Pronunciamiento de la Campaña: Día Internacional del Aborto Seguro, 28 de septiembre de 2020

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¡El aborto seguro es un servicio esencial de salud!

¡Garanticemos el acceso al aborto seguro ahora!

¡Ya hemos esperado 100 años!

La pandemia de Covid-19 ha puesto de relieve y exacerbado el acceso diferencial al aborto seguro y legal en todo el mundo, tanto entre países como dentro de ellos durante el 2020. Se han cerrado muchas fronteras y los encierros han confinado a las mujeres en sus hogares, dificultando el acceso a abortos seguros y legales. Incluso donde el aborto es accesible, la atención del aborto en persona, y especialmente en los hospitales, se ha vuelto considerablemente más difícil de obtener.

La pandemia ha dejado al descubierto el daño causado por leyes sobre el aborto altamente restrictivas. En algunos casos, los médicos reacios las han utilizado como excusa para no realizar abortos al colocarlos como atención “no esencial”, “no urgente” o “de rutina”. Sin embargo, en su mayor parte, el acceso reducido a la atención del aborto ha sido una consecuencia de la pandemia en sí. Este ha sido y sigue siendo un escenario que cambia rápidamente, y diferentes países han respondido de diferentes maneras. Es probable que más adelante descubramos el real alcance sobre si -y cómo- las mujeres pudieron encontrar abortos a través de los sistemas de salud.

Tanto la atención médica urgente, como la menos urgente, se han pospuesto o retrasado debido a que las trabajadoras y los trabajadores de la salud dan todo para lidiar con el Covid-19. Debido a la falta de pruebas y equipos de protección personal adecuados, muchas de ellas y ellos se han infectado o se han visto en la obligación de permanecer fuera del trabajo en cuarentena. El riesgo de infección en entornos clínicos / hospitalarios, donde normalmente se lleva a cabo la consejería y la asistencia para la atención del aborto, y tener que recolectar y tomar píldoras abortivas en persona, podría evitarse con un cambio de política. Las propias mujeres han tenido miedo de buscar atención incluso cuando los servicios están abiertos y seguros, por temor a una infección en el camino, debido a la falta de transporte seguro y a la preocupación de que incluso si llegan a una clínica, es posible que no puedan recibir la atención que necesitan. Cuanto más lejos tengan que viajar y menos dinero tengan, más difícil será. Estos problemas también se aplican a muchos otros aspectos de la atención médica, no solo a la atención del aborto seguro.

Al mismo tiempo, apenas hemos comenzado a abordar las consecuencias de esta pandemia para las economías, el trabajo, la vivienda y la educación a nivel nacional, y menos aún los efectos más graves sobre la salud pública mundial.

Por lo tanto, nos acercamos al Día Internacional del Aborto Seguro, el 28 de septiembre de 2020, conscientes de que el contexto global en el que exigimos el derecho al aborto seguro ha cambiado sustancialmente. Sin duda, hace que el acceso al aborto seguro, la anticoncepción segura y la maternidad segura sean más importantes que nunca.

En lo que respecta al aborto seguro, se ha producido un cambio importante. Hoy en día, las mujeres ya no tienen que depender de sus sistemas de salud para realizar abortos como lo hacían cuando el aborto era solo un procedimiento quirúrgico. A mediados de la década de 1980, las mujeres de Brasil se dieron cuenta de que un medicamento de venta libre llamado misoprostol también era abortivo; Esto se difundió rápidamente. En 1988, la Corte Suprema de Canadá derogó todas las leyes canadienses que restringían el aborto, aunque ningún otro país ha tenido el valor de seguir sus pasos. Así mismo en 1988, Francia aprobó la mifepristona, y personas científicas e investigadoras comprometidas, incluyendo a las de la Organización Mundial de la Salud, desarrollaron un método de aborto nuevo, seguro y eficaz – las píldoras abortivas – que comenzó a ser aprobado por los países.

Con estas píldoras, se había encontrado una alternativa a los abortos inseguros por parte de proveedores inseguros. Desde el 2005, este método, el aborto con medicamentos, figura en la Lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud. El 1 de junio de 2020, frente a la pandemia, la Organización Mundial de la Salud volvió a confirmar lo que habían dicho antes: el aborto seguro es servicio esencial de salud.

¿Cómo un servicio esencial de salud puede ser un acto delictivo? No puede.

Frente a las leyes penales y restrictivas sobre el aborto, y el continuo rechazo de la atención de abortos seguros a todas las mujeres que los solicitan, ellas obtienen, cada vez más, píldoras abortivas de fuentes fuera de sus sistemas de salud. Es probable que la pandemia haya hecho que esto sea aún más necesario y común.

Para ayudar a satisfacer esa necesidad, personas defensoras del derecho al aborto abrieron dos líneas internacionales directas de información sobre abortos seguros, la primera en 2005 y la segunda en 2014. Ambas asesoran, en línea en varios idiomas, a un número creciente de mujeres y les envían píldoras. También hay un número creciente de líneas directas de información sobre el aborto seguro a nivel nacional en todas las regiones del mundo, así como aplicaciones que solo brindan información. El hecho es que esta información se comparte de muchas maneras y ha viajado por todas partes.

Solo unos pocos países han “permitido” oficialmente la telemedicina y el aborto autogestionado en el hogar debido a la pandemia. Por lo tanto, las mujeres tienen grandes dificultades para encontrar una forma de acceder a abortos seguros. Especialistas temen que esto conduzca a un gran aumento de abortos inseguros y abortos tardíos, incluso en el segundo trimestre. El aborto inseguro ya es un grave problema de salud pública; seguramente nadie quiere que eso vuelva a empeorar.

