[Ecuador] El aborto y los casos de violación
15.783 mujeres que decidieron abortar en 2014 tuvieron complicaciones y fueron a parar a un hospital. Aunque penada, esta es una práctica real. ¿Qué es lo mejor para la madre, para el bebé? Esa es la pregunta.
‘Paula’ es una colombiana de 23 años de edad que vino a Ecuador huyendo de las amenazas de la guerrilla. El año pasado, cuando regresaba a la casa con su hija de dos años en brazos, tres tipos la abordaron y la violaron. Ella quiso evitar que la pequeña se asustara y actuó como si todo fuera un juego. Así, entre los tres se turnaron para abusar de ella y sostener a la niña.
Ella no tenía a nadie más y vivía solo de trabajos esporádicos. En medio del trauma, tuvo que enfrentarse a la decisión más difícil cuando se enteró de que producto de esa violación había quedado embarazada. Asesorada por el Frente por los Derechos Sexuales y Reproductivos, abortó. No tuvo complicaciones.
Si alguien le hubiera denunciado, ‘Paula’ se habría podido enfrentar a una pena de entre seis meses y dos años de prisión. Así quedó establecido en el Código Penal, vigente desde 2014. Sin embargo, ella lo hizo con asesoría médica y en un lugar catalogado por los activistas como seguro.
Ilegal o no, muchas mujeres en el país toman la decisión de interrumpir un embarazo. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) publicó el fin de semana pasado su último anuario de estadísticas hospitalarias, que revela que el año anterior hubo 17.882 abortos no espontáneos, lo que representa el 5,31% del total de embarazos registrados. De esos, la gran mayoría (15.783) tuvieron alguna complicación por tratarse de abortos clandestinos.
No existe una cifra sobre cuántos de esos embarazos fueron productos de una violación, pero las activistas Ana Cristina Vera, de la fundación Surkuna, y Virginia Gómez de la Torre, del Frente por los Derechos Sexuales, coinciden en que es un porcentaje alto.
Para ellas, la cifra entregada por el INEC puede al menos triplicarse en la vida real porque hay quienes abortan y no sufren complicaciones y sus casos pasan desapercibidos.
Lo que sí dicen los datos es que 4.155 niñas y adolescentes de entre 10 y 14 años resultaron embarazadas en 2014. Y, dado que el propio Código Penal establece que cualquier relación sexual con una menor de 14 años, por más que haya sido consentida, se considera violación, al menos esas 4.155 violaciones terminaron en embarazo.
La situación en el país
La entrada a la maternidad Isidro Ayora, en Quito, esta llena de corredores largos, fríos y oscuros. Al mediodía de ese miércoles, el lugar se convierte en un desfile constante de niños cargando niños. Una de las doctoras que trabajan en el lugar asegura que más del 40% de los partos que allí se dan es de adolescentes menores de 19 años y calcula que casi una de cada 10 mujeres ha quedado embarazada producto de una violación, aunque no es un dato oficial.
Estas víctimas suelen llegar con una autoestima muy baja y hasta con tendencia a sentirse culpables. A pensar que no se supieron cuidar bien, o que estuvieron en el lugar equivocado. La doctora agrega que es común que vinculen al bebé con el trágico momento que debieron pasar.
Ella recuerda el caso de una chica de 13 años que fue violada y durante todo su embarazo recibió terapia sicológica para ayudarle a aceptar al bebé. Sin embargo, en el momento en que nació y las enfermeras quisieron dárselo, lo rechazó y pidió que se lo llevarán.
Vera cuenta que han escuchado a madres decir algo como: ‘quítenme esa cosa de encima’ o ‘llévense eso de aquí’…
Luego de varios meses de acalorados debates, de protestas en las calles y de que dos legisladoras oficialistas fueran sancionadas por expresar su opinión a favor, finalmente la Asamblea Nacional negó la legalización del aborto por violación.
En el Código Penal quedaron establecidas dos circunstancias en las cuales un aborto no es punible: cuando se pretende evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y cuando hay una violación a una mujer con discapacidad mental.
Sin embargo, según Vera, las cifras publicadas por el INEC deben dar paso a que, al menos a nivel de sociedad, se reabra el debate. Según ella, desde 2008, cuando las organizaciones comenzaron a pronunciarse públicamente, la ‘penalización social’ del aborto por violación ha bajado notablemente.
Hacerse un aborto en Ecuador puede costar desde 200 hasta 2.000 dólares, aunque también hay ‘redes solidarias’ que pueden llegar a hacerlo de forma gratuita. Pero en esta gama está también otro factor. «La ilegalidad trae riesgo», dice Gómez de la Torre.
«Existen sitios que son muy seguros para abortar. Y eso se va transmitiendo entre los propios jóvenes. Siempre hay una chica que le recomienda un lugar a su amiga, esto existe», explica.
En la región
En Sudamérica la situación del aborto por violación es diversa. En Chile actualmente es ilegal pero se está debatiendo en la Cámara de Diputados. En Perú también es ilegal pero esta semana la Primera Dama se pronunció a favor, lo que desató varias manifestaciones de apoyo. En Venezuela el aborto está penado en cualquier circunstancia.
Argentina es caso aparte. El Código Civil, que data de 1921, lo prohíbe, pero en la práctica es permitido, a partir de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, en 2012, luego de que se hizo público el caso de una menor abusada por su padrastro. Hace poco, el Ministerio de Salud reavivó la polémica porque emitió un controvertido ‘protocolo’ en el que se habla de aborto legal, sin límite. Y en esa polémica se hallan ahora.
Quizás el país en el que más adelantado está el tema es Colombia. Allí el aborto por violación es legal desde 2006.
Sin embargo, quedó establecido que un médico puede tener objeción de conciencia. Es decir, por sus principios, negarse a practicar uno. Sin embargo, tiene la obligación de remitir el caso a un colega que no tenga problema con hacerlo, lo cual, tampoco se cumple siempre.
El eterno debate
Para las organizaciones que defienden el aborto por violación, es fundamental que en algún momento las víctimas de este delito lleguen a tener oficialmente la capacidad de decidir si tienen al bebé.
Gómez de la Torre argumenta que un embarazo de ese tipo termina siendo “un proyecto de vida que una mujer no escogió”. Que debería ser una decisión propia sobre su cuerpo y sobre su futuro pero que actualmente son “una sociedad, un Estado, un Gobierno los que terminan imponiendo un embarazo”. “Están obligándola a parir al hijo del violador”.
Piensa que el problema es que la situación no está asegurada ni para el bebé ni para la mamá. Que muchas veces después de dos, tres y hasta cinco años del parto, ella comienza a generar rechazo al niño, a maltratarlo. Y concluye que, independiente de la decisión tomada por la víctima, el Estado debería generar un sistema de protección integral.
Por supuesto, no todas las mujeres que pasan por esto deciden abortar. El ejemplo contrario lo marcó una adolescente de 12 años que hace poco menos de un mes se enteró de que está embarazada tras haber sido violada reiteradamente por un joven de 18 y decidió tener el bebé.
Del lado de este tipo de decisiones están los autodenominados activistas pro vida. Una de ellas es Giuliana Maldonado. Para ella, la vida humana se considera como tal desde el momento de la concepción. Y que una mujer haya sido violada no le parece motivo suficiente como para que decida abortar.
Según dice, gran parte de las violaciones se dan por miembros de la propia familia y el círculo íntimo de la víctima. Y suele ser el propio atacante el que luego quiere obligar la suspensión del embarazo. “En esos casos, sería como proteger al violador, ocultar el caso”.
Pero, aunque fuera un desconocido, Maldonado asegura que se debe “respetar la vida” y que para ambos casos dar a luz y entregar al bebé en adopción es una alternativa que considera adecuada.
“¿A razón de qué podemos creer nos consideramos capaces de decidir quién vive y quién muere? ¿Por qué no digo: ‘matémosle al violador’? Porque estoy respetando su vida. Entonces ¿Por qué no darle al bebé al menos el mismo respeto que al violador?”, cuestiona la activista.
El tema es tan complejo que incluso los médicos en su día a día se topan con el dilema central: ¿Qué es mejor para la madre violada? ¿Qué es mejor para el bebé producto de esa violación? Y no hay una respuesta irrefutable.
Eso lo confirma la doctora de la maternidad Isidro Ayora. “Muchas veces nosotros nos preguntamos lo mismo en el momento en que nace el bebé. Si la madre lo acepta, no se sabe hasta cuándo lo hará. Si no lo acepta, no se sabe si se arrepentirá. Sabemos que el tema es ilegal y nosotros tenemos la prohibición de pensar en abortos, pero el dilema siempre está”.
La única forma de legalizar el aborto por violación sería una reforma al flamante Código Penal. Sin embargo, Ana Cristina Vera cree que mientras el actual Régimen esté en el poder, este es un tema cerrado. “El Gobierno se perdió una oportunidad histórica”, opina.
Y, por lo pronto, no se equivoca. El asambleísta Fausto Cayambe (PAIS), al ser consultado sobre la posibilidad de una reforma en este sentido, se limita a contestar: “No podría decir nada porque en nuestra bancada ni siquiera hemos tratado el tema”.
La adopción como alternativa
En los hospitales públicos, dada la imposibilidad de abortar, los médicos suelen recomendar la adopción como alternativa para las madres que no quieren tener a sus bebés tras una violación. Sin embargo, la doctora de la maternidad Isidro Ayora consultada para este trabajo asegura que muy pocas mujeres la aceptan.
Recuerda el caso de una joven de 13 años cuya familia ocultó el embarazo para evitar comentarios e incluso inventaron que la adolescente se había ido fuera del país.
Cuando dio a luz entregó a su hijo en adopción. Sin embargo, a las pocas semanas se arrepintió e inició un proceso legal para que se lo devolvieran. Ese proceso resultó ser “tan largo y engorroso”, según la doctora, que la chica volvió a tener a su hijo entre los brazos recién cuando cumplió un año de edad.
El dato
Si una mujer que fue violada acude a un hospital público hasta 72 horas después del delito recibirá la llamada ‘píldora del día después’ y antirretrovirales.
5,31%
de los embarazos registrados en 2014 resultaron en un aborto no espontáneo.
17.882
mujeres representa ese porcentaje.
Lo que dice el Código Penal
Sobre el aborto
° Artículo 147: Si el aborto trae como consecuencia la muerte de la madre la pena será de 7 a 10 años de cárcel para quien lo practicó, si es que el procedimiento fue consentido y de 13 a 16 años si no lo fue.
° Artículo 148: Si el aborto no fue consentido por la mujer, la pena será de entre 5 y 7 años de prisión para quien se lo practicó.
° Artículo 149: Si el aborto fue consentido por la mujer, la pena será de entre 1 y 3 años para quien se lo practicó y de entre 6 meses y 2 años para la madre.
° Artículo 150: El aborto no será punible cuando se quiere evitar una situación de peligro a la mujer embarazada y cuando se trata de una mujer con discapacidad mental.
Tomado de http://lahora.com.ec
Source: Septiembre 2015