Jóvenes, mujeres y derechos: un impulso necesario
En septiembre del año 2019, Chile cumple dos años de la aprobación de la ley que permite interrumpir el embarazo en tres causales. Pero como bien se presentía antes de su puesta en marcha, la implementación de dicha ley ha sido un desafío complejo de enfrentar. Según datos del MINSAL, a la fecha de diciembre 2018, 769 mujeres accedieron a la ley y un 86,6% optó por interrumpir el embarazo. Casi 800 mujeres pareciera ser un número alto, pero al contrarrestarlo con la estimación de casos hecha por el ministerio de salud -que llega casi a los 3000 casos por año- el alcance ha sido bastante menor. Y un año después, el panorama sigue siendo el mismo.
Los principales obstáculos que enfrentan las mujeres al momento de querer acceder a este derecho, es la falta de información y la objeción de conciencia, tanto la declarada como la no declarada. Si agregamos la influencia del estigma y la penalización social ligada al aborto, las mujeres que finalmente logran ejercer su derecho, al menos en estas 3 causales, es muy bajo. Y esto no es todo, dado que la mayoría de las mujeres que deciden por no seguir con su embarazo se encuentran fuera de estas tres limitadas opciones.
Por lo tanto, en Chile, el derecho a decidir respecto a la salud sexual y reproductiva de las mujeres se encuentra bastante vulnerado. Dicha vulneración incrementa cuando las mujeres son menores de edad, teniendo aún más restringida la información y el acceso a la salud.
Lo anterior muestra la urgencia de entregar información y consejería fuera de los establecimiento “formales”, dado que desde dichas instituciones más que velar por los derechos y seguridad de las mujeres y jóvenes, los vulneran; por lo que la estrategia es optar por una vía alternativa en la entrega de información, consejería y acompañamiento, como lo es la educación entre pares y en ambientes territoriales.
Es así que desde APROFA realizamos el proyecto “jóvenes, mujeres y derechos: un impulso necesario”, donde formamos a 100 jóvenes entre 12 y 18 años sobre derechos sexuales y reproductivos, con énfasis en la ley IVE y modelo de reducción de riesgo y daño en casos de embarazos no deseados. El objetivo fue que luego de la formación, se generara una suerte de traspaso de información entre pares, con el fin que aquellas mujeres que se encuentran más vulneradas en sus derechos, vale decir, niñas entre 12 y 18 años, reciban la información necesaria para hacer valer sus opciones y no corran mayores riesgos, tanto en el caso de entrar dentro de la ley 21.030, como cuando no.
La formación se llevó a cabo en el pueblo de Lota, comuna conocida por mantener una alta población en situación de pobreza, marcando 20% para el año 2013 según dato de la CASEN. Además de lo anterior, Lota cuenta con solo un médico declarado como no objetor de conciencia (para el caso del procedimiento de interrupción del embarazo en marco de la ley 21.030), obstaculizando este derecho para muchas mujeres. Dicho panorama se repite a nivel regional, donde la región del Bío Bío tiene a la mayor cantidad de profesionales de salud objetores de conciencia. De los 111 médicos un 50.5% son declarados como objetores.
El contexto de Lota fue lo que nos hizo seleccionar dicha comuna para llevar a cabo el proyecto, principalmente por la urgencia de que las jóvenes pudieran acceder a la información, pero también a servicios de salud sexual y reproductiva con enfoque de derechos y perspectiva de género en caso de tener que ser derivadas a un profesional. Así, además de la formación entregada, se les dio a conocer el centro de APROFA en Concepción (cercano a Lota), donde pueden acceder a servicios de salud sexual y reproductiva a bajo costo.
Por último, gracias a esta experiencia es que podemos corroborar la importancia de formar y empoderar a jóvenes, en especial a aquellas menores de 18 años, en sus derechos sexuales y reproductivos. La educación y consejería entre pares es fundamental para una buena recepción de la información, pero también porque en casos de embarazos no deseados en esta etapa son principalmente las amigas los centros de apoyo, por lo que deben manejar la información
necesaria para evitar correr riesgos, saber derivar cuando corresponde y, en caso de entrar en alguna de las causales, hacer valer el derecho garantizado por la ley IVE.
A modo de cierre, desde APROFA creemos que los y las jóvenes tienen un rol fundamental en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos, pero también es una población clave por su situación de vulnerabilidad en estos temas, en especial en los casos de embarazos no deseados. Por lo que nuestro deber como activistas y organizaciones que velamos por estos derechos, es poder entregarle las herramientas necesarias para que puedan ejercer libre y sin violencia dichos derechos, así como también luchar por ellos.
Artículo final en el marco de la subvención otorgada por Clacai a APROFA.