Mas allá de la pandemia, casi todas las leyes y políticas nacionales sobre el aborto están desactualizadas: son restos de los siglos XIX y XX. La mayoría trata a las mujeres como bienes muebles. Algunas personas pueden decir que en medio de una pandemia no es realmente un buen momento para plantear esto. Pero el momento adecuado nunca parece llegar. Llevamos 100 años tocando esta puerta. Decimos que ya es hora de llevar las leyes, políticas y servicios de aborto al siglo XXI, precisamente por las implicaciones y las consecuencias de esta pandemia.

100 años de espera por el acceso universal al aborto seguro

Hace cien años, en 1920, la Unión Soviética aprobó la primera ley que legalizó el aborto, bajo la égida de Aleksándra Kolontái, la primera Comisaria del Pueblo para el Bienestar Social.

Quienes lideran los gobiernos, los parlamentos y los servicios de salud deben reconocer que el aborto seguro es un servicio esencial de salud y que es una contradicción que un servicio esencial de salud sea controlado y restringido legalmente.

Todos los Estados deben respetar, proteger y cumplir el derecho a la salud, la vida y el bienestar de todas aquellas personas que necesitan un aborto seguro. Todos los Estados deben garantizar el acceso universal al aborto seguro como parte de su compromiso con la atención integral de la salud sexual y reproductiva, como una cuestión de justicia social, y al derecho a decidir si tener hijos y cuándo.

Firmado 24 de septiembre 2020:

Equipo de Coordinación

  • Marge Berer, Shilpa Shroff, Christina Boateng, Will de Villiers, Rachel Mantock, Ellioté Long
  • International Campaign for Women’s Right to Safe Abortion (ICWRSA), UK, India

Trustees

  • Susana Chávez, Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (CLACAI), Perú
  • George Hale, Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX), Perú
  • Sivananthi Thanenthiran, Asian-Pacific Resource & Research Centre for Women (ARROW), Malaysia
  • Beverly Winikoff, Gynuity Health Projects, USA
  • Jane Fisher, Antenatal Results & Choices, UK

International Advisory Group

  • Selma Hajri, Groupe Tawhida Ben Cheikh, Tunisia / Right & Access for Women to Safe Abortion in the Middle East & North Africa Network
  • Rodica Comendant, Reproductive Health Training Center, Moldova / Eastern European and Central Asian SRHR Regional Coalition
  • Mariana Romero, Health Economy and Society Department, Centro de Estudio de Estado y Sociedad (CEDES) and Red de Acceso al Aborto Seguro (REDAAS), Argentina
  • Ammal Awadallah, Palestinian Family Planning and Protection Association, Palestine Occupied Territories
  • Sonia Corrêa, Sexuality Policy Watch, Brazil
  • Suzanne Majani, Ipas Africa Alliance, Kenya
  • Satang Nabaneh, Sexual and Reproductive Rights Network, The Gambia

Carta de la sociedad civil en apoyo a las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud

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Oficinas de USAID en América Latina:

Estamos escribiendo para registrar nuestra indignación ante la carta del Administrador Interino de USAID, John Barsa, dirigida al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, exigiendo que la ONU elimine la referencia a la “salud sexual y reproductiva” de la orientación del Plan de Respuesta Humanitaria Global (HRP) sobre COVID-19. La eliminación de esta redacción no es simbólica: tendrá un impacto perjudicial en las personas que necesitan y dependen de los servicios de salud sexual y reproductiva. Estamos profundamente preocupadas por el impacto en la salud y los derechos humanos de esta solicitud, que se produce al mismo tiempo que el gobierno de los Estados Unidos está atacando a la OMS y amenazando con congelar los fondos en medio de la pandemia de COVID-19.

La pandemia de COVID-19 continúa teniendo efectos de largo alcance en todo el mundo, con impactos desproporcionados en las mujeres, las niñas y las personas no conformes con el género, particularmente de las poblaciones marginadas. El acceso a servicios esenciales de salud sexual y reproductiva, que incluyen anticoncepción, aborto, diagnóstico y tratamiento de infecciones de transmisión sexual y cánceres reproductivos, diagnóstico y tratamiento del VIH, atención de afirmación de género y atención de maternidad, sigue siendo imprescindible durante la emergencia de salud COVID-19. Es, de hecho, una cuestión de vida o muerte. El UNFPA estima que 47 millones de mujeres en 114 países de ingresos bajos y medios no podrán usar anticonceptivos modernos si el bloqueo promedio, o la interrupción relacionada con COVID-19, continúa durante seis meses con interrupciones importantes en los servicios. Se prevé que estas interrupciones en el acceso a los servicios ocasionen hasta siete millones de embarazos no deseados, lo que aumenta aún más la necesidad de servicios de aborto y atención de maternidad de calidad. Además, incluso los modelos menos severos indican que una reducción en las intervenciones esenciales podría resultar en miles de muertes maternas e infantiles adicionales.

La evidencia emergente de numerosos países demuestra que la demanda de estos servicios continúa e incluso ha aumentado durante la pandemia. Sin embargo, ese acceso está siendo interrumpido por las directivas gubernamentales, incluidas las cuarentenas y los límites de movimiento, las presiones sobre los sistemas de salud y los trabajadores, el cierre de instalaciones de salud, el desabastecimiento de productos básicos, las interrupciones en las cadenas de suministro mundiales y los temores de las personas de ir a clínicas debido a los riesgos potenciales de exposición y estigmatización. El acceso limitado a la atención médica en muchos países de bajos y medianos ingresos se ve exacerbado por las políticas existentes en los EE. UU., como la Global Gag Rule y la financiación del UNFPA, que han dañado los sistemas de salud al forzar el cierre de clínicas, fragmentar la prestación de atención y reducir acceso a la gama completa de servicios de salud reproductiva, incluido el aborto, la anticoncepción y el acceso a pruebas y tratamiento del VIH, entre otros.

