Aborto y Nuevo Código Penal

Aborto y Nuevo Código Penal

El pasado 10 de marzo ingresó al Congreso Nacional, mediante un mensaje del ex Presidente de la República Sebastián Piñera, el proyecto de ley que establece un nuevo Código Penal (en adelante PNCP). Aunque el ministro de Justicia José Antonio Gómez anunció el retiro de éste, el sustrato académico y profesional del proyecto amerita su escrutinio crítico y público.

Así, en términos generales, PNCP innova respecto del actual Código Penal de 1874 en varios aspectos. En particular, respecto a la ampliación de los tipos penales económicos, la autorización del auxilio al suicidio, la transformación del sistema de determinación y fijación de las penas, su afán sistematizador y la explicitación de avances en la teoría del delito. Sin embargo, en lo que concierne a materias valorativas socialmente sensibles, tales como la autorización para interrumpir un embarazo, el PNCP no propone avance. Al contrario, sienta un retroceso.

De esa manera, en lo que sigue efectuaré una revisión crítica de los nuevos elementos jurídico-penales que contiene la prohibición del aborto prevista por el PNCP. Se argumentará que la modificación propuesta perfecciona el actual esquema de criminalización total y sin excepción, resultando incompatible con el derecho comparado y el derecho internacional de los derechos humanos, cuestión que nos sigue dejando como uno de los 5 países en el mundo que contemplan una prohibición tan draconiana (I). Luego, analizaré los problemas constitucionales y de política criminal que se siguen de la introducción de un nuevo tipo penal que castiga las acciones que dañen la salud e integridad corporal del embrión implantado o feto (II). Finalmente, emitiré unos comentarios de lo revisado a modo de conclusión (III).

Lo primero que debemos resaltar, es que la tipificación prevista por el PNCP para el aborto mantiene el actual sistema de criminalización total, sin posibilidad de, al menos, justificar acciones que interrumpan un embarazo en circunstancias calificadas. Así, en términos generales, lo que se hizo fue un perfeccionamiento técnico-jurídico de las reglas que establecen prohibiciones y castigos al aborto, en relación a la regulación prevista en el actual Código Penal de 1874.

Dicho eso, la innovación que nos interesa destacar viene dada por la introducción de una situación de necesidad que, tal como está redactado, operaría en algunos casos como causal de no-exigibilidad que excusa la aplicación de la pena y, en otros, simplemente como una circunstancia atenuante, respecto de la determinación judicial de la pena para los casos de aborto consentido por la mujer (Art. 230 PNCP). Cabe decir que esta figura no es un permiso y tampoco excluye la ilicitud del acto, estando obligada la mujer a soportar el estrés que le podría causar el proceso criminal en su contra. Por lo demás, resulta complejo que opere en favor de los derechos de la mujer en su aplicación práctica, ya que su efectividad quedará entregada a la decisión del tribunal, en atención a la convicción que se haga a partir de los antecedentes de hecho que rodearon el caso y que se hayan logrado acreditar en el proceso criminal. Por último, entregar al tribunal tan amplio margen de decisión es contrario al espíritu del propio PNCP, el cual se propuso como principio aminorar el arbitrio judicial al momento de determinar el alcance de las penas.

En lo que concierne a las penas aplicables, éstas tampoco varían de modo sustantivo. Veamos la hipótesis en la cual un tercero no-médico interrumpe un embarazo consentido por la mujer. En nuestra regulación actual, la pena asignada para esa situación va desde los 541 días a los 3 años de presidio para el que ejecuta la acción. En la tipificación prevista por el PNCP, esto se mantiene casi intacto, pues establece penas que van desde 1 a 3 años de prisión para aquel que ejecute la acción prohibida. En cuanto al castigo aplicable a la mujer embarazada, el PNCP establece que la mujer que cometa auto-aborto “o consienta en que otro lo cometa, será sancionada con multa, reclusión o prisión de 1 a 3 años” (Art. 230 PNCP). Aquello simplemente representa una mitigación del castigo aplicable, en relación a la regulación actualmente vigente, la cual, para la hipótesis de auto-aborto por parte de la mujer y para el caso en que ésta consienta la interrupción del embarazo, las penas aplicables actualmente vigentes van desde los 3 años y un día a 5 años de presidio.

Por otra parte, respecto al uso del derecho penal comparado, en la presentación de los aspectos generales del PNCP, se menciona que se tuvo a la vista el Código Penal Alemán, el Código Penal Español, el Código Penal Francés y el Código Penal Suizo. Pues bien, todo parece indicar que, en lo concerniente a la revisión del aborto, esos Códigos no se consultaron, puesto que en todos esos países está autorizado interrumpir un embarazo. Ninguno de esos Códigos prevé una criminalización de la interrupción del embarazo tan severa como la nuestra. Al contrario, los modelos de regulación del aborto que aquellos Códigos Penales establecen, son muchísimo más liberales y permisivos que la intención pretendida por el PNCP, estableciendo incluso sistemas de plazos.

Otra novedad que el PNCP nos presenta es el establecimiento de delitos contra el nonato. En efecto, el Art. 232 del PNCP prescribe como acciones típicas aquellas que causen un daño a la integridad corporal o salud física del embrión implantado o del feto. Esto es problemático porque viola tanto el carácter subsidiario del derecho penal, como el principio de intervención punitiva mínina, en el sentido que el derecho penal debe ser utilizado sólo si es estrictamente necesario, siempre y cuando otros controles menos gravosos que el sistema jurídico contempla hayan fallado, debiendo castigar conductas, si y sólo si, signifiquen transgresiones gravísimas al orden jurídico. Siendo ello así, extender una protección penal a una entidad que nuestro sistema jurídico no le asigna un peso específico que lo haga merecedor de especial valor, deviene en una forma de interferencia punitiva no racionalizada e injustificada.

Lo antes dicho se funda en dos razones: i) nuestra Constitución en el inciso segundo del Art. 19 Nº 1 establece un mandato de protección legal a la vida intrauterina, distinto del inciso primero, que establece el derecho subjetivo a la vida, cuyos destinatarios son las personas nacidas; este mandato diferenciado, a la luz de los principios limitadores del derecho penal, no ordena el uso de las reglas punitivas para proteger al nonato; ii) en el ámbito del sistema interamericano de derechos humanos, la Corte Interamericana (en adelante CIDH) concluyó que el embrión no es persona en los términos de la Convención Americana, pudiendo únicamente ser objeto de derecho (Párr. 264, “Artavia Murillo vs. Costa Rica“). Esto significa lo siguiente: a) sólo las conductas atentatorias contra los derechos de las personas (nacidas) podrían castigarse mediante el uso de las reglas penales; b) el nonato para el sistema jurídico es sólo objeto de protección, pudiendo el legislador llevar a cabo (esta protección) mediante el uso de reglas cuya naturaleza no sea penal.

