Construyendo consensos: Tensiones entre la confidencialidad de la atención y el deber de denunciar los casos de abuso de niñas y adolescentes

En Argentina el aborto se encuentra regulado bajo un sistema de causales en el artículo 86 del Código Penal de la Nación, el que establece las circunstancias en que las mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes pueden acceder a un aborto legal. Las causales previstas son: que el embarazo constituya un peligro para la salud o la vida de la mujer, o que haya sido producto de una violación. Pese a que el Código Penal no establece requisitos ni exigencias específicas en caso de que quienes quieran acceder a esta práctica sean niñas o adolescentes, existen otras normas locales aplicables a profesionales de la salud y a personas menores de 18 años que han sido víctimas de delitos contra la integridad sexual que, en determinadas circunstancias, se han identificado como posibles obstáculos para el acceso a abortos legales.

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El derecho de las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual y los deberes de los servidores públicos

El Foro Regional por los Derechos Sexuales y Reproductivos Arequipa (FORDES) espacio identificado con la defensa de los derechos sexuales y reproductivos desde hace 12 años, realiza acciones de incidencia política que permitan favorecer una salud sexual y reproductiva sana y responsable de la población, en especial de las niñas, adolescentes y mujeres de la Región Arequipa-Perú. Con el apoyo de CLACAI desarrollo una iniciativa local “Acceso al aborto legal para menores de 15 años víctimas de violencia sexual”, que tiene como objetivo promover una mejor calidad de atención a víctimas de violación sexual menores de 15 años que resulten embarazadas, para que accedan a la interrupción legal del embarazo según marco legal peruano.

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Capacitación a proveedores de Aborto Seguro en la NOM 046 y en la aplicación del protocolo de atención de Aborto Seguro para adolescentes y niñas menores de edad

Contexto: México ocupa el primer lugar de embarazo adolescente, dentro de los países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ya que uno de cada cinco embarazos es en jóvenes que no alcanzan la mayoría de edad.

Los nacimientos en mujeres adolescentes y niñas mexicanas, con respecto al total, se dan primordialmente en municipios con grado de marginación muy alto (21.36%) o alto (19.47%). Según cifras publicadas recientemente por IPAS, en 2016 se registraron 11,808 nacimientos entre niñas de 10 a 14 años en México.

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El embarazo en la adolescencia: Problematizando el concepto y garantizando el acceso a los derechos sexuales y reproductivos

En Argentina, cada año alrededor de 3.000 partos corresponden a niñas y adolescentes menores de 15 años. Debemos poner el acento en esta temática, no sólo porque el embarazo en esas edades tempranas representa un gran riesgo de complicaciones sino porque a menor edad mayor es la probabilidad de que se trate de abuso sexual.

Esta situación, no sólo pone de relieve la falta de acceso de las niñas y adolescentes a recursos y servicios que les permitan ejercer sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos, sino que además constituye en sí mismo una barrera para que las niñas ejerzan otros derechos. Esto produce amplio impacto en la vida de las adolescentes y generaciones subsiguientes. (Programa de Salud Integral de la Adolescencia del MSN, 2017)

Enormes inequidades rodean esta temática. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) tiene una de las tasas de fecundidad en la adolescencia más baja del país, pero en la misma hay diferencias de casi 8 puntos entre la Comuna más pobre y la más rica. Es en la zona sur de la ciudad donde ese problema se hace más evidente y allí se concentran una gran cantidad de equipos de salud que pueden mejorar la respuesta en SSyR.

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Jóvenes, mujeres y derechos: un impulso necesario

En septiembre del año 2019, Chile cumple dos años de la aprobación de la ley que permite interrumpir el embarazo en tres causales. Pero como bien se presentía antes de su puesta en marcha, la implementación de dicha ley ha sido un desafío complejo de enfrentar. Según datos del MINSAL, a la fecha de diciembre 2018, 769 mujeres accedieron a la ley y un 86,6% optó por interrumpir el embarazo. Casi 800 mujeres pareciera ser un número alto, pero al contrarrestarlo con la estimación de casos hecha por el ministerio de salud -que llega casi a los 3000 casos por año- el alcance ha sido bastante menor. Y un año después, el panorama sigue siendo el mismo.