En varios países, incluido EE. UU., los gobiernos han tomado medidas para restringir los servicios de SDSR y, en particular, la atención del aborto, utilizando COVID como pretexto. Mientras tanto, continúan las violaciones de larga data de los derechos sexuales y reproductivos, particularmente entre las comunidades marginadas, como las políticas y leyes discriminatorias nacionales e internacionales y la denegación de acceso a información y servicios integrales y de calidad.

La evidencia también revela que la crisis de COVID-19 está contribuyendo a un aumento alarmante de la violencia sexual y de género, particularmente la violencia de pareja, en todo el mundo. En países que experimentan bloqueos y restricciones de movimiento, las mujeres y niñas que están atrapadas en situaciones violentas enfrentan desafíos para acceder a los servicios críticos que necesitan. Se espera que esta crisis retrase significativamente la respuesta global a la violencia de género, con un resultado de hasta 31 millones de mujeres más. El vínculo entre la violencia y los malos resultados de salud sexual y reproductiva está bien establecido.

Finalmente, las mujeres y niñas que están en la primera línea de las respuestas de COVID-19, incluidas aquellas que brindan atención esencial de salud sexual y reproductiva, continúan careciendo del equipo de protección personal, el apoyo financiero y la protección social que necesitan. A nivel mundial, las mujeres representan el 98% de las enfermeras y la mayoría de cuidadoras no remuneradas, cuyo trabajo está valorado en casi 1.3 trillones de dólares al año. La equidad de género en la fuerza laboral social y de salud es fundamental para tener sistemas de salud fuertes y resistentes y garantizar el acceso a una atención de calidad para todas las personas.

Las Naciones Unidas y especialmente la OMS han desempeñado un papel oportuno y crucial en la respuesta multilateral, brindando orientación científica a los países, coordinando la asistencia financiera y técnica y apoyando los esfuerzos críticos de investigación. El papel de la ONU y la OMS en el tratamiento de COVID-19 ha sido esencial para ayudar a los países a responder rápidamente a la pandemia y establecer medidas que apoyen el cumplimiento del derecho a la salud para todos según lo acordado en la Constitución de la OMS. Especialmente en este momento crítico, tanto el trabajo específico de la OMS como el trabajo general de la ONU y su HRP deben estar protegidos y totalmente respaldados, para evitar una escalada aún mayor de la pandemia.

El HRP tiene razón al proporcionar orientación a los países en que el acceso a servicios integrales de salud sexual y reproductiva debe ser prioritario y es esencial. De hecho, sería una violación grave de los derechos humanos, incluido el derecho a la vida, el derecho a la igualdad y el derecho a la salud, y contradiría toda la evidencia disponible, si no fuera así. La experiencia pasada con emergencias de salud muestra que si los gobiernos no garantizan el acceso a estos servicios críticos y urgentes, el aumento inevitable del aborto inseguro y la mortalidad materna son el resultado inevitable.

Los gobiernos han acordado durante más de 25 años que garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los servicios de aborto, y proteger los derechos reproductivos, son imperativos tanto de salud pública como de derechos humanos. Las afirmaciones cínicas del gobierno de EE. UU. de que estos servicios no son esenciales y están “ampliamente controvertidos” contradicen los enfoques sólidos de salud pública, los principios de derechos humanos aceptados y los datos sobre la demanda de estos servicios, incluso en tiempos de crisis. Los gobiernos de todo el mundo continúan tomando medidas para proteger y ampliar el acceso a la atención integral de salud sexual y reproductiva, incluido el aborto. La declaración conjunta de 58 países sobre la protección de la salud y los derechos sexuales y reproductivos y la promoción de la sensibilidad de género en la crisis de COVID-19, emitida el 6 de mayo de 2020, demuestra ese apoyo.

La demanda del administrador interino Barsa de que la ONU elimine la referencia a “salud sexual y reproductiva” del Global HRP ignora una respuesta basada en evidencia a la pandemia de COVID-19. La Administración Trump está utilizando la crisis actual para avanzar en su agenda no científica y de derechos humanos, y para perseguir una ideología extrema que se ha convertido en el sello distintivo de su visión de la política exterior de Estados Unidos. La ONU y la OMS deben rechazar estos esfuerzos y continuar promoviendo una respuesta al COVID-19 que defienda compromisos de larga data con la salud, los derechos humanos y la igualdad de género.

Considere esta carta como la expresión de apoyo más fuerte posible para el trabajo continuo y el liderazgo global de las Naciones Unidas y la OMS durante esta pandemia, y para el compromiso firme e incondicional con la salud y los derechos humanos de todas las mujeres, niñas y personas no conformes con el género alrededor del mundo.

03 de junio del 2020

 

Firmado por las siguientes organizaciones

ABOFEM (Asociación de Abogadas Feministas de Chile), Chile

Affidare, Perú

AMES – Asociación metropolitana de generalistas y equipo de salud, Argentina.

Amnistía Internacional, Latinoamérica y el Caribe

Anis – Instituto de Bioética, Brasil

Área Salud del CEDES – Centro de Estudio de Estado y Sociedad, Argentina

Asociación de Mujeres Católicas por el Derecho a Decidir, El Salvador

Campaña 28 de septiembre, Bolivia

Casa de la Mujer, Bolivia

Católicas pelo Direito de Decidir Brasil

Católicas por el Derecho a Decidir Colombia

Católicas por el Derecho a Decidir Perú         

Centro de Derechos de Mujeres, Honduras

Centro de Promoción y Defensa de los Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos – PROMSEX, Perú

Colectivo “Género y Teología para el Desarrollo”, Bolivia

Colectivo para la participación de la infancia y juventud – COPIJ, Guatemala

Colectivo Rebeldía, Bolivia

Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres – CLADEM, Latino América y el Caribe

Consorcio Boliviano de Juventudes, Bolivia

Corporación Miles, Chile

El Colegio de México, México

ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, Argentina

Foro Regional por los Derechos Sexuales y Reproductivos, Perú

Fundación Desafío, Ecuador

Fundación ESAR, Latinoamérica y el Caribe

FUSA AC, Argentina

Hábitat Mujer Salud, Colombia

Hesperian, EE.UU.