En relación al uso del derecho penal, en derecho internacional de los derechos humanos, la Comisión Europea de Derechos Humanos, en el caso Sutherland v. The United Kingdom (Párr. 64-65), tomando como referencia lo resuelto por la Corte en el caso Dudgeon v. The United Kingdom, sostuvo que desincriminación no significa, de modo automático, que una conducta sea aprobada socialmente. Del mismo modo, aseveró que el temor de la población de inferir conclusiones probables pero no necesarias del hecho de reformar legislaciones penales, no era una buena razón para mantener en vigencia ciertas reglas con características injustificables e irrazonables. De lo antes dicho es posible deducir algo que está presente en la discusión sobre interrupción del embarazo, pero que no ha sido abordado con el necesario detenimiento, a saber: que del hecho que el nonato merezca algún tipo de protección mediante el uso de las leyes, ello en ningún caso significa que ésta deba efectuarse necesariamente mediante el uso de las reglas punitivas.

Chile debe avanzar y no retroceder en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, de su agencia moral y su calidad de ciudadanas, por eso, el Estado chileno debe autorizar legalmente la interrupción del embarazo. El PNCP, en lo que concierne al castigo del aborto consentido, tal como está prevista su regulación, no puede convertirse en ley de la República. Esto, porque antes que recoger las exigencias de la sociedad respecto a la descriminalización del aborto consentido, a lo menos en ciertas hipótesis, en tanto acción socialmente no reprochable, lo que hace, más bien, es perfeccionar técnicamente su actual tipificación. Igualmente, tal regulación resulta incompatible con las orientaciones del sistema internacional de derechos humanos, el cual protege íntegramente a la mujer de los menoscabos generados como consecuencia de embarazos que colocan en riesgo sus derechos. Así lo ha mostrado la CIDH, cuando ordenó medidas provisionales para el caso “Beatriz” (El Salvador, 2013), cuando decretó medidas cautelares para el caso “Amelia” (Nicaragua, 2010) y también por lo decidido en el caso “Artavia Murillo vs. Costa Rica“.

Corolario: el trato que el PNCP entrega al aborto consentido contraviene lo que nuestra Presidenta de la República, Michelle Bachelet, ha remarcado de modo expreso, sobre la necesidad de establecer permisos legales para la interrupción del embarazo. Nuestra Presidenta, dado que fue la primera directora de la entidad especializada en derechos de las mujeres de la O.N.U., entiende el asunto y, por consiguiente, no debiese tener problemas en impulsar su eje programático sobre derechos sexuales y reproductivos.

Fuentehttp://www.elmostrador.cl/

Source: Abril 2014

Abortos y salud sexual reproductiva

Abortos y salud sexual reproductiva

[Perú] Los datos que se han revelados sobre los abortos en nuestra ciudad son realmente alarmantes, porque se refiere que cada día llegan al Hospital Regional de Ayacucho en promedio dos casos de mujeres que se practicaron un aborto clandestino y tuvieron complicaciones en la misma, por ello llegaron al nosocomio local. Pero el otro dato relevante es que estos casos son los que se conocen pero aún está en incógnita sobre los otros casos de abortos clandestinos que se realizarían diariamente y que no llegan al nosocomio local ya que no hay complicaciones en la misma.

Según algunos organismos internacionales, en América Latina hay una alta proporción de embarazos no deseados. En el Perú llegan al 60%. Debemos entender que esta realidad se manifiesta porque cuando las mujeres deciden controlar su fertilidad encuentran barreras físicas y sociales que les impiden tener acceso a los métodos anticonceptivos. Asimismo ante la alta incidencia de embarazos no deseados, también existen restricciones legales para que la mujer pueda decidir no tener el hijo, entonces las mujeres de menores ingresos con embarazos indeseados tienen dificultades para encontrar orientación oportuna.

Ante las barreras legales se practican en clandestinidad y precariedad los abortos, que ponen en peligro la vida de la mujer. La Organización Mundial de la Salud calcula que en el mundo se practican aproximadamente 20 millones de abortos de alto riesgo cada año, y que el 99.9% de la mortalidad materna por aborto ocurre en los países en desarrollo.

Esta realidad en cifras -de la cantidad de abortos que se practican, alta incidencia de embarazos no deseados, especialmente en mujeres adolescentes- tiene un correlato en algunas acciones que no se están aplicando oportunamente el estado y sus instancias gubernamentales.

Es necesario precisar que existe deficiencia en la educación sexual en los adolescentes, tabúes sociales que no permiten que los y las adolescentes ejerzan de forma responsable su sexualidad, lo cual tampoco permiten que ejerzan sus derechos sexuales y reproductivos.

Otra realidad concreta es que en temas de planificación familiar, métodos anticonceptivos, propuestas de abortos terapéuticos o propuestas de normas que permitan el abortos en caso de violación, son interferidos por los mandatos religiosos y la negación política y, que convierten al embarazo no deseado en bombas de tiempo que afectan las condiciones sociales y la salud pública de la población de nuestra región.

Ciertamente hay servicios que brinda el sector salud planificación familiar, métodos anticonceptivos, atención al adolescente, son deficientes o limitados, porque en muchos casos aún se persiste con la misma cantidad de personal profesional atendiendo a un público usuario que se ha incrementado considerablemente. En otros casos, los tratos son tan inadecuados que no permite que la población retorne a seguir con su control, a consultar otras dudas sobre métodos anticonceptivos, en especial los y las adolescentes.

La falta de acceso de millones de mujeres latinoamericanas a información y servicios oportunos y de buena calidad en salud sexual y reproductiva continúa siendo un problema, a pesar de algunos esfuerzos de los gobiernos, de las agencias de cooperación internacional, las ONG locales y los mismos trabajadores de la salud.

Fuentehttp://www.jornada.com.pe

Source: Marzo 2014

El aborto en Suiza

El aborto en Suiza

La interrupción voluntaria del embarazo se incluye dentro de las prestaciones financiadas por el sistema de salud hasta las 12 semanas

Financiar el aborto es una cosa privada. Esto es lo que se votó el día 9 de febrero de 2014 en Suiza. Una iniciativa popular que fue propuesta por el partido UDC (Unión Democrática del Centro) para “privatizar el aborto”. Más o menos como el anteproyecto de ley que ha propuesto el Partido Popular no hace mucho, la única diferencia es que en Suiza se propuso como una iniciativa popular y no se impuso directamente votándolo en el Congreso de los Diputados como en el caso de España.

