mais de 3.000 meninas até 14 anos foram estupradas e engravidaram no Brasil. Só em 2018 mais de 1.800 meninas até 14 anos, estupradas foram internadas por complicações de aborto (Fonte: Sistema de Informação em Saúde/DATASUS). Se antes da pandemia apenas perto de 10% das mulheres que foram violentadas procuravam os serviços de saúde, nesse momento estima-se que caia essa porcentagem por medo da contaminação e por dificuldades de saírem de casa.

Para agravar a situação, o Ministério da Saúde suspendeu uma Norma Técnica de Emergência que tratava de incluir os serviços de saúde sexual e reprodutiva na lista de serviços essenciais. Além de anular a Norma Técnica, por pressão dos setores mais conservadores do (des) governo, foram demitidos técnicos e chefias há anos e por isso, ainda podiam garantir a continuidade de ações essenciais, como distribuição de medicamentos e insumos para saúde sexual e reprodutiva.

Outro aspecto é o da reorganização do sistema de saúde, com serviços, leitos e mesmo maternidades inteiras disponibilizadas para o atendimento a infectados por Covid-19. Por consequência, houve suspensões ou piora dos serviços de pré-natal e de planejamento reprodutivo e a crônica superlotação nas maternidades de alto risco. Somando-se à privação de direitos conquistados, por exemplo, como a presença de acompanhante na hora das consultas e parto, oferta de métodos de longa duração, como o DIU de Cobre, aborto legal, vimos, gestantes e puérperas chegando em estado grave nos postos de atendimento por adiarem a ida por medo de contaminação. Através do Comitê de Estudos da Mortalidade Materna de Recife, capital de nosso estado de Pernambuco, vimos o aumento de mortes maternas, principalmente no puerpério imediato. Se em 2019 tivemos 11 óbitos maternos, este ano até outubro foram 24 mulheres mortas sendo nove confirmadas por Covid-19, até 30 de novembro, dessas mais de 90% de mulheres negras.

Segundo os profissionais e gestores participantes dos Fóruns de Serviços de Aborto Legal de Pernambuco, houve e ainda está havendo diminuição da demanda de atendimentos. Em um serviço, por exemplo, no primeiro trimestre de 2020 foram 100 atendimentos, já no segundo trimestre foram 45 atendimentos, uma redução de mais de 50% dos primeiros atendimentos para a vítima de violência, incluindo sexual. As consultas de retorno (segunda consulta) tiveram redução em 80% nesses mesmos meses!

As investidas do (des) governo federal contra o direito ao acesso ao aborto legal através de portarias que confundem e impõem mais barreiras às mulheres e meninas, tem sido rotineiras. Essas investidas foram mais fortes depois de termos conseguido o acesso ao aborto legal da menina de 10 anos do estado do Espírito Santo, mesmo com todo o empenho da Ministra Damares para impedir. A menina e sua avó vieram para Recife, onde tiveram garantidos seus direitos. Uma semana depois do acontecimento, o Ministério da Saúde aplicou portaria obrigando o boletim de ocorrência policial para realizar o aborto legal, a exigência da mulher/menina ver e ouvir a ultrassonografia antes do procedimento, entre outras exigências com requintes de crueldade. Entramos então como Amicus Curiae numa ampla ação coletiva e estratégica de judicialização através do Supremo Tribunal Federal apoiando a Ação de Descumprimento de Preceitos Fundamentais de No. 737 que exige que seja suprimida por completo essa portaria. Nova portaria foi editada, retirando a ultrassonografia obrigatória, mas mantendo a denúncia por parte de profissionais de saúde ao sistema policial. A ação segue no Supremo Tribunal que já interpelou o Ministério da Saúde a responder a algumas questões.

Esse projeto foi muito importante, pois atuou em várias frentes e com os objetivos bem definidos sobre a utilização da comunicação como instrumento de conquistas e de defesa de direitos e como fortalecimento das estruturas que estão funcionando e que resistem ao cenário obscurantista que vivemos. Foram mulheres de 16 estados das regiões Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro Oeste do Brasil que acessaram os serviços de Vera e que obtiveram informação segura e pelo menos 21 delas tiveram acesso ao serviço de aborto legal. Foram reuniões e fóruns virtuais onde podemos aproximar e possibilitar a troca entre profissionais e gestores. Um dos resultados mais consistentes foi a formação do grupo elaborador do Protocolo Estadual de Atendimento ao Aborto Legal, uma forma de blindarmos e darmos segurança aos profissionais e mais um recurso para a qualificação da atenção.

Vimos que ao manter campanhas nas redes e o tema em pauta na mídia, conseguimos aumentar a demanda das pessoas que estão em necessidade, mas não sabem, não conhecem seus direitos.

Além disso, através de parcerias com outras organizações foi possível ampliar nossa capacidade de articulação, fortalecendo a ideia de que as ações coletivas são fundamentais para que possamos criar formas de resistir e de avançar em pequenos e consistentes passos seja investindo duramente na comunicação com as mulheres, seja trabalhando diretamente com os profissionais que estão atendendo as meninas e mulheres.

 

Por Paula Viana, enfermeira, arteterapeuta e uma das coordenadoras do Grupo Curumim.

 

Artículo final en el marco de la subvención otorgada por Clacai a GRUPO CURUMIN, BRASIL.

La entrada A comunicação segura como facilitador ao acesso aos DSDR em tempos de COVID-19 se publicó primero en Clacai: Consorcio Latinoamericano contra el aborto inseguro.

Source: Abril 2008

Em 2016 e 2017 vivemos a epidemia do vírus Zika, até hoje não superada pelos já sucateados sistemas públicos de saúde e de assistência social, com impactos negativos para a vida e saúde de milhares de mulheres e crianças brasileiras. O estado de Pernambuco foi um dos mais atingidos. Uma situação de alerta sanitária num ambiente de precárias condições de vida e de saúde. Como uma cebola, são camadas e camadas de barreiras e elementos estruturadores da miséria: patriarcado, racismo, classismo, misoginia.

A pandemia do COVID-19, quatro anos depois, nos pega no meio de uma crise econômica e política sem precedentes depois da ascensão ao poder de seres e séquitos que são a personificação da barbárie, forma-se então outra camada da cebola: a camada do fascismo. O mapa da fome voltou a crescer e a situação de desigualdade social e econômica torna-se mais visível. Estamos vivendo um avanço do conservadorismo em todas as esferas de poder, ameaças constantes às conquistas e direitos, alguns já consolidados e outras se consolidando. Neste cenário o poder corrosivo da pandemia nos serviços de saúde sexual e reprodutiva toma sua forma mais violenta.

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