Instituto de Salud Popular (INSAP), Perú

Ipas Bolivia

Movimiento Manuela Ramos, Perú

Mujer y salud en Uruguay

Observatorio de Equidad de Género en Salud, Chile

ODISEX Perú

Oriéntame, Colombia

Red Chilena de Profesionales por el Derecho a Decidir, Chile

Red de profesionales de la Salud por el derecho a decidir, Argentina

REDAAS – Red de Acceso al Aborto Seguro, Argentina

SENDAS, Ecuador

Surkuna Ecuador

Taller Salud, Puerto Rico

¡El aborto es un servicio de salud esencial!

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En el marco de Covid-19, es importante impulsar peticiones a nivel nacional dependiendo de las legislaciones vigentes en los países de LAC, pidiendo a nuestros ministerios de salud que adapten las regulaciones nacionales sobre el aborto inmediatamente para:

  • Permitir el acceso directo a las píldoras de aborto por telemedicina.
    • Acceder a píldoras para aborto con medicamentos directamente desde una farmacia o por correo, incluidas tres dosis adicionales de píldoras de misoprostol en caso de que el régimen estándar no complete el aborto.
    • No sea necesario el contacto en persona con un profesional de la salud: ni para una consulta o aprobación del aborto, ni para obtener una receta, renunciar a los análisis de sangre de rutina, renunciar a un escaneo a menos que tenga síntomas de ectópico, hacer un control de seguimiento por telemedicina en caso de complicaciones o síntomas de embarazo continuo.
    • Proporcionar información (verbal y visual) sobre cómo usar medicamentos para un aborto de manera segura y efectiva.
    • Una línea telefónica de apoyo nacional para los abortos autogestionados en el hogar en todos los idiomas nacionales – ¡incluye las líneas directas de información sobre aborto existentes!
  • Permitir la dispensación de medicamentos para aborto por medio de proveedores de medio nivel y farmacias, así como por doctores.
  • Aprobar los medicamentos para abortar como medicamentos esenciales.
  • Asegurar suministros de farmacia local y aprobar una farmacia en línea de buena fe para pedidos directos.
  • Expandir la atención post aborto donde el aborto está legalmente restringido.
    • Atención de emergencia por parteras / enfermeras con aspiración manual al vacío por complicaciones de abortos inseguros, si es posible en los centros de salud comunitarios o locales, y / o uso de medicamentos para abortar cuando las complicaciones no son potencialmente mortales.
  • Permitir abortos del segundo trimestre localmente.
    • Nadie debería tener que viajar largas distancias o cruzar las fronteras estatales o nacionales para un aborto.
  • Renunciar a cualquier requisito de consentimiento de terceros para menores.
  • Detener todas las prosecuciones por aborto.
  • Liberar a todas las que están en prisión por aborto, aborto espontaneo y mortinatos.
  • Trabajar con una línea directa de información de aborto existente.
  • Lanzar una campaña nacional de información para todos los que pueden necesitar un aborto.

Dkt añade: proveedores que usan regularmente la telemedicina dicen que tanto las mujeres como el personal valoran las videollamadas “cara a cara” a través de aplicaciones populares como whatsapp o facetime; aquellos que no requieren descargas de software adicionales son más fáciles de implementar. Los proveedores deben asegurarse de que la mujer tenga la privacidad adecuada al comienzo de la consulta.

Pronunciamiento VI Conferencia CLACAI Quito 2018

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Organizaciones defensoras de derechos de las mujeres llaman la atención sobre violación a los derechos humanos y amenazas a la democracia en América Latina y el Caribe

Nosotras, reunidas en la VI Conferencia Regional de CLACAI, en Quito-Ecuador, vemos con gran preocupación las violaciones a los derechos humanos y amenazas a la democracia que viven países de la región.

En relación con Brasil llama nuestra atención lo que, desde afuera, logramos observar sobre el proceso electoral brasileño imbricado en un contexto marcado por una profunda polarización y el despliegue deliberado del miedo. Dentro del temor vemos resurgir proyectos que se posicionan negando la existencia de un pasado autoritario en Brasil y en la región de América Latina. Durante el actual proceso han proliferado apelaciones directas al autoritarismo y a la violencia en manos del Estado, los fake-news, las declaraciones xenofóbicas, misóginas y homofóbicas que refutan de manera ineludible el principio de protección de minorías, el respeto a la pluralidad y el derecho a divergir.

Las fuerzas dominantes en el proceso electoral no lamentan el hecho de que las fuerzas del Estado en el pasado han matado disidentes y proponen abiertamente la ejecución de quien desobedezca la ley o represente oposición política. Aún más grave parece ser que desde la primera ronda electoral en el país, han ocurrido más de cien episodios de violencia política, habiendo ya, al menos tres víctimas fatales a manos de esta violencia inédita, un hombre negro de Bahía y dos mujeres travesti asesinada en São Paulo. La democracia brasileña está claramente en jaque.

Nuestras organizaciones y el trabajo que realizamos se dirigen a asegurar el acceso de los derechos humanos, específicamente aquellos de las mujeres en América Latina, por lo tanto tenemos un compromiso con la democracia, la libertad, la igualdad social, étnico racial y de género, así como el respeto por la diversidad sexual. Consideramos que el pleno ejercicio de los derechos políticos, como lo es un proceso electoral, requiere un clima de transparencia, seguridad y tolerancia.