Los principales obstáculos que enfrentan las mujeres al momento de querer acceder a este derecho, es la falta de información y la objeción de conciencia, tanto la declarada como la no declarada. Si agregamos la influencia del estigma y la penalización social ligada al aborto, las mujeres que finalmente logran ejercer su derecho, al menos en estas 3 causales, es muy bajo. Y esto no es todo, dado que la mayoría de las mujeres que deciden por no seguir con su embarazo se encuentran fuera de estas tres limitadas opciones.

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¿Qué hemos aprendido con el proyecto “Haciendo realidad la justicia reproductiva en México para mujeres indígenas y/o rurales a través del aumento de información sobre aborto seguro”?

Desde agosto de 2019, Balance a través de su Fondo de Aborto para la Justicia Social MARIA, lanzó el proyecto “Haciendo realidad la justicia reproductiva en México para mujeres indígenas y/o rurales a través del aumento de información sobre aborto seguro” con los objetivos de incrementar, en zonas rurales y/o indígenas, los materiales de información y comunicación sobre aborto seguro, sexualidad y derechos entre adolescentes y mujeres, y aumentar el número de adolescentes y mujeres residentes de estas zonas que acceden a información para la atención integral del aborto seguro.

A pesar de que en el último año el tema de aborto se ha posicionado en la agenda política y social en México, las acciones de activistas y organizaciones han estado centradas en las capitales de las 32 entidades o en cabeceras municipales, en zonas urbanas y a través de redes sociales, lo cual significa un nivel de tecnología que no todo el país tiene.

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Hablan las hijas: Un llamado a la insurgencia

Con mis hijos no te metas es, tal vez, la iniciativa de adoctrinamiento más organizada y de características fundamentalistas que quienes nacimos en los años noventas podemos recordar. En 1993, año en que las coordinadoras de Serena Morena nacimos, el líder del grupo terrorista Sendero Luminoso, el construido como demonio del siglo pasado, llamado Abimael Guzmán, alias “El cachetón”, ya estaba preso. Vivimos el auge de la falsa paz. Vimos también el juicio televisado al supuesto pacificador, Alberto Fujimori. Nos contaron que con esto algo había regresado a la normalidad. Pensamos que tenían razón.

Tuvieron que pasar algunos años para que descubramos que no.

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El acceso de niñas y adolescentes a su derecho a la interrupción legal del embarazo en las provincias más conservadoras y antiderecho

El aborto en Argentina es un problema de salud pública que afecta la vida de las mujeres y personas con capacidad de gestar. A pesar de los avances en el acceso a la interrupción legal del embarazo, el aborto inseguro sigue siendo en las estadísticas primer causa de muerte materna, debido a las barreras y obstáculos que existen en el acceso al aborto legal, lo que muestra la existencia de la desigual social del  aborto en Argentina, siendo las provincias del norte del país donde las mujeres se encuentran con mayores dificultades para acceder a la información de la practica de un aborto seguro y a su acceso en los servicios de salud. Esta desigualdad social del acceso al aborto en Argentina afecta principalmente a niñas y adolescentes. Cada año, cerca de 3.000 niñas y adolescentes menores de 15 años se convierten en madres, situación que requiere una mirada especial, no sólo por el riesgo de mayores complicaciones físicas que representa el embarazo a tan temprana edad, sino porque a menor edad mayor es la probabilidad de que el embarazo sea producto de un abuso sexual.

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Campaña “Madre si yo decido”

Venezuela se encuentra en una situación de Emergencia Humanitaria Compleja sin precedentes en el país y en la región, caracterizada, entre otros factores, por el colapso del sistema de salud pública. En materia de salud sexual y reproductiva se registra una escasez de métodos anticonceptivos por el orden del 85% en todo el país, los servicios de salud sexual y reproductiva han desaparecido o funcionan de forma deficiente -incluyendo aquellos creados para la atención de adolescentes-, las cifras de embarazos entre adolescentes aumenta. El Código Penal venezolano prohíbe el aborto en sus diversas formas, excepto para salvar la vida de la parturienta (aborto terapéutico) y sólo disminuye la penalidad en el caso que se haya cometido para salvaguardar el honor (aborto honoris causa). Así, Venezuela exhibe uno de los marcos legales más restrictivos de América Latina y el Caribe en materia de aborto; sin embargo, ello no erradica su práctica, pero contribuye al alto subregistro y al desconocimiento del impacto real en la morbilidad y mortalidad de las mujeres en el país. No existen estudios ni cifras oficiales sobre la tasa de aborto inducido que puedan dar cuenta de la realidad, y son pocos los datos que desde la sociedad civil se ha podido recabar.

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