Derecho de iniciativa. La iniciativa popular es un derecho único en el mundo para los suizos, permite a los ciudadanos proponer una modificación dela Constitución, una nueva ley o la modificación de una ley ya existente. Para ello, se deben recoger 100.000 firmas en 18 meses para que la proposición pueda ser votada.

En 2002, Suiza aceptó en votación popular (el 72% a favor) una nueva legislación que permitía la interrupción voluntaria del embarazo en las 12 primeras semanas de amenorrea (la ausencia de la menstruación) a petición de la mujer embarazada, y por motivos psico-médicos después de las 12 semanas.

Hoy en día, una mujer suiza puede ir al medico y con el seguro de enfermedad básico -todos tienen la obligación de tener un seguro medico contratado- puede abortar. Con esta iniciativa lo que se pretendía era que no se incluyera dentro de este seguro, sino que si se quería abortar se tenía que pagar aparte. Pues bien, en los resultados del referéndum que se celebró este año, un 70% de la población aproximadamente, votó en contra. Así que se denegó la petición popular y la mujer sigue teniendo esos derechos fundamentales que tenía, la integridad física, la privacidad y la intimidad.

En el caso de España el aborto inducido se legalizó en 2010. Hace tan solo cuatro años.

Al año siguiente, en 2011 y según datos del Ministerio de Sanidad, 118.359 mujeres fueron intervenidas para interrumpir su embarazo, en 2012 fueron 112.390.

Ante el anteproyecto de ley del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que prohíbe la interrupción voluntaria del embarazo salvo en caso de violación o riesgo para la salud de la madre, ¿qué se supone que tienen que hacer las mujeres que quieren abortar a partir de ahora? ¿Qué será de esa media de 100.000 mujeres al año que no podrán abortar?

Este anteproyecto de ley elimina el supuesto de aborto en caso de malformación del feto y sustituye a la actual legislación que permite abortar libremente hasta la decimocuarta semana de embarazo. Este nuevo anteproyecto tiene un parecido bastante razonable al que había desde 1985 hasta 2010, cuando el aborto era un delito salvo en tres supuestos: violación, anomalía fetal o riesgo para la salud de la madre. Hasta hemos retrocedido más allá del 1985, entonces la anomalía fetal sí que se consideraba un supuesto para poder abortar.

La normativa debe iniciar su tramitación parlamentaria a principios de este verano aunque como ya se ha demostrado, es un texto polémico que no crea ni unanimidad dentro del propio partido que lo ha propuesto.

Pensemos un momento en todas esas mujeres que no pueden, que no quieren, que han tenido problemas, que quieren una vida mejor para su hijo que no la que le espera ahora, que estén sufriendo maltratos o que simplemente tengan problemas personales y ahora no sea el momento. ¿Realmente es necesario debatir en el Congreso la integración física de una mujer? ¿De su futuro? ¿De que si la mujer tiene el niño el Gobierno de España no hará nada y menos para ayudarla a seguir adelante?

El ministro Alberto Ruiz-Gallardón y sus discípulos piensan mucho en el derecho a la vida, ¿pero y en el bienestar que tendría el bebé? ¿Y en el bienestar de la madre? ¿Y en todas esas consecuencias que ello implicaría?

Seamos sinceros, bastante duro es ya tener que enfrentarse a una decisión así, como para que encima la quieran prohibir.

Fuentehttp://www.lavanguardia.com/

Source: Marzo 2014

Marcha por la vida

Marcha por la vida

[Perú] Nadie pensará que las personas cristianas de las parroquias y los chicos de colegios religiosos que marcharon voluntaria u obligadamente en la llamada “marcha por la vida” convocada por el cardenal Cipriani, pudieran lograr tener algún efecto sobre las miles de mujeres que diariamente se someten a operaciones de aborto en condiciones a veces seguras (cuando se tiene dinero) o de alto riesgo, cada una por las razones que les son propias.

No solo eso. Tampoco el gobierno actual estaba camino a algún cambio significativo en el conjunto de prohibiciones que sigue pesando sobre este tema y que lo convierte en una práctica clandestina, doblemente peligrosa para la salud y la libertad de las mujeres implicadas. La actitud conservadora de Humala y su temor a chocar con los poderes fácticos como el de la Iglesia lo incapacitan para cualquier reforma, incluidas las que tienen que ver con los derechos individuales y la libertad de la gente para decidir sobre sus vidas y sus cuerpos.

Lo único en lo que la “marcha por la vida” podría influir es en la anunciada protocolización del aborto terapéutico, que se refiere exclusivamente a situaciones extremas en las que el embarazo amenaza seriamente la vida y la salud de la mujer y por consecuencia del feto. Hace 90 años (¡!) que se legalizó esta modalidad de aborto como recurso médico, y en todo ese tiempo no se ha reglamentado su utilización dando origen a que las instituciones de salud se limiten en aplicarlo.

Durante el gobierno de García se hizo el protocolo y se le llevó a la firma del presidente, que no se atrevió a estampar la misma rúbrica que usó para los narcoindultos. Por su parte, el presidente Humala y su ministra de Salud siguen dando largas al asunto, anunciando nuevas fechas y avances que finalmente no concluyen con el postergado reglamento. Se calcula que la tasa de mortalidad femenina se incrementa en alrededor de dos por mil por los obstáculos que existen para el aborto terapéutico.

La jerarquía de la Iglesia católica y los jefes de otras confesiones mantienen su oposición a esta medida porque temen que abra el camino para legalizar el aborto en general. Por tanto bien podría decirse que la “marcha por la vida”, tiene algo de marcha por la muerte, con tal que el dominio eclesiástico-estatal- social sobre el cuerpo de las mujeres se mantenga.

Que la mujer muera antes que se reglamente alguna forma de aborto. O que la violada no haga sobre el feto, lo que el violador hizo sobre ellas, o sea que aguante, como dice Vásquez Kunze. O, finalmente, que la mujer no decida cuando tener o no hijos. Para eso se marchó el sábado y lo hicieron los que no están en ninguno de los grupos señalados. Para que el Estado siga acobardado en su obligación de respetar los derechos de todos, incluso de los no religiosos.

Raúl Wiener

Fuentediariolaprimeraperu.com

Source: Marzo 2014

Dictadura de la fe

Dictadura de la fe

Este sábado se realizará en Lima la Marcha por la Vida. ¿Qué motiva esta manifestación? La autora responde a esta inquietud.