Para asegurar estas condiciones instamos a las autoridades nacionales a que garanticen la integridad del proceso electoral, así como responsabilizar a las autoridades partidarias que instiguen a la violencia. Solicitamos al sistema internacional de Derechos Humanos que presten la atención debida al proceso electoral brasileño y que colabore de manera activa con la preservación de la democracia brasileña como pilar de la democracia latinoamericana. En particular solicitamos a la comisión externa de observación del proceso electoral creada por la OEA, que ya ha estado en Brasil en la primera vuelta del ciclo electoral, que en su próxima visita para la segunda vuelta (ballotage) verifique no solo las condiciones institucionales –como la seguridad de las urnas electrónicas – pero, sobre todo, el clima más amplio de violencia política que está caracterizando el proceso electoral en su conjunto.

Así mismo, nos preocupa como la región de Latinoamérica se está enfrentando a retrocesos en Derechos Humanos y a luchas por rescatar la democracia. Nos parece grave la situación de Nicaragua y Venezuela, en donde, adicional a la lucha por resistir la persecución estatal, las amenazas y la estigmatización a las organizaciones defensoras de derechos humanos de las mujeres, se le agrega la emergencia humanitaria de este último.

A las compañeras venezolanas, como ciudadanas, cada día se les dificulta más la vida por la  emergencia humanitaria que traviesa su país. La absoluta escasez de medicamentos y, particularmente, de todas las alternativas de métodos anticonceptivos para evitar los embarazos no deseados, ha aumentado el embarazo adolescente y la mortalidad materna. Aunado a la crisis del sistema nacional de salud por falta de laboratorios, insumos médicos, materiales y servicios básicas de agua, luz y la ausencia de mantenimiento sanitario, se ha producido una crisis de migrantes y personas refugiadas -diáspora- que ha ameritado una respuesta de solidaridad internacional.

Quito, 19 de octubre de 2018.

Se adhieren:

Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, El Salvador
Aldea Comunidades, Perú
APROPO, Perú
Asociación AMAR-C, Perú
Asociación Ciudadana ACCEDER, Costa Rica
Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa – AVESA.
Associação Interdisciplinar de Aids- Observatório de Sexualidad y política, Brasil
Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud A.C., México
Católicas pelo Direito à Decidir, Brasil
Católicas por el Derecho a Decidir, Colombia
Católicas por el Derecho a Decidir, México
Católicas por el Derecho a Decidir, Perú
Católicas por el Derecho a Decidir, Argentina
Centro de Derechos de Mujeres, Honduras
Centro de Estudios de la Mujer, Honduras
Centro de Promoción en Salud y Asistencia Familiar (CEPROSAF), Honduras.
Centro Hispanoamericano para la mujer FREYA – Venezuela
Colectiva Feminista por el Desarrollo Local. El Salvador
Colectiva Mujer y Salud, República Dominicana
Colectiva por el Derecho a Decidir, Costa Rica
Colectiva Salud Mujeres, Ecuador.
Colectivo Rebeldía, Bolivia
Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, México
Federación Internacional de Planificación Familiar / Región Hemisferio Occidental
Fundación Desafío, Ecuador
Fundación Salud Amazónica, Ecuador
Fundación Mexicana para la Planeación Familiar (MEXFAM), México
FUSA AC, Argentina
Grupo Curumim, Brasil
Instituto Peruano de Paternidad Responsable, Perú
International Women‘s Health Coalition
La Asociación Civil Mujeres en Línea, Venezuela.
La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, Colombia
Luna Creciente, Ecuador
Mesa de Acción por el Aborto en Chile
Movimiento Juventud Contracorriente, Ecuador
Movimiento por una Cultura Laica, El Salvador
Mujeres Contigo, Chile
Núcleo de Apoyo a la Mujer, República .Dominicana
Observatorio de Equidad de Género en Salud, Chile
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, México
Plataforma Derechos Aquí y Ahora, Honduras
Profamilia, Colombia
Promsex, Perú
Red de Latinoamérica y el Caribe de Católicas por el Derecho a Decidir
Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, Argentina
Red de Salud de las Mujeres de América Latina y el Caribe (RSMLAC)
Servicios para un desarrollo alternativo de sur SENDAS, Ecuador
Socorristas en Red (feministas que abortamos) Argentina
Taller de Comunicación Mujer, Ecuador
Women´s Link Worldwide

28 de septiembre. Normalizando el aborto: es parte de nuestras vidas.

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Este año, celebramos nuestros éxitos y movimientos, como los ocurridos en Chile, en El Salvador, en Macedonia, en la República Democrática del Congo, en Chipre, en Canadá, en el Reino Unido, en México, en Irlanda, en Jamaica, en Argentina, en Polonia, en la Isla de Man, en Costa de Marfil, en Brasil, en Indonesia, en Corea del Sur, en Australia, en la República Dominicana, y en Bolivia. Al mismo tiempo, nos solidarizamos con aquellos países que han experimentado retrocesos, como Argentina, Marruecos, Argelia, EE. UU., Bélgica, India y Kenia, con vistas a que renueven sus energías para seguir adelante.

Este año, hacemos un llamado a los defensores/as del derecho al aborto para conmemorar a los héroes y heroínas locales, nacionales e internacionales que han apoyado el derecho de las mujeres a un aborto seguro. Hacemos un llamado a la creación de una masa crítica de apoyo entre mujeres por el derecho al aborto, como una actividad prioritaria.

Este año, invitamos a las mujeres a:

  • Compartir sus experiencias sobre el aborto.
  • Hablar sobre por qué ellas mismas u otras mujeres que conocen han abortado y
  • Explicar el cambio que ello ha supuesto en sus vidas.

Este año, invitamos a todas las mujeres a acompañar a aquellas que han abortado, para proclamar que:

  • Sabiendo que la mayoría de las mujeres que abortan son madres y que muchas otras tendrán hijos/as más tarde.
  • Todos/as tenemos el derecho a decidir si queremos tener hijos/as y cuándo queremos tenerlos, o bien no tener descendencia.

Este año, pedimos a nuestros gobiernos, parlamentarios y jueces que rechacen los proyectos de ley anti aborto y deroguen las leyes y políticas anti aborto – porque matan a las mujeres. ¡Matan a las mujeres!

Por último, hacemos un llamamiento a nuestros gobiernos, parlamentarios y jueces para que reconozcan a las mujeres como ciudadanas de pleno derecho portadoras de derechos humanos, cuyas opciones de vida merecen respeto y apoyo. Decimos alto y claro: “Despenalicen el aborto, porque todas las mujeres tienen derecho a la vida y a la salud”.

Este llamamiento puede también leerse en PDF aquí

28 de septiembre. Día de acción global por un aborto legal, seguro y gratuito

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Como cada año este día emblemático, El Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro – CLACAI y todas las organizaciones y personas que la integran realizan un llamado para la despenalización y la ampliación del acceso al aborto legal y seguro en la región, como derecho humano de todas las mujeres. 

El derecho al aborto legal y seguro es parte del derecho de las mujeres a la autodeterminación sobre sus propios cuerpos: a su derecho a decidir. Sin embargo, este derecho todavía no está garantizado en la región, ocasionando un elevado número de abortos en condiciones clandestinas e inseguras que, en muchas ocasiones, ocasionan muertes maternas totalmente innecesarias y evitables. La data al respecto respalda estas afirmaciones:

  • De los 4.4 millones de abortos realizados en 2008 en la región latinoamericana, el 95% fueron inseguros (Instituto Guttmacher, 2015).
  • Cerca de 760.000 mujeres en la región son tratadas anualmente por complicaciones derivadas del aborto inseguro (Instituto Guttmacher, 2015).
  • Anualmente, se estima que en la región se practican 670 mil abortos inseguros entre adolescentes de 15 a 19 años. Ello trae como consecuencia que la mortalidad materna se ubique entre las tres primeras causas de muerte entre este grupo de población (UNFPA LAC, 2015).
A pesar de estas cifras, el aborto sigue totalmente prohibido sin excepciones en cinco países latinoamericanos: El Salvador, Nicaragua, Honduras, República Dominicana y Haití. Se permite solamente para salvar la vida de mujer en Guatemala, Paraguay y Venezuela; y en el resto de países, es posible acceder al aborto de acuerdo a ciertas causales, si bien continúa estando criminalizado. El acceso sin restricciones solamente se contempla en Cuba, Ciudad de México y Uruguay.

De acuerdo a este panorama, las mujeres siguen enfrentando diversas barreras para acceder a los servicios de aborto sin riesgos, aun en aquellas circunstancias en las que el aborto es legal. Entre tales barreras, se encuentran: la falta de acceso a la información, la imposibilidad de pagarlo, la falta de apoyo social, los retrasos en la prestación de atención médica, las actitudes negativas de los profesionales de la salud, la calidad deficiente de los servicios, la ausencia de acceso a servicios asequibles, la exigencia de la autorización de un tercero y restricciones sobre el tipo de proveedores de salud y de instalaciones que pueden proveer servicios legalmente, entre otras (CLACAI, 2016).

De otro lado, no podemos perder de vista las acciones de los grupos contrarios al avance y garantía de los derechos humanos, que vienen ampliando su presencia y desarrollando acciones de incidencia en diversos espacios institucionales de la vida democrática, obstaculizando el avance de políticas públicas o legislaciones que garanticen y permitan materializar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y, en particular, el acceso al aborto. Asimismo, la instauración de la Política de Ciudad de México (más conocida como “Global Gag Rule”), ha resultado en una disminución considerable del financiamiento para proyectos relacionados con el acceso a este derecho, con impacto en la región.

Es por todo ello que todas y todos los integrantes de CLACAI reivindicamos en este día la urgente necesidad de:

  • Promover leyes en la región que mejoren el acceso de las niñas, adolescentes y mujeres a servicios de aborto seguro y a desafiar los intentos de restringir dicho acceso.
  • Luchar y exigir la ampliación de las causales de aborto para reducir el número de procedimientos clandestinos y la criminalización de mujeres por aborto.
  • Mejorar el acceso a servicios de aborto seguro para las mujeres, que cumplan con los criterios legales.
  • Procurar la mejora y expansión de la provisión de atención postaborto para reducir los altos niveles de morbilidad y mortalidad que resultan del aborto inseguro.

#UnGritoGlobal por el #AbortoLegal

CLACAI, 28 de septiembre de 2017.

La despenalización del aborto en tres causales en Honduras es un paso necesario para el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el país

Comunicado
La Asamblea Legislativa de Honduras se encuentra actualmente ante una oportunidad histórica de ajustar su legislación para cumplir con sus obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos. Durante los últimos seis meses, se han presentado propuestas para la modificación de su Código Penal y, en el marco de estas discusiones, las y los legisladores hondureños se están pronunciado sobre la prohibición absoluta del aborto establecida en los artículos 126 a 132 del Código.

Así las cosas, las organizaciones de derechos humanos, de mujeres y feministas, unidas como plataforma “SOMUS MUCHAS”, han venido solicitando debates y discusiones basadas en evidencias científicas y derechos humanos sobre la importante necesidad de despenalizar el aborto en tres circunstancias específicas:

Cuando peligra la salud y la vida de la mujer embarazada.
En casos de violación e incesto.
Cuando el producto de la gestación es incompatible con la vida.

En ese sentido, el Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro – CLACAI , entiende firmemente que:

La criminalización del aborto en casos en que la continuación del embarazo representa un riesgo para la vida y la salud de la mujer vulnera su derecho a gozar de una vida digna y su derecho a la salud, particularmente a consecuencia del sometimiento a abortos inseguros, que pueden desencadenar finalmente en altas tasas de muertes maternas.
En casos de violación, la criminalización del aborto supone además una intrusión en la autonomía de la mujer para decidir sobre su cuerpo y, en consecuencia, una violación a su seguridad física. Asimismo, se ocasiona un perjuicio a la salud física y mental de la mujer – llegando a considerarse tortura y pena o trato cruel, inhumano o degradante- y limitando gravemente el proyecto de vida de la mujer.
La criminalización en casos de malformaciones fetales incompatibles con la vida también viola el derecho a la salud de la mujer embarazada, causándole un impacto negativo en su salud física y mental y sometiéndola asimismo a tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Por todo ello, el Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro – CLACAI1, suscribe y llama a suscribirse a la petición realizada al Congreso Nacional de Honduras para lograr que la Comisión de dictamen y Comisión de Dictamen ampliado emita una decisión favorable a la despenalización en las tres causales, entendiendo que ello supone un avance necesario para que las mujeres hondureñas sean titulares reales y ejerzan plenamente sus derechos sexuales y reproductivos, como corresponde dentro de un Estado democrático de derecho que cumple sus compromisos internacionales de derechos humanos.
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[1] El Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro (www.clacai.org) es una articulación integrada por activistas, investigadores/as, proveedores/as de servicios de salud y profesionales que contribuye a la disminución del aborto inseguro en Latinoamérica. Promueve el acceso a la información y a tecnologías modernas y seguras en el marco del pleno respeto a los derechos sexuales y reproductivos, desde una perspectiva de género y equidad.
Source: Abril 2017

Más de 100 organizaciones defensoras de derechos humanos se unen para exigir protección a los derechos de las niñas en la región

América Latina es la única región del mundo donde ha aumentado el número de partos en niñas, por ello Amnistía Internacional, Clacai, Planned Parenthood Global y GIRE lanzan la campaña Niñas, no madres.
Tan sólo en México, según el nuevo informe de GIRE, Violencia sin Interrupción, en los últimos seis años se han registrado más de 28 mil denuncias por violación sexual a niñas menores de 15 años.
Las consecuencias de la violación sexual en la salud y vida de las niñas se agravan cuando se ven forzadas a continuar un embarazo resultado de la agresión. En Ecuador, entre 2002 y 2010 los partos en niñas de 10 a 14 años, aumentaron 78%. En Guatemala, cada cuatro horas se denuncia un caso de violencia sexual contra una niña.


En México, en el periodo de enero de 2009 a junio de 2016, 28 mil 252 niñas menores de 15 años denunciaron haber sido víctimas de violación sexual y sólo a 8.5% (2 mil 419) se le ofreció anticoncepción de emergencia, señalan datos oficiales obtenidos por GIRE a través de solicitudes de acceso a la información y con los que se elaboró el informe Violencia sin interrupción, el cual se puede consultar en http://aborto-por-violacion.gire.org.mx. El problema es aún más grave, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) asegura que se denuncia menos del 10% de lo que en realidad sucede.
“El embarazo forzado y la maternidad forzada ponen en juego la vida de la niñas, pues enfrentan afectaciones en su salud física, mental y en su proyecto de vida”, coinciden Amnistía Internacional, Clacai, GIRE y Planned Parenthood Global, quienes a propósito del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, lanzan en Latinoamérica la campaña “Niñas, no madres”. Disponible en: http://www.ninasnomadres.org.
En Latinoamérica 40 por ciento de las adolescentes ha sido abusada sexualmente. Las niñas víctimas de violación sexual en la región viven realidades que vulneran sus derechos humanos. Las repercusiones de la violencia sexual se intensifican, dado que las niñas son obligadas a continuar con el embarazo resultado del abuso. Depresión, angustia, estrés postraumático, además de mayores riesgos a su salud física y deserción escolar son solo algunos de los efectos de las maternidades forzadas, como lo documenta el informe titulado “Vidas Robadas” recientemente publicado por Planned Parenthood Global. http://ninasnomadres.org/wp-content/uploads/2016/11/PPFA-Stolen-Lives-Spanish-april-2016.pdf
En el caso de México, el servicio de acceso al aborto a menores víctimas de violación se sigue condicionando, a pesar de que desde marzo de este año la NOM 046 indica claramente que mujeres y niñas mayores de 12 años que hayan sufrido una agresión sexual y, como consecuencia, resultado embarazadas pueden acudir a cualquier centro de salud público a realizarse una interrupción del embarazo, sin necesidad de haber presentado una denuncia por violación, autorización de alguna autoridad (ministerio público o juez) o consentimiento de padre, madre o tutor.
De acuerdo con datos del informe Violencia sin interrupción, a pesar de la modificación de la NOM 046, el IMSS y el ISSSTE dieron como respuesta a solicitudes de información, que en sus hospitales no realizaron ningún aborto legal, al menos en el periodo de enero de 2009 a junio de 2016. La Secretaría de Salud federal simplemente dijo no contar con esa información.
Cada día, en Guatemala cinco niñas menores de 14 años resultan embarazadas y en Perú cuatro niñas se convierten en madres. En Ecuador, solo en 2014, mil 963 niñas tuvieron un parto. En Nicaragua, ocho de cada 10 mujeres víctimas de violencia sexual son niñas menores de 13 años. “Estamos ante una grave problemática de salud pública y derechos humanos que afecta a toda la región. Es urgente que los Estados cumplan con su obligación de proteger los derechos humanos  de las niñas víctimas de violencia sexual de manera integral. Lo cual incluye el acceso a servicios integrales en salud sexual y reproductiva tales como la anticoncepción oral de emergencia y la interrupción legal del embarazo”, señalan las cuatro organizaciones.
Forzar a una niña a convertirse en madre tiene consecuencias graves para su vida, pues trunca su proyecto de vida, hay un parteaguas en la estructura familiar que golpea su economía y las condiciones sociales de la niña y su hijo o hija. Asimismo, es muy probable que si se encontraban en situación de pobreza, permanezcan en esta condición en la siguiente generación.
Para mayor información llamar al 56586684 Ext. 253 con Georgina Montalvo o escribir a gmontalvo@giremx.org.mx o carla.aguirre@ppfa.org
Para información adicional visite: http://ppact.io/stolenlives
Source: Noviembre 2016

Defensores y defensoras solicitan que Día Internacional por el Acceso al Aborto Seguro 28/9 sea declarado día oficial de Naciones Unidas

17 de agosto de 2016
El día de hoy se solicitó a las agencias de Naciones Unidas que apoyan los derechos de las mujeres, que envíen un mensaje contundente a los gobiernos de todo el mundo a través de la aprobación de una resolución en la Asamblea General de septiembre de este año que convierta el Día Internacional por el Aborto Seguro en día oficial de la ONU. Se envió una carta abierta al Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon y los directores/as de ONU MUJERES, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización Mundial de la Salud, el Fondo de Población de Naciones Unidas, UNICEF, ONU SIDA y UNESCO el pasado 17 de agosto.

“Es totalmente inaceptable que sigamos permitiendo que mujeres y niñas mueran como consecuencia de abortos inseguros”, expresó el Dr. Eunice Brookman-Amissah, ex Ministro de Salud de Ghana y Asesor Especial del Presidente de Ipas para Asuntos de África. “Sabemos en base a la evidencia existente que el acceso al aborto seguro salva vidas – y también sabemos exactamente cómo ofrecer esos servicios”.
Desde 1990 se ha celebrado el día internacional en apoyo al aborto seguro el día 28 de septiembre, cuando el movimiento por la salud de las mujeres en Latinoamérica lanzó por primera vez una campaña en esa fecha. Hoy, los y las defensores/as del derecho al aborto de cada región del mundo organizan actividades cada año.
“La fecha se definió como un día de lucha por el derecho al aborto en una región donde varias de las leyes más draconianas que criminalizan el aborto estuvieron y todavía siguen estando vigentes”, señaló Sonia Corrêa, Co-Coordinadora del Observatorio de Sexualidad y Políticas “Sexuality Policy Watch”, Brasil. “La elección de esa fecha se inspiró en la abolición de la esclavitud para niños/as nacidos de mujeres esclavas en Brasil en 1871, al que se denominó Día del Útero Libre”.
La Carta Abierta fue redactada por la Campaña Internacional por el Derecho de las Mujeres al Aborto Seguro, una red conformada por casi 1.800 grupos y personas individuales de 115 países. Fue firmada por 430 organizaciones internacionales, regionales y nacionales, grupos y personas individuales de 73 países de todo el mundo, en representación de miles de personas.
Haga click aquí para leer la Nota de Prensa
Source: Septiembre 2016

Carta abierta al Secretario General de Naciones Unidas Ban Ki-moon y Directores/as de sus agencias

Carta Abierta al Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon y Directores/as de las agencias de Naciones Unidas
Sra. Helen Clark, Administradora, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Sra. Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directora Ejecutiva, ONU MUJERES.Dra. Margaret Chan, Directora General, Organización Mundial de la Salud.Sr. Anthony Lake, Director Ejecutivo, UNICEF.Sra. Irina Bokova, Directora General, UNESCO. Dr. Babatunde Osotimehin, Director Ejecutivo, UNFPA.Sr. Michel Sidibé, Director Ejecutivo, ONUSIDA.

Asunto: Convertir el 28 de septiembre, Día Internacional por el Acceso al Aborto Seguro, en Día Oficial de las Naciones Unidas en 2016
Estimado Secretario General, Ban Ki-moon, y Directores/as de las agencias de Naciones Unidas,
Las y los abajo firmantes escribimos en apoyo a la propuesta de la Campaña Internacional por el Derecho de las Mujeres al Aborto Seguro de que se declare el 28 de septiembre, Día Internacional por el Aborto Seguro, como Día Internacional oficial de las Naciones Unidas.
El día 28 de septiembre de 1990, el movimiento por la salud de las mujeres declaró el día internacional de acción por la despenalización del aborto y, desde entonces, este día se celebra cada año. En 2012, se celebró en 53 países: 10 países de África, 8 países de Asia-Pacífico, 14 países de Europa, 15 países de Latinoamérica y el Caribe, 2 países de Oriente Medio y 2 países de Norteamérica. En 2013, 2014 y 2015 aumentó el número de países en África y Asia que realizaron actividades en torno a este día y nueve ONG regionales e internacionales también participaron.
En 2015, los Ministerios de Salud de tres países – República Democrática del Congo, Nepal y Francia- se unieron a las ONG nacionales para celebrar este Día de Acción. Decenas de grupos de todo el mundo participaron en una maratón internacional en Twitter (“tweetathon”) en 2015, que involucró a cerca de medio millón de personas. Lo que, es más, medios de comunicación nacionales han comenzado a cubrir estas actividades en un número creciente de países, entrevistando y captando la atención de personalidades nacionales para adherirse a la discusión de este tema. Este año se espera que la participación sea la más grande que ha habido hasta el momento.
Haga click aquí para leer la Carta firmada por personas, organizaciones y países
 
Source: Septiembre 2016