Hoy no voy a defender el derecho de las mujeres a decidir si quieren tener un hijo o no. No voy a argumentar que una madre cuya vida peligra tiene derecho a interrumpir un embarazo. Tampoco voy a insistir en que a una mujer violada, ultrajada, golpeada nadie la puede obligar a revivir cada día ese trauma mientras le crece la panza. No. Hoy día no voy a desgastarme en esa tarea inútil de tratar de razonar con aquellos a los que el aborto les parece un capricho de mujeres egoístas, cuando en realidad, la mayoría de las veces, es una decisión complejísima y dolorosa que las mujeres cargan y asumen solas. Mejor intentemos analizar qué es lo que defienden aquellos que han organizado para este 22 de marzo una marcha por la vida en nuestra ciudad. Tratemos de comprender cuáles son las motivaciones de quienes cuentan con el apoyo de numerosas empresas y del propio Estado. 

A ver, quienes la convocan buscan defender al niño no nacido y para eso pretenden que cualquier iniciativa legislativa que despenalice el aborto por violación o reglamente el aborto terapéutico sea rechazada. Se trata de colectivos, vinculados en su mayoría a laIglesia Católica, que no admiten ninguna reflexión sobre los intereses o problemas de la mujer embarazada. Para ellos, el niño que está por nacer es más importante que cualquier problema, angustia, proyecto o interés de la mujer que tendrá que llevarlo en el vientre por nueve meses, y que tendrá que cuidarlo el resto de su vida. La postura es extrema, es radical; pero eso no la invalida. Si determinada religión o determinado sistema de valores hace que estas personas nunca piensen en la madre, pues están en su derecho, y por supuesto que si desean pueden convocar a una marcha y plantear su posición públicamente.  

Lo que resulta inadmisible es que el Estado Peruano, que está formado por personas de distintas religiones, culturas e ideologías, adopte la misma posición intransigente con respecto al derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, su salud y su futuro. Resulta inverosímil que veamos pasar distintos gobiernos y distintos ministros de Salud sin que se apruebe un protocolo para el aborto terapéutico, que es legal en nuestro país. Resulta indignante que se subvencionen movimientos que llaman asesinas a mujeres que salen embarazadas producto de una violación. Resulta casi medieval que, en lugar de promover debates interdisciplinarios, constructivos que podrían ayudar a entender la complejidad de un problema que afrontan las mujeres (hasta ahora no he conocido a un hombre que haya asumido el aborto de su pareja como propio), se pliegue a la posición de una religión que desprecia a las mujeres y las considera seres inferiores.

¿Exagero? No lo creo. Dado el comportamiento del Estado en las últimas décadas, está claro que incluso quienes nos alejamos de la Iglesia Católica porque sentimos que nos discriminaba tenemos que soportar que esa institución que cree que el sexo es pecado y que la mayor virtud de una mujer es conservar su virginidad (de la de los hombres ni se habla), que considera que una mujer no puede ser guía espiritual de nadie (cuando haya papisas y sacerdotisas, hablamos), que insiste en relegar a la mujer a tareas domésticas (¿no, cardenal?), pues que esa institución, esa misma institución siga rigiendo nuestras vidas.

Fuentehttp://elcomercio.pe/

Source: Marzo 2014

Déjala Decidir

Déjala Decidir

El aborto nunca ha sido un tema fácil de discutir. No solo por la polémica que genera, sino porque tiene demasiadas aristas que hacen complicado definir una posición.

Yo, por ejemplo, más de una vez me he manifestado en contra. Mis razones no son religiosas. Tienen que ver más con mi idea de libertad. Siempre he defendido los derechos y las libertades iguales para todos. Creo que nadie tiene derecho a decidir sobre la vida de nadie, salvo uno mismo.

Eso se aplica también para los bebés. Ni padre ni madre tendrían, desde esa perspectiva, derecho a decir quién merece nacer y quién no. Las razones por las que, sobre todo, una madre podría decidir no seguir adelante con su embarazo son muchas, y varias de ellas razonables, entendibles y justas. Pero no para el bebé. Su derecho a la vida y su libertad también cuentan y deberían ser respetados.

Sin embargo, también sostengo que uno es (o debería ser) libre de hacer con su cuerpo lo que le plazca. Y ello incluye, por ejemplo, la libertad de hacerse cuantos tatuajes estime conveniente y en el lugar del cuerpo que más le apetezca; o vestirse como le venga en gana, sin ser juzgado o discriminado.

También se aplica en el campo del amor y la sexualidad. Cada individuo es el único responsable de decidir de quién se enamora y con quién tiene sexo, y es una decisión que no le compete a nadie más que a las personas involucradas.

Si cada persona es libre de hacer con su cuerpo lo que le plazca, cada mujer es libre de decidir si quiere o no tener hijos, sean propios, adoptados o de la pareja. Pero, ¿hay alguna relación entre esta decisión y el derecho a abortar? Porque pareciera que el derecho a hacer con su cuerpo lo que le plazca termina cuando empieza el derecho del bebé a la vida.

Sin embargo, algo cambió mi manera de pensar: hace un tiempo me sumé a una campaña -junto a muchas mujeres y cada vez más congéneres- en busca de un derecho fundamental de la mujer que ha sido dejado de lado, históricamente: su derecho a ser respetada.

Me refiero a la campaña contra el acoso sexual callejero. Esta campaña me motivó a leer muchos artículos, columnas y comentarios al respecto, y, como suele pasar en Internet, más de una vez me llevó a otras páginas sobre derechos de la mujer que no necesariamente tenían que ver con ese tema específico. Muchos tenían que ver con violencia doméstica contra la mujer, abusos sexuales y feminicidios.

Así, paulatinamente, me di cuenta de que, en mi reflexión, había pasado por alto lo que las mujeres tienen que sufrir diariamente, solo por el hecho de ser mujeres. Y aunque muchos congéneres dicen que “a los hombres también les pasa”, lo cierto es que no es así.

De todas las víctimas de violencia familiar, 87 por ciento son mujeres contra un 13 por ciento masculino. En violencia sexual, 92 por ciento son mujeres contra un ocho por ciento de hombres, de acuerdo con datos de la Defensoría del Pueblo de Perú.

Sin embargo, las estadísticas no recogen las veces que, transitando por la vía pública, sufren ofensas sexuales, tocamientos y rozamientos. O las veces que, caminando solas por la calle, van rogando no toparse con un violador, o con un ladrón que las atacará por ser la presa más fácil (y quien, probablemente, también viole si le apetece).

Y ello por no hablar de muchos otros casos más que, tal vez porque no son de índole sexual o violenta, no les damos la importancia que merecen.

Recomiendo leer la columna de Patricia del Río en el diario El Comercio, de Lima, del 6 de marzo.

El punto es que, con todo lo que tienen que afrontar día a día, ¿queremos realmente aumentarles nueve meses de sufrimiento a quienes han sido víctimas de un abuso sexual? Sé que es difícil, a estas alturas, congeniar los dos puntos de mi argumentación. Pero es justamente esa disyuntiva la que me motivó a escribir estas líneas.

Ya no se trata solo de que la mujer decida abortar porque es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera. Esto va más allá. Tiene que ver con el derecho a la dignidad. Pero, sobre todo, tiene que ver con los derechos de los que una mujer embarazada por causa de una violación ya ha sido despojada. Su derecho a decidir si quiere tener hijos o no, y con quién y cuándo quiere tenerlos; su derecho a la seguridad, a vivir una vida digna, a la libertad sexual; su derecho a vestirse como quiera, a caminar por donde le plazca; su derecho a vivir, sin miedo, sin humillaciones, sin violencia.

Los mismos derechos que tenemos tú y yo, colega masculino. A toda esa larga lista de derechos perdidos (que estoy seguro que una mujer podría alargar y ejemplificar mejor que yo), ¿realmente queremos sumarle el derecho a decidir? Cuando estás optando por el bebé no nacido en lugar de la madre, la estás despojando de un último derecho, y lo que es peor, le estás sumando una nueva humillación. Una que durará nueve meses o toda una vida. Un recuerdo constante, visible y tangible de ese hecho que cualquiera quisiera olvidar. Obligarla a tener el hijo es, desde esa perspectiva, tan denigrante como cuando se obligaba al violador a casarse con la víctima para así evitar que fuera a la cárcel.

Seguramente me dirán: “¿acaso el bebé tiene la culpa?” Y lo sé, porque yo también pensaba lo mismo. Y, ciertamente, no tiene la culpa. Pero la madre, tampoco. Es más, volvamos a concentrarnos en el bebé. ¿Realmente creen que es justo para él ser el recuerdo viviente y constante de la gran humillación sufrida por su madre? ¿Se imaginan cuánto odio podría llegar a generarse dentro de ella? ¿Es esa la vida a la que el bebé tiene derecho?

Otro argumento muy común es que “el niño puede ayudar a sanar la herida”. ¿En serio lo creen factible? Aun suponiendo que sea una posibilidad, dudo mucho que sea la constante en la mayoría de los casos. No sería justo dejar al azar un asunto tan importante como el odio/amor de la madre hacia el hijo.

“Pero puede darlo en adopción”, dirán otros. Cierto, pero lo estaríamos condenando a vivir una mentira y sabemos que en muchos casos los hijos adoptados terminan descubriéndolo y preguntándose por sus verdaderos padres. No sé tú, pero no me gustaría ser quien tenga que decirle a un joven de 16 años que su madre lo dio en adopción porque su padre era un violador. ¿Se imaginan el trauma que significaría para ese joven o esa niña? Sin contar lo que puede significar para la madre que se reabra esa herida.

Sé que no es fácil. Pero creo que al analizar un tema tan crucial como el aborto es importante considerarlo desde todas las perspectivas posibles. Te lo dice alguien que está en contra del aborto como idea general, pero que reconoce que hay casos en los cuales no se pueden dejar de considerar los factores que pueden llevar a tal decisión, como una violación o problemas de salud. Te lo dice alguien que cree tanto en las libertades y en los derechos universales, incluido el derecho a la vida, que cree que no hay persona que pueda decidir sobre la vida y el cuerpo de alguien, más que uno mismo. Por esa razón, después de una larga reflexión, me animo a decir que lo mejor es dejarlo todo en manos de las únicas personas que tienen el derecho a tomar esa decisión. Así que, por favor, #DejalaDecidir.

Fuentehttp://luquenukem.wordpress.com/

Source: Marzo 2014

Un modesto avance para el derecho al aborto en Bolivia

Un modesto avance para el derecho al aborto en Bolivia

El 13 de febrero, el tribunal supremo de Bolivia dictó una esperada resolución sobre ciertas cláusulas del código penal, que penaliza el aborto excepto en caso de violación, incesto o peligro para la vida o la salud de la madre.

En un caso muy mediático que se ha eternizado durante dos años, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) rechazó una enmienda a una ley de 1972, basada en la nueva constitución boliviana, que garantiza los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, y prohíbe la discriminación basada en el sexo. Pero también anuló una regla que exige el consentimiento de un juez para llevar a cabo un aborto legal, exigencia que ha sido un importante obstáculo para realizar abortos sin riesgo en los casos permitidos por la ley.

Tanto los partidarios como los detractores del aborto encuentran razones para celebrar la salomónica decisión. El Catholic Family and Human Rights Institute, C-FAM [en] (Instituto de la Familia Católica y los Derechos Humanos), citando el explícito rechazo del TCP al aborto como derecho reproductivo constitucional, tilda la sentencia de «hiriente derrota» de los que proponen la despenalización. El TCP también afirmó que el respeto por la vida es un pilar fundamental del estado boliviano.

Pero para IPAS [en], una ONG internacional que apoya a grupos bolivianos defensores de los derechos reproductivos, el hecho de que el TCP haya eliminado el consentimiento judicial es un «paso positivo e importante para los derechos femeninos en la región». Un estudio de IPAS [en] de 2012 descubrió que se niega la autorización judicial para los abortos terapéuticos de forma rutinaria, dejando incluso a las víctimas de violación y mujeres cuya salud peligra a merced de prácticas clandestinas. Según consta, en más de 40 años desde que se aprobó el nuevo código penal, solo se han aprobado seis abortos.

La eliminación del consentimiento judicial era una de las principales exigencias de dos comités de las Naciones Unidas que el año pasado apremiaron a Bolivia para que se adecuase al creciente cuerpo de jurisprudencia nacional e internacional, ratificando el derecho de la mujer al aborto. Entre otros aspectos positivos de la resolución, IPAS cita la llamada del TCP al Congreso y al ejecutivo bolivianos para que aseguren el acceso universal al aborto terapéutico seguro, y para que desarrollen programas educativos y sanitarios que protejan los derechos sexuales y reproductivos de la mujer.

También es interesante el novedoso marco legal que utiliza el TCP para racionalizar su decisión, en un aparente esfuerzo por reconciliar los principios constitucionales bolivianos con los tratados internacionales y las creencias indígenas tradicionales. En defensa del limitado derecho al aborto de Bolivia, la resolución adopta una visión andina de la vida humana como parte de un ciclo cósmico, sin principio ni final, que está protegido por la constitución. Al mismo tiempo, reconoce la responsabilidad de Bolivia, como estado miembro de tratados internacionales, de garantizar el aborto seguro para los casos protegidos por la ley.

Por el momento, al menos, el dictamen ha servido para apaciguar el debate, de gran carga emocional, que suscita el caso en este país de ingente mayoría católica e indígena. Los que se oponen a la despenalización utilizan argumentos en gran medida de índole moral y religiosa. 

En palabras de la diputada indígena Emiliana Ayza, dirigente del grupo parlamentario del partido gobernante MAS (Movimiento Al Socialismo) en la Cámara de los Diputados, el aborto «es un asesinato y ganamos un pecado delante de Dios». De acuerdo con unsondeo de 2010 [en], cerca de un 80% de las mujeres bolivianas comparten esta opinión. Aún así, el 34% de los encuestados pensaban que ante un embarazo no deseado, una mujer debe considerar el aborto.

La Iglesia Católica, de fuerte presencia en Bolivia a lo largo de toda su historia (aunque la religión católica perdió en 2009 su estatus de religión oficial del estado), ha desempeñado un papel primordial en la oposición al aborto tanto en el ámbito político como en el religioso. Según el Arzobispo de Santa Cruz, Sergio Gualberti, el aborto forma parte de la estrategia imperialista para el control de la población, promovido por ONG internacionales y gobiernos extranjeros que pretenden minar la soberanía boliviana. Este argumento evoca la controversia que se produjo en la década de los 60 sobre las supuestas actividades del U.S. Peace Corp para esterilizar mujeres indígenas, que acabó con la expulsión de Bolivia de dicho cuerpo.

Los defensores de la despenalización se centran en la crisis sanitaria [en] que rodea el aborto ilegal, cuyas principales víctimas son las mujeres pobres e indígenas. A pesar de las actuales restricciones, se estima que en Bolivia se practican anualmente entre 60 000 y 80 000 abortos, a menudo por métodos poco seguros, y con frecuencia en las periferias urbanas empobrecidas, donde se concentran las poblaciones indígenas. En casi la mitad de los casos es necesario administrar cuidados hospitalarios de urgencia después del aborto. 

Los estudios muestran que los abortos sin garantías son los responsables de casi un tercio de las muertes maternas de Bolivia, que tiene una de las mayores tasas de mortalidad materna de América Latina. El gran número de embarazos no deseados también está estrechamente vinculado a la violencia sexual, que sufren siete de cada diez mujeres bolivianas (la segunda tasa más alta de Latinoamérica, después de Haití).

Los estudios también citan un «número alarmante» [en] de investigaciones (775 casos solo en los distritos de La Paz y Santa Cruz entre 2008 y 2012) contra mujeres sospechosas de haberse sometido a un aborto ilegal, en su inmensa mayoría pobres e indígenas. Instigadas por sanitarios, familiares y fiscales, estas querellas suelen languidecer durante años en el sistema judicial, aunque un número relativamente bajo ha terminado en sentencias de prisión (bajo la ley, el acto de someterse, practicar o asistir en un aborto ilegal está castigado con penas de uno a seis años).

Los activistas a favor de los derechos reproductivos dicen que estas querellas se utilizan con frecuencia para acosar e intimidar a las mujeres. En un caso muy sonado, una mujer guaraní víctima de una violación pasó ocho meses en arresto preventivo antes de conseguir su liberación por lo que quedaba de su sentencia de dos años.

La dirección del partido gobernante MAS, que suele cerrar filas en público, está abiertamente dividida en este tema. Mientras que el presidente Evo Morales ha manifestado su creencia personal en que el aborto es un crimen, cinco ministros de su gabinete (entre ellos, tres mujeres) han mostrado su apoyo a la despenalización. El caso original que cuestionaba la constitucionalidad de la restrictiva ley del aborto fue iniciado por la diputada indígena Patricia Mancilla.

La resolución del TCP es la última de una tendencia creciente [en] de acciones judiciales y legislativas que reducen las barreras del aborto legal en Latinoamérica, una región con algunas de las leyes de derechos reproductivos más restrictivas del mundo. A finales de 2013, Uruguay aprobó el aborto sin restricciones en las primeras fases del embarazo, sumándose a otros tres estados (Cuba, Puerto Rico y Guyana), México D.F. y el departamento francés de ultramar de la Guayana Francesa, donde el aborto está prácticamente despenalizado. Seis países latinoamericanos (Argentina, Colombia, Perú, Guatemala, Venezuela y Ecuador) permiten abortos terapéuticos en circunstancias similares a las de Bolivia. En siete países (Chile, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Haití, Surinam y República Dominicana) el aborto sigue totalmente prohibido.

Aunque las nuevas disposiciones no acabarán con los abortos de riesgo, los defensores bolivianos de los derechos reproductivos son optimistas, ya que hará los abortos legales más fáciles, rápidos y asequibles a un mayor sector de la población. «Para las mujeres ha sido un avance» dice Patricia Mancilla, pero «la lucha recién empieza».

Fuentehttp://es.globalvoicesonline.org/

Source: Marzo 2014

Aborto en Uruguay, la excepción latinoamericana

Aborto en Uruguay, la excepción latinoamericana

El pasado mes de diciembre se cumplió un año desde la aplicación de la nueva legislación de Uruguay sobre el aborto, objeto de treinta años de una batalla política de rara intensidad. Este país es el cuarto que autoriza el aborto en América Latina, después de Cuba, Guyana y Puerto Rico. En este último la ley teóricamente prohíbe el aborto que no esté indicado por un médico para proteger la salud de la embarazada, pero esa ley contraviene un dictamen del Tribunal Supremo de EE UU que es de aplicación también en la isla al afectar a derechos fundamentales. La legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en Uruguay tiene, sin embargo, una importancia inédita en Latinoamérica, teniendo en cuenta las restrictivas legislaciones de los países de su entorno como Brasil y Argentina.

Las mujeres uruguayas están autorizadas a abortar en un plazo de doce semanas, hasta 14 cuando han sido víctimas de una violación, sin plazo cuando hay riesgo para la salud de la madre o el feto es inviable. Para acceder a la interrupción legal, las mujeres deben pasar antes por la consulta de un ginecólogo, un psicólogo y un asistente social y después deben respetar un plazo de cinco días de reflexión.

Según cifras oficiales, en el primer año se produjeron 6676 abortos en Uruguay y se registró una sola muerte en clandestinidad, una mujer falleció el pasado mes de septiembre por un aborto autoprovocado con unas agujas de tejer.

Martín Couto, de la organización feminista MYSU, destacó el “avance” que supuso la ley pero criticó “el abuso de la objeción de conciencia por parte de algunos médicos que se niegan a practicar abortos, ejerciendo este derecho no como un ejercicio de libertad individual sino como el instrumento de un colectivo antiabortista”. En departamentos como Salto y Soriano —en el este del país— hubo momentos en que todos los médicos se negaron a practicar abortos dejando a las mujeres sin asistencia, afirma Couto.

Por su parte, Carlos Iafigliola, del Partido Nacional (centro derecha), considera que “hubo presiones indebidas y fuera de lugar contra los médicos objetores por parte del Ministerio de Salud”. Las autoridades sanitarias exigieron que la objeción de conciencia se expresara por escrito y quedara registrada.

Iafigliola considera que las consultas previas para acceder a la interrupción muchas veces no tuvieron lugar y que la ley se convirtió en un salvoconducto para las mujeres. “Sigue habiendo abortos en la clandestinidad y vamos a asistir a un aumento de la eliminación de las vidas en el vientre materno, que es lo que sucede en todos los países cuando se despenaliza”, afirma.

En Uruguay, la despenalización del aborto es el fruto de un largo y original proceso centrado en la lucha contra la mortalidad materna. El inicio puede situarse en el 2001 cuando, tras constatar un alarmante aumento de las muertes por aborto clandestino, la Asociación de Obstetras de Uruguay decidió tomar cartas en el asunto creando un dispositivo médico único y corriendo algunos riesgos.

Asesorados por juristas y amparados en el derecho a informar, empezaron a explicar a las mujeres cómo abortar de manera segura, siendo la clave del dispositivo el misoprostol, un fármaco indicado para prevención de lesiones gástricas como úlceras y recomendado por las OMS por sus propiedades para evitar hemorragias. Este fármaco se utiliza de forma clandestina en toda América Latina para provocar abortos.

Después de algunas citaciones a juzgado, los obstetras uruguayos lograron imponer un sistema que presentaba un límite: la prohibición de recetar misoprostol. El resultado fue la emergencia de un importante mercado negro.

A pesar de esta situación de semi clandestinidad, en el 2008 se registró el primer año sin ninguna muerte materna por aborto clandestino en Uruguay, resultado que se mantuvo con pocas alteraciones en los años siguientes hasta convertir al país en un caso único en América Latina.

Mientras desaparecían las clínicas clandestinas de aborto y se generalizaba el misoprostol, el debate político alcanzaba uno de sus momentos más dramáticos cuando en el 2008 Tabaré Vázquez, el primer presidente de izquierda de Uruguay (Frente Amplio) desde la dictadura militar (1973-1984), esgrimió razones de conciencia para vetar la despenalización que acababa de aprobar el parlamento.

De ese modo transcurrieron cuatro años en los cuales avanzó la instalación real del aborto en medio del bloqueo del debate político, como dos realidades separadas y paralelas.

Finalmente, en diciembre del 2012, el parlamento uruguayo aprobó la nueva ley. Pero los sectores antiabortistas plantearon inmediatamente la activación de un sistema constitucional que permite organizar un referéndum para anular una decisión legislativa. La convocatoria fue un rotundo fracaso ya que tan solo el 8,9% de los electores uruguayos apoyó una consulta sobre la despenalización. Por unos años, el tema quedó zanjado.

Un año después, las feministas uruguayas mantienen una crítica de fondo a una ley que consideran basada en una “concepción y tutelaje y control sanitario de las decisiones de las mujeres”, según la presidenta de MYSU, Lilián Abracinskas. La ley se hizo desde un imperativo sanitario (evitar las muertes por abortos clandestinos) pero no desde la óptica del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.

El Ministerio de Salud mantiene su apuesta por un modelo de aborto medicamentoso, defendido como la forma más segura y privada de llevar a cabo un aborto. Uruguay es toda una excepción en América Latina, pero, discretamente, autoridades de Brasil, Argentina o Venezuela están copiando localmente su modelo a pesar de que la despenalización no aparece ni remotamente en sus agendas políticas.

Fuentehttp://www.elperiodicodemexico.com/

Source: Marzo 2014

Los derechos reproductivos son derechos humanos

Los derechos reproductivos son derechos humanos

Este fin de semana se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, un día para recordar los avances logrados por las mujeres en la búsqueda de la igualdad, pero principalmente para denunciar todas las injusticias que hoy en día siguen sufriendo mujeres y niñas alrededor del mundo. Uno de esos avances es el hito que significó el Programa de Acción de la Conferencia de El Cairo en 1994 y la Plataforma de Acción de Beijing de 1995 donde se estableció que la salud y los derechos sexuales y reproductivos —incluyendo la educación sexual, el acceso a toda la gama de anticonceptivos, los servicios de salud materna y la posibilidad de tener un aborto seguro— son fundamentales para los derechos humanos y el desarrollo.

Sin embargo, y pese a que 20 años después de El Cairo aún se mantiene ese consenso mundial, los anuncios en la televisión y los múltiples carteles y mensajes en redes sociales mantienen los estereotipos contra los cuales se luchan. Uno de ellos es el de asumir que para ser una mujer plena se debe ser madre, que debemos seguir la suerte del destino porque un hijo es lo más bello que nos puede ocurrir. Como madre, estoy de acuerdo, un hijo deseado y planificado es lo más hermoso que hasta el momento he experimentado, pero una maternidad impuesta debe ser un infierno. Ya lo dijo Juan Méndez, relator especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, negar el aborto legal puede equivaler a tortura.

Por eso en el marco del 8 de marzo y los 20 años de El Cairo, es inadmisible que aún haya más de 220 millones de mujeres de los países en vías de desarrollo que no desean quedarse embarazadas y no cuenten con un sistema estatal adecuado que les ofrezca información veraz y acceso a métodos anticonceptivos eficaces. Estas cifras son alarmantes si tenemos en cuenta que el acceso a la anticoncepción disminuye las tasas de embarazo no deseado y, a su vez, la necesidad de recurrir al aborto inseguro, que representa el 13% de la mortalidad materna mundial.

Es inadmisible que en pleno 2014 aún varios países no permitan que las mujeres interrumpan sus embarazos cuando son producto de una violación, o cuando existen malformaciones congénitas incompatibles con la vida, o simplemente que aún no se respete esa decisión tan personal de la mujer. Es inadmisible que aún los políticos estén debatiendo sobre cómo penalizar una decisión tan íntima como la de ser madre.

Actualmente en España se está debatiendo la reforma a la ley del aborto, un debate que paralelamente se está llevando en varios países de América Latina. En algunos se han logrado avances importantes que van acordes con estos compromisos internacionales como es el caso de Uruguay, que en el 2012 despenalizó el aborto, instauró la educación para la salud sexual y reproductiva en el sistema educativo e incluyó un servicio sanitario integral. Como resultado, el Ministerio de Salud manifestó que no se habían registrado casos de muertes maternas ni complicaciones de salud por esa causa a los 6 meses siguientes de implementada la ley.

Sin embargo, otros países han focalizado el debate a concepciones morales y religiosas, como ocurre actualmente con la propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón. Lamentablemente, el riesgo, según la prestigiosa revista científica The Lancet es que la tendencia mundial demuestra que en los países donde hay leyes más restrictivas se producen más abortos que en aquellos donde las leyes son más liberales.

Por tanto, para garantizar los derechos reproductivos como derechos humanos según lo establecido hace 20 años por las conferencias mundiales, se debe garantizar el acceso a un servicio integral de salud sexual y reproductiva. La posibilidad de decidir si tener o no hijos, cuántos y cuándo tenerlos debe seguir siendo uno de los compromisos mundiales porque el impacto de esa decisión tiene una repercusión directa en la salud, la calidad de vida y el bienestar de la mujer.

Ximena Casas. Abogada, especializada en género. Maestría en Derecho, Universidad de Columbia, New York, NY

Fuentehttp://sociedad.elpais.com/

Source: Marzo 2014

Aborto, violencia de género e igualdad

Aborto, violencia de género e igualdad

El cambio más relevante que está experimentando la Humanidad en términos de civilización tiene que ver con el proceso irreversible de igualdad entre los hombres y las mujeres. Ni el fenómeno de la globalización ni las grandes transformaciones económicas, demográficas o geoestratégicas de nuestro tiempo, tienen la dimensión de aquel cambio. Cualitativamente está relacionado con el ejercicio de los derechos humanos más básicos, y cuantitativamente afecta nada menos que a la mitad de nuestra especie. En clave temporal, estamos hablando del cambio de un paradigma patriarcal que proviene del origen mismo de las relaciones entre los seres humanos, en los primeros estadios de la prehistoria.

La izquierda política celebra muy especialmente en torno al 8 de marzo la reivindicación de la igualdad entre los hombres y las mujeres en todo el mundo. Se trata de una batalla política extraordinariamente motivadora, porque si el primer objetivo de la izquierda es la consecución de una sociedad más igualitaria, no existe propósito igualador más decisivo que aquel que sitúa a las mujeres en las mismas condiciones que los hombres.

En ocasiones, esta lucha legítima por la igualdad adquiere un carácter discutible, como cuando parecen anteponerse los instrumentos a los fines en relación a las cuotas y las cremalleras. O cuando se plantea la reclamación feminista como una especie de competición permanente entre mujeres y hombres. El propósito de la igualdad está por encima de las herramientas que coyunturalmente puedan establecerse, con mayor o menor acierto, para su consecución definitiva. Y el objeto de una sociedad igualitaria no consiste en un pulso constante entre ellos y ellas, sino en una convivencia enriquecedora sobre bases de mutuo respeto y reconocimiento.

Los debates más decisivos en torno a la igualdad entre mujeres y hombres han de centrarse en los modelos educativos, en la distribución de roles sociales, en la inserción laboral, en la promoción profesional, en la autonomía económica, en la participación del poder. Y no puede tratarse de debates circunscritos a las sociedades avanzadas donde, a pesar de los retos pendientes, se han logrado mayores progresos. El gran debate pendiente sobre la igualdad tiene que ver con los miles de millones de mujeres que viven absolutamente relegadas, sin el más mínimo respeto por sus derechos humanos, en sociedades con instituciones, legislaciones y prácticas inequívocamente machistas.

Al otro lado de nuestra frontera sur, por no ir más lejos, millones de mujeres son tratadas como esclavas, obligadas a casarse en la pubertad con maridos elegidos por sus padres, excluidas de la educación y del trabajo profesional, carentes de los derechos más elementales. Y así sucede en la mayor parte del mundo, aún hoy en pleno siglo XXI. Si la “comunidad internacional” se muestra dispuesta a presionar a algunos Estados a favor de determinados derechos de carácter económico o cultural, sería razonable también establecer como objetivo “liberar” a millones de mujeres del anacrónico yugo machista.

Ya en nuestro país, uno de los debates más llamativos se ha producido en torno a la relación entre el aborto y la violencia de género. El ministro Gallardón suele aludir a la “violencia estructural de género que impulsa a las mujeres a abortar”. El arzobispo de Granada ha llegado a afirmar que “las mujeres que abortan no pueden quejarse si son violadas”. Y diversas asociaciones antiabortistas establecen una más que discutible relación causa-efecto entre la interrupción voluntaria del embarazo y las agresiones que sufren muchas mujeres.

La violencia de género constituye un fenómeno social tan execrable como extendido, y merece una estrategia social e institucional de envergadura para su erradicación. Un reciente estudio de la Comisión Europea sitúa en el 33% el porcentaje de mujeres europeas que han sido objeto de violencia por su condición de mujeres, y en lo que llevamos de año 16 mujeres han muerto ya en España como consecuencia del ataque machista.

¿Puede establecerse una relación entre el aborto y la violencia de género? Entiendo que sí, pero la relación no tiene que ver con la supuesta presión ilegítima que, según los sectores sociales más conservadores, impelen muy mayoritariamente a las mujeres a abortar en contra de su voluntad. Más bien se trata de todo lo contrario.

Hay una frase muy significativa al respecto del ya citado y muy locuaz arzobispo de Granada: “No se puede hacer recaer la responsabilidad de un eventual embarazo sobre la mujer dejada a sí misma”. Este es el problema. La ausencia de respeto a la libertad de la mujer para adoptar sus propias decisiones. La consideración de la mujer como un ser inferior, necesitado de tutela, masculina naturalmente, cuando ha de enfrentarse a una decisión importante, como la maternidad.

Esa desconsideración hacia la mujer como sujeto de los mismos derechos que el hombre se encuentra en la base misma de la violencia de género. Los hombres que violentan a las mujeres lo hacen muy generalmente porque las consideran seres inferiores, necesitados de amparo y tutelaje, incapaces de valerse por sí mismas. Si el hombre es su protector, el hombre es su jefe y su dueño, legitimado para obligarle a hacer su voluntad y dispuesto para castigar sus desobediencias.

Si de verdad queremos acabar con la matanza de mujeres a manos de sus compañeros, antes tendremos que acabar con el machismo irredento que aún anida en muchos discursos y en muchas actitudes.

Fuentehttp://vegamediapress.net/

Source: Marzo